Categoría: El Mundo

  • La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea condenó la expulsión del embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, al considerarla una acción “unilateral, injustificada e inaceptable” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y urgió al país centroamericano a revertir la decisión.

    Un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, citado por Europa Press, declaró este martes que la medida tomada por Managua “solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua”. Además, reafirmó el respaldo del bloque europeo hacia España y a favor del diálogo diplomático como vía para resolver cualquier diferendo bilateral.

    “La diplomacia y el diálogo deben continuar”, insistió el vocero comunitario, quien agregó que la Unión Europea mantiene su compromiso con el pueblo nicaragüense, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

    La expulsión del embajador Farré Salvá se produjo el pasado fin de semana, apenas dos meses después de haber asumido oficialmente su cargo en Managua. Junto a él también fue expulsado el titular de la segunda jefatura de la misión española. El Gobierno de Nicaragua no ofreció ninguna explicación pública sobre los motivos de la medida.

    España respondió de forma recíproca

    Como respuesta, el Gobierno español expulsó el domingo al embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y a otro diplomático acreditado en la misma sede, alegando “estricta reciprocidad”, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

    El canciller español, José Manuel Albares, explicó que su embajador actuó siempre en estricto cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

    “Esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”, expresó Albares ante los medios.

    Aunque lamentó la situación, el ministro subrayó que España mantiene su voluntad de tener buenas relaciones con el “pueblo hermano de Nicaragua” y reiteró su deseo de que el país centroamericano pueda avanzar en bienestar y estabilidad.

     

  • Corte Suprema de Panamá anula concesión de puertos a empresa china y China responde con amenazas

    Corte Suprema de Panamá anula concesión de puertos a empresa china y China responde con amenazas

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, que opera dos puertos estratégicos en el Canal interoceánico. La decisión fue anunciada el jueves 29 de enero de 2026, tras dos demandas presentadas por la Contraloría.

    El fallo afecta la gestión de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, los cuales fueron operados durante casi tres décadas por la empresa asiática. Según el contralor general de Panamá, Anel Flores, una auditoría reveló irregularidades en el contrato que permitieron que más de $1,300 millones no ingresaran a las arcas del Estado.

    “Es un contrato leonino, abusivo contra los intereses del país”, afirmó.

    La Corte Suprema resolvió que la Ley 5 de 1997, sus adendas y la prórroga automática en 2021 son inconstitucionales. El contrato fue renovado sin supervisión adecuada y bajo denuncias de corrupción, pese a que el Estado panameño solo posee el 10 % de las acciones de la compañía.

    China reacciona con amenazas

    El Gobierno de China reaccionó de inmediato. A través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió este viernes que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos de sus empresas.

    CK Hutchison, por su parte, argumentó que el fallo “va en contra de la base legal” que amparó la concesión, y se reserva el derecho a recurrir por la vía judicial.

    Pekín evitó pronunciarse sobre el contenido del fallo o las decisiones del sistema judicial panameño, pero dejó claro que considerará acciones si considera afectados los intereses de sus compañías.

    La disputa sobre los puertos ocurre en medio de una pugna geopolítica entre China y Estados Unidos por el control de infraestructura estratégica en América Latina. CK Hutchison negoció la venta de más de 40 puertos en todo el mundo, incluyendo los de Balboa y Cristóbal, con un consorcio liderado por BlackRock. Sin embargo, China bloqueó la operación en el marco de su disputa global con Washington.

    Durante su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de intentar controlar el Canal de Panamá y amenazó con “recuperar la vía acuática”, por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. Trump interpretó el posible traspaso de los puertos a BlackRock como una victoria estratégica.

    Gobierno panameño anuncia nueva concesión

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que, tras el fallo, se abrirá un proceso para una nueva concesión. Mientras tanto, PPC continuará operando bajo un periodo de transición.

    “Habrá un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio”, indicó el mandatario.

    Mulino también recalcó que la soberanía del Canal “no está en discusión” y reiteró que “es y seguirá siendo panameño”.

     

  • Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, concluye litigio con el fisco mexicano con pago de $1,785 millones

    Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, concluye litigio con el fisco mexicano con pago de $1,785 millones

    Grupo Salinas aseguró este jueves que sus empresas concluyeron “la totalidad” de sus litigios fiscales con el Gobierno de México tras acordar un pago total de 32.132 millones de pesos (unos $1,785 millones) en un plazo de 18 meses.

    En una tarjeta informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que el grupo empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego ingresó a la Tesorería un primer monto de 10.400,63 millones de pesos ($577,812,808 dólares) y el resto lo cubrirá en 18 parcialidades.

    El SAT indicó que este acuerdo se logró “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

    Por su parte, en un comunicado, Grupo Salinas confirmó que con ello “finalizan más de 20 años de controversias” y que el pago se realizará en parcialidades.

    El conglomerado sostuvo que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, pero que decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página” y poner fin a lo que describió como una “campaña” en su contra.

    El grupo de Salinas Pliego sostuvo que en los últimos 20 años sus empresas han pagado “más de 300.000 millones de pesos (más de 16.600 millones de dólares)” en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió” y que, “a partir de ahora”, no deben “nada al Gobierno”.

    En su nota, el Grupo Salinas dijo que el objetivo es recuperar “tiempo, energía y foco” para concentrarse en su operación y en sus clientes, y mencionó a “más de 200.000 familias” que, según su postura, dependen del grupo.

  • Mujer es multada con cerca de un millón de dólares por no cumplir con orden de deportación

    Mujer es multada con cerca de un millón de dólares por no cumplir con orden de deportación

    El Gobierno del presidente Donald Trump ha demandado a una hispana por no acatar una orden de deportación final y le exigió pagar una multa de cerca de un millón de dólares, uno de los cobros más altos conocidos hasta el momento impuestos para obligar a los inmigrantes a marcharse del país.

    La demanda civil compartida por el medio especializado Politico exige a Marta Alicia Ramírez Veliz el pago de 941.114 dólares más intereses por supuestamente no haber abandonado Estados Unidos tras perder su caso en 2022.

    En la querella legal, el Departamento de Justicia explica que Ramírez Veliz “adeuda” a los Estados Unidos la multa por incumplir o negarse deliberadamente a abandonar el país al 24 de abril de 2025.

    El Gobierno Trump se basa en una sesión de Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establece que un extranjero sujeto a una orden final de deportación que incumpla o se niegue deliberadamente a abandonar el país deberá pagar una multa civil. El cobro se fija en 998 dólares por cada día de infracción.

    Según los documentos judiciales, a la inmigrante se le ordenó salir del país el 1 de julio de 2019 cuando un juez de inmigración emitió una orden de deportación contra ella.

    La mujer recurrió a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que desestimó su pedido y mantuvo en firme la deportación el 23 de septiembre de 2022.

    En abril pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó a la mujer la intención de multarla, dándole 30 días para presentar una defensa de por qué no se le debía imponer el cobro.

    Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond (Virginia), la mujer no respondió y ahora el Gobierno Trump ha pedido a la corte que haga efectiva la multa.

    Trump permitió al ICE desde su primera administración imponer multas que llegaron hasta el medio millón de dólares.

    Charles Moore, abogado de Public Justice dijo a Politico que la multa impuesta a Ramírez Veliz parece ser la más alta cifra impuesta. “No, no habíamos oído hablar de nada cercano al millón de dólares».

  • Costa Rica elige nuevo presidente entre 20 candidatos este domingo

    Costa Rica elige nuevo presidente entre 20 candidatos este domingo

    Unos 3.7 millones de costarricenses están convocados a las urnas este domingo 1 de febrero para definir al próximo presidente de la República, así como a los vicepresidentes y a los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa en el período 2026-2030.

    La principal figura en contienda es la oficialista Laura Fernández, exministra de Planificación y candidata del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien encabeza las encuestas con un 44 % de respaldo, según el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Sus competidores más cercanos, Claudia Dobles y Álvaro Ramos, registran un 9 % de intención de voto cada uno. El porcentaje de indecisos alcanza el 26 %.

    De no alcanzar el 40 % mínimo requerido para ganar en primera vuelta, el país se encaminaría a una segunda ronda el próximo 5 de abril.

    La candidata del oficialismo

    Fernández se presenta como la «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, quien ha mantenido altos niveles de popularidad durante su mandato. Su campaña ha promovido propuestas como la venta de activos estatales, el combate frontal a la criminalidad y una controvertida medida para suspender garantías individuales en zonas dominadas por el crimen organizado, lo que ha generado duras críticas desde la oposición por considerarlo autoritario.

    Con 39 años, la aspirante ha pedido el respaldo ciudadano también para la Asamblea Legislativa, con el fin de contar con mayoría parlamentaria que le permita impulsar reformas profundas, especialmente en el sistema judicial, uno de los blancos recurrentes de los ataques del presidente Chaves.

    Laura Fernández, candidata presidencial costarricense del oficialismo. / EFE

    Datos del proceso electoral

    Costa Rica, nación centroamericana de 5.1 millones de habitantes, prohíbe la reelección presidencial consecutiva. En esta elección participarán 20 candidatos a la presidencia, de los cuales el 75 % son hombres y el 25 % mujeres. Para el Congreso, se han inscrito 1,207 aspirantes a diputaciones, con una distribución cercana a la paridad de género: 50.9 % hombres y 49.1 % mujeres.

    El proceso se desarrollará en 7,154 juntas receptoras de votos, distribuidas en 2,179 distritos electorales y consulados en el exterior.

    La campaña ha estado marcada por un fuerte enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Chaves y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El mandatario acusó al organismo de imponerle una “ley mordaza” al restringir su participación pública durante el periodo electoral, e incluso calificó como intento de “golpe de Estado” la solicitud de desafuero que fue presentada por el TSE ante la Asamblea Legislativa y que no prosperó.

    Durante su gobierno, Chaves ha atacado reiteradamente a instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación críticos. Según la legislación costarricense, el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo tienen prohibido intervenir en asuntos electorales, promover candidaturas o participar en actividades partidarias.

     

  • Trump en conversaciones con Irán mientras amenaza con un ataque militar

    Trump en conversaciones con Irán mientras amenaza con un ataque militar

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán, mientras amenaza con un ataque militar contra la República Islámica.

    «Las he tenido y planeo seguir teniéndolas», dijo Trump al ser preguntado por la prensa sobre el estado de los contactos con Teherán, durante la presentación en Washington del documental de la primera dama, Melania Trump.

    El mandatario aseguró que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que «dejen de matar a manifestantes», dijo en relación a la represión de las protestas de las últimas semanas.

    Trump no especificó con quién ha tenido esas conversaciones pero recordó que ordenó a una flota de la Armada estadounidense dirigirse hacia Irán.

    «Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando en este momento, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos», dijo.

    El Gobierno iraní señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos.

  • Aprobación de Trump cae al 37 % y desaprobación sube a 61 %, según encuesta

    Aprobación de Trump cae al 37 % y desaprobación sube a 61 %, según encuesta

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su nivel más bajo de aprobación desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, al caer al 37 %, según la más reciente encuesta del Pew Research Center publicada este jueves.

    El estudio revela que el respaldo al mandatario incluso se ha debilitado dentro de su propio partido. Mientras que en 2024 un 67 % de los republicanos respaldaban la mayoría de sus políticas, ahora solo el 56 % dice apoyar todas o la mayoría de ellas. La desaprobación general hacia su gestión se elevó al 61 %, y la mitad de los encuestados consideró que su Gobierno ha sido “peor de lo esperado”.

    En contraste, apenas el 21 % opina que su Administración ha superado sus expectativas, y solo un 27 % respalda la totalidad o la mayoría de sus decisiones políticas.

    La encuesta también refleja una disminución en la confianza de los republicanos respecto a las cualidades personales de Trump. Solo el 42 % afirma tener “mucha” o “extrema” confianza en su comportamiento ético, una caída frente al 55 % del año anterior. La proporción de republicanos que cree que respeta las normas democráticas bajó al 52 %, y quienes consideran que posee la capacidad mental para ejercer el cargo descendió al 66 %.

    A nivel general, el 51 % de los estadounidenses dice no confiar en su capacidad de liderazgo, y el mismo porcentaje opina de forma similar sobre su salud física.

    El sondeo también muestra un giro en la postura de los votantes de ambos partidos. Un 61 % de republicanos cree que los legisladores de su bancada no están obligados a respaldar al presidente si no coinciden con él, frente al 55 % registrado hace un año. En el caso de los demócratas, un 82 % opinó que sus representantes deben oponerse a Trump, incluso si eso dificulta la solución de los problemas nacionales.

    La encuesta fue realizada entre el 20 y el 26 de enero a 8,512 adultos estadounidenses, por vía telefónica y en línea, con un margen de error de 1.4 % y un nivel de confianza del 95 %. Los resultados se publican tras el inicio de la campaña de Trump para las elecciones intermedias con un mitin en Iowa, en medio de la polémica por la muerte de dos manifestantes abatidos por agentes migratorios en Mineápolis, Minesota.

     

  • Trump ordena aranceles y dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras endurecer sanciones

    Trump ordena aranceles y dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras endurecer sanciones

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que “Cuba no podrá sobrevivir” luego de firmar una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla caribeña.

    Trump hizo estas declaraciones durante la presentación del documental de la primera dama, Melania Trump, cuando fue preguntado sobre si busca “ahogar” a Cuba con sus nuevas políticas. El mandatario calificó de “muy dura” esa palabra, pero insistió en que considera a Cuba “una nación fallida”.

    La orden ejecutiva, firmada el 29 de enero, declara que la situación con respecto a Cuba constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” y establece que Washington podrá imponer aranceles adicionales a bienes importados de cualquier país —directa o indirectamente— que suministre petróleo a la isla.

    La Casa Blanca justifica la medida señalando que el régimen cubano mantiene vínculos con países y actores que, según Estados Unidos, son hostiles, y que representa un riesgo para sus intereses estratégicos. La orden incluye la posibilidad de modificar o levantar los aranceles si Cuba o las naciones afectadas adoptan cambios sustanciales en materia de seguridad y política exterior.

    La política de presionar a Cuba con sanciones económicas y restricciones energéticas se intensifica en un contexto en el que la isla enfrenta una grave escasez de petróleo. Tras la interrupción del suministro de crudo venezolano, uno de sus principales proveedores históricos, fuentes internacionales señalaron que Cuba podría estar quedándose con reservas para solo 15 a 20 días, lo que ha derivado en apagones y dificultades para generar energía.

    La medida estadounidense ha generado reacciones diplomáticas en la región, en momentos en que países como México, antes proveedores de petróleo a Cuba, han ajustado sus envíos bajo distintos argumentos de política interna y soberanía.

     

  • Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

    Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

    Los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca llegaron este jueves a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal en la medianoche del viernes, según medios.

    El acuerdo divide la propuesta presupuestaria para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), objeto del desacuerdo entre los legisladores de otro proyecto «minibus» para extender la financiación de otras partidas que permitirán mantener los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

    La financiación para el DHS, responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en los niveles actuales y sin cambios hasta el 13 de febrero con una resolución de continuidad presupuestaria, según informó The Hill con fuentes de miembros del Congreso de ambos partidos.

    La negociaciones se han centrado en el tiempo que se mantendría esa resolución, que finalmente será de dos semanas como demandaban los demócratas, que querían presionar en este impás presupuestario para obligar al DHS y el ICE ha cambiar sus agresivas tácticas contra los inmigrantes indocumentados y que han llevado a la muerte de dos civiles a tiros por parte de agentes federales en Mineápolis.

    La noticia llega después de que el Senado rechazara un voto de procedimiento para debatir el proyecto de presupuesto, en una medida para presionar reformas en el DHS, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

    Tras conocerse el acuerdo, Trump subrayó en su red Truth Social que está trabajando «arduamente» con el Congreso para garantizar la financiación plena del Gobierno «sin demoras».

    «Los republicanos y los demócratas del Congreso se han unido para financiar la mayor parte del Gobierno hasta septiembre, al tiempo que han concedido una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional», aseguró.

    Además, señaló que «lo único que puede frenar» al país norteamericano es «otro cierre prolongado y perjudicial del Gobierno».

    EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

  • EEUU emite una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano

    EEUU emite una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano

    El gobierno de Donald Trump emitió este jueves una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano, allanado el camino para que las petroleras estadounidenses operen en el país suramericano.

    La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro y llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de mas de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

    La licencia es un permiso más generalizado que el que hasta ahora emite Washington de manera individual (como en el caso de Chevron) desde que el expresidente Joe Biden levantó temporalmente las sanciones al sector energético venezolano en 2024.

    Sin embargo, impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes.

    Entre ellas, solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.

    A su vez, para evitar ser sancionadas, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el Gobierno de Venezuela o PDVSA, la estatal petrolera, deben se regidos por leyes de EE.UU. y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en EE.UU.

    La licencia también prohíbe condiciones de pago que EE.UU. considere «razonables» ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

    Durante su primer mandato, en 2019, Trump sancionó la industria petrolera venezolana, provocando un fulminante golpe a la economía del país, que depende en su mayoría de las exportaciones de crudo.

    Tras una intervención militar por parte de Washington en Caracas el pasado 3 de enero, que acabó con el arresto de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por supuesto narcotráfico, Trump ha presionado a las grandes petroleras estadounidenses para que vuelvan a invertir en el país suramericano.

    Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.

    Chevron es la única petrolera estadounidense que aún mantiene operaciones en Venezuela y a la que el Departamento del Tesoro (OFAC) ha concedido una licencia para poder importar crudo.

    El gigante petrolero aceptó en 2007 permanecer en el país, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado, obligando a las grandes compañías extranjeras a aceptar un control mayoritario del Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), o abandonar el país.

    Las empresas mixtas de Chevron y PDVSA en Venezuela aportan alrededor del 27 % de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.