El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó este domingo que el Departamento de Justicia (DOJ) no abrirá por ahora una investigación sobre el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Good en Minneapolis el pasado 7 de enero, al considerar que el funcionario actuó en defensa propia.
Blanche reiteró que no existe base para una investigación penal ni de derechos civiles porque, según la versión oficial, el agente —cuyos actos han sido admitidos por autoridades federales— respondió a una amenaza al intentar atropellarlo con su vehículo, una versión rechazada por familiares y varios testigos del incidente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la decisión del Departamento de Justicia como un “asesinato injustificado” y han subrayado que los videos del tiroteo no demuestran que Good intentara usar su automóvil como arma.
La postura del DOJ marca un cambio significativo frente a prácticas de administraciones anteriores que solían abrir de inmediato investigaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles en casos de uso de fuerza letal por parte de agentes federales.
La decisión de no investigar ha provocado un choque interno: al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en protesta por la falta de una revisión propia del caso, al tiempo que la familia de la víctima ha iniciado una investigación civil independiente con ayuda de abogados especializados en casos de uso excesivo de fuerza.
El tiroteo de Good desencadenó protestas y tensiones políticas en Minneapolis y a nivel nacional, intensificando el debate sobre el papel y el alcance de ICE en operativos de inmigración, y ha generado divisiones entre autoridades estatales y federales sobre transparencia y responsabilidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la creación de una Junta de Paz, un nuevo órgano internacional respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá como objetivo supervisar la implementación de su plan de 20 puntos para Gaza y, eventualmente, intervenir en otros conflictos mundiales.
La iniciativa, calificada por la Casa Blanca como un enfoque “nuevo y audaz” para alcanzar una paz duradera, plantea la formación de una administración transitoria en la Franja de Gaza y el desarme del grupo Hamás.
Trump presidirá personalmente la Junta, y designó como miembros de la Junta Ejecutiva a figuras de alto perfil como el secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno Jared Kushner; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor Roberto Gabriel.
Entre los países invitados a formar parte del nuevo organismo se encuentran Argentina, Paraguay, Turquía, Egipto, Jordania y Canadá. Los presidentes Javier Milei y Santiago Peña, así como el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, confirmaron haber recibido la invitación.
Según un borrador filtrado por Bloomberg y The Atlantic, la membresía para integrarse a la Junta tendrá un costo de $1,000 millones, aunque no se detalló en qué serán utilizados esos fondos. Los miembros tendrán un mandato de tres años, renovable únicamente con autorización del presidente estadounidense. Los países que contribuyan con más de $1,000 millones durante el primer año no estarán sujetos a dicho plazo.
Además, Trump tendrá la potestad exclusiva de decidir qué naciones pueden unirse y aprobará o vetará las decisiones tomadas por votación conjunta, según el mismo documento.
La creación de este organismo coincide con la activación de la segunda fase del plan de paz para Gaza, que contempla un gobierno de tecnócratas liderado por el ingeniero Ali Shaaz, al frente del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), acompañado por 15 miembros más.
El anuncio ha generado reacciones encontradas. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, criticó el plan y lo calificó como “un intento descarado de imponer los intereses de EE.UU. e Israel”. Mientras tanto, Israel rechazó la propuesta al señalar que no se alinea con su política oficial, según un comunicado del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Algunos diplomáticos expresaron temor a que la nueva Junta eclipse al Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, otros actores internacionales han optado por observar con cautela el desarrollo del proyecto, cuya presentación formal se espera la próxima semana en el Foro de Davos, en Suiza.
Un extracto del preámbulo de los estatutos filtrados por The Atlantic justifica la creación del ente afirmando que “una paz duradera requiere juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques que han fracasado”.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha proporcionado más detalles sobre el funcionamiento de la Junta y únicamente ha publicado el listado de integrantes del órgano.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala recuperaron este domingo el control total del centro penitenciario Renovación I, ubicado en Escuintla, luego de un violento motín protagonizado por pandilleros que inició la mañana del sábado 17 de enero.
“La Policía Nacional Civil ha retomado el control en la cárcel Renovación I, Escuintla, y ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes. En estos momentos se neutraliza al máximo cabecilla de la pandilla barrio 18, alias ‘Lobo’”, anunció la PNC guatemalteca, al confirmar que no hubo ningún tipo de negociación con los reclusos.
Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), nueve custodios habían sido retenidos durante el motín y fueron liberados tras el operativo. Las autoridades enfatizaron que no accedieron a ninguna de las demandas de los privados de libertad, entre ellas el ingreso de encomiendas y visitas conyugales.
El sábado, reos de tres cárceles guatemaltecas —Fraijanes II, Renovación I y el sector 11 del centro preventivo para hombres de la zona 18— se amotinaron de forma simultánea. En respuesta, la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) desplegaron un cerco perimetral para evitar fugas.
Durante el operativo de control se incautó un fusil del Sistema Penitenciario, dos pistolas, municiones escondidas en calcetines y cuatro teléfonos móviles. Además, se inició una requisa en todos los sectores del penal.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación advirtió que no habrá concesiones. “No se restituirán privilegios a cambio de que depongan sus actos. De ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros preventivos y de cumplimiento de condenas”, expresó.
El funcionario aseguró que los disturbios fueron parte de acciones organizadas para medir la capacidad del Estado. Reiteró que su gestión buscará “recuperar el control total del sistema carcelario” y eliminar cualquier privilegio indebido dentro de las cárceles guatemaltecas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este domingo en Jerusalén con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, a quien le manifestó su interés en fortalecer los lazos bilaterales y ampliar la cooperación entre ambas naciones.
Durante el encuentro, celebrado en la oficina del mandatario israelí, Netanyahu aseguró que Israel está “reestructurando las relaciones” con Honduras, y destacó su intención de colaborar en sectores como la economía, la agricultura, la tecnología y otras áreas de interés común.
Asfura, por su parte, se mostró optimista ante la nueva etapa entre ambos países. “Estoy convencido de que juntos podremos implementar y liderar la paz y la hermandad”, expresó el mandatario hondureño.
La agenda del presidente electo también incluyó reuniones con el presidente israelí, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien destacó la relevancia del acercamiento político de Israel con América Latina. “La región está viviendo una importante transformación. Países como Honduras se han convertido en aliados de la libertad y defensores de la civilización occidental”, declaró.
Asfura llegó a Israel tras visitar Estados Unidos, con el respaldo del presidente de ese país, Donald Trump. Su gira internacional ocurre días después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras ratificara su triunfo en los comicios del 30 de noviembre, con el 40.27 % de los votos. Le siguieron Salvador Nasralla, con 39.53 %, y Rixi Moncada, con 19.19 %.
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede trabajó para lograr una solución pacífica que evitara un derramamiento de sangre en Venezuela, incluyendo gestiones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro y otros representantes del régimen, antes de su detención por parte de Estados Unidos.
Parolin afirmó, al margen de un acto oficial en el Vaticano, que se intentó alcanzar un acuerdo que también había sido mencionado en algunos periódicos, en referencia a las informaciones del Washington Post sobre esfuerzos vaticanos para facilitar un salvoconducto o un destino negociado para Maduro previo a su captura.
“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin, en alusión a los reportes de que el Vaticano exploró opciones como asilo en Rusia para Maduro antes de que fuera detenido por las fuerzas estadounidenses.
El cardenal reiteró que la Iglesia siempre ha apoyado un camino pacífico para la resolución de la crisis venezolana, aunque reconoció que la situación se enfrentó “ante un hecho consumado”, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.
Parolin agregó que en Venezuela ahora existe una situación de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione “hacia la estabilidad y hacia una recuperación económica, porque la situación es muy precaria y la gente sufre”. También subrayó que es “necesaria una democratización del país”.
Aunque el secretario de Estado no proporcionó detalles específicos sobre las gestiones diplomáticas, el diario The Washington Post publicó que el Vaticano, además de buscar posibles rutas de salida para Maduro, pidió a las autoridades estadounidenses paciencia para permitir que se exploraran opciones de asilo, incluso con garantías de seguridad auspiciadas por Rusia.
El papa León XIV se refirió recientemente a la crisis venezolana en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde instó a que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.
Promesas falsas sobre un cruce “fácil”, rápido y seguro forman parte del discurso con el que cárteles o «coyotes» (traficantes de personas) engañan a migrantes que intentan ingresar de forma irregular a Estados Unidos, advirtieron agentes de la Patrulla Fronteriza quienes, desde su experiencia, hablaron con Diario El Mundo sobre los riesgos del trayecto.
Según explicaron, estas organizaciones criminales se aprovechan de la desinformacióny de la necesidad de las personas, minimizando los peligros reales del desierto y ocultando las verdaderas condiciones que enfrentan quienes cruzan la frontera.
Mentira 1: “El cruce es rápido y fácil”
El agente Daniel Hernández explicó que una de las falsedades más repetidas es que el cruce por el desierto es sencillo y sin mayor dificultad.
“Les prometen un viaje fácil, rápido y barato, pero cuando los detenemos nos dicen que, si hubieran sabido lo que realmente les esperaba, no habrían intentado cruzar”, afirmó.
En la práctica, el cruce puede tomar días o incluso semanas caminando en condiciones extremas.
Agente Daniel Hernández de la Patrulla Fronteriza, en el sector de Tucson, Arizona. / Iliana Cornejo.
Mentira 2: “Habrá agua, comida y ayuda en el camino”
Hernández también desmintió que existan recursos disponibles durante la travesía.
“El desierto es bastante grande. No hay agua, no hay alimento y no hay servicios médicos”, señaló.
Según los agentes, muchos migrantes se internan en el desierto sin comprender la magnitud del territorio ni las temperaturas extremas.
Mentira 3: “Se puede caminar hasta grandes ciudades”
El agente Ben Braker relató que algunos coyotes aseguran a los migrantes que ciudades como Phoenix están a pocas horas de distancia.
“Les dicen que pueden caminar de aquí hasta Phoenix en uno o dos días, cuando en carro son varias horas”, explicó.
Esta desinformación lleva a las personas a subestimar el esfuerzo físico y el peligro real.
Ben Braker, uno de los voceros de la Patrulla Fronteriza, en Tucson, Arizona. / Iliana Cornejo
Mentira 4: “El viaje es barato”
De acuerdo con Daniel Hernández, los costos reales del cruce ilegal suelen ascender a miles de dólares.
“Hemos escuchado cifras de entre 5, 10 y hasta 20 mil dólares, dependiendo del país de origen”, dijo.
Además, advirtió que en muchos casos el crimen organizado mantiene a los migrantes retenidos para exigir más dinero del acordado inicialmente.
Mentira 5: “Si cruzas ahora, te dejarán quedarte”
El agente Ben Braker señaló que otra mentira frecuente es que los cambios en las leyes de asilo permiten quedarse automáticamente en el país.
“Les dicen que es el momento de cruzar porque las leyes están cambiando, pero eso es falso”, sostuvo.
Los agentes reiteran que la mayoría de migrantes son detenidos y enfrentan procesos de deportación.
Mentira 6: “No es tan peligroso”
El agente J. Ortiz fue enfático al advertir que esta es una de las mentiras más graves.
“Se los pintan bonito, pero de esta zona para llegar a Tucson se puede tardar de dos a tres semanas caminando, si te va bien. Es físicamente imposible cargar suficiente agua y comida”, afirmó. Ortiz agregó que quienes cruzan ponen su vida en riesgo y que algunos no logran salir del desierto con vida.
Agente J. Ortiz, vocero de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona. / Iliana Cornejo
Las autoridades reiteraron que los cárteles no buscan ayudar, sino lucrarse, y llamaron a los migrantes a informarse por vías oficiales antes de tomar decisiones que pueden poner en riesgo su vida.
Aunque las detenciones de migrantes han disminuido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la Patrulla Fronteriza señala que aún hay un promedio de 30 cruces diario, al menos en la frontera de Tucson, Arizona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluye el primer año de su segundo mandato con una de sus promesas más ambiciosas aún incumplida: poner fin a la guerra en Ucrania. Durante su campaña de 2024, aseguró repetidamente que lograría un acuerdo de paz “en 24 horas”, algo que sigue lejos de concretarse.
A lo largo de los últimos doce meses, el mandatario ha pasado de mostrarse confiado en alcanzar una solución rápida al conflicto, a reconocer públicamente su complejidad. “No es una situación fácil, debo decirles. Qué desastre”, expresó en diciembre, evidenciando su cambio de tono.
Trump insiste en que heredó el conflicto de sus antecesores, Joe Biden y Barack Obama, y aunque asegura haber puesto fin a “ocho guerras”, la situación en Ucrania continúa sin avances significativos.
La evolución de su postura ha ido en paralelo al desgaste de su relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien dijo estar “muy decepcionado”, y al fortalecimiento de sus vínculos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Uno de los episodios más tensos entre Trump y Zelenski ocurrió en febrero, durante un encuentro en el Despacho Oval. Trump lo acusó de ser un “desagradecido” frente a la ayuda enviada por Washington y lo confrontó al decir: “Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial”.
A partir de ese incidente, ambos mandatarios lograron recomponer la relación, e incluso conversaron a solas durante el funeral del papa Francisco, en el Vaticano, en lo que la Casa Blanca calificó como una reunión “muy productiva”.
No obstante, ni el aumento de contactos diplomáticos ni las fotografías protocolarias han frenado los ataques rusos. El intento más claro por avanzar hacia la paz fue una reunión en Turquía que reunió a delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU., sin resultados positivos.
El 15 de agosto, Trump sostuvo su primer encuentro con Putin como presidente reelecto en la base aérea de Anchorage, Alaska. Tras tres horas de diálogo, el presidente estadounidense afirmó que hubo avances, pero concluyó: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”. Moscú se negó a detener su ofensiva y tampoco aceptó discutir una retirada total del territorio ucraniano.
En noviembre, una propuesta de paz impulsada por el enviado especial Steve Witkoff y negociada inicialmente con Rusia fue cuestionada por países europeos, que la consideraron favorable al Kremlin. Tras ser ajustado, el plan de 20 puntos recibió la aprobación de Zelenski “en un 90 %”, pero el principal obstáculo continúa siendo la negativa de Ucrania y sus aliados a ceder territorios ocupados, en particular la región de Donetsk.
El último encuentro entre Trump y Zelenski se celebró en diciembre de 2025 en Florida, y no se logró ningún acuerdo. Está previsto que ambos vuelvan a reunirse esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos.
A estas alturas, el presidente Trump ha admitido que el conflicto en Ucrania “llevará tiempo resolver”, alejándose del discurso de una solución inmediata que repitió antes de volver a la Casa Blanca.
La Unión Europea expresó el sábado su «total solidaridad» con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia, luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 10 % a ocho países europeos a partir del 1 de febrero como represalia por su presencia militar en Groenlandia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió sobre una “peligrosa espiral” de medidas comerciales si se da una respuesta simétrica desde Europa. En un comunicado conjunto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, Von der Leyen reiteró que la UE “seguirá unida, coordinada y defendiendo su soberanía”.
“Los aranceles afectarían negativamente a las relaciones transatlánticas. La UE está con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia en total solidaridad”, afirmó Von der Leyen.
Bruselas recordó que las maniobras militares en Groenlandia –que provocaron la reacción de Trump– fueron anunciadas con anticipación por Dinamarca y otros países europeos, y están orientadas a reforzar la seguridad en el Ártico, “sin representar una amenaza para nadie”.
Reunión de emergencia
Fuentes diplomáticas confirmaron la convocatoria de una reunión extraordinaria de embajadores de los 27 Estados miembro este domingo, para coordinar una respuesta ante la medida estadounidense.
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, fue más allá al advertir que: “Rusia y China deben estar disfrutándolo, porque son quienes se benefician de las divisiones entre aliados”.
Kallas subrayó que si la seguridad en Groenlandia está en juego, el foro adecuado para tratarlo es la OTAN, no medidas unilaterales. Alertó que los aranceles podrían empobrecer tanto a Europa como a EE.UU. y desviar la atención del “objetivo principal: detener la guerra de Rusia contra Ucrania”.
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que las medidas de Trump “no ayudan a garantizar la seguridad en el Ártico”, sino que “envalentonan a nuestros enemigos comunes”. Reafirmó que Groenlandia “no se vende” y exigió respeto a su soberanía e integridad territorial.
“Ninguna amenaza ni arancel puede cambiar eso”, subrayó Metsola.
El trasfondo: Groenlandia y los intereses estratégicos
Trump anunció que, además del 10 % inicial, los aranceles subirán a 25 % en junio y se mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo para la “compra total” de Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.
Los países afectados por los nuevos aranceles son: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, todos involucrados en la “Operación Resistencia Ártica”, ejercicios militares impulsados por Dinamarca para reforzar su presencia en la isla frente a la creciente competencia geopolítica.
Trump considera este despliegue una «amenaza a la seguridad mundial» y sostiene que solo EE.UU. puede “proteger adecuadamente” el Ártico frente a Rusia y China.
Ante situaciones similares en el pasado, la Comisión Europea ha recordado que la política comercial es competencia exclusiva de Bruselas, lo que impide a terceros países imponer aranceles directamente contra Estados miembro.
“La Comisión responderá de manera adecuada, como siempre lo hace, ante cualquier medida tomada contra uno o varios de nuestros Estados miembro”, explicó Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión, el pasado octubre.
Aunque Estados Unidos no puede aplicar aranceles dirigidos específicamente a países como Dinamarca, sí podría hacerlo de forma indirecta, afectando sectores clave, como el aceite de oliva en España, mediante aranceles a productos representativos.
El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.
Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.
“Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.
Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.
Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.
El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.
La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.
