Categoría: El Mundo

El Gobierno mexicano detectó que 40,628 personas registradas como desaparecidas o no localizadas presentan trámites o actividades posteriores a la fecha en que se reportó su desaparición, aunque hasta ahora solo 6,939 de esos casos cuentan con un reporte de localización.

Los datos forman parte de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas legales aprobadas en julio de 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que el Gobierno incorporará a diez especialistas nacionales y extranjeros en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación para revisar técnicamente las bases del registro y los procesos de búsqueda.

La existencia de una actividad posterior al reporte, explicó la Secretaría de Gobernación (Segob), no implica por sí misma que una persona haya sido localizada, por lo que las autoridades deberán verificar las coincidencias y determinar la situación de cada caso.

La revisión forma parte de diez acciones con las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca mejorar la calidad de la información sobre desaparecidos, acelerar las búsquedas y enfrentar el rezago forense.

Más de 6,000 localizaciones

Según los datos presentados por la Segob, durante los últimos dos meses las autoridades federales y estatales consiguieron 3.039 localizaciones mediante mecanismos de búsqueda generalizada.

A ellas se suman 2.572 personas localizadas en los últimos seis meses a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) localizaron además con vida a 1,075 personas, de las cuales, según el Gobierno, un 86 % correspondió a ausencias voluntarias no relacionadas con algún delito.

La estrategia contempla también que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, reforzar las búsquedas en hospitales y centros penitenciarios e implementar un Plan Nacional de Identificación Humana con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

El Gobierno anunció asimismo una ruta por los estados para reunirse con familiares y colectivos, revisar perfiles genéticos y carpetas de investigación y coordinar a las fiscalías y comisiones locales de búsqueda.

México afronta una crisis de desapariciones que ha dejado más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro oficial, además de un persistente rezago en la identificación de restos humanos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo está “modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias” para localizar a los desaparecidos.

Para muchas personas migrantes, la frontera con Estados Unidos comienza antes de llegar al norte de México, país que especialistas describen como un «muro virtual» que «filtra» la migración, mientras quienes permanecen en territorio mexicano enfrentan crecientes barreras para integrarse, según un estudio y testimonios recabados por EFE.

Cuando la activista Amarilis Eunice llegó a México en 2024 huyendo de la persecución política en Nicaragua, conseguir los documentos necesarios para empezar de nuevo le tomó casi nueve meses.

En ese tiempo, no pudo abrir una cuenta bancaria ni encontrar trabajo, pero reconoce que su experiencia fue más favorable que la de otras personas que llevan más de un año en una especie de «limbo» esperando que avance su trámite.

«Existen muchos otros casos de muchas otras personas que no necesariamente tienen redes en el lugar que llegan y que las dificultades se incrementan mucho más», asegura Eunice, subdirectora de Comunidad y Acompañamiento de Casa Centroamérica.

Como ejemplo, comparte el caso de una mujer a la que ha acompañado, quien lleva más de un año esperando que avance su solicitud y no ha podido continuar sus estudios, a pesar de haber obtenido dos becas.

«No ha podido inscribirse a las dos maestrías, donde ha sido aceptada y ha sido becada (pero) no puede inscribirse porque no tiene una resolución migratoria», relata.

Este es uno de los obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México, donde integrarse implica sortear distintas barreras, según documenta el índice ‘Semillas en Trayectoria’, que sitúa el nivel de integración de esta población en 0,6 sobre 1.

De acuerdo con el estudio, casi 60 % de las personas migrantes percibió discriminación al buscar empleo; 59 %, en centros de salud, y 4,9 % la reportó al intentar alquilar una vivienda, casi tres veces más que la población local (1,8 %).

Las personas desplazadas registran la mayor negación del derecho a la educación (4,6 %) y la percepción más alta de discriminación en este ámbito (63,9 %), advierte el índice.

El ‘filtro’ de EE.UU.

José Antonio Aguilar, coautor del estudio, precisa que el índice retrata una realidad anterior a 2025, ya que utiliza las últimas encuestas censales disponibles, levantadas hasta 2024, previo al regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política migratoria.

El experto estima que los resultados de integración serían peores a partir de 2025 debido a prácticas más restrictivas del Estado mexicano, en buena medida como efecto en cascada de la política estadounidense.

«Digamos que México se ha vuelto el muro de Estados Unidos, pero es un muro virtual, aunque no es un muro físico, nosotros somos ese filtro», asevera Aguilar, director de RacismoMX.

Según Aguilar, «ni siquiera necesitaron construirlo», pero «hay ciertas señales que ha mandado el Gobierno de Estados Unidos hacia México para restringir el paso».

«Hay que decirlo con todas sus letras, somos un filtro para las personas», sostiene, al señalar que los cruces fronterizos hacia EE.UU. «han bajado en los últimos dos años enormemente».

Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 % entre 2024 y año fiscal 2025, al pasar de más de 1,5 millones a 237.538.

Entre esas prácticas de «filtro», Aguilar menciona las demoras en la entrega de documentos y en la resolución de solicitudes de refugio, que pueden impedir a las personas trabajar, estudiar o acceder a servicios financieros y dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad.

En 2024, México redujo en 97 % la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias respecto del año anterior, al pasar de 128.974 en 2023 a 3.755 entre enero y noviembre de 2024, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

«Necesitamos documentos para poder acceder a derechos, para poder acceder a salud, para poder acceder a educación, para poder acceder a trabajo, para no tener tantos problemas con los bancos», remarca Eunice.

Errores en formularios migratorios o una vieja infracción de tráfico pueden bastar para que jóvenes protegidos por DACA, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y han construido allí sus vidas, terminen enfrentando un proceso de deportación pese a haber cumplido con las leyes migratorias estadounidenses.

«Tengo mucho temor, no sé qué va a pasar con mi futuro, yo he cumplido con la ley, con todo lo que me pidieron y sin embargo ahora estoy en peligro de que me deporten y me envíen de regreso a un país que dejé junto con mis padres cuando tenía 18 meses de nacido», dijo a EFE Roberto Navarro Valenzuela.

El inmigrante mexicano, de 24 años y estudiante de mecánica espacial en la Universidad de Arizona, en Tucson, cuenta que en mayo pasado recibió «la peor» noticia de su vida: Inmigración rechazó su petición para regularizar su situación migratoria y obtener la residencia legal a través de su matrimonio con su esposa estadounidense.

El estudiante cuenta además una solicitud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aún pendiente, un programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger temporalmente a jóvenes que llegaron a Estados Unidos indocumentados cuando eran niños.

Pero esa solicitud, presentada en 2021, quedó en un «limbo» legal debido a una orden de una corte federal que frenó el programa e impidió que nuevas solicitudes fueran procesadas.

«Yo traté de seguir la ley, yo me casé por amor con mi esposa, llenamos los formularios con la esperanza de terminar con esta pesadilla y seguir con nuestras vidas», subraya Navarro Valenzuela.

Recordó que su vida no ha sido fácil. No pudo salvar la vida de su hermana menor, quien murió de cáncer, pese a que él fue su donante de médula ósea.

«Me da miedo, ahorita no tengo ninguna protección», dijo entre lágrimas.

Una firma incorrecta

El estudiante tiene programada una audiencia migratoria en septiembre para intentar evitar su deportación. Hasta ahora, la razón que le han dado para rechazar su solicitud es que supuestamente firmó de manera incorrecta el formulario de cambio de estatus migratorio.

Ahora tendría que iniciar nuevamente el proceso, aunque esto no suspende la orden de deportación.

Asegura que una deportación destrozaría por completo su vida y sus sueños, así como el trabajo de toda una vida de estudios y esfuerzos para conseguir un futuro mejor para él y para su familia.

En una situación similar se encuentra Myndy Valencia Sánchez, quien actualmente está protegida por el programa de DACA, que expira en enero próximo.

Sin embargo, recientemente recibió una carta en la que le notificaron que su caso estaba en proceso de deportación debido a una infracción de tráfico que cometió hace más de 15 años por conducir sin licencia.

«Desde entonces no tengo ninguna infracción, con el DACA obtuve mi licencia, mi récord de manejo está limpio, no he cometido ningún crimen y sin embargo ahora me quieren deportar», dijo Valencia Sánchez.

La inmigrante mexicana, de 29 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y asegura que le resulta muy difícil pensar en regresar a un país que le es completamente desconocido.

«Hemos cumplido con la ley. Cuando nos dieron la oportunidad de DACA, cumplimos con todos los requisitos, con los chequeos de antecedentes penales, de escuela, de trabajo, pagamos impuestos, llenamos formularios, pero aun así no es suficiente», dijo a EFE.

«Me agarraron de sorpresa, la verdad no me lo esperaba, tengo miedo», enfatizó.

El abogado de inmigración Maurice Goldman dijo a EFE que estos dos casos muestran el nivel de «cinismo» con el que, a su juicio, está operando la Administración del presidente Donald Trump.

«Es ridículo las razones que están utilizando para poner a una persona en proceso de deportación, es increíble lo que estamos viendo en las cortes», dijo.

La incógnita de las cifras

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, ICE había deportado, hasta el 12 de mayo pasado, a 85 beneficiarios de DACA que no tenían condenas ni cargos criminales, según información solicitada por congresistas demócratas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Otros 658 beneficiarios y solicitantes del programa habían sido puestos bajo custodia.

Sin embargo, es difícil conocer la dimensión exacta del fenómeno, ya que estas cifras discrepan con otros datos entregados por la misma agencia federal.

Organizaciones como el American Immigration Council han documentado un aumento de los arrestos y deportaciones de personas con DACA, pese a que muchas tenían el estatus vigente.

Una niña de seis años fue rescatada con vida este sábado en Timure, en el norte de Nepal, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por la riada, en un momento en el que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen rápidamente con el paso de las horas.

Los equipos tuvieron que abrirse paso a mano entre piedras, maderas, planchas metálicas y fragmentos de estructuras acumulados por la corriente hasta alcanzar el estrecho hueco donde había quedado atrapada.

La menor salió en brazos de los rescatistas con el cuerpo inerte y aparentemente inconsciente, mientras varios agentes la sostenían y la alejaban de una zona cubierta por barro y escombros.

Después de la extracción fue atendida por los equipos de emergencia y, en imágenes posteriores, aparece ya consciente, abrigada y recibiendo alimento en un puesto de seguridad próximo a Timure.

Tras varios días, los equipos trabajan sobre capas de barro, roca y restos de viviendas que en algunos puntos comienzan a secarse y compactarse, lo que obliga a retirar el material lentamente y reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo el lodo y los escombros.

Timure, cerca de la frontera con China, quedó entre las localidades más golpeadas por la avenida de agua, que arrasó viviendas, comercios e infraestructuras a lo largo del corredor del Bhotekoshi y el Trishuli.

Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las labores de búsqueda y rescate, mientras los helicópteros siguen siendo necesarios para alcanzar algunos puntos donde los accesos terrestres permanecen interrumpidos.

En paralelo, los equipos siguen recuperando cuerpos arrastrados río abajo, algunos a gran distancia de los lugares donde desaparecieron, en una catástrofe que ha dejado cientos de muertos y miles de personas todavía sin localizar.

A medida que pasan las horas, los rescates con vida se han vuelto cada vez menos frecuentes y buena parte de la operación se concentra ya en localizar desaparecidos entre el barro y los restos de las construcciones destruidas.

El rescate de la niña quedó registrado en un vídeo difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal, que situó en casi 60 horas el tiempo transcurrido desde la riada hasta su localización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la adquisición del «control mayoritario» de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela tras la firma del «mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» con el Gobierno de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

«¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense», ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá «duplicar las reservas de suministro de petróleo» y «reducir de forma sustancial» el precio de los carburantes a largo plazo. Con este anuncio, el líder republicano sitúa el foco político en el encarecimiento de los combustibles, un asunto que venía castigando el bolsillo de las familias norteamericanas y marcando el debate económico nacional.

Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá «al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad», poniendo especial atención a la «floreciente relación» entre su Gobierno y el de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington y la posterior captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

El presidente estadounidense tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras estadounidenses ante los precios persistentemente elevados de la gasolina, avivados por la guerra en Irán, según ha informado la agencia Bloomberg.

El plan representa una intervención moderna sin precedentes en la economía de otro país, que recuerda al control del Gobierno británico sobre los yacimientos petrolíferos de Irán y al reparto de los activos iraquíes entre Estados Unidos y Europa hace un siglo.

Se trata, además, de una maniobra sin precedentes, susceptible a impugnaciones legales y cambios políticos en Washington. No está claro que el acuerdo de Trump contaría con el pleno respaldo de un futuro presidente estadounidense, ni cómo podría resistir una futura convulsión política en Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300,000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí. Un acuerdo como el anunciado por la Casa Blanca, que otorgue control mayoritario sobre 65,000 millones de esos barriles, representaría más del duplicado de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

Estos 300,000 millones de barriles representan aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos deben buscar petróleo sin explotar, las reservas bajo el suelo venezolano están en gran parte cartografiadas y conocidas, según los expertos. Sin embargo, debido al enorme deterioro de la infraestructura, el país solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial, un problema que puede pasar factura a Washington a largo plazo.

Rubio estima grandes beneficios en inversión privada

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado este acuerdo como «una gran victoria» tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

«(Este acuerdo) demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando victorias de «América Primero»: asegurando reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro Hemisferio y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa», ha incidido el responsable de Exteriores de la Casa Blanca en sus redes sociales.

Así las cosas, Rubio también ha resaltado que el acuerdo entre Caracas y Washington «traerá casi 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) en inversión privada» y apoyará, a su vez, «miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela».

Delcy prevé que el acuerdo estimule crecimiento económico de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sostenido que el acuerdo impulsará el «crecimiento económico» del país y ha informada de que ingresará una recaudación tributaria de 209.000 millones de dólares (alrededor de 180.000 millones de euros) para la economía de Caracas.

«El acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado», reza el comunicado de Presidencia.

«Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales», ha sostenido la mandataria en sus redes sociales.

Además, ha concluido señalando que su objetivo es «avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora», poniendo sus «inmensas» reservas «al servicio del desarrollo nacional», la «generación de empleos» y el «bienestar» del pueblo venezolano.

Expansión con una infraestructura en ruinas

A las pocas horas del anuncio de Trump, fuentes de la agencia Bloomberg ha confirmado que el gigante Chevron está en conversaciones para expandirse en Venezuela con la incorporación de dos nuevos yacimientos petrolíferos a sus operaciones en el país, mientras se están considerando contratos de arrendamiento de hasta 100 años para varios yacimientos.

El gigante petrolero SLB y el productor independiente Hunt Oil Co. firmaron contratos con el Gobierno venezolano este mismo mes.

La iniciativa de Trump, sin embargo, está plagada de problemas logísticos. Los productores tendrán que lidiar con una infraestructura deteriorada, un suministro eléctrico inestable y responsabilidades ambientales heredadas.

Analistas y expertos de la industria afirman que podría costar más de una década restablecer la producción a los aproximadamente tres millones de barriles diarios que Venezuela bombeaba antes de que su industria petrolera comenzara un colapso que se prolongó durante décadas.

El anuncio de Trump, cabe recordar, tiene lugar en plena guerra de Irán, un conflicto que ha drenado la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en aproximadamente el 41% de su capacidad, su nivel más bajo en más de cuatro décadas. El precio promedio de la gasolina regular se situó en 4,09 dólares por galón el jueves, un aumento de más de un tercio desde el inicio del conflicto.

La junta militar de Níger ha confirmado que los enfrentamientos que han estallado esta pasada madrugada en zonas estratégicas de la capital, Niamey, se deben a un intento de golpe de Estado que está ahora mismo en proceso de «contención».

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, ha culpado de la situación a un «movimiento de insurrectos» repelido gracias a «la rápida intervención de las fuerzas de defensa y de seguridad».

El despliegue «ha permitido contener este movimiento y recuperar progresivamente el control de las zonas en cuestión», ha añadido el ministro a través de un comunicado leído en Télé Sahel, la televisión estatal nigerina, que hace unas horas ha vuelto a emitir tras un breve apagón matutino.

«Se insta al público a mantener la calma y realizar libremente sus actividades diarias», ha concluido el mensaje.