El Gobierno cubano afirmó este jueves que ha pedido a EE.UU. contribuir al esclarecimiento del incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertos y dijo que las autoridades estadounidenses «han mostrado disposición a cooperar».
La incursión ilegal de una lancha rápida este miércoles con diez personas armadas a bordo, que La Habana describe como «un intento de infiltración con fines terroristas», se produce en un momento especialmente delicado entre ambos países por las tensiones derivadas del asedio petrolero de EE.UU. a la isla.
El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, agregó en una declaración que para esclarecer los hechos «con todo rigor» el Gobierno cubano «tiene disposición a intercambiar con el estadounidense» y que ha solicitado información sobre los diez tripulantes.
Cuba dio a conocer también las identidades de los cuatro fallecidos y los seis heridos, y destacó que iban fuertemente armados con rifles de asalto y equipamiento militar, además de portar «monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista».
De Cossío indicó que dos de los integrantes estaban incluidos en la lista terrorista que elabora anualmente Cuba.
El viceministro, que ratificó el «compromiso absoluto y categórico» de su país contra el terrorismo, concluyó diciendo que «Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales».
En esta línea habló este jueves por primera vez del incidente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien subrayó que su país «no amenaza ni agrede» pero sí se defiende de ataques terroristas.
«Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional», escribió en redes.
De forma paralela, las autoridades estadounidenses informaron que dos de los tripulantes de la lancha rápida -un fallecido y un herido- son, además de cubanos, ciudadanos estadounidenses. El Ministerio del Interior de la isla había indicado previamente que todos eran cubanos residentes en EE.UU..
Asimismo, trascendió que el dueño de la lancha, con matrícula de Florida (EE.UU.), aseguró que un empleado de su compañía le había robado la embarcación.
Contactos
El Gobierno estadounidense, por su parte, guardó silencio durante la jornada. La víspera el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió cautela mientras se investiga exactamente qué sucedió y dijo que EE.UU. actuaría luego «en consecuencia».
Este jueves trascendió asimismo que, según el diario Miami Herald, el equipo de Rubio se reunió con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el marco de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Según una fuente anónima, las conversaciones se centraron en la posiblidad de «lentamente aliviar las sanciones de EE.UU.» sobre la isla a cambio reformas económicas, que se seguirían «mes a mes».
Esta información ahonda en las revelaciones previas del medio estadounidense Axios, que apuntaban a contactos entre Rubio y Rodríguez Castro.
El Gobierno cubano ha negado en las últimas semanas que haya negociaciones. El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, afirmó recientemente a EFE esas informaciones eran «especulación».
Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, pidió «moderación para evitar cualquier tipo de escalada de tensiones» mientras se investiga el incidente de la lancha rápida.
Asimismo, pidió al Gobierno de Estados Unidos una «excepción humanitaria» para enviar petróleo y ayuda a la isla porque «es la única manera de evitar una crisis humanitaria con consecuencias más graves» en la isla.
Pichón, aseguró que cree que «se están realizando esfuerzos en ese sentido» durante una intervención virtual desde La Habana en la habitual conferencia de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas en Nueva York.
A principios de esta semana EE.UU. dio pasos para quitar un poco de presión a su bloqueo petrolero a Cuba facilitando la exportación de petróleo y derivados por parte de empresas estadounidenses a miembros del sector privado en la isla.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló hace unos días que el bloqueo estadounidense incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, además de provocar el «desmantelamiento» del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla.
