Las alarmas se han encendido en el sistema penitenciario guatemalteco ante nuevas denuncias que revelan presuntos privilegios ilegales y un plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala, y requerido en extradición por El Salvador por delitos de corrupción y fraude financiero transnacional.
Según informes recientes, Gaitán Castro se encuentra en condiciones que distan de las de un reo común. Reportes citados por medios guatemaltecos apuntan a que ha tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas, e incluso uso de teléfonos celulares prohibidos por la normativa penitenciaria, a pesar de que su traslado al penal de Pavoncito fue ordenado por distintas resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, las cuales no han sido ejecutadas.
Jorge Alberto Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos figuran como parte de una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Esta organización es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en seis países latinoamericanos.
La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los implicados formaron una red dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas a precios por debajo del mercado. Según el expediente judicial, el boicot fue articulado por ejecutivos ligados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.
Plan de fuga y red de protección
Las denuncias también señalan que Gaitán Castro contaría con respaldo institucional y una red de protección que habría evitado su traslado a Pavoncito, a pesar de reiteradas órdenes judiciales. Durante una requisa realizada en mayo de 2025, las autoridades habrían encontrado un teléfono celular que el interno utilizaba para comunicarse con estructuras criminales, lo que agrava las sospechas sobre un plan de fuga en marcha.
Parte de esa red estaría vinculada a actores ligados a TPG Peppertree, lo cual explicaría la resistencia institucional para cumplir las resoluciones emitidas por los tribunales guatemaltecos. En este contexto, también se menciona la participación de abogados que representarían los intereses de la estructura delictiva.
