El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció este jueves que el exdirigente del FMLN, Atilio Montalvo, fue sometido a un largo interrogatorio de cuatro horas, previo a la audiencia programada para el próximo 29 de julio, por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según COFAPPES, estas diligencias están orientadas a “forzar declaraciones indagatorias” de los procesados de la Alianza El Salvador en Paz antes de la audiencia. La organización califica estas acciones como violatorias al debido proceso y al derecho de defensa.
COFAPPES denunció que Montalvo se presentó a rendir declaración pese a que la notificación no establecía claramente el objetivo del citatorio. Durante la diligencia, fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas donde, según denuncian, se ignoró el maltrato a su condición física y cuestionaron los procedimientos de diálisis diaria que el imputado requiere para sobrevivir.
Montalvo es el único de los 11 procesados que se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención, otorgadas en julio de 2025 por su estado crítico de salud. El exdirigente padece insuficiencia renal en etapa cinco, diabetes, hipertensión y antecedentes de accidentes cerebrovasculares e infartos, condiciones que motivaron a la Sala de lo Constitucional a aceptar un recurso de hábeas corpus a su favor el año pasado.
Este extenso interrogatorio contrasta con la postura adoptada la semana pasada por el líder de la Alianza, José «Pepe» Santos Melara, y el comunicador Luis Menjívar, quienes desistieron de rendir su declaración indagatoria. Según explicó en su momento el abogado defensor Guillermo García, los procesados tomaron esa decisión porque «no tenían certeza de cuál era el propósito de la declaración indagatoria», ya que los custodios de los centros penales les decomisan sistemáticamente los documentos notificados por el Tribunal.
Esta declaración de Montalvo ocurre en un contexto donde la defensa técnica y los familiares sostienen que el caso de la Fiscalía General de la República carece de sustento. Luis Rivera, abogado defensor en el proceso, afirmó: «No hay prueba documental, pericial, no hay prueba científica y menos prueba testimonial que pueda involucrar a todos los veteranos, tanto de la Fuerza Armada como el FMLN».
Esta versión es respaldada por Rosa Flores, familiar de uno de los detenidos, quien aseguró que a los procesados «no le han decomisado nada que le incrimine a un delito a perseguir» y demandó la pronta revisión de los expedientes. Por su parte, COFAPPES señala que la acusación fiscal se basa únicamente en un «testigo informante anónimo» de 2024 que presenta severas inconsistencias.
Llamados a la movilización y expectativa por audiencia
Ante este escenario, diferentes organizaciones sociales han elevado sus exigencias. David Jovel, representante del sector de veteranos del FMLN, hizo un llamado a la movilización nacional e internacional contra lo que califican como capturas injustas: «Estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo la libertad inmediata de los compañeros».
A las muestras de solidaridad se unió Sonia Viñeta, integrante de la UNT, quien instó a las instituciones públicas a garantizar el debido proceso y advirtió sobre «un retroceso tan extremo» en materia de derechos humanos, recordando que «hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera».
Los 11 detenidos fueron capturados el 31 de mayo de 2024, acusados de terrorismo por supuestamente planificar atentados con explosivos de cara a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Ahora, tanto las defensas como los familiares mantienen la expectativa en la próxima audiencia programada para el 29 de julio, donde el juzgado revisará la prueba propuesta por las partes.
El abogado Luis Rivera espera que, ante la falta de elementos consistentes, la jueza considere decretar la libertad de todos los implicados.
En este caso fueron acusados José «Pepe» Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, y el comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar.
