La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), supervisó la destrucción de distintos tipos de droga decomisados en 16 procesos judiciales relacionados con delitos de narcotráfico.
Según las autoridades, los estupefacientes destruidos tienen un valor económico de $309,019.52 y corresponden a casos que ya fueron judicializados, cuyos responsables cumplen condenas de prisión.
Durante la jornada fueron destruidos 45,502 gramos de marihuana, 4,929 gramos de cocaína y 660 gramos de metanfetaminas, sustancias incautadas en diferentes operativos desarrollados por las autoridades.
La droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad, como parte de las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.
La FGR indicó que la destrucción de la evidencia se realizó en cumplimiento de resoluciones emitidas por los tribunales competentes, una vez concluidos los procesos penales correspondientes.
Las autoridades señalaron que este procedimiento forma parte del protocolo establecido para garantizar que las sustancias ilícitas incautadas no vuelvan a circular y sean eliminadas de forma definitiva bajo supervisión judicial.
Asimismo, destacaron que las personas vinculadas a estos 16 casos ya fueron condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico y cumplen las penas impuestas por los tribunales de justicia.
La Fiscalía y la PNC reiteraron que continuarán desarrollando operativos para combatir el tráfico de drogas y fortalecer las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a este tipo de delitos en el país.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a los ecuatorianos Rubén Darío Acevedi e Hipólito Perlaza Moreno, así como al colombiano Nolberto Valencia Arroyo, tras declararlos culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
La sentencia fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el proceso judicial, las cuales establecieron la participación de los tres extranjeros en el transporte de un cargamento de cocaína valorado en $33 millones.
Los ahora condenados fueron detenidos el 11 de julio de 2025 durante un patrullaje preventivo realizado por la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas de la costa salvadoreña.
Las autoridades interceptaron la embarcación en la que viajaban los imputados y localizaron 1,326 kilogramos de una sustancia que, tras los análisis periciales, dio resultado positivo a cocaína.
La droga incautada fue valorada en aproximadamente $33 millones, según las estimaciones de las autoridades, evitando que el cargamento continuara su ruta hacia mercados internacionales.
Durante el procedimiento también fueron decomisados una embarcación de bajo perfil (LPV), una antena para servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos dispositivos GPS y un rastreador satelital, equipos que presuntamente eran utilizados para facilitar el transporte de la droga y mantener comunicación durante la travesía.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó este jueves a 30 años de prisión a Esmeralda Elizabeth Pineda Figueroa, tras encontrarla culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de ocho meses de edad.
La resolución fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el juicio, las cuales acreditaron la responsabilidad penal de la imputada en la muerte del menor.
Tras cometer el homicidio, la mujer intentó huir del lugar. Sin embargo, fue localizada e interceptada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el bulevar Costa del Sol, en el municipio de San Luis La Herradura, donde fue capturada.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía General de la República presentó las pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron establecer la forma en que ocurrieron los hechos y la participación directa de la acusada.
Con base en los elementos incorporados al juicio, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca determinó que existían suficientes pruebas para declarar culpable a Pineda Figueroa por el delito de homicidio agravado y le impuso una pena de 30 años de cárcel.
La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario del país, conforme a lo establecido en la sentencia emitida por el tribunal, la cual pone fin al proceso penal iniciado tras la muerte del menor.
El expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, fue enviado a juicio este jueves, 23 de julio, por los delitos de cohecho propio (soborno) y negociaciones ilícitas.
El juicio fue ordenado por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador informó el Centro Judicial Isidro Menéndez, a través de un comunicado en redes sociales.
El comunicado indicó que la jueza admitió la prueba documental, pericial y testimonial que ofreció la Fiscalía General de la República «por considerar que cumplía con los requisitos de legalidad, utilidad y pertinencia, para su incorporación y discusión durante la vista pública».
Los detalles de los argumentos de la jueza se desconocen debido a que el caso goza de reserva judicial. Además de la orden de juicio, la jueza también mantuvo que Durán siga detenido en el penal de La Occidental, en Santa Ana.
Durán fue detenido el 23 de septiembre de 2023, por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), en el aeropuerto internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, tras arribar al país.
Al momento de acusarlo, la Fiscalía indicó que entre los años 2019 y 2022, Durán cometió los delitos para favorecerse él, a terceros y a un banco privado, donde él tenía acciones.
La Fiscalía señaló que desde marzo del año 2022 recibieron información del gobierno e iniciaron una investigación; esta fecha coincide con su salida de Bandesal, luego que en marzo de ese año, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombrara al entonces viceministro de Economía, Mario Salazar, frente a la institución.
Tras la detención de Durán, Bukele señaló que el gobierno realizó una investigación interna, la cual, entregaron a la Fiscalía. En junio del año 2020, Durán llegó a la Asamblea y reveló que Bandesal le otorgó un crédito por $22,000 a la hermana de la entonces, comisionada presidencial, Carolina Recinos, para poner un negocio de servicio de comida, pero negó conflicto de interés.
El periódico digital El Faro reveló que Susana Elizabeth Recinos Montes, hermana de la comisionada presidencial Carolina Recinos y de un gerente de Bandesal, ganó un contrato para operar una cafetería interna del Ministerio de Hacienda, y luego obtuvo un crédito del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) de Bandesal, aunque el Comité de Créditos de Bandesal generó dos reportes sobre vínculo familiar y el conflicto de interés.
El tercer juez de Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 185 pandilleros de la clica Sailor Locos Salvatruchos, de la MS-13, a penas de entre 20 y 55 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas y otros delitos conexos, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia única la entidad fiscal presentó prueba documental, testimonial y pericial con la que acreditó la pertenencia de los imputados a la estructura criminal. Entre los condenados figuran «homeboys» (miembros), «chequeos» (pandillero de primer, segundo o tercer nivel), observación (aspirantes), «paros» (ayudantes) y colaboradores.
Según la Fiscalía, que informó de la condena en un comunicado de prensa, los pandilleros operaban en los distritos de San Francisco Gotera, Yamabal, Guatajiagua, Sensembra y zonas aledañas del departamento de Morazán.
Entre los sentenciados se encuentra Alexander Bladimir Argueta Argueta, alias «Tío Labios», con rango de chequeo, quien recibió una condena de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La FGR indicó que el imputado se fugó el 2 de enero de 2017 de las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Francisco Gotera, por lo que ya había sido condenado previamente.
También fue condenada Damaris Vanessa Quintanilla Rosa a 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer era colaboradora de la clica y fue capturada en flagrancia el 20 de abril de 2022 cuando recogía dinero de una extorsión, hecho por el que ya había recibido una condena de 15 años de cárcel.
Otro de los condenados es Edward Vigil Cruz, alias «Táctico», quien recibió una pena de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La FGR señaló que también fue condenado el pasado 10 de julio a 30 años de cárcel por el homicidio de un hombre ocurrido el 16 de agosto de 2016 en el cantón Lajitas, distrito de Chilanga, Morazán.
Henry Javier Rivera, identificado como «homeboy» dentro de la estructura, fue sentenciado a 55 años de prisión, de los cuales 40 corresponden al delito de agrupaciones ilícitas y 15 años por tráfico ilícito.
La Fiscalía indicó que los 185 pandilleros cometieron diversos delitos mientras permanecieron en libertad y que las condenas fueron impuestas de acuerdo con el rango y la permanencia que mantenían dentro de la estructura criminal.
En otras condenas a pandilleros, la FGR comunicó el miércoles que Liliet del Socorro Centeno Vanegas, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), recibió una condena de 15 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel tras comprobarse su culpabilidad en el delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de dicha localidad.
Una parte de los empleados despedidos del hospital Rosales, en diciembre de 2025, comenzaron a recibir sus indemnizaciones este jueves, informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y algunos de los extrabajadores que llegaron al Ministerio de Salud durante la mañana.
“Este día se está iniciando con el proceso de indemnización para los ex trabajadores del Hospital Rosales. Todo esto se está desarrollando en las instalaciones del Ministerio de Salud. Se les solventará absolutamente a todos y sus montos a indemnizar serán apegados a la ley”, publicó el funcionario de gobierno en sus redes sociales junto a fotografías de un gran número de personas que esperaban ser atendidas.
Fuera del Ministerio de Salud, en el centro de San Salvador, extrabajadores del hospital Rosales relataron a Diario El Mundo que en el Ministerio de Salud les señalaron que solo entregarían la indemnización este jueves a aquellos que estuvieron trabajando por servicios profesionales, y a partir de mañana, empezarán a pagarles a aquellos que estuvieron laborando bajo ley de salarios.
“Estamos atendiendo el llamado del señor ministro, Rolando Castro, del día ayer en los medios que se iba a hacer el pago de la indemnización este día, estamos en el Ministerio de Salud que es aquí donde se acordó el pago de la indemnización. Hubo una mala coordinación de parte de la logística del Ministerio de Salud, que el día de ayer, el ministro Rolando Castro dijo que a todos se nos iba a hacer el pago este día, pero lamentablemente aquí vinieron a decir que solo a las personas contratadas por GOES se les va a pagar el día de ahora y el día de mañana, por ley de salario”, indicó Juan Carlos Hernández, quien es uno de los despedido del Rosales.
El ministro Rolando Castro publicó esta fotografía del interior del Ministerio de Salud donde los extrabajadores esperaban a recibir su indemnización. / Cortesía Rolando Castro.
Por su parte, otro de los trabajadores despedidos quien se identificó como Antonio Ortiz, pidió a las autoridades de Salud que no dejen de lado a cinco exempleados que fallecieron en la espera del pago de su indemnización, en estos siete meses.
“Recordarle al ministro de Salud que tenemos personal fallecido, tenemos cinco personas fallecidas, también los familiares exigen que se les pague su indemnización por el tiempo de servicio prestado”, indicó Ortiz.
El funcionario de gobierno aseguró que el Estado erogará cerca de $10 millones para cumplir con el derecho laboral.
Castro también explicó que el pago se hace hasta ahora porque en el sector público “se tiene definido, casi por norma, es que sí hoy se separa la persona del cargo el proceso de indemnización funciona a partir del siguiente año porque se presupuesta a partir del siguiente año”.
Según la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), sumando ese número cerca de 7,700 empleados del sector salud fueron despedidos el año pasado.
En marzo, los extrabajadores del Rosales señalaron que seguían sin recibir la indemnización, ellos relataron que al momento de notificarles el despido les entregaron un papel de color con el monto de su indemnización, pero no se trató de un documento oficial. Ellos recurrieron al Ministerio de Trabajo que en su momento no les había respondido y también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Castro aseguró en la transmisión que habló directamente con el presidente Nayib Bukele, quien ordenó empezar a pagar las indemnizaciones.
Una pandillera de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificada como Liliet del Socorro Centeno Vanegas fue condenada a 15 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, debido a que fue encontrada culpable del delito de extorsión en perjuicio de un comerciante en San Miguel, informó el miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte de la entidad fiscal, que informó de la condena a través de un comunicado de prensa, este hecho ocurrió entre el 2002 y el 2003 en dicho distrito.
La MS-13, indicó la FGR, exigía el pago de una extorsión al comerciante, a quien mantenían bajo amenazas de muerte.
Ante el temor generado por dichas intimidaciones, la víctima realizaba pagos mensuales, mientras que un testigo señaló a Centeno Vanegas como la persona responsable de recolectar el dinero, aseguró la FGR.
“La imputada durante el año 2003, en ocho ocasiones se presentó al negocio de la víctima para recibir las cantidades de dinero exigidas ilícitamente por integrantes de la Mara Salvatrucha”, dice el reporte fiscal que también menciona que la ahora condenada recibió su sentencia en estado de rebeldía.
Otro pandillero condenado por extorsión
En otras condenas por dicho delito, el pasado miércoles el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán dictó una pena de 10 años de prisión contra el pandillero de la MS-13 Julio César Rivas Rosales, hallado culpable de cometer el delito de extorsión mediante llamadas telefónicas, indicó la FGR.
De acuerdo con las investigaciones, el procesado estableció contacto por vía telefónica con la persona afectada para demandarle una suma económica bajo la amenaza de asesinarla. Ante la imposibilidad de reunir el monto solicitado, la víctima acordó efectuar una entrega de dinero cada mes, indicó la FGR.
Sin embargo, el afectado decidió interponer la denuncia correspondiente formalizando el caso ante las instancias policiales, quienes iniciaron las labores de seguimiento. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, se ejecutó un operativo de entrega vigilada de efectivo que permitió individualizar y arrestar al integrante de la estructura criminal.
Durante el registro físico, las autoridades le decomisaron tanto la suma de dinero producto de la extorsión como el dispositivo móvil utilizado para amedrentar a la víctima, indica el reporte fiscal.
La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) informó este miércoles que este próximo domingo 26 de julio, las iglesas pertenecientes a la Provincia Eclesiástica recolectarán una ofrenda especial para las personas que han sido damnificadas y demás afectados por el doblete sísmico ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.
Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia señaló que la institución no se mostrará «indiferente» ante la emergencia ocurrida en el país sudamericano. En consecuencia, todo lo recaudado se pondrá a disposición de las personas afectadas en el territorio venezolano.
“Invitamos a los sacerdotes a exhortar a los fieles que este gesto no es solo una ayuda a nuestros hermanos que pasan grave necesidad, sino también un acto de verdadera comunión eclesial”, explicó la Conferencia en el comunicado.
Además, la autoridad episcopal detalló que se tratará de una recaudación exclusiva destinada a quienes la requieran, haciendo un llamado a los fieles para sumarse a este esfuerzo de caridad.
Comunicado de Cedes sobre la ayuda a Venezuela/Foto Cedes.
“Oramos por el eterno descanso de los que murieron. Encomendamos a todas las víctimas, a sus familias y a toda la nación venezolana a la protección maternal de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, pidiendo al Señor que conceda fortaleza a quienes sufren, consuelo a los afligidos y esperanza para reconstruir sus vidas”, aseguró la entidad en el escrito.
Hasta el cierre de esta nota, los esfuerzos por remover escombros y recuperar cuerpos persisten en el estado de La Guaira, la región que sufrió el mayor impacto por los sismos, mientras que la cifra de personas fallecidas debido al doble terremoto del pasado 24 de junio ya alcanza las 5,398.
Según un informe publicado este miércoles por la Arquidiócesis de Caracas, un total de 27 iglesias de la ciudad sufrieron daños en su estructura tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio. A pesar de que cinco de los templos registran afectaciones de gravedad, las autoridades confirmaron que ninguna de las edificaciones será demolida.
Las indemnizaciones para los trabajadores que fueron despedidos del hospital Rosales en diciembre de 2025 empezarán a ser entregadas este 23 de julio, por el Ministerio de Salud, anunció el miércoles en la tarde el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en una transmisión en vivo en redes sociales.
El funcionario señaló que se trata de alrededor de $10 millones que el Estado salvadoreño ha reorganizado para empezar a entregar las indemnizaciones a más de mil exempleados del hospital Rosales.
Castro indicó que en el sector público “se tiene definido casi por norma es que sí hoy se separa la persona del cargo el proceso de indemnización funciona a partir del siguiente año porque se presupuesta a partir del siguiente año”.
Según la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), sumando ese número cerca de 7,700 empleados del sector salud fueron despedidos el año pasado.
En marzo, los extrabajadores del Rosales señalaron que seguían sin recibir la indemnización, ellos relataron que al momento de notificarles el despido les entregaron un papel de color con el monto de su indemnización, pero no se trató de un documento oficial. Ellos recurrieron al Ministerio de Trabajo que en su momento no les había respondido y también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Castro aseguró en la transmisión que habló directamente con el presidente Nayib Bukele, quien ordenó empezar a pagar las indemnizaciones.
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos resolvió que el excoronel del Ejército salvadoreño Mario Adalberto Reyes Mena no puede invocar inmunidad oficial para evitar una demanda civil relacionada con el asesinato extrajudicial de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado en El Salvador.
En una decisión unánime emitida el 8 de julio, el tribunal ratificó que las violaciones a normas imperativas del derecho internacional, conocidas como jus cogens, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, no pueden considerarse actos oficiales de un Estado y, por tanto, no están protegidas por inmunidad basada en el cargo.
La demanda fue presentada en octubre de 2024 por el hermano de uno de los periodistas asesinados al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), legislación estadounidense que permite iniciar acciones civiles contra personas responsables de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad o apariencia de autoridad de un gobierno extranjero.
Según el expediente judicial, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada del Ejército salvadoreño cuando presuntamente ordenó la emboscada en la que murieron cuatro periodistas neerlandeses el 17 de marzo de 1982, después de que militares conocieran la ruta que seguirían para realizar una cobertura informativa durante la guerra civil.
Los cuatro periodistas de Países Bajos fueron asesinados en 1982 por el ejército salvadoreño.
Durante la apelación en Estados Unidos, la defensa argumentó que el exmilitar actuó en ejercicio de funciones oficiales y que, por ello, debía beneficiarse de inmunidad. Sin embargo, la Corte sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales constituyen violaciones de normas internacionales de obligatorio cumplimiento y no pueden ser consideradas actos soberanos protegidos por ese principio jurídico.
El tribunal también rechazó otros argumentos presentados por la defensa, entre ellos que la inmunidad debía aplicarse porque el caso era de naturaleza civil y no penal o que la legislación estadounidense sobre inmunidad de Estados extranjeros impedía la demanda. Los jueces concluyeron que ninguna de esas razones modifica el carácter de las presuntas violaciones al derecho internacional.
La decisión permite que el proceso civil continúe en una corte federal de Virginia y es considerada un precedente relevante para otros casos de derechos humanos en Estados Unidos, al reafirmar que exfuncionarios extranjeros pueden ser demandados por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos.
