La Policía Nacional Civil capturó este miércoles a Misael Osvaldo Flores Nieto, de 32 años, como responsable de atropellar a dos mujeres en Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Las víctimas son dos mujeres «una de 63 y la otra de 50 años, una de ellas falleció al instante y la otra fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico», indicó la PNC, a través de la red social X.
Según la información, el hecho ocurrió la mañana de este miércoles 24 de septiembre, en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, distrito de Ciudad Delgado.
La PNC procedió a hacerle la prueba de alcoholemia a Flores Niego, quien resultó con 50° de alcohol, indicó.
El capturado será remitido por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa en las próximas horas.
En hechos similares, el sábado otro hombre identificado como Stanley Bladimir Núñez Pinto fue capturado como el presunto responsable de la muerte de un motociclista mientras conducía una rastra, en un hecho ocurrido en el kilómetro 77 de la carretera que de Acajutla conduce a Sonsonate Oeste.
Una menor de 17 años de edad murió durante la noche del martes luego de accidentarse junto a un motociclista sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías de la curva El Papaturro, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de la red social X.
Según detalló la corporación, el motociclista impactó con su vehículo con los separadores de la carretera, tras ello, su acompañante que era el menor de 17 años cayó al carril contrario y murió tras ser atropellada por otro vehículo que venía en marcha.
Elementos de la institución llegaron al lugar a acordonar la zona y gestionar el tráfico, asimismo, confirmaron que conductora del vehículo se quedó en la zona tras el accidente.
Con respecto al motociclista, éste resultó lesionado, detallaron las autoridades en dicha publicación.
Un motociclista resultó lesionado y su acompañante de 17 años falleció, luego de accidentarse sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, cerca de la curva El Papaturro.
El motociclista perdió el control tras colisionar contra los separadores, su acompañante… pic.twitter.com/06zPcHzFnv
Este no fue el único accidente reportado durante la noche del martes, ya que otro motociclista resultó lesionado tras caer al pavimento en el kilómetro 3 de la calle antigua a Zacatecoluca, en San Marcos, San Salvador Sur, detalló la PNC.
La institución informó que el motociclista perdió el control al tratar de esquivar a un perro, tras ello fue trasladado hacia un hospital por elementos de la Cruz Verde Salvadoreña.
Nuestro personal policial inspecciona un accidente de tránsito, donde un motociclista perdió el control al tratar de esquivar a un perro sobre el km 3 de la calle antigua a Zacatecoluca, en San Marcos, San Salvador Sur.
Asimismo, elementos de Cruz Verde Metapán atendieron a un hombre que resultó lesionado en el kilómetro 113 de la carretera internacional en dicho distrito, notificó la entidad en su cuenta de Facebook.
El hombre de 51 años fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Metapán para recibir la atención médica adecuada.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial asegura que entre el 1 de enero hasta el 22 de septiembre se han reportado 15,564 accidentes de tránsito, que han dejado al menos 9,371 personas lesionadas y 858 muertos.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron durante la noche del martes a un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) identificado como José Naún Jovel Cruz, alias “El Sepultero”, quien fue deportado de Estados Unidos Unidos, acusado del delito de agrupaciones ilícitas.
Jovel Cruz tiene una difusión roja de la Policía Internacional (Interpol), además de ser acusado del delito antes mencionado, también tiene antecedente por receptación, informó la Policía Nacional Civil, por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.
Las autoridades policiales detallaron que el sujeto estará a disposición del juzgado que lo requiera para que responda por los delitos que se le acusan.
En un trabajo en conjunto con autoridades de Estados Unidos recibimos y capturamos a José Naún Jovel Cruz, alias el Sepultero, de la MS13, un criminal reclamado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Esta detención del presunto pandillero de la MS-13 se suma a la de Julio César Muñoz Rivera, de 43 años, quien fue detenido hace una semana, tras confirmarse su pertenencia a la estructura mencionada y descubrirse que intentó cubrir con tatuajes artísticos las marcas alusivas a la pandilla.
Según el informe policial compartido en su momento por las autoridades, la captura de Muñoz Rivera tuvo lugar en la colonia Paniagua, ubicada en el distrito de San Miguel, al oriente del país.
Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.
“Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.
En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.
“He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.
Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.
“Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.
También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.
El arresto: transmisión en vivo de una protesta
Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.
Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.
Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.
Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.
“Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.
A pocas horas de conocerse el fallo del juicio en contra de los ambientalistas de Santa Marta, observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon que no existen evidencias sólidas en contra de los acusados, y que se trata de una criminalización de defensores ambientales.
«En el juicio que yo observe con los demás, encontraron que la Fiscalía (General de la República) no había comprobado que había habido un crimen, mucho menos que los cinco (acusados) de Santa Marta lo había cometido», dijo vía videoconferencia una de las observadoras identificada como Yvette Borja.
El juicio repetido se realizó entre el 29 y 31 de julio de 2025, en San Salvador, donde los acusados Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio fueron procesados en calidad de ausentes por el delito de asesinato y agrupaciones ilícitas.
Según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son los responsables del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional. Durante el juicio, quedó pendiente a resolver si se les sumará una tercera acusación por privación de libertad.
De acuerdo con los observadores, el caso contra los cinco ambientalistas no es un hecho aislado, sino que se trata de un tema político en contra de la Ley de la Minería Metálica, ya que aseguraron que los líderes comunitarios, han sido reconocidos por su participación en la histórica lucha en contra de la minería en El Salvador.
«Los cinco (ambientalistas) no es que sean culpables de haber cometido el asesinato, pero de lo que si son responsables es de la prohibición histórica de la minería metálica en el país y esta persecución es un ejemplo de tratar de silenciar a los ambientalistas en El Salvador», expresó Borja.
Los observadores manifestaron que los ambientalistas acusados permanecieron ocho meses encarcelados, incomunicados de sus familias, y según testimonios, habrían enfrentado malos tratos durante la detención, como pasar una noche sin comida, pese a que algunos padecen enfermedades crónicas como diabetes.
En ese sentido, esperan que en el veredicto del Tribunal de San Vicente se absuelva de los cargos a los acusados, ya que sostienen que «no hay evidencia en contra de los ambientalistas acerca de esa muerte», dijo Bernie Hammond, de la Universidad de Western Ontario, en Canadá.
Por su parte, Vidalina Morales, presidenta y dirigente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), calificó el proceso como “prolongado e injusto” no solo para los acusados, sino también para la comunidad de Santa Marta y el movimiento ambientalista salvadoreño, debido a que consideró que ha sido un «golpe a la resistencia antiminera en El Salvador».
«Lo que se vivió el año pasado en octubre fue una muestra de que hay jueces que todavía están apegados a la justicia y justo por eso los compañeros quedaron en libertad porque no encontraron prueba alguna para sostener ese caso que a todas luces desde que inició el proceso no tiene fundamentos, no tenía razón de ser, es un proceso prolongado e injusto para nuestros compañeros, para nuestra comunidad Santa Marta y para nuestra organización», expresó Morales
Asimismo, la vocera de la organización añadió que «estamos a la expectativa de que el fallo sea favorable y libere plenamente a nuestros compañeros”, pese a que manifestó su preocupación ante un posible fallo condenatorio, y señaló que el “panorama que vive El Salvador es tener un control totalmente absoluto” por parte del Gobierno, y que la lucha por los derechos humanos y ambientales continúa siendo “cuesta arriba”.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.
Los comerciantes del mercado Cuscatlán, ubicado en la intersección de la 25 avenida Sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador tienen hasta el próximo domingo 28 de septiembre para desalojar sus puestos de trabajos, debido a labores de remodelación del edificio.
Según confirmaron vendedores a Diario El Mundo, la notificación oficial fue entregada el pasados viernes, cuando se les indicó que debían retirar sus negocios en un plazo de solo dos días, lo que generó inconformidad entre los afectados. Sin embargo, tras conversaciones con la administración del mercado, se concedió una prórroga para los locales de artículos varios, bazares y comida hasta el próximo jueves 25 de septiembre para retirar sus ventas.
«Nosotros llegamos hasta el jueves. Nos avisaron el viernes en la mañana que el desalojo porque como aquí se estan haciendo trabajos para remodelar, entonces el viernes nos avisaron que el desalojo era para el domingo pero luego se cambio». Vendedora del mercado Cuscatlán.
La mujer que actualmente se ubica en el área de frutas y verduras aseguró que desde se inauguró el mercado, en diciembre de 2016, tenía su puesto de trabajo en el mismo lugar, por lo que lamentó que ya no puedan permanecer ahí y ahora deban moverse a un nuevo mercado.
Así luce el interior del mercado Cuscatlán, los vendedores que quedan deben ser reubicados en otros mercados. /Alexander Montes.
«Son casi 10 años en un lugar donde ya no tiene posibilidades de regresar. ¿Sabe por qué es difícil? Porque si nosotros como vendedores no nos hubiéramos unido a hablar hubiéramos quedado en la calle y aquí hay personas de la tercera edad y si no hubiéramos hablado tal vez no nos hubieran podido reubicar», agregó.
Otra de las vendedoras de la zona, mencionó que con el cambio de local han comenzado a guardar sus productos y a notificar a clientes y proveedores sobre el cierre definitivo de su negocio en el mercado Cuscatlán, así como de su nuevo lugar de trabajo.
De acuerdo con los vendedores, algunos serán reubicados en el Mercado Modelo, que se ubica entre la calle Modelo y calle 15 de Septiembre, en la ciudad capital. No obstante, expresaron que los cambios implica trabajo adicional, ya que deben acondicionar los nuevos espacios, realizar labores de limpieza y pintura, además de reorganizar sus operaciones.
Algunos trabajadores ya hacen obras de remodelación al interior del centro comercial. / Alexander Montes.
«Vamos a ir en estos días para empezar a limpiar los puestos y a pintarlos porque están bastantes descuidados», expresó la vendedora.
Con respecto al pago de arrendamiento, la comerciante de productos para el hogar dijo que el monto sería inferior, ya que en el mercado Cuscatlán cancelan alrededor de $47 y pasarían a pagar aproximadamente $30, en el caso de los negocios pequeños.
Entre algunos de los mercados municipales que fueron ofrecidos para la reubicación fueron el mercado de San Jacinto, el Excuartel y Tinetti, según manifestaron los vendedores. Con los cambios, esperan que sus ventas aumenten debido a que afirmaron que desde hace unos años la afluencia de personas disminuyó significativamente.
Los dueños de bares dicen que no serán reubicados. /Alexander Montes.
Los bares
Sin embargo, los bares enfrentan una situación más complicada. Según los encargados de los negocios ubicados en el tercer nivel, a diferencia de los otros comercios, no se les ofreció una alternativa de reubicación, por lo que deberán buscar nuevos espacios por su cuenta.
«Hasta el domingo nos han dado, y aquí uno se va o se va. A nosotros no nos dieron lugar así que toca buscar otro lugar fuera y eso sería invertir más solo para el alquiler del local».
Dueña de bar en el mercado Cuscatlán.
Uno de los empleados del lugar, dijo que si bien, el negocio puede cambiar de ubicación, para él implica gastos adicionales para el traslado debido a que el reside a pocos metros del mercado. «Yo vivo frente al mercado y caminando me venía y ahora tendría que viajar en bus y perder tiempo en el tráfico».
Algunos vendedores de bazares aún quedan al interior del mercado. /Alexander Montes.
Los comerciantes del área de bebidas informaron que para el próximo domingo han organizado una “fiesta de despedida”, donde planean liquidar sus productos a sus clientes habituales antes del cierre definitivo.
Diario El Mundo realizó un recorrido por el lugar e identificó a personal con camisas del Ministerio de Obras Públicas realizar trabajos de intervención en diferentes puntos del mercado. Según los comerciantes, dichos trabajos iniciaron hace aproximadamente un mes, cuando aún se les dijo que podría regresar a los mismos lugares de trabajo.
Extraoficialmente, comerciantes dijeron que se les informó que en el edificio albergará próximamente comercios como Dollarcity, Súper Selectos, farmacias, clínicas, e incluso oficinas gubernamentales.
Por el momento, entre los negocios que hasta este martes siguen funcionando están la ventas de ropa, licuados, celulares, artículos de bazar, peluquerías, barberías, comida y bares.
La biblioteca municipal, también ubicada dentro del mercado, sin embargo, no ha recibido notificación de cierre y continuará operando normalmente, de acuerdo con personal del lugar. En caso de cambios, estos serían anunciados por la Secretaría de Cultura a través de sus redes sociales.
En marzo de 2025, se anunció a través de varios medios de comunicación que instalaciones del mercado Cuscatlán estaban en alquiler. En la oferta se dijo que las empresas pueden colocar en las instalaciones hasta 5,000 personas de call center y afirma que las instalaciones se encuentran en una «zona estratégicamente ubicada».
En el año 2018, el dueño del edificio del mercado Cuscatlán anunció que estaba en el alquiler sin notificarle a la alcaldía municipal, que en su momento era presidida por Ernesto Muyshondt. El mercado ha sido el foco de innumerables polémicas debido a las condiciones de renta del inmueble. Un empresario, pariente del expresidente Saca, es el dueño del edificio.
Un informe de la entonces Dirección de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador reveló que el Mercado trabajaba con un déficit superior a los $2 millones.
La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.
“Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.
Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.
Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.
Críticas por sesgo político en el sistema migratorio
Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.
“Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.
La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.
Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.
La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, tras determinar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud, durante su detención en El Salvador.
Anaya, crítico del Gobierno, fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en régimen de incomunicación, sin acceso a su familia ni a sus abogados, pese a decisiones judiciales a su favor por razones de salud, según detalla la resolución de la CIDH.
El organismo regional señaló que la falta de comunicación absoluta impide conocer el estado actual y las condiciones de detención del jurista, considerando además sus padecimientos crónicos. La Comisión advirtió que se trata de una persona adulta mayor, por lo que el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar su protección.
En su resolución, la CIDH ordena a El Salvador adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de Anaya, asegurar que sus condiciones de detención cumplan con estándares internacionales y, en particular, que cese de inmediato la incomunicación prolongada. También pide garantizar el contacto regular con familiares y abogados, así como el acceso oportuno a tratamiento médico.
El organismo solicitó además revisar la continuidad de la prisión preventiva y considerar medidas alternativas a la detención, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El Estado salvadoreño respondió a la CIDH asegurando que Anaya recibe alimentos especiales proporcionados por su familia, que se ha garantizado su derecho a la salud, al debido proceso y a la defensa técnica, y que no existen pruebas de un riesgo a su integridad que no pueda ser prevenido por mecanismos nacionales.
No obstante, la Comisión valoró que, por su rol como constitucionalista y sus opiniones sobre temas de interés público, Anaya se encuentra detenido sin plazo definido, lo que agrava la situación.
El 15 de septiembre, su abogado defensor, Jaime Quintanilla, dijo a Diario El Mundo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria denegó la solicitud de comunicación con el jurista bajo el argumento de que se le aplica el régimen de excepción.
Previo a la publicación de las medidas de Anaya, la CIDH también publicó que otorgó medidas cautelares en favor de la abogada de Cristosal, Ruth López.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor de la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de la asociación Cristosal, tras considerar que enfrenta una situación de “gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de sufrir un daño irreparable.
López fue detenida el 18 de mayo de 2025 y permanece en prisión provisional en el Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco, desde el 4 de julio.
Según la CIDH, se encuentra en “estado de incomunicación absoluta”, sin contacto con sus familiares ni representantes legales, y señala que esto genera incertidumbre sobre su situación actual y su estado de salud, considerando que padece enfermedades crónicas.
El Estado salvadoreño informó a la Comisión que la defensora recibe paquetes de higiene y alimentos, que participa en programas del centro penitenciario y que se han adoptado medidas para garantizar su salud, incluyendo un traslado a un penal con «condiciones adecuadas». El Estado sostuvo que no existen pruebas de que no reciba la atención médica necesaria.
Pese a estas explicaciones, la CIDH señaló que López, como defensora de derechos humanos, ha impulsado denuncias de interés público y ha sido objeto de vigilancia, por lo que instó al Estado a garantizar su integridad y cesar la incomunicación.
La Comisión solicitó además que se revise la medida de prisión preventiva, considerando la posibilidad de alternativas, y que se permita a la defensora un contacto regular con familiares, abogados y representantes.
Asimismo, pidió que se investiguen los hechos que dieron origen a la resolución y su posible relación con la labor de defensa de derechos humanos que realiza.
El organismo recordó que la adopción de medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en la región.
El pasado 26 de agosto se cumplieron 100 días de encarcelamiento de Ruth López, por ello, un grupo de salvadoreños anunció la creación de la Mesa del Exilio Salvadoreño, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos entre personas exiliadas y promover el “diálogo” sobre la situación democrática de El Salvador, y como primera acción lanzaron una campaña en favor de la abogada López.
Cuando López fue detenida, la Fiscalía General de la República aseguró que se trataba de una investigación por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio en la sustracción de fondos del Estado.
En junio del presente año, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó la detención provisional de Ruth López por un periodo de seis meses, mientras sigue su proceso.
En julio pasado, a López le fue otorgado el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.
La Dirección General de Protección Civil informó que encontraron el cuerpo sin vida de un menor, que fue arrastrado por la corriente de un río en San Francisco Gotera, Morazán.
El niño de 3 años de edad había desaparecido la tarde del lunes, luego de la crecida del río San Francisco, que se vio afectado por las lluvias.
«El cuerpo del menor fue recuperado cerca del río del sector Los Corrales, del cantón El Triunfo, caserío La Hielería de ese distrito», aseguró la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X.
La corporación policial detalló que «la creciente del río lo arrastró y falleció ahogado».
Las autoridades habían conformado 18 brigadas de búsqueda y rescate con elementos de la Fuerza Armada, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la PNC y la alcaldía de Morazán Sur.
Los equipos trabajaron por más de 15 horas, utilizando drones en dicha labor, para dar con el paradero del menor, el cual fue encontrado en una zona de difícil acceso.
Hasta el momento el niño de 3 años es la única víctima reportada a causa de las emergencias generadas por las lluvias en las últimas 72 horas.
Lamentamos informar que policías y efectivos de la @FUERZARMADASV encontraron el cuerpo del niño de 3 años, reportado como desaparecido la tarde del lunes en San Francisco Gotera, Morazán Sur.
El cuerpo del menor fue recuperado cerca del río del sector Los Corrales, del cantón…
