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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) registró 27 sismos en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur, desde la medianoche de este 16 marzo, en una nueva actividad sísmica en el lugar.

A través de una publicación en redes sociales, el Marn dijo que los sismos fueron percibidos hasta las 6:00 a.m. de este lunes, de los cuales solo tres fueron sentidos por la población.

El gobierno señaló que la actividad sísmica estu00e1 relacionada con la activación de las fallas geológicas en la zona.

El Marn publicó el domingo por la tarde el primer informe especial de la actividad sísmica acumulada en dicho período y señaló que el sismo de mayor magnitud se registró el domingo a las 2:01 a.m. y ascendió a 3.4 en la escala de Richter con una profundidad de 6.2 kilómetros.

Antecedente

Esta es la tercera actividad sísmica reportada en Conchagua en los últimos cuatro meses.

Desde el 8 de diciembre hasta principios de enero,
Conchagua fue el escenario de una actividad sísmica que reportó mu00e1s de 1,500 temblores, según los registros de Medio Ambiente.

Por otro lado, el fenómeno reinició el 5 de febrero y hasta el 9 de marzo se acumularon 918 sismos.

El Marn dejó de publicar informes sobre dicha actividad sísmica, comprendida entre las 10:09 a.m. del 5 de febrero y las 10:00 a.m. del 9 de marzo, porque aseguró que se había reducido la cantidad de sismos registrados en el área.

Luego de confirmar que no se publicarían mu00e1s boletines, el Marn retomó la labor siete días después.

La Fundación Comunicu00e1ndonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) informaron este lunes que el juicio por el asesinato de cuatro periodistas holandeses fue programado para el próximo 23 de abril de 2025, por el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, quien conoce el caso.

A través de un comunicado, ambas organizaciones indicaron que es el primer caso del Informe de la Verdad que llega a etapa de juicio.

«En donde se sentaru00e1n en el banquillo de los acusados a ex altos mandos militares de la Fuerza Armada», añade.

En el proceso por el asesinato de oos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen son acusados el exministro de la Defensa Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Moru00e1n, y el excomandante de la cuarta Brigada de Infantería, Mario Adalberto Reyes Mena, este último recién requerido por la Corte Suprema de Justicia en extradición a Estados Unidos.

Ayer, las organizaciones conmemoraron el asesinato que este 17 de marzo cumple 43 años en la impunidad.

Los periodistas holandeses fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal que salió de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango.

Fueron emboscados por esa patrullaque en Santa Rita, del mismo departamento, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.

Ayer, también informaron que en los últimos días los familiares de los periodistas fueron notificados sobre la programación del juicio.

Jonathan Alfredo Rivas Cristables, de 32 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que este lesionara con un cuchillo a su expareja.

Las autoridades indicaron que, luego de cometer la agresión, Rivas Cristales huyó del lugar. Por su parte, la víctima fue trasladada a un hospital y se encuentra estable.

«Nuestros agentes realizaron un operativo de búsqueda, logrando su captura en calle Circunvalación de la urbanización Santa Ana Norte», indicó la PNC.

La Policía indicó que el capturado será remitido por lesiones.

En Santa Ana Norte, capturamos a Jonathan Alfredo Rivas Cristales, de 32 años.

Este sujeto sin mediar palabras lesionó con un cuchillo a su expareja y huyó.

Nuestros agentes realizaron un operativo de búsqueda, logrando su captura en calle Circunvalación de la urbanización… pic.twitter.com/lKlUH2xZL4

— PNC El Salvador (@PNCSV) March 16, 2025

Más casos

Este no es el único hecho violento reportado por las autoridades en lo que va de marzo.

Según las publicaciones en redes sociales de la PNC, el 9 de marzo se capturó a René Vicente Ramos Maldonado, de 42 años, en el cantón San Cristóbal, El Porvenir, en el municipio de Santa Ana Oeste, luego de haber lesionado con un corvo el pie de una mujer.

La Policía señaló que Ramos Maldonado se encontraba ebrio y comenzó a discutir con la mujer, desencadenando la agresión.

Cuatro días después, el 13 de marzo, Santos Celso Uñama Martínez, de 59 años, fue acusado como el responsable del homicidio de su suegra el 11 de marzo.

La PNC dijo que Uñama atacó a la mujer con un corvo y luego huyó del lugar.

El hombre intentó huir de las autoridades, pero fue capturado en el kilómetro 69 de la carretera de Metapán a Santa Ana.

En medio de un incremento del calor, durante la época seca, El Salvador recibiru00e1 este lunes uno de los últimos eventos de vientos del norte que provocaru00e1n ru00e1fagas con velocidades entre los 30 hasta 60 kilómetros por hora, en lugares elevados, anunciu00f3 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el pronóstico diario.

El informe añade que los vientos fuertes seru00e1n sensibles también en lugares «escampados», incluso de mayor velocidad que la anunciada.

Durante el día, Medio Ambiente espera que el ambiente se mantenga cu00e1lido, pero la noche y madrugada podría ser fresca. No obstante, advierte que la presencia del viento «generaru00e1 una ligera sensación de descenso térmico.»

De momento, el ministerio espera temperaturas mu00e1ximas de hasta 39 grados Celsius en San Miguel, 37 grados en La Unión, 36 grados en Nueva Concepción y La Libertad, 35 grados en Acajutla; en San Salvador y Santa Ana estaru00e1 cu00e1lido con 34 grados Celsius.

Estos vientos del norte son producto de un sistema de alta presión ubicado en el Golfo de México, y que empuja uno de los últimos frentes fríos sobre el Caribe.

Por la tarde se prevé alguna nubosidad, pero descartan las lluvias.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará más de 4,500 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880, según la oferta de compra publicada el 6 de marzo de 2025 en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

De acuerdo con el documento, el contrato de compra contempla la adquisición de 4,572 vales de calzado, cada uno por un valor de $40, sumando un total de $182,880, que serán financiados con fondos del Estado.

Según las especificaciones, los vales de canje tendrán una vigencia de dos años, a partir de la fecha en que sean entregados en el Almacén General de la Dirección de Planificación Institucional (DCPI).

Asimismo, se deberá anexar el listado de las tiendas asignadas para el canje de los vales y la garantía del calzado seleccionado por el empleado, no debe ser menor a cuatro meses desde la fecha del canje.

Las empresas deberán seguir el modelo ofrecido por la Corte para realizar los respectivos vales de calzado y la muestra de estos deberán ser aprobados, de lo contrario tendrán que ser modificados.

Compra de zapatos

Por otra parte, la CSJ también ofertó el 14 de marzo, $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

La Corte destinará $8,601 para la compra de 183 pares de zapatos de vestir para la protección a funcionarios y magistrados, es decir, un valor de $47 por cada calzado.

Según detallaron, los zapatos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

• Cuero lustrable y durable
• Color negro y de amarrar
• Suela cosida y/o pegada
• Plantilla completa, acolchonada y absorbente
• Horma amplia
• Suela resistente
• Tacón independiente o unido a suela.

Además, se contempla la compra de 769 pares de botas tipo táctico para realizar funciones operativas, por un costo de $46,140, que equivale a $60 por cada par de zapatos.

El calzado deberá contar con:

• Altura 8″
• Material piel vacuno lustrable y nylon de amarrar
• Caña alta, reforzada y acolchonada para con cremallera lateral para fácil ajuste
• Costuras reforzadas
• Acolchonada
• Poliuretano
• Antideslizante
• Respiraderos laterales
• Entresuela amortiguada
• Antipunzante
• Plantilla completa, acolchonada y absorbente.

El total de inversión para la compra de 952 pares de zapatos será de $54,741 que serán financiados con fondos del gobierno.

La semana pasada, Diario EL MUNDO publicó que la CSJ también planea adquirir un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

Un amplio y fuerte dispositivo de seguridad les dio la bienvenida a 238 miembros del Tren de Aragua y a 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha que arribaron a El Salvador durante la madrugada del domingo 16 de marzo, en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero procedentes de Estados Unidos, bajo el instrumento de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente de ese país, Donald Trump.

Al menos dos videos divulgados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y por la Secretaría de Prensa de la Presidencia muestran el traslado de los reos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), principalmente en buses, pero también tanquetas militares.

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El dispositivo militar y policial, por tierra y aire, finalizaba al ingreso del CECOT donde los reos eran recibidos por los custodios de Centros Penales, cuya bienvenida fue ponerlos «de rodillas» para raparles la cabeza y barbas. Todo el traslado ocurre mientras los reos estuvieron esposados de pies y manos.

Posteriormente fueron registrados con sus nombres al ingreso de la megacárcel, escaneados sus cuerpos, luego fueron rapados y uniformados con camisetas, pantalones cortos, calcetines y sandalias tipo crocs, todo en color blanco, para luego -uno a uno- ser encerrados en las celdas de la prisión que el gobierno ha publicitado como la más segura y de la cual nadie puede escapar.

El gobierno anunció que los miembros del Tren de Aragua permanecerán en el país por un año, es decir hasta el 16 de marzo de 2026, pero este trato con Estados Unidos puede ser prorrogable.

Durante este año, Estados Unidos pagará una tarifa baja para ellos, pero alta para El Salvador, según Bukele, ayudará a hacer autosostenible el sistema penitenciario, que según el mandatario cuesta $200 millones al año.

Según un informe de la agencia AP, Estados Unidos pagará $20,000 anuales por cada reo enviado a El Salvador.

Ayer, el gobierno de Venezuela y sus aliados condenaron la decisión de Estados Unidos de enviar a venezolanos a El Salvador. El gobierno de Nicolás Maduro dijo que era una criminalización de la migración venezolana y acusó a los opositores de aconsejar a las autoridades estadounidenses.

Organizaciones estadounidenses también cuestionaron la legalidad de enviar reos por cargos en Estados Unidos a El Salvador, considerando que el sábado un juez federal suspendió la ejecución de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump, pero que aún así fue realizada. «¡Ups!, demasiado tarde», escribió en inglés el presidente Bukele en reacción a esta decisión judicial.

En enero, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador, Bukele reveló que había ofrecido a Estados Unidos extender su brazo carcelario para mantener en prisión a convictos a cambio de un pago. Estados Unidos aseguró que analizaría la propuesta y agradeció el ofrecimiento, sin embargo, no anunció la resolución.

El Tren de Aragua es una peligrosa banda originaria de Venezuela que se formó en un penal llamado Tocaron, a su favor son imputados cantidad de homicidios, trata de personas, extorsiones, robos, secuestros, en al menos siete países pues se internacionalizaron gracias a la crisis migratoria de ese país del sur.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció que entregarán a la Asamblea Legislativa las firmas recolectadas para solicitar la derogación de la Ley General de la Minería Metálica.

La entrega se realizará el próximo martes 18 de marzo por parte de la Conferencia Episcopal de El Salvador, de la iglesia católica, aseguró el arzobispo.

«No haremos marcha, sino que llegaremos directamente al portón de la Asamblea, para entregar las firmas. No se las entregaremos por medio de alguno de los señores diputados, sino que serán entregadas en la ventanilla de la Asamblea», dijo Escobar Alas en un video difundido en la cuenta de YouTube de la televisión Católica.

La recolección de firmas para derogar la ley comenzó en enero de 2025, en una serie de actividades que la iglesia y movimientos sociales realizan para evitar que se lleve a cabo la extracción minera en diferentes puntos del país, como Chalatenango y Cabañas.

A la solicitud de firmas se han unido creadores de contenido en redes sociales y grupos como Voces del futuro, que exigen se revierta la Ley General de la Minería Metálica.

Con respecto a la entrega de firmas ante el órgano Legislativo, Escobar Alas aseguró que no se trata de una actividad política, sino una «una acción pastoral».

Esta es una acción pastoral que hacemos sin ningún interés político partidista o de ideologías, ni tampoco por intereses de grupos de poder, sino que nos mueve únicamente el bien del pueblo, principalmente el bien de los más vulnerables»
José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador

La llegada a la Asamblea estará acompañada de «obispos, sacerdotes, religiosos y hermanos laicos de todo el país, para representar a toda la iglesia», sin embargo, el arzobispo invitó a la población a unirse a esta solicitud.

A finales de enero de 2025, la iglesia Elim se sumó a la recolección de firmas con el mismo objetivo en jornadas realizadas en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz y San Miguel.

La Ley General de la Minería Metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024, con 57 votos: 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador determinó que cuatro personas señaladas de falsificar medicamentos y lavado de dinero sigan detenidos.

Sin embargo, otros dos están prófugos y el juez giró órdenes de captura en su contra.

Contra una séptima persona, la Fiscalía General de la República no clarificó cual fue la medida.

Según la investigación fiscal, los acusados comercializaban medicamentos falsos y adulterados y a uno de ellos se le decomisó una fuerte cantidad de dinero, cerca de $11,000.

“Se está procesando a las personas por violación de distintivos comerciales en perjuicio de la empresa Boehringer Ingelheim Promeco S.A. de C.V., ya que esta red de falsificadores de medicamentos realizaba ventas en el sector del Mercado Central de San Salvador, en donde comercializaban medicamentos que no contaban con los registros sanitarios”, explicó la Fiscalía el día de la acusación.

Los procesados son:

Edwin David Fuentes Canales,

María De Los Ángeles Pineda Zavaleta,

Briseyda Lisbeth Melara Pineda,

Tirsa Nayely Pérez de Morales,

Walter Mauricio Fuentes Canales,

Walter René Arévalo Canales

y Tirsa Nayely Pérez de Morales.

Todos vendían, distribuían, adulteraban las cajas y detalles de los empaques de los medicamentos.

De acuerdo al fiscal del caso, la institución fue alertada de dicha red por una empresa especializada en la lucha contra la falsificación de marcas, piratería y otros asuntos de propiedad intelectual.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador decidió el viernes en la tarde que una presunta estructura dedicada a someter a la prostitución a mujeres en el centro de San Salvador, siga detenida.

En el caso son procesadas 10 personas por los delitos de trata de personas agravada, en modalidad de explotación sexual, y agrupaciones ilícitas. Dos de las procesadas identificadas como Amanda del Carmen Cárcamo, presunta cabecilla, y su hija Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, son procesadas por lavado de dinero.

Esta red fue capturada el pasado martes 25 de febrero, en varios puntos del Área Metropolitana de San Salvador, y son acusados de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual y agrupaciones ilícitas, informaron las autoridades.

Las 10 personas acusadas responden a los nombres de:

• Amanda del Carmen Cárcamo Barrera (presunta cabecilla)
• Óscar Mauricio Estrada García
• Ana Patricia Ramírez
• Jocelyn Carolina López Ramírez
• Cecia Jacoby Vásquez Ramírez
• Jessica Suyapa Hernández
• Henry Francisco Martínez Deleón
• Mélida Martínez Maye
• Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo
• Marcos Rivera Alfaro.

Además de estos 10 acusados, también se procesa por el delito de lavado de dinero a Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, quien es la hija de la presunta cabecilla de la estructura, Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, a quien también se les acusa de dicho delito.

Según las investigaciones, una de las víctimas de esta red fue interceptada en mayo de 2024 mientras estaba con su hijo en un parque del centro de San Salvador. En ese momento, una mujer se le acercó y le ofreció empleo como trabajadora doméstica.

Al aceptar la propuesta, la víctima fue llevada a un negocio, donde la separaron de su hijo con la promesa de que lo cuidarían. Poco después, le proporcionaron ropa y la obligaron a recibir clientes para prestar servicios sexuales, detalló la FGR.

Durante seis meses, la víctima no tuvo contacto con su hijo ni recibió ningún pago por la explotación a la que fue sometida. Como consecuencia del maltrato y las condiciones en las que vivía, su salud se deterioró. En busca de atención médica, acudió a una clínica y aprovechó para pedir ayuda.

Tras regresar al lugar donde la forzaban a prostituirse, un familiar la encontró y la ayudó a escapar. Posteriormente, se interpuso una denuncia para lograr recuperar a su hijo.

La Fiscalía General de la República acusó ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, el viernes, a Carlos Alberto Campos Martínez por cuatro delitos luego que, presuntamente sustrajera $36,990 en criptoactivos bajo custodia del Estado.

«El señor Carlos Alberto Campos Martínez, aprovechando sus conocimientos en materia de criptoactivos recreó una serie de contraseñas para sustraer criptoactivos que se encontraban en custodias del Estado y que habían sido declarados por un juez en favor de este rompiendo las medidas de seguridad informática con las cuales se protegían estos fondos y procediendo sustraerlos y desobedeciendo las medidas cautelares de protección que tenían estos activos virtuales», explicó un fiscal en un corto video que la Fiscalía General envió a periodistas.

Por ello, Campos Martínez es acusado de hurto por medios informáticos, acceso indebido a los programas informáticos, violación de seguridad del sistema informáticos y desobediencia en caso de medida cautelar.

La Fiscalía no explicó cuál billetera de criptoactivos se trataba, ni porqué ésta había pasado a manos del Estado por orden de un juez.

Segunda acusación

No obstante Campos Martínez ya había sido acusado el año anterior por presuntamente pertenecer a una red que «pirateaba» señal de televisión.

Lo hechos imputados datan desde marzo de 2023, cuando ejecutivos de la compañía se percatan de anuncios en redes sociales sobre la venta de servicio digitales, a un precio más bajo del que ofrece la empresa y sobre los cuales tienen los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, los eventos deportivos en vivo “pirateando” la señal de esta empresa.

Según la fiscalía los costos de la suscripción a la aplicación oscilaba entre los $5 a $10, que era cobrado por medio de transferencias electrónicas a cuenta bancaria y Chivo Wallets.

La acusación asegura que a parte de los eventos deportivos de El Salvador, Centroamérica y canales de Estados Unidos y Canadá, también distribuían de forma ilegal acceso a plataformas como Star Plus, Prime Video.

La Fiscalía sostiene que el monto que los sujetos habrían obtenido de forma ilícita alcanza los $153,000. Las ventas de las aplicaciones las realizaban en Facebook e Instagram.

La captura de los nueve procesados presentes se realizó el pasado 26 de enero de 2024, y que durante el operativo se les decomisó $17,695 en efectivo en denominaciones de $50 y $100, y «billeteras frías o monederos de criptomonedas», así como discos duros y tarjetas de créditos y computadoras, elementos con las que Fiscalía busca probar la acusación.

Por este primer proceso, el acusado está detenido.