El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció, este miércoles, una presunta negligencia por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el seguimiento y la atención a la violaciones de derechos humanos cometidos en contra de las personas detenidas bajo el régimen de excepción.
La organización llegó a las afueras del Complejo Salamanca, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, donde se desarrolla la «Cumbre Global de Derechos Humanos», para exigir a la procuradora Raquel Caballero que brinde una respuesta ante las múltiples denuncias de capturas arbitrarias y condiciones de los privados de libertad en los centros penitenciarios, con el fin que se garantice el respeto y la protección de los derechos de las personas detenidas bajo la medida excepcional.
«El objetivo es aprovechar que hay varios delegados internacionales, procuradores de derechos humanos y no fuimos invitados, no hay ninguna sola organización nacional en este evento que debía ser prioridad, solo está Raquel Caballero con la versión oficial de los derechos humanos y queremos que conozcan la verdad».
Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Los miembros del movimiento señalaron que muchas de las personas detenidas bajo el régimen cuentan con arraigos suficientes que prueban su inocencia, pero aún así permanecen en prisión sin el debido proceso. Ante ello, MOVIR asegura que, pese a las múltiples denuncias y solicitudes presentadas, la procuradora Raquel Caballero no ha brindado respuestas concretas ni tomado acciones visibles en favor de los privados de libertad.
«La verdad es que Raquel Caballero ha sido indiferente a las víctimas, tenemos un informe de todas las violaciones a los derechos humanos y que ella no ha dicho absolutamente nada, hay miles de personas capturadas sin el debido proceso», aseguró Ramírez.
En ese sentido exigen que la procuradora «cumpla con su mandato» de acompañar a personas que han sido detenidas arbitrariamente y que no han recibido chequeos médicos, ni tratamientos ante sus diferentes padecimientos que sufren en los centros penitenciarios.
«Es negligente la procuradora porque esos informes se deben entregar rápido para poder actuar de inmediato. Ni siquiera la procuradora sabe cuántos son los capturados en régimen, cuantos son inocentes, es una injusticia y ella esta totalmente ajena del problema de las víctimas que sufren de violación de los derechos humanos».
Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Entre las personas reunidas se encontraba Rosa Pineda, quien manifestó que su sobrino Omar Alexander Lemus Pineda fue detenido el 9 de noviembre de 2022, a pesar de no tener vínculos con pandillas. La mujer expresó que desde en los últimos años ha solicitado a la PDDH ayuda para conocer el estado de salud de su sobrino, sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta.
«Mi sobrino está grave de los riñones y ahora lo han agrupado en estos casos y eso es un crimen. Me duele mucho», dijo Pineda.
Pineda agregó que su pariente se dedicaba a la agricultura y lamentó que pese a su esfuerzo y honradez, las autoridades han sido indiferentes a su situación.
«Él trabaja en la agricultura y me ha dicho personalmente la Procuraduría que a las personas del campo, que no tienen casa, no los van a sacar. Es un hombre que no debe nada, solo por no ser estudiado, no tener trabajo fijo me dijeron ‘el Gobierno no se lo vas dar’ y él es un hombre que trabaja», expuso.
Falta de atención
Por su parte, la abogada y directora de la organización Alas por la Libertad, Jayme Magaña, aseveró que la procuradora no atiende las solicitudes realizadas por las familias de los privados de libertad, así como tampoco se investigan sobre los posibles vulneraciones de derechos humanos que se cometen dentro de las cárceles.
«Estamos preocupados por las graves violaciones a derechos humanos y que la procuradora ha hecho caso omiso de todas las solicitudes hechas por las víctimas. No ha hecho una investigación seria de todo lo que está sucediendo en centros penales».
Jayme Magaña, abogada.
Durante la concentración pacífica, MOVIR intentó entregar una carta dirigida a la procuradora Caballero, en el cual exponen su preocupación ante la presunta negligencia en el tratamiento de la vigilancia de los derechos humanos de los detenidos. Sin embargo, manifestaron que esta no fue recibida por las autoridades de la Procuraduría.
«Usted tiene la obligación legal de visitar los centros penales, pero no lo hace, tiene la obligación de exigirle al Estado salvadoreño el respeto a los derechos humanos y centros penales, que se cumpla el control de convencionalidad y constitucionalidad, en favor de nuestras hijas e hijos injustamente detenidos, pero no lo ha hecho» se lee en la carta dirigida a la titular de la PDDH.
Por último, MOVIR hizo un llamado a los representantes diplomáticos que participan en la cumbre a que observen de cerca la situación en El Salvador y brinden acompañamiento a las víctimas del régimen.
Previo a la concentración, miembros del movimiento denunciaron que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se dirigían en un autobús a las instalacione donde se desarrollaba la cumbre y les pidieron sus documentos de identidad, mientras fueron retuvieron por varios minutos.
Gestiones de la PDDH
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó en su Memoria de Labores del último año que un total de 7,915 personas acudieron a la entidad para solicitar información sobre la condición y el estado de salud de sus familiares en prisión.
Además, indicaron que se registraron 8,251 solicitudes de gestión, siendo la mayoría las relacionadas con el estado de salud con 4,320 y la ubicación de los privados de libertad con 3,645 de la peticiones.
La PDDH sostuvo en su informe que tiene la potestad para ingresar, «sin previo aviso» a un centro penitenciario o cualquier otro lugar público en donde se presuma que se encuentra una persona privada de libertad, con el fin de vigilar y cuidar «el respeto de sus derechos». La institución aseguró que entre mayo de 2024 y abril de 2025 se verificó la condición de 7,227 personas privadas de libertad.
