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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este viernes lluvias puntuales y tormentas en distintos puntos del país; sin embargo, el ambiente continuará muy cálido, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40 grados Celsius en La Unión.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada podrían registrarse lluvias en el sector costero, mientras que por la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Para la tarde, el MARN espera lluvias puntuales en sectores de la franja volcánica occidental y central, así como en la cadena montañosa del norte. Durante la noche, las precipitaciones se combinarán con tormentas en sectores de la zona central y paracentral.

La institución explicó que las lluvias estarán favorecidas por el flujo acelerado del este, una vaguada en el flujo y el ligero apoyo de sistemas atmosféricos en niveles medios de la tropósfera, condiciones que favorecerán el desarrollo de nubosidad y lluvias breves de intensidad moderada.

Pese al incremento de la nubosidad y las precipitaciones, el calor continuará predominando durante la tarde. El MARN prevé temperaturas máximas de 40 °C en La Unión, 39 °C en San Miguel, 36 °C en La Libertad y Nueva Concepción, 35 °C en Acajutla y 33 °C en San Salvador y Santa Ana.

Los vientos oscilarán entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.

Este pronóstico se conoce mientras el país atraviesa la segunda sequía meteorológica de la temporada lluviosa. El jueves, el MARN informó que cinco estaciones de monitoreo en La Unión continúan en sequía moderada y más de 30 estaciones distribuidas en otros 10 departamentos registran sequía débil, aunque para los próximos días se prevé el retorno de lluvias aisladas, principalmente en la zona central y occidental del país.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció este jueves que el exdirigente del FMLN, Atilio Montalvo, fue sometido a un largo interrogatorio de cuatro horas, previo a la audiencia programada para el próximo 29 de julio, por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Según COFAPPES, estas diligencias están orientadas a “forzar declaraciones indagatorias” de los procesados de la Alianza El Salvador en Paz antes de la audiencia. La organización califica estas acciones como violatorias al debido proceso y al derecho de defensa.

COFAPPES denunció que Montalvo se presentó a rendir declaración pese a que la notificación no establecía claramente el objetivo del citatorio. Durante la diligencia, fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas donde, según denuncian, se ignoró el maltrato a su condición física y cuestionaron los procedimientos de diálisis diaria que el imputado requiere para sobrevivir.

Montalvo es el único de los 11 procesados que se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención, otorgadas en julio de 2025 por su estado crítico de salud. El exdirigente padece insuficiencia renal en etapa cinco, diabetes, hipertensión y antecedentes de accidentes cerebrovasculares e infartos, condiciones que motivaron a la Sala de lo Constitucional a aceptar un recurso de hábeas corpus a su favor el año pasado.

Este extenso interrogatorio contrasta con la postura adoptada la semana pasada por el líder de la Alianza, José «Pepe» Santos Melara, y el comunicador Luis Menjívar, quienes desistieron de rendir su declaración indagatoria. Según explicó en su momento el abogado defensor Guillermo García, los procesados tomaron esa decisión porque «no tenían certeza de cuál era el propósito de la declaración indagatoria», ya que los custodios de los centros penales les decomisan sistemáticamente los documentos notificados por el Tribunal.

Esta declaración de Montalvo ocurre en un contexto donde la defensa técnica y los familiares sostienen que el caso de la Fiscalía General de la República carece de sustento. Luis Rivera, abogado defensor en el proceso, afirmó: «No hay prueba documental, pericial, no hay prueba científica y menos prueba testimonial que pueda involucrar a todos los veteranos, tanto de la Fuerza Armada como el FMLN».

Esta versión es respaldada por Rosa Flores, familiar de uno de los detenidos, quien aseguró que a los procesados «no le han decomisado nada que le incrimine a un delito a perseguir» y demandó la pronta revisión de los expedientes. Por su parte, COFAPPES señala que la acusación fiscal se basa únicamente en un «testigo informante anónimo» de 2024 que presenta severas inconsistencias.

Llamados a la movilización y expectativa por audiencia

Ante este escenario, diferentes organizaciones sociales han elevado sus exigencias. David Jovel, representante del sector de veteranos del FMLN, hizo un llamado a la movilización nacional e internacional contra lo que califican como capturas injustas: «Estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo la libertad inmediata de los compañeros».

A las muestras de solidaridad se unió Sonia Viñeta, integrante de la UNT, quien instó a las instituciones públicas a garantizar el debido proceso y advirtió sobre «un retroceso tan extremo» en materia de derechos humanos, recordando que «hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera».

Los 11 detenidos fueron capturados el 31 de mayo de 2024, acusados de terrorismo por supuestamente planificar atentados con explosivos de cara a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Ahora, tanto las defensas como los familiares mantienen la expectativa en la próxima audiencia programada para el 29 de julio, donde el juzgado revisará la prueba propuesta por las partes.

El abogado Luis Rivera espera que, ante la falta de elementos consistentes, la jueza considere decretar la libertad de todos los implicados.

En este caso fueron acusados José «Pepe» Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, y el comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar.

Descansar erguido para evitar el ardor nocturno, adaptar la dieta de forma drástica o abusar de paliativos de venta libre se han vuelto conductas cotidianas para miles de ciudadanos. Sin embargo, la comunidad médica advierte que ignorar o acostumbrar el cuerpo a estas molestias digestivas pone en riesgo la salud a largo plazo.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de El Salvador (UES), entre el 40 % y el 50 % de la población nacional aloja la bacteria Helicobacter pylori. Este patógeno es responsable de la gran mayoría de casos de gastritis, úlceras pépticas y representa la causa infecciosa principal detrás de cerca del 75 % de los diagnósticos de cáncer gástrico.

Un panorama impulsado por la obesidad y el estilo de vida

A la par de la amenaza bacteriana, la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) impacta a cerca del 19,6 % de la población centroamericana. La cronicidad de este padecimiento se ve agravada por condiciones metabólicas y hábitos diarios:

• Impacto del sobrepeso: según el Atlas Mundial de la Obesidad, el 70% de la población salvadoreña padece sobrepeso y un 33% vive con obesidad. Esta presión intraabdominal continua empuja el contenido ácido hacia el esófago.
• Desencadenantes cotidianos: el estrés sostenido, el sedentarismo y la dieta rica en irritantes, fritos, alcohol, cafeína y bebidas carbonatadas aceleran la irritación del tracto digestivo.
• Riesgos de secuelas graves: sin la intervención adecuada, el reflujo constante puede derivar en esofagitis erosiva, estrechamiento del esófago y Esófago de Barrett, condición vinculada a un mayor riesgo oncogénico.

«La acidez recurrente o el malestar en el pecho no deben asumirse como normales. Cuando estas molestias alteran el sueño, la alimentación o el rendimiento diario, es indispensable buscar una evaluación profesional en lugar de mitigar los síntomas por cuenta propia»
Pablo Corella, Gerente Médico de gastroenterología de Adium para Centroamérica y el Caribe.

Diagnóstico certero y señales que exigen atención inmediata

Por su parte, el Dr. Sebastián Díaz Duva, especialista en gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva, recalcó que el diagnóstico definitivo de lesiones gástricas no puede basarse en sospechas ni en exámenes de sangre —los cuales solo indican exposición previa a H. pylori pero no confirmación actual—.

«El diagnóstico de gastritis no es en el consultorio. En el consultorio lo que uno puede decir es que el término correcto se llama dispepsia, que es un trastorno inespecífico. La gastritis se confirma por endoscopía. El mensaje fundamental es que no deberíamos esperar a tener síntomas de alarma para consultar; cuando una molestia se repite dos o tres veces por semana, es el momento de ir al especialista», advirtió el Dr. Díaz Duva.

Asimismo, los médicos instan a acudir de urgencia si se presentan cuadros de pérdida de peso sin causa aparente, anemia o vómitos recurrentes y con presencia de sangre.

Innovación terapéutica en el mercado nacional

Ante el reto que imponen las cepas bacterianas resistentes a los esquemas convencionales, la farmacéutica Adium presentó en El Salvador la molécula Vonoprazán, perteneciente a la familia de Bloqueadores Ácidos Competitivos de Potasio (P-CABs).

A diferencia de los tradicionales inhibidores de la bomba de protones (como el omeprazol), este tratamiento ofrece ventajas operativas significativas:

• Inhibición ácida superior:genera un bloqueo del ácido más veloz, profundo y prolongado desde la toma inicial.
• Cómoda administración:se prescribe en una sola dosis diaria que no requiere ayuno ni horarios estrictos de comida.
• Mayor tasa de erradicación:al regular el ambiente gástrico, optimiza la acción de los antibióticos contra el Helicobacter pylori, facilitando además la cicatrización de tejidos en pacientes con síntomas refractarios a tratamientos previos.

Esta alternativa ya se encuentra disponible en las farmacias del país y se recomienda obtenerla bajo prescripción médica.

El expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, fue enviado a juicio este jueves, 23 de julio, por los delitos de cohecho propio (soborno) y negociaciones ilícitas.

El juicio fue ordenado por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador informó el Centro Judicial Isidro Menéndez, a través de un comunicado en redes sociales.

El comunicado indicó que la jueza admitió la prueba documental, pericial y testimonial que ofreció la Fiscalía General de la República «por considerar que cumplía con los requisitos de legalidad, utilidad y pertinencia, para su incorporación y discusión durante la vista pública».

Los detalles de los argumentos de la jueza se desconocen debido a que el caso goza de reserva judicial. Además de la orden de juicio, la jueza también mantuvo que Durán siga detenido en el penal de La Occidental, en Santa Ana.

Durán fue detenido el 23 de septiembre de 2023, por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), en el aeropuerto internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, tras arribar al país.

Al momento de acusarlo, la Fiscalía indicó que entre los años 2019 y 2022, Durán cometió los delitos para favorecerse él, a terceros y a un banco privado, donde él tenía acciones.

La Fiscalía señaló que desde marzo del año 2022 recibieron información del gobierno e iniciaron una investigación; esta fecha coincide con su salida de Bandesal, luego que en marzo de ese año, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombrara al entonces viceministro de Economía, Mario Salazar, frente a la institución.

Tras la detención de Durán, Bukele señaló que el gobierno realizó una investigación interna, la cual, entregaron a la Fiscalía. En junio del año 2020, Durán llegó a la Asamblea y reveló que Bandesal le otorgó un crédito por $22,000 a la hermana de la entonces, comisionada presidencial, Carolina Recinos, para poner un negocio de servicio de comida, pero negó conflicto de interés.

El periódico digital El Faro reveló que Susana Elizabeth Recinos Montes, hermana de la comisionada presidencial Carolina Recinos y de un gerente de Bandesal, ganó un contrato para operar una cafetería interna del Ministerio de Hacienda, y luego obtuvo un crédito del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) de Bandesal, aunque el Comité de Créditos de Bandesal generó dos reportes sobre vínculo familiar y el conflicto de interés.

Una parte de los empleados despedidos del hospital Rosales, en diciembre de 2025, comenzaron a recibir sus indemnizaciones este jueves, informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y algunos de los extrabajadores que llegaron al Ministerio de Salud durante la mañana.

“Este día se está iniciando con el proceso de indemnización para los ex trabajadores del Hospital Rosales. Todo esto se está desarrollando en las instalaciones del Ministerio de Salud. Se les solventará absolutamente a todos y sus montos a indemnizar serán apegados a la ley”, publicó el funcionario de gobierno en sus redes sociales junto a fotografías de un gran número de personas que esperaban ser atendidas.

Fuera del Ministerio de Salud, en el centro de San Salvador, extrabajadores del hospital Rosales relataron a Diario El Mundo que en el Ministerio de Salud les señalaron que solo entregarían la indemnización este jueves a aquellos que estuvieron trabajando por servicios profesionales, y a partir de mañana, empezarán a pagarles a aquellos que estuvieron laborando bajo ley de salarios.

“Estamos atendiendo el llamado del señor ministro, Rolando Castro, del día ayer en los medios que se iba a hacer el pago de la indemnización este día, estamos en el Ministerio de Salud que es aquí donde se acordó el pago de la indemnización. Hubo una mala coordinación de parte de la logística del Ministerio de Salud, que el día de ayer, el ministro Rolando Castro dijo que a todos se nos iba a hacer el pago este día, pero lamentablemente aquí vinieron a decir que solo a las personas contratadas por GOES se les va a pagar el día de ahora y el día de mañana, por ley de salario”, indicó Juan Carlos Hernández, quien es uno de los despedido del Rosales.

Por su parte, otro de los trabajadores despedidos quien se identificó como Antonio Ortiz, pidió a las autoridades de Salud que no dejen de lado a cinco exempleados que fallecieron en la espera del pago de su indemnización, en estos siete meses.

“Recordarle al ministro de Salud que tenemos personal fallecido, tenemos cinco personas fallecidas, también los familiares exigen que se les pague su indemnización por el tiempo de servicio prestado”, indicó Ortiz.

Ayer en la tarde, el ministro Castro anunció que el gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Salud, empezaría a entregar las indemnizaciones a partir de este 23 de julio a aproximadamente 1,000 extrabajadores del nosocomio de tercer nivel salvadoreño.

El funcionario de gobierno aseguró que el Estado erogará cerca de $10 millones para cumplir con el derecho laboral.

Castro también explicó que el pago se hace hasta ahora porque en el sector público “se tiene definido, casi por norma, es que sí hoy se separa la persona del cargo el proceso de indemnización funciona a partir del siguiente año porque se presupuesta a partir del siguiente año”.

El pasado 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, el gobierno salvadoreño despidió a un aproximado de 1,800 empleados del hospital Rosales entre enfermeras, médicos, personal de servicio y administrativos, muchos de ellos, con más de tres décadas de servicio.

Según la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), sumando ese número cerca de 7,700 empleados del sector salud fueron despedidos el año pasado.

En marzo, los extrabajadores del Rosales señalaron que seguían sin recibir la indemnización, ellos relataron que al momento de notificarles el despido les entregaron un papel de color con el monto de su indemnización, pero no se trató de un documento oficial. Ellos recurrieron al Ministerio de Trabajo que en su momento no les había respondido y también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Castro aseguró en la transmisión que habló directamente con el presidente Nayib Bukele, quien ordenó empezar a pagar las indemnizaciones.