Este domingo 7 de junio se cumple un año de la captura del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, quien fue detenido por la Policía Nacional Civil el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República informó entonces que la investigación estaba relacionada con presuntas operaciones financieras ilícitas. Tras su detención, un juzgado ordenó que permaneciera en prisión mientras avanzaba el proceso penal.
En los días posteriores a la captura, los abogados defensores denunciaron que no podían reunirse ni comunicarse con Anaya, y aseguraron desconocer detalles sobre su estado de salud y las condiciones de detención.
Meses después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del abogado al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, por el riesgo que enfrentaban sus derechos a la vida e integridad personal. El organismo pidió al Estado salvadoreño adoptar medidas para protegerlo y garantizar el acceso a comunicación con sus familiares y defensa.
En mayo de este año, allegados de Anaya reiteraron que el abogado permanecía sin comunicación regular con familiares y defensores, una situación que también fue denunciada en el caso de la abogada Ruth López.
A un año de su captura, no se han divulgado públicamente nuevos detalles sobre el avance del proceso judicial en su contra.
Anaya es reconocido por su trayectoria como abogado constitucionalista y por sus frecuentes análisis sobre temas jurídicos y políticos de interés nacional. Su detención generó reacciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de diversos sectores académicos y jurídicos del país.
La detención de Anaya ocurrió a casi un mes después de la captura de la también abogada, Ruth López, y coincidió con la salida del país de cerca de 50 periodistas.
