Categoría: Opinión

En agosto de 2024 la plantilla completa del Kalmar AIK FK de Suecia se rapó la cabeza en solidaridad a su capitán, Markus Heman, para acompañarlo en su tratamiento médico contra el cáncer. Años antes, en 2015, fueron los jugadores del Danubio, de Uruguay, quienes como muestra de solidaridad con su compañero Marcelo Tabárezdiagnosticado con cáncer. también decidieron jugar rapados la temporada.

Por tradición y pos cábala en algunas ligas profesionales,especialmente en América Latina y Europa, los jóvenes futbolistas que debutan en sus respectivas competiciones son rapados por sus compañeros, como una forma de darles la “bienvenida” al futbol profesional.

Un futbolista no juega mejor si tiene el pelo largo, corto o rapado. Jugar barbado o rasurado no lo hace menos ni mejor, porque su nivel de juego dependerá de su capacidad y de la voluntad profesional por hacerlo. Nadie puede obligar a un futbolista para que juegue rapado o mucho menos condicionarlo para pagarle su salario.

La semana pasada se conoció el hecho indignante, humillante y bochornoso de los directivos del Hércules, de la Primera División del fútbol nacional, que a través del gerente pidieron a sus jugadores que se raparan para hacerse acreedores de su salario mensual. El presidente del equipo Carlos Riviera negó que esa orden haya salido de la directiva, pero en redes sociales circuló un audio en el que se escucha al gerente Carlos Villagrán pedir a los jugadores que se rapen, de lo contrario no les pagaran.

La plantilla del Hércules, jugadores y cuerpo técnico incluido, acudieron a la Federación de Futbol, que obligó al equipo a cancelar los salarios estipulados en los contratos. La FESFUT les dio un ultimátum para que presentaran las constancias de pagos ejecutados, so pena de sancionarlos, incluso quitarles la licencia de clubes y prácticamente descenderlos. Aparentemente ya solventaron la deuda.

No creo que en ninguna parte de los contratos entre directivos y jugadores esté estipulado la obligatoriedad de raparse, ni siquiera debe estar establecido obtener solo “buenos resultados” porque eso depende del trámite de un juego y en un encuentro futbolístico se gana, se empata o se pierde. Perder también es parte del trabajo de un futbolista.

Apenas asomó en los medios de comunicación, y en las redes sociales, el problema del Hércules, se conoció que todos o casi todos los equipos le deben s sus jugadores, cuerpo técnico y administrativos. La cantaleta de los dirigentes y hasta de periodistas deportivos es que el fenómeno es casi culpa de los aficionados porque no apoyan a sus equipos ya que no acuden a los estadios.  Es obvio que ante un fútbol de mala o pésima calidad la gente prefiere ocuparse en otra actividad.

Hay partidos que dan sueño, jugadores de mala calidad que ni siquiera corren. En El Salvador nuestra liga ha tocado fondo y solo estamos arriba de la liga beliceña. Tenemos doce equipo cuando nuestra calidad da para ocho o a lo sumo diez equipos. Jugadores que en un torneo fueron inscritos en primera división y al año siguiente aparecen jugando en ligas inferiores e inclusive en torneos cantonales o comunitarios.

Quienes se meten a directivos deben tener clara nuestra realidad. Si una plantilla mensual es de 60 mil dólares, las taquillas no serán suficiente para pagar. Aquí es donde prevalece el conocimiento dirigencial de administración y marketing para hacer que lleguen fondos al equipo. Esto comienza por formaser con buenos jugadores y cuerpo técnico para que el equipo sea competitivo y que atraiga afición y patrocinadores.

La FESFUT, como ya lo dijo su presidente, Yamil Bukele, debe cortar las ramas que ponen en peligro al árbol. Reducir la cantidad de equipos debe ser prioritario, así como ejercer un control exhaustivo. Es fácil, debe ordenar a todos los equipos que los primeros tres o cinco días del mes deben acercarse a la FESFUT para presentar las planillas pagadas, de lo contrario iniciar un proceso de retiro de la licencia de clubes.

Los abogados conocen que existe la “noticia criminis”, que es el hecho que lleva a las autoridades a tener indicios o conocimiento sobre la ejecución de un delito. No pagar a los futbolistas y al cuerpo técnico es un delito porque se viola un contrato. La FESFUT no siempre debe esperar a que la plantilla completa de un equipo llegue a denunciar, otros jugadores y técnicos no lo hacen porque temen ya no ser tomados en cuenta en torneos posteriores. La FESFUT debe exigir a todos los equipos que paguen y si es necesario remitir los casos al Ministerio de Trabajo o hasta la Fiscalía.

A veces escucho a algunos periodistas deportivos culpar a los mismos jugadores y técnicos por no presentarse a denunciar colectivamente, olvidándose que ellos son fiscalizadores del orden social y económico y como tales deben investigar y hacer suyas las denuncias. Algunos,disque periodistas deportivos están al servicio de las dirigencias o dirigentes en particular y como tal están coartados para hacer con criterio profesional su trabajo.

La FESFUT es la garante del desarrollo y cumplimiento de las leyes en el fútbol, los periodistas deportivos son quienes deben hacer la fiscalización y no ser meros “pasapapeles” o informantes, los dirigentes son quienes tienen los deberes visionarios administrativos, los futbolistas quienes deben actuar como profesionales rindiendo y los aficionados somos quienes no debemos perder la esperanza que alguna vez nuestro futbol llegará a ser mejor.

Rapados o no, nadie es mejor que otro por esa condición. El fútbol se juega con la mente y el cuerpo en buen estado físico. La dignidad de las personas no pasa por jugar con sus salarios violentando sus derechos humanos.

* Jaime Ulises Marinero es periodista

 

Sombras: empleo médico, calidad y datos

En paralelo a sus objetivos de modernización, la implementación de Doctor SV también ha generado preocupaciones y cuestionamientos en distintos sectores.

Una de las principales inquietudes se relaciona con denuncias de despidos o reducción de plazas médicas, bajo el argumento de que la virtualización de consultas podría disminuir la necesidad de personal presencial. Algunos profesionales temen que la redistribución de recursos hacia plataformas digitales termine debilitando la red tradicional de atención, especialmente en el primer nivel.

Otro punto sensible es el temor a que la inteligencia artificial sustituya trabajo humano. Aunque la IA suele utilizarse como herramienta de apoyo —para organizar datos, sugerir diagnósticos probables o priorizar casos— existe preocupación de que, a mediano plazo, decisiones clínicas automatizadas puedan desplazar funciones médicas o reducir la autonomía profesional.

Asimismo, se plantean dudas sobre la calidad diagnóstica en entornos virtuales, ya que la ausencia de examen físico completo puede limitar la precisión en ciertos casos. A esto se suma el debate sobre el sesgo algorítmico, es decir, la posibilidad de que los sistemas de IA reproduzcan errores o desigualdades si han sido entrenados con datos incompletos o poco representativos de la población local.

Estas preocupaciones no necesariamente invalidan el modelo, pero sí subrayan la importancia de mantener supervisión humana, regulación clara, evaluación continua de calidad y transparencia en el uso de datos, para asegurar que la tecnología complemente —y no sustituya indebidamente— la práctica médica y el derecho a una atención segura y equitativa.

Otro eje central del debate es la privacidad de los datos clínicos. Las plataformas de telemedicina gestionan información altamente sensible: diagnósticos, antecedentes médicos, recetas, resultados de laboratorio e incluso datos biométricos.

La digitalización facilita el acceso y la coordinación del cuidado, pero también incrementa el riesgo potencial de filtraciones, accesos no autorizados o uso indebido de información personal.

En este contexto, se vuelve indispensable contar con marcos regulatorios claros y actualizados que definan responsabilidades sobre almacenamiento, uso, intercambio y protección de datos. Esto incluye estándares de ciberseguridad, consentimiento informado explícito, límites al uso secundario de la información y mecanismos de auditoría independiente. Cuando intervienen actores públicos y privados —como proveedores de nube, desarrolladores de software y redes de farmacias o laboratorios— la trazabilidad y la rendición de cuentas deben estar claramente establecidas.

Garantizar la confidencialidad no es solo un requisito técnico, sino un componente esencial de la confianza en el sistema de salud. Sin reglas sólidas, transparencia institucional y supervisión efectiva, cualquier avance tecnológico corre el riesgo de erosionar la legitimidad del proyecto. Por ello, la protección de datos debe considerarse un pilar estructural —al mismo nivel que la eficiencia o la cobertura— dentro de la transformación digital en salud.

Quien gana, quien vende, quien decide

Cuando el Estado implementa una plataforma tecnológica como Doctor SV, ingresa al ámbito de las compras públicas, es decir, el proceso mediante el cual adquiere bienes y servicios con fondos públicos. En esencia, se define una necesidad, se abre una convocatoria, las empresas presentan ofertas y se selecciona una propuesta. No obstante, en el caso de la tecnología, estos procesos suelen traducirse en contratos de alto valor y larga duración. No se trata únicamente de adquirir un producto, sino también mantenimiento, actualizaciones permanentes, soporte técnico y almacenamiento de datos, lo que tiende a favorecer a grandes proveedores internacionales con infraestructura consolidada y amplia capacidad financiera.

Además, muchos sistemas de contratación pública fueron concebidos para comprar bienes tangibles y estandarizados, como medicamentos o equipos médicos, donde comparar precios y especificaciones resulta más sencillo. En contraste, una plataforma digital es un servicio complejo y dinámico, cuya evaluación no puede basarse solo en el costo. Requiere análisis técnico especializado, criterios de interoperabilidad, seguridad digital y sostenibilidad a largo plazo. Si no se adaptan los mecanismos de compra, existe el riesgo de aplicar lógicas inadecuadas a soluciones tecnológicas complejas.

El diseño de las licitaciones tampoco es neutral: puede fortalecer el ecosistema tecnológico nacional mediante la competencia y la innovación, o concentrar el mercado en pocos actores globales. El desafío es equilibrar calidad, seguridad y apertura a proveedores locales y regionales.

El Salvador como laboratorio regional

En Latinoamérica varios países han avanzado en salud digital, pero el caso de El Salvador suele destacarse por la velocidad de implementación y la centralización de decisiones.

Por ejemplo, en países como Chile y Uruguay, los procesos de digitalización han sido más graduales y modulares. Allí se han desarrollado expedientes clínicos electrónicos y sistemas de teleconsulta, pero muchas veces se construyen a partir de experiencias piloto, consultas con actores locales y acuerdos entre distintas instituciones públicas y privadas. Esto permite cierto grado de participación de proveedores regionales y una adaptación más paulatina a necesidades específicas de cada región o grupo poblacional.

En México o Colombia, también existen iniciativas de salud digital impulsadas por ministerios y seguros públicos, pero suelen articularse con los servicios existentes y con procesos de evaluación más largos antes de su escalamiento nacional.

En contraste, el despliegue de Doctor SV en El Salvador fue rápido y centralizado, con decisiones tomadas a nivel ministerial y alianzas tecnológicas establecidas de forma directa para implementar la plataforma en todo el país en un corto período de tiempo. Esto lo hace un caso particularmente intenso y singular en la región, tanto por el ritmo al que se adoptan nuevas herramientas como por la concentración de la toma de decisiones en instancias nacionales en lugar de procesos más graduales o descentralizados.

La experiencia salvadoreña abre una pregunta de fondo que trasciende el caso específico: ¿se trata de un modelo exportable de modernización acelerada o de una advertencia sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido sin suficientes contrapesos institucionales?

Por un lado, la rapidez en la toma de decisiones puede facilitar transformaciones que, en otros contextos, tardan años en concretarse. La centralización puede reducir trámites, acelerar contratos y permitir una implementación nacional coherente en poco tiempo. Desde esta perspectiva, el modelo podría verse como un ejemplo de capacidad ejecutiva para cerrar brechas de acceso mediante tecnología.

Por otro lado, la velocidad también puede limitar espacios de deliberación técnica, participación profesional y evaluación independiente. Cuando los procesos son altamente concentrados, disminuyen los mecanismos de control, la competencia amplia y el debate público sobre privacidad, calidad diagnóstica, sostenibilidad financiera o impacto laboral. En ese escenario, el costo no siempre es inmediato, pero puede emerger con el tiempo en forma de dependencia tecnológica, tensiones laborales o pérdida de confianza.

La cuestión clave, entonces, no es solo si el modelo funciona en el corto plazo, sino bajo qué condiciones institucionales puede sostenerse con legitimidad y equilibrio. La respuesta determinará si se convierte en referencia regional o en un caso que invite a reflexionar sobre la importancia de avanzar con innovación, pero también con prudencia y controles adecuados.

Cierre: lo que está en juego

Al volver al punto de partida —al paciente que descarga la aplicación buscando una consulta rápida, o al médico que enciende su computadora para atender desde una pantalla— el debate deja de ser abstracto. Este experimento puede traducirse en citas más ágiles, menos filas y mayor acceso, especialmente para quienes antes enfrentaban barreras geográficas o de tiempo. Para muchos, puede significar un sistema más cercano y eficiente.

Pero también implica una transformación más profunda: redefine la relación con el médico y con el Estado. La consulta ya no ocurre únicamente en el consultorio, sino mediada por una plataforma. La historia clínica se convierte en dato digital. La interacción pasa por algoritmos que organizan turnos, priorizan casos o almacenan información. La confianza, tradicionalmente construida cara a cara, ahora comparte espacio con la confianza en sistemas tecnológicos y en quienes los administran.

Así, lo que está en juego no es solo una herramienta nueva, sino un cambio en la experiencia misma del cuidado. Puede ser una oportunidad para acercar el sistema de salud a la vida cotidiana, o un punto de inflexión que exija nuevas garantías, transparencia y participación. En última instancia, este proceso no solo moderniza servicios: reconfigura cómo entendemos la atención médica y el papel del Estado en nuestra salud.

Todo esto invita a ampliar el foco. La discusión no es únicamente tecnológica —no se reduce a plataformas, inteligencia artificial o velocidad de conexión— sino profundamente política y pública. La pregunta central es: ¿quién controla la infraestructura digital que sostiene el sistema de salud?

Cuando los servicios médicos dependen de nubes, contratos de largo plazo y proveedores específicos, el control sobre la infraestructura se vuelve una cuestión estratégica. No es lo mismo que el Estado conserve autonomía técnica y capacidad de supervisión, a que dependa de actores externos para operar funciones esenciales. Allí se juega no solo eficiencia, sino soberanía institucional.

También está en juego cómo se distribuyen beneficios y riesgos. ¿Quién gana con la modernización —pacientes, médicos, empresas, el Estado— y quién asume los costos si el modelo falla, se encarece o vulnera datos sensibles? La tecnología puede generar eficiencia, pero también nuevas dependencias y asimetrías.

Finalmente, importa cuánto participan ciudadanos y profesionales de la salud en las decisiones. La transformación digital no es neutra: redefine prácticas clínicas, derechos de los pacientes y uso de recursos públicos. Sin espacios de deliberación, evaluación independiente y rendición de cuentas, la innovación puede avanzar más rápido que la discusión democrática.

Por eso, la verdadera conversación no es solo sobre software, sino sobre modelo de gobernanza, transparencia y equilibrio de poder en el sistema de salud.

Sería algo así como justicia divina que el principal fiscal acusador del totalitarismo castrista fuera procesado por una corte estadounidense, conociendo que Raúl fue el operador más fiel y eficiente con que contó Fidel durante toda su malévola existencia.

Los dos delinquieron contra los países democráticos del hemisferio y directamente contra Estados Unidos en innumerables ocasiones, como lo fue el derribo en aguas internacionales de los aviones de Hermanos al Rescate que causó la muerte de cuatro activistas, tres ciudadanos estadounidenses y un residente.

De veras que distinguimos con mucha satisfacción que el fiscal general de la Florida haya iniciado una investigación por el derribo de las dos aeronaves, un crimen que no hubiera ocurrido si Raúl Castro, a la sazón ministro de la Defensa de Cuba, no lo hubiera autorizado. Además, sugerimos a las autoridades que sería muy conveniente que otros delitos en los cuales el verdugo de la loma de San Juan estuvo involucrado fueran sacados a la luz.

Por ejemplo, en 1993, Raúl Castro fue investigado por otro jurado de la Florida por estar involucrado en actividades de narcotráfico, sin embargo, la investigación fue cerrada por falta de voluntad política de parte de la administración del presidente Clinton. También fue acusado de ser jefe de una conspiración que tenía como objetivo introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, Cuba sería la plataforma.

Los hermanos Castro suministraron armas y explosivos a grupos extremistas radicales, fomentaron redes de espionaje como la red Avispa, sedujeron a varios funcionarios estadounidenses para que espiaran a su propio país, sin olvidar que se cuentan entre los pioneros en organizar, con el respaldo de una estructura gubernamental, la introducción y distribución de narcóticos en territorio de la Unión Americana.

Por otra parte, el sistema que ambos hermanos impusieron en Cuba instrumentó una campaña de subversión y terrorismo que afectó a todo el hemisferio con repercusiones en este país, incluidos los asesinatos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre otros, Dan Mitrione en Uruguay y el embajador en Guatemala, John Gordon Mein, ejecutados por grupos subversivos entrenados y avituallados por el sistema castrista.

El caso de Mitrione fue el más escandaloso. Un agente castrista de nombre Manuel Hevia Cosculluela suministró información sobre Mitrione a los Tupamaros, el grupo terrorista que ejecutó el crimen.

Un sector del exilio cubano siempre ha estado a favor de juzgar internacionalmente a los hermanos Fidel y Raúl Castro, un esfuerzo sin resultados positivos porque hasta el momento, a pesar de las evidencias, ningún gobierno ha mostrado energía política para juzgar a estos criminales.

Raúl Castro, aparte de ser un ejecutor, sirvió como acusador en todos los procesos judiciales importantes que efectuó el castrismo. Instrumentó un espurio juicio que terminó en las 71 ejecuciones de la Loma de San Juan el 11 de enero de 1959 y cumplió la misma función en el juicio contra Huber Matos y sus compañeros, en diciembre de ese mismo año.

Otro proceso en el que asumió el papel de fiscal, una seria aproximación a Robespierre, fue la denominada “micro fracción”, 1967.

Aquel fue un soberano escándalo. Los indiciados, más de una treintena, fueron condenados a diferentes penas de cárcel, entre ellos un hombre que tomó conciencia, como pocos, del daño que el nuevo sistema causaría a los cubanos, Ricardo Bofill Pagés, quien años más tarde y en prisión sembraría las bases para promover novedosas formas de lucha contra el totalitarismo.

Las constantes pugnas dentro del castrismo, genuinas peleas de hienas, condujeron a la destitución en 1968 de Ramiro Valdés, el otrora todopoderoso y sanguinario ministro del Interior, al parecer, como consecuencia de su rivalidad con el hermano del faraón. No obstante, “Ramirito” era insustituible en su rol de duro, razón por la cual nunca ha dejado de estar en la primera fila de los verdugos más connotados del sistema.

Es apropiado reconocer que la purga más sangrienta del castrismo, sin alusión a las numerosas e inexplicables muertes de generales y doctores ocurridas en los últimos años, tuvo lugar en 1989, cuando fueron condenados a muerte y fusilados el general Arnaldo Ochoa y otros tres altos oficiales de los cuerpos armados.

Desgraciadamente, el pueblo cubano no está en capacidad de juzgar a sus verdugos, así que confiemos que sean procesados por nuestros amigos.

*Pedro Corzo es periodista cubano

En un contexto nacional donde la ansiedad, la depresión y la ideación suicida se han posicionado como algunas de las principales amenazas para la juventud, la Universidad de El Salvador (UES) ha decidido dar un paso histórico para proteger a su comunidad de estudiantes, docentes, personal administrativo, de servicios y autoridades. Ante el alarmante incremento en la demanda de consultas de atención psicológica que escaló vertiginosamente de 475 consultas en el año 2024 a más de 813 en 2025 la única universidad pública y relevante casa de estudios del país ha diseñado e implementado una Ruta Institucional para la prevención, detección y atención de la ideación suicida. Se tomaron decisiones estrategias audaces y creativas para la UES.

Esta ambiciosa estrategia posiciona a la UES como un referente indiscutible y líder en la gestión de la salud mental universitaria, tanto a nivel nacional como regional. El éxito de este modelo integral ha sido tan notable que instituciones extranjeras de tanto prestigio y presupuesto, como la Universidad de San Carlos en Guatemala, ya han manifestado su profundo interés en replicar el protocolo para salvaguardar la vida de sus propios estudiantes.

La ruta de la UES destaca por abandonar los esfuerzos aislados, articulando en su lugar una red de colaboración entre sus 12 facultades y la unidad de Bienestar Universitario. Facultades como Medicina, Ciencias Juridicas y sociales,  Humanidades,  Arquitectura e ingenierias, lideran con clínicas y psicólogos propios, apoyados por estudiantes en servicio social y psicología, y alianzas estratégicas con organizaciones como Glasswing que han sido de bendición y apoyo técnico invaluable a este esfuerzo.

Para garantizar su efectividad, la UES ha estructurado la ruta en tres pilares fundamentales: promoción, prevención y atención inmediata. En el ámbito preventivo, la UES ha instaurado campañas de concientización y talleres obligatorios de «habilidades para la vida» dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, equipándolos con herramientas para el manejo emocional y el pensamiento crítico.

Sin embargo, el componente más contundente es su protocolo de atención inmediata frente a las crisis. La institución está capacitando continuamente a docentes, personal administrativo y líderes estudiantiles para identificar señales de alerta y aplicar primeros auxilios psicológicos. Mediante un sistema de derivación riguroso, los estudiantes atendidos  son clasificados según su nivel de riesgo y trasladados de forma asistida a espacios de contención o centros hospitalarios públicos, asegurando además un monitoreo constante durante los 30 días posteriores a la crisis.

Las autoridades universitarias subrayan que este protocolo responde a la alta sensibilidad y voluntad del señor rector Msc. Juan Rosa Quintanilla, y el acompañamiento de las dos vicerectorias, presidente de la asamblea universitaria, los decanos de cada facultad y de manera especial quiero mencionar a la directora de bienestar universitario y su equipo de trabajo asi como a los referentes  de salud mental de cada facultad; pero responde tambien a  una exigencia de la Ley de Salud Mental que penaliza la negligencia en estos casos pero, sobre todo, a un profundo deber moral. Se promueve un enfoque libre de estigmas, recordando que el dolor emocional es una herida invisible que exige absoluto respeto y empatía por el proceso de cada individuo.

Con la creación de esta ruta, la Universidad Nacional de El Salvador demuestra que la excelencia académica debe ir de la mano con el bienestar humano, consolidando su liderazgo al construir una comunidad que prioriza, por encima de todo, el valor y la dignidad de la vida

*Por Dr. y Msc. Ricardo Sosa / Experto en suicidología / @jricardososa 

Para la mentalidad occidental, la República Islámica de Irán ha sido tierra de misterios. Y es lógico. Entender a cierta profundidad esta nación de 90 millones de habitantes y una superficie territorial de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados –es uno los veinte países más extensos del globo–, es tarea ingente que requiere amplios estudios históricos, religiosos, etnográficos y hasta lingüísticos.

Cuna de la enigmática civilización persa, el actual Irán es producto de mezclas culturales sucesivas a lo largo de 2.600 años, por lo menos desde que las antiguas tribus iranias expandieron su influencia en oriente, abarcando una amplia zona geográfica que iniciaba en los Balcanes y terminaba en la China occidental. De hecho, así como sucede con las eslavas, latinas o germánicas, las lenguas de raíz irania forman un complejo marco multiétnico, englobando todas las variantes del persa, como el farsi, el tayiko, el oseta, el pastún, el kurdo o el uigur.

A partir del siglo XVI, la dinastía safávida (1501-1736) impuso el chiismo duodecimano sobre el islamismo sunita, convirtiendo a Irán en un foco de tensiones, primero internas y luego con sus vecinos árabes. Tanto musulmanes suníes como judíos y cristianos fueron perseguidos por igual en las antiguas tierras persas, mientras Irán y el imperio Otomano iniciaban su interminable conflicto de 400 años (que se alargó hasta la disolución del sultanato y la creación de la República de Turquía, en 1923).

Sunitas y chiitas se han disputado la hegemonía de Oriente Medio por siglos, con Arabia Saudita e Irán a la cabeza de sus respectivos bandos. Aparte de sus diferencias religiosas, también les divide la política, pues los saudíes se rigen por un absolutismo monárquico que aplica constitucionalmente el Corán y las tradiciones de Mahoma (Sunna), en tanto los iraníes son gobernados por una teocracia cuyos clérigos interpretan la ley islámica a partir del reconocimiento de 12 imanes infalibles –de ahí el término de “duodecimano”– que sucedieron al Profeta a su muerte, en el año 632 d.C.

Ambas ramas son extremadamente violentas entre sí, pero también incluyen grupos radicales que compiten en su odio feroz a occidente. Al Qaeda, Hamás y el Estado Islámico, por ejemplo, son sunitas; Hezbolá y los hutíes yemeníes son chiitas. Aunque sus procedimientos y objetivos varían, la matanza que han provocado en el mundo es idénticamente pavorosa. La única diferencia es que Irán, bajo el eufemismo de apoyar la “resistencia”, sí patrocina –públicamente y en calidad de Estado– el terrorismo, mientras que la casa real saudita no ha reconocido jamás su respaldo a los grupos extremistas que han nacido en su territorio.

La incomprensión de Estados Unidos en relación al mundo islámico es palmaria. En la edición del New York Times del 16 de febrero de 1979, apenas un mes después de la salida del sah Mohammad Reza Pahlavi de Irán, un prestigioso profesor de la universidad de Princeton, Richard A. Falk, afirmó lo siguiente: “La descripción del ayatolá Jomeini como fanático, reaccionario y portador de prejuicios groseros parece, sin duda y felizmente, falsa. Lo que también resulta alentador es que su séquito de asesores cercanos está compuesto uniformemente por individuos moderados y progresistas (…). Habiendo creado un nuevo modelo de revolución popular basado, en su mayor parte, en tácticas no violentas, Irán aún puede brindarnos un modelo de gobierno humano desesperadamente necesario para un país del tercer mundo”.

Elogiar así al –¡fanático, reaccionario y prejuicioso!– fundador de la República Islámica de Irán no es solo un error de criterio. El neoyorkino y antisemita Falk siguió gozando de inmerecido prestigio académico, e incluso llegó a trabajar, entre 2001 y 2014, ¡en el área de Derechos Humanos de la ONU!

He aquí un ejemplo ilustrativo de lo que sucede cuando se instala en la mentalidad occidental ese “progresismo” biempensante sobre Oriente Medio, ayuno de raciocinio con empacho de ideología. Para colmo, a esta mezcla de soberbia e ignorancia selectiva se suma ahora la teatralidad efectista de Donald Trump, que está prometiendo acabar con la República Islámica en cuestión de semanas como si supiera de lo que habla.

A diferencia de sus adversarios sunitas árabes, los seguidores chiitas iraníes veneran el liderazgo de los imanes (a los que consideran sucesores legítimos de Mahoma e intérpretes autorizados del Corán) y están convencidos de que el duodécimo imán ha estado oculto desde el año 878 d.C. para volver al final de los tiempos. El tema del martirio está muy presente en ellos, pues entregar la vida por sus creencias les identifica con los grandes líderes asesinados –en particular Hussein, nieto del Profeta, decapitado en Kerbala–, lo que convierte el extremo sacrificio en un acto de liberación material y espiritual. Los cadáveres de los fieles chiitas, acumulándose a montones, aceleran el fin de la ocultación del duodécimo imán.

Si la Casa Blanca desea en verdad acabar con el chiismo iraní, tendrá que enviar al “martirio” al último que quede en pie de estos musulmanes, pues para ellos constituye un honor renunciar a la propia existencia por combatir al enemigo de su fe. Para evitar esta carnicería, Donald Trump se vería obligado a inventar algo que lo saque del lío en el que se ha metido. Sin embargo, aunque anunciara pomposamente el fin de la República Islámica en Irán, lo que en realidad habría provocado es el inicio de un nuevo periodo de rebelión contra occidente, es decir, una nueva intifada.

En El Salvador ir al médico empieza a significar, cada vez más, abrir una aplicación en el celular. Basta escribir los síntomas, esperar unos minutos y aparecer frente a la cámara de un profesional de bata blanca que, desde un centro de telemedicina, receta medicamentos, ordena exámenes y registra todo en una historia clínica digital. Para el paciente, la consulta es gratuita, está disponible a cualquier hora y evita filas interminables.

Este es el corazón de DoctorSV, el nuevo programa estatal que promete llevar “salud en línea” a todo el país mediante videollamadas, algoritmos de inteligencia artificial y una red de farmacias, laboratorios e imágenes diagnósticas donde se canjean recetas y órdenes médicas. El gobierno lo presenta como una revolución: un sistema de salud público más rápido, más eficiente y barato, construido sobre tecnología de punta.

Pero detrás de la pantalla se mueven fuerzas mucho más complejas que una simple app. La transformación digital en salud implica decisiones de política pública sobre cómo se gastan cientos de millones de dólares, quién provee la tecnología, qué rol tendrán los médicos en el futuro y qué tan protegidos están los datos clínicos de millones de personas. El Salvador se ha lanzado a esta carrera a toda velocidad, convirtiéndose en un laboratorio que el resto de América Latina observa con atención.

El experimento abre preguntas incómodas: ¿hasta dónde puede llegar la automatización sin vaciar de sentido la relación médica‑paciente?, ¿quién controla y audita los algoritmos que apoyan diagnósticos?, ¿es la telemedicina una herramienta para fortalecer el sistema público o una forma silenciosa de privatizar servicios? Las respuestas que ensaye este pequeño país centroamericano dirán mucho sobre el futuro de la salud en la región.

De la agenda en papel a la salud digital

El Salvador se encuentra en un proceso de transformación digital a nivel gubernamental reflejado en la Agenda Digital 2020-2030. En el contexto de su Agenda Digital 2020-2030 y en consonancia con la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, en 2020, el MINSAL comenzó un proceso de colaboración con el BID y la OPS/OMS para fortalecer la transformación digital del sector salud. Dentro de este proceso se desarrolla la Agenda Digital en Salud 2021-2024, orientada principalmente al fortalecimiento de sus sistemas de información para la salud, la implementación de una historia clínica electrónica, el desarrollo de un programa de Telesalud y el desarrollo de diferentes acciones para facilitar el acceso inclusivo y equitativo a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Previamente y durante los ejercicios de creación y elaboración de la Agenda Digital en Salud para El Salvador, se realizaron una serie de diagnósticos e informes desde varios actores para dar un entendimiento general del estado de situación del país y su visión de futuro y próximos pasos. En base al diagnóstico situacional del país se identificaron siete objetivos prioritarios que son parte sustantiva de la agenda digital: Salud Conectada, Salud Integrada, Salud digital confiable y cibersegura, Salud digital eficiente y de calidad, Salud abierta, Salud inteligente e innovadora, y Salud de cercanía. La implementación de la agenda digital se realizo en tres fases: fase 1, fortalecimiento de los cimientos; fase 2, edificación y expansión; y fase 3, mejora y mantenimiento. Durante la fase 1, fue fundamental la adecuación de la normativa y la instrumentación de la arquitectura de interoperabilidad y de datos, así como la digitalización del sector, tanto en conectividad como en equipamiento, contribuyendo a una salud conectada e integrada. Asimismo, se buscó fortalecer los equipos de fábrica de software para poder avanzar en funcionalidades y en calidad de producto en los sistemas de información de historia clínica electrónica y soluciones de gestión clínica y administrativa. La fase dos de implementación, denominada “edificación y expansión”, se centro en el desarrollo, fortalecimiento y ampliación de las acciones abordadas y planificadas en la fase uno. Durante este periodo, se generaron nuevas líneas de acción y se incorporo todo el ecosistema sanitario del país. Los principales objetivos y actividades incluyeron la expansión de la salud digital en centros de salud en todo el país; fortalecimiento de la ciberseguridad, así mismo se generaron capacidades y la gestión del conocimiento y salud pública. Se realizo la conexión de 150 establecimientos de primer nivel y 60 hospitales, instalación de 6000 puestos de trabajo y 50 servidores. La fase tres de implementación se centro en garantizar la sostenibilidad de la iniciativa de transformación digital en salud, consolidar los avances logrados en las fases anteriores y continuar con un proceso de mejora continua.

Uno de los pasos previos y fundamentales para que la telemedicina y la IA funcionaran en red fue la adopción del Historial Clínico Electrónico (HCE) en El Salvador. Este proceso de adopción incluyo la implementación de sistemas interoperables, la capacidad del personal, la creación de infraestructura tecnológica y la adecuación normativa.

DoctorSV y la nueva cara del sistema

Doctor SV es el nombre de una plataforma digital de salud en El Salvador que conecta a pacientes con médicos a través de consultas en línea. Funciona como un servicio de telemedicina. En la práctica, su funcionamiento comprende seis pasos: registro para la creación de una cuenta en la plataforma; selección del médico según especialidad y horario disponible; reserva de la cita; consulta virtual con el profesional, tras la cual se puede generar una receta y solicitar exámenes de laboratorio complementarios; y, finalmente, la programación de un seguimiento si el médico lo considera necesario. La plataforma presenta tanto ventajas como limitaciones: es especialmente útil para problemas leves, orientación médica y seguimiento clínico, pero no sustituye la consulta presencial en casos complejos o situaciones urgentes.

Para su implementación y sostenibilidad, el Gobierno de El Salvador ha establecido alianzas tecnológicas con Google Cloud, que proporciona la infraestructura en la nube, herramientas de inteligencia artificial y gestión de datos. Asimismo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) apoya el financiamiento de tecnología, infraestructura y expansión de la plataforma. En el plano operativo, se han desarrollado alianzas con farmacias, laboratorios y centros de diagnóstico privados, que permiten el acceso a medicamentos, exámenes e imágenes indicados desde la aplicación. Por su parte, el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) coordina el sistema y administra públicamente la plataforma.

Promesas: acceso, rapidez, eficiencia

La plataforma Doctor SV busca fortalecer el primer nivel de atención al facilitar que los pacientes consulten inicialmente de forma virtual antes de acudir a un establecimiento físico. Esto permite resolver problemas leves —como infecciones respiratorias simples, controles de enfermedades crónicas o renovación de recetas— sin saturar clínicas y hospitales. De esta manera, los casos que realmente requieren evaluación presencial o especializada pueden priorizarse con mayor rapidez.

Al reducir la necesidad de desplazamiento y la concentración de pacientes en salas de espera, la plataforma contribuye a disminuir filas y tiempos de espera, especialmente en unidades públicas de salud. Las consultas virtuales también permiten una programación más ordenada, con citas asignadas por horario específico, lo que mejora el flujo de atención y evita aglomeraciones.

Además, al operar sobre infraestructura tecnológica proporcionada por Google Cloud y bajo la coordinación del Ministerio de Salud de El Salvador, la plataforma genera y organiza datos clínicos y estadísticos. Esta información puede utilizarse para identificar patrones de enfermedad, zonas con mayor demanda, tiempos de respuesta y necesidades de medicamentos, lo que facilita una mejor planificación de recursos humanos, insumos médicos y estrategias de prevención en el sistema de salud.

Doctor SV también se inscribe en un discurso regional más amplio en América Latina: el uso de la tecnología como herramienta costo-efectiva para avanzar hacia la cobertura universal en salud. En sistemas sanitarios con recursos limitados, brechas territoriales y alta demanda de servicios, la telemedicina permite ampliar el acceso sin requerir la misma inversión en infraestructura física, reduciendo costos asociados a transporte, tiempos improductivos y saturación hospitalaria.

Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud han promovido la transformación digital como un eje estratégico para fortalecer el primer nivel de atención, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir inequidades. En este marco, plataformas como Doctor SV buscan combinar teleconsulta, interoperabilidad de datos y coordinación público-privada para extender servicios básicos a más población, especialmente en zonas con menor disponibilidad de especialistas.

Así, la tecnología no se plantea como sustituto del sistema tradicional, sino como acelerador de acceso y optimizador de recursos, contribuyendo progresivamente a los objetivos de equidad, continuidad del cuidado y sostenibilidad financiera que sustentan el ideal de cobertura universal.

El estigma asociado al suicidio puede impedir que las personas reciban la ayuda necesaria. Por esa razón, es importante que, en cada hogar, trabajo, escuela, universidad, etc., haya vigilancia para que muchas personas que tienen pensamientos suicidas lo eviten. Es relevante evitar la depresión.

En Japón, por ejemplo, lograron controlar el suicidio gracias a que el gobierno incorporó programas de prevención, disminuyeron las horas extras de trabajo —el cual era un factor que elevaba el suicidio—. Además, se ha fortalecido el apoyo psicológico.

Mientras tanto, En El Salvador, es muy interesante lo que hace la clínica psicológica de la Universidad de El Salvador (Diario El MUNDO, 12 de marzo de 2026), en donde se registró 60 casos de pensamientos suicidas.“La ruta inicia desde la detección de un caso con ideación suicida o con factor de riesgo, estos pueden ser detectados por docentes o pares… en la evaluación se pretende clasificar el nivel de riesgo; mientras que en la atención especializada está orientada a un traslado asistido, de ser requerido, a un hospital; finalmente, el seguimiento, que consiste en un monitoreo posterior a la crisis de 30 días”.

Como docente universitario por más de 23 años, dos alumnos no callaron ese silencio y me comentaron el deseo de suicidarse. No soy psicólogo ni médico; sin embargo, los aconsejé, les dije que la vida es bella y siempre hay solución a todos los problemas.

Los seres humanos se cierran y empiezan a manifestar mentalmente que no valen nada, que no son útiles en la sociedad, que no tienen propósitos de vida, que no hay solución para ese problema, etc. Es en ese momento cuando se debe buscar ayuda. Hay una frase que la parafraseo, la cual es muy importante: “Todo tiene solución menos la muerte”. No importa los problemas que nos aquejen, para todo hay solución. Toda adversidad se puede resolver. Debemos tener actitud positiva.

El presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños para la Salud Mental (APSAM), Carlos Héctor Acevedo, afirmó que hablar de suicidio no debe ser un tabú y que cada muerte… pudo haberse evitado con la detección temprana de la depresión y el acompañamiento oportuno. (Diario El MUNDO, 10 de septiembre de 2025).

No dejarse dominar por los impulsos; además, hay que consultar con un psicólogo o terapeuta, pedir ayuda con un familiar o amigo, saber manejar los tipos de estrés, alimentar el cerebro con buenas costumbres, etc. Por lo tanto, es primordial cuidar la salud mental. En el país no existe una cifra exacta de personas que se suicidan en el año. El bullying, dificultades económicas, despidos laborales, etc., son algunos factores que inciden en este problema, el cual se puede controlar.

Las estadísticas demuestran que hay un déficit en la cantidad de psicólogos y psiquiatras en El Salvador. Recordemos que muchas personas, por ser de escasos recursos económicos, no tienen la posibilidad de consultar con un profesional de la salud mental.Actualmente, la plataforma digital DoctorSV, también ofrece consultas psicológicas, en donde un doctor real, con ayuda de IA, brinda consejos a los pacientes. Por doquier podemos encontrar ayuda.

Es importante que se practique la espiritualidad y religiosidad; las cuales disminuyen el suicidio. Además, escuchar a personas que nos motiven, que nos hagan ver que, en la vida, aunque haya adversidades, siempre se puede salir adelante. Muchas personas que tienen cáncer terminal, por ejemplo, anhelan vivir un minuto nada más; por lo tanto, el suicidio no es la solución. Debemos aprender a ser resilientes, saber que siempre podemos vencer los miedos internos.

Para finalizar, es importante cuidar la salud mental, evitar vicios como el alcohol o las drogas, saber controlar las emociones y buscar terapia cuando sintamos que algo no está bien en nuestros pensamientos. No permita que la depresión, el estrés y otros problemas dominen su mente. Es recomendable leer libros de autoayuda y buscar consejos.

*Fidel López Eguizábal. Docente investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

 

Los salvadoreños cubren el 26.7% del gasto total en salud con pagos directos de su bolsillo, según informe de CEPAL y OPS de 2024 (datos hasta 2021). En 2022, este gasto de bolsillo total de hogares alcanzó 995 millones USD para una población de unos 6.4 millones, lo que equivale a unos 155 USD per cápita anual. Aunque no existe un estimado oficial preciso y actualizado al 2026 del costo anual exclusivo de la práctica privada de medicina para el ciudadano salvadoreño promedio —ya que los datos se centran en el gasto de bolsillo total (público y privado, consultas y medicamentos)—, este representa alrededor del 26.7% del gasto total en salud y es mayoritariamente en el sector privado.

Uso del Sector Privado

El 22.1% de quienes reportan enfermedades acuden a clínicas o hospitales privados, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023. Una encuesta de 2024 indica un gasto promedio mensual de 126.57 USD en medicamentos —equivalente a ~1,520 USD anuales—, aunque solo el 25.1% destina presupuesto específico enfocado en farmacia. Las consultas privadas oscilan entre 39 y 70 USD cada una.

Disparidad Público-Privada

Existe una marcada disparidad: por cada médico público, hay 2.15 en el sector privado, reflejando una concentración en lo privado, aunque sin datos sobre superposiciones de empleo. No se ha encontrado un porcentaje oficial o estadística precisa sobre médicos del MINSAL que posean clínicas privadas o farmacias, información fundamental para detectar corrupción y planificar salud pública. La ausencia de estos datos por parte del MINSAL podría deberse a limitaciones regulatorias, falta de sistemas centralizados de registro o intereses políticos que evitan transparentar conflictos de interés.

Ejemplo Internacional: Malawi

Recientemente, el gobierno de Malawi prohibió a todo el personal médico estatal poseer u operar clínicas y farmacias privadas mediante una orden ejecutiva presidencial para combatir la corrupción en salud. La medida protege el acceso constitucional a servicios públicos gratuitos, respondiendo a denuncias de escasez de insumos, coerción para comprar en privados y pagos ilegales por servicios básicos. Si bien organizaciones civiles apoyan esta iniciativa, expertos advierten que no resuelve problemas estructurales sin rendición de cuentas, supervisión y mejoras salariales.

Contexto en El Salvador

En el país, es de conocimiento público que médicos del sector público ejercen en privado, generando críticas por conflictos de interés como recomendaciones a sus propios laboratorios o farmacias, aunque sin datos cuantitativos. Un proyecto de ley para la Red Nacional de Hospitales (2025) propone dedicación exclusiva para médicos contratados, prohibiendo consultas privadas salvo emergencias. No hay estadísticas oficiales centralizadas al 2026 sobre clínicas y farmacias privadas: se estiman ~2,000 farmacias (80% del mercado privado, con cadenas como Farmacia La Buena recibiendo contratos estatales por $5.8 millones en 2025) y 15-25 hospitales privados principales, concentrados en San Salvador, Santa Tecla y otras ciudades grandes. Personalmente he observado, la creación de hospitales pequeños en áreas rurales. Por ejemplo, en Intipucá, en los últimos años se han construido dos hospitales de tamaño mediano que brindan servicios de emergencia y encamado.

Esto de las farmacias “sin farmacéutico” es un histórico común en el país, especialmente en áreas rurales. La Ley de Farmacias y normativas de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) exigen que las farmacias cuenten con un profesional titulado en farmacia para su operación, quien debe estar inscrito como regente ante la DNM. Esto incluye un permiso sanitario del MINSAL y licencia municipal, verificando cumplimiento normativo. El MINSAL y la municipalidad extienden permisos y licencias para el funcionamiento de las farmacias que incluye la presencia de un profesional de farmacia. Me pregunto que estará haciendo el municipio de la Union Sur al respecto, o la municipalidad de San Salvador. Una invitación en Frente a Frente sería relevante a estos dos alcaldes para que nos expliquen. ¿No creen?

​Conclusión

La opacidad en datos sobre el sector privado de salud en El Salvador agrava inequidades y riesgos de corrupción, similar a casos como Malawi, donde prohibiciones directas buscan frenar abusos. Reformas como dedicación exclusiva, registros unificados y mayor cobertura pública (ej. ISSS o Doctor SV) son urgentes para reducir la carga de bolsillo —estimada en 600-2,000 USD anuales por hogar— y garantizar acceso equitativo. Actualizar encuestas como EHPM 2025 vía DIGESTYC o BCR es clave para políticas basadas en evidencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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No me cabe duda. Nuestro país está construido sobre bases endebles y peligrosamente riesgosas. Eso provoca que –casi permanentemente– esté sometido a una fragilidad peligrosa, sobre todo para quienes habitan el abajo y el adentro del mismo; léase, sus mayorías populares. A lo largo de la historia estas se han visto privadas de la más elemental justicia social al permanecer sumidas en la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Ello ha generado revueltas y estallidos que han destacado en la región por su impactante violencia, hasta haber provocado durante la primera mitad del siglo pasado una matanza de alrededor de 30 000 personas y, en el marco de la segunda, una dolorosa guerra de más de una década de duración. En tal escenario, encontramos otro de los más cuestionables cimientos sobre los que han construido El Salvador: la impunidad.

Y marzo, machaconamente, me imposibilita dejar de tenerla presente. ¿Por qué? Veamos. ¿Quién no recuerda que en marzo de 1980 asesinaron al cuarto arzobispo de San Salvador y desde hace años santo, monseñor Óscar Arnulfo Romero? Este es probablemente el hecho atroz más conocido y conmemorado en el marco de la violencia y la perversidad mediante las cuales se ensañaron y ensañan con nuestra gente más vulnerable. Romero, nombrado por Pablo VI el 3 de febrero de 1977, ocupó dicho cargo el 22 del mismo mes. Dos días antes se habían celebrado las elecciones presidenciales, cuyo resultado fue fraudulentamente alterado en favor del oficialismo.

Y el 26 se consumó una masacre en el Parque Libertad, ubicado en el centro capitalino, mientras una multitud protestaba por la imposición del general Carlos Humberto Romero como titular del Ejecutivo. El 12 de marzo, también de 1977, asesinaron al jesuita Rutilio Grande, junto a dos campesinos; Rutilio era muy cercano al recién estrenado pastor católico metropolitano.

El 17 de marzo de 1982 fue emboscado y ultimado por el ejército gubernamental el periodista neerlandés Koos Koster, junto a tres de sus colegas y compatriotas. El 14 de marzo del año siguiente apareció el cadáver de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villas quien cayó herida ‒también en una emboscada‒ para ser trasladada luego a una sede militar adonde la torturaron y ejecutaron.

De igual manera, durante ese mes fallecieron en el 2007 ‒después de la guerra y de una vida consagrada a la causa de los derechos humanos‒ dos mujeres valientes e irremplazables cuyas trayectorias las han convertido en íconos de la lucha por la defensa de las víctimas: Rufina Amaya el 6 y María Julia Hernández el 30. La primera reveló la verdad de lo ocurrido en el cantón El Mozote y otros caseríos cercanos, iniciando diciembre de 1981: una barbarie que arrojó alrededor de mil personas campesinas ejecutadas. En su mayoría niñas, niños y adolescentes. Así desmanteló Rufina la falsa versión de lo ocurrido, difundida nacional e internacionalmente por la dictadura; María Julia luchó años por lograr que en el caso de esa terrible masacre se impartiera justicia, así como lo hizo en el de monseñor Romero y tantos más.

Por la muerte violenta de Koster y sus compañeros resultaron condenados tres oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña, incluido el ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época; ese hecho aislado lo atribuyo en buena medida a la presión del gobierno holandés, pues ello me consta al haberlo conocido de primera mano siendo director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad jesuita. En el caso de El Mozote, judicialmente se ha avanzado a cuentagotas en medio de numerosas artimañas a la espera de que fallezcan víctimas y victimarios. Pienso que eso ha ocurrido forzadamente, porque existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole al Estado avanzar en el proceso judicial.

Y entre todas las deudas pendientes con la justicia, está el escamoteo de la verdad como primer paso para alcanzarla. Cinco días después de la publicación del informe de la comisión creada para investigarla y difundirla, fue decretada una infame amnistía para proteger a los criminales de los bandos enfrentados en la preguerra y la guerra. Pese a que luchamos más de 23 años hasta lograr su inconstitucionalidad en julio del 2016, ya transcurrió casi una década de ese evento y a la fecha ni siquiera se ha aprobado una ley para dignificar a las víctimas y a la sociedad salvadoreña. Por ello estoy convencido de que dicha impunidad aún vigente, es uno de los inmorales cimientos de una patria exactamente injusta con su mayoría populares. Y, obviamente, mucho le está sirviendo al actual gobierno inconstitucional.

Durante décadas, las organizaciones hablaron de “recursos humanos”. El término no era casual: respondía a una lógica industrial donde las personas eran vistas como parte de la estructura operativa, un engranaje necesario para producir resultados. Sin embargo, en el actual entorno empresarial, marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial y la volatilidad de los mercados, esa mirada ha quedado superada.

Hoy, el capital humano dejó de ser un área más dentro del organigrama. Se ha convertido en un factor estratégico que define la capacidad de una empresa para adaptarse, innovar y sostener su competitividad.

La experiencia demuestra que las organizaciones que mejor responden a contextos inciertos no son necesariamente las que cuentan con más infraestructura o mayores recursos financieros. Son aquellas que han desarrollado capacidades internas sólidas: liderazgo, pensamiento crítico, cultura colaborativa y aprendizaje permanente. En este escenario, la pregunta ya no es si las empresas deben invertir en capacitación, sino cómo hacerlo de forma estratégica.

La automatización y la inteligencia artificial están transformando procesos completos. Sin embargo, lejos de reemplazar el rol humano, están elevando el nivel de exigencia. A medida que las tareas repetitivas desaparecen, ganan protagonismo habilidades vinculadas al análisis, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones en entornos cada vez más complejos.

Esto también obliga a replantear los modelos tradicionales de formación. Los programas basados únicamente en contenidos teóricos o desconectados de la práctica resultan cada vez menos efectivos frente a la velocidad con la que evolucionan los negocios.

Las organizaciones necesitan esquemas de aprendizaje que combinen actualización conceptual con aplicación real, capaces de fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades de liderazgo.

Uno de los errores más comunes en muchas empresas es tratar la capacitación como iniciativas aisladas: cursos puntuales o programas que responden a necesidades momentáneas, pero que no forman parte de una visión integral de desarrollo. Sin una estrategia clara, el aprendizaje pierde impacto. Por el contrario, cuando se integra a la planificación del negocio, se convierte en una herramienta clave para mejorar la productividad, impulsar la innovación y fortalecer la cultura organizacional.

En este proceso, el liderazgo cumple un rol central. Las empresas necesitan líderes capaces de comunicar con claridad, gestionar equipos diversos y tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Estas competencias no se improvisan: se construyen con formación, experiencia y reflexión estratégica.

Al mismo tiempo, las nuevas generaciones valoran entornos donde puedan desarrollarse profesionalmente. La posibilidad de acceder a programas de aprendizaje y crecimiento con el de ADEN se ha convertido en un factor decisivo para atraer y retener talento.

La irrupción de la inteligencia artificial plantea además un nuevo desafío: desarrollar competencias digitales en todos los niveles de la organización. Pero el verdadero diferencial no estará solo en el acceso a la tecnología, sino en la capacidad de las personas para utilizarla de forma estratégica.

En un mundo donde la tecnología evoluciona a gran velocidad, las empresas que entienden el valor de su capital humano construyen organizaciones más ágiles, innovadoras y sostenibles. Porque, al final, la ventaja competitiva más importante sigue estando en las personas.

* Carolina Tomba es directora de Soluciones Corporativas ADEN International Business School