Categoría: Opinión

Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.

Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.

No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.

Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.

Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.

No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.

Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.

Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.

El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.

El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.

Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.

“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.

Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.

Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.

¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!

La narrativa del terror cinematográfico no se fundamenta únicamente en el miedo, sino en un contrato moral implícito entre la obra y el espectador. Según Noel Carroll en su teoría del art-horror, la efectividad de este género depende de la creación de un «monstruo» que amenaza el orden cultural y la integridad física de los protagonistas. Cuando el victimario finalmente sufre o muere, el espectador experimenta una liberación emocional: la catarsis. Sin embargo, este fenómeno traspasa la pantalla y se manifiesta hoy en la realidad sociopolítica salvadoreña, donde la violencia histórica de las pandillas ha reconfigurado los umbrales de la empatía ciudadana frente al Régimen de Excepción.

La construcción del «monstruo» y la satisfacción punitiva

En el cine de terror, la audiencia busca la supervivencia de la víctima. No obstante, existe un subgénero donde el placer deriva del castigo infligido al antagonista. Esta «satisfacción punitiva» se basa en la deshumanización previa del agresor. En El Salvador, décadas de una violencia pandilleril agresiva y omnipresente funcionaron como un prólogo de terror real, desplazando a la sociedad hacia un estado de hipervigilancia y trauma colectivo.

Como señala la psicóloga social Adriana Clemente, cuando el miedo se vuelve estructural, el «otro» deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una amenaza biológica. Esta premisa explica por qué una parte considerable de la población percibe las noticias sobre detenciones arbitrarias o muertes en centros penales no como una tragedia humanitaria, sino como un «final necesario». La violencia de las pandillas fue tan lacerante que anestesió la capacidad de distinguir entre la justicia y la venganza.

La erosión de la empatía por el inocente

El aspecto más crítico de esta comparación radica en el daño colateral. En una película, el guion nos asegura quién es el culpable. En la realidad jurídica, esa certeza debería otorgarla el debido proceso. Sin embargo, bajo el Régimen de Excepción, la línea entre el victimario y el inocente se ha difuminado deliberadamente en el discurso oficial.

«La deshumanización no solo afecta a quienes son considerados culpables, sino que expande su manto sobre cualquier individuo que caiga en los engranajes del sistema, eliminando la presunción de inocencia como valor social».

La sociedad, agotada por el horror previo, parece haber aceptado un intercambio utilitarista: la pérdida de derechos humanos de miles de inocentes a cambio de una sensación de seguridad. Es aquí donde la analogía con el cine se vuelve amarga. Mientras que en la ficción la muerte del villano restaura el orden, en la realidad, la indiferencia ante la tortura o la detención ilegal de ciudadanos sin vínculos criminales no restaura el tejido social, sino que lo descompone bajo una nueva forma de violencia estatal.

El tránsito de la emoción a la norma

Esta satisfacción que produce el castigo del «villano», tan propia de la catarsis cinematográfica, opera bajo una lógica de seguridad ilusoria: la creencia de que siempre seremos los espectadores y nunca los protagonistas del horror. Sin embargo, la construcción de una nación funcional no puede basarse en el entusiasmo de la grada, sino en la solidez de sus reglas de juego. Es en este punto donde la ética política de John Rawls nos obliga a encender las luces de la sala y abandonar la comodidad del juicio visceral. Para Rawls, la validez de un contrato social no se mide por el alivio de la mayoría, sino por la protección que este brinda a cualquier individuo, independientemente de su posición, a través del ejercicio intelectual del «velo de la ignorancia».

El «Velo de la Ignorancia» como imperativo ético

Para cuestionar la validez moral de un sistema que sacrifica a inocentes en nombre de la seguridad colectiva, resulta ineludible citar a John Rawls y su obra A Theory of Justice. Rawls propone un experimento mental conocido como la «posición original», en la que los ciudadanos deben diseñar las leyes de su sociedad bajo un «velo de la ignorancia»; es decir, sin saber qué rol ocuparán en ella.

Si los ciudadanos salvadoreños tuvieran que elegir las reglas del Régimen de Excepción sin saber si mañana serán el civil protegido o el inocente capturado por error, difícilmente optarían por un sistema que elimina las garantías judiciales. Bajo el velo de la ignorancia, la justicia no es el triunfo del más fuerte ni la satisfacción de la mayoría, sino la garantía de que el sistema no atropellará al individuo más vulnerable.

«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». — John Rawls.

La justicia no es un juego de suma cero

La comparación con el cine de terror se vuelve aquí más profunda: en la ficción, el espectador sabe que está a salvo en su butaca, por lo que puede permitirse el lujo de la sed de sangre. Sin embargo, Rawls nos recordaría que en la vida real nadie tiene garantizada esa «butaca». Al perder la empatía por el detenido inocente, la sociedad ha olvidado que, en un sistema sin debido proceso, cualquiera puede ser la próxima víctima del error administrativo o el abuso de poder. La justicia, según la óptica rawlsiana, no puede ser un intercambio donde el bienestar de unos se logre a costa de la violación de los derechos fundamentales de otros.

Hacia una justicia sin espectáculo

El filósofo institucionalista Robert Cover afirmaba que «interpretar la ley es un acto que siempre conlleva violencia». No obstante, cuando esa violencia se celebra como un espectáculo de justicia poética, se corre el riesgo de normalizar la barbarie.

No podemos permitir que el trauma del pasado dicte una ceguera moral en el presente. La pérdida de empatía por las víctimas del Régimen de Excepción —aquellos padres, hijos y trabajadores detenidos sin pruebas— es el síntoma de una sociedad que, tras haber vivido en una película de terror real, ha decidido cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno con tal de no volver a sentir miedo. Recuperar la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso en un contexto de seguridad recuperada, es el primer paso para transitar de una catarsis violenta a un verdadero Estado de Derecho.

Glenda Isabel Hernández, oriunda de Texistepeque, era una hermosa, saludable y joven mujer de 28 años de edad y madre de familia. La gustaba hacer ejercicio y ser amable y llevadera con todo mundo. Vivía con su hija de ocho años en el barrio San Rafael de la ciudad de Santa Ana, donde la tarde del domingo pasado fue asesinada con arma blanca.

Fue su hija la que llamó a las autoridades policiales para reportar que su madre había sido asesinada supuestamente por Diego Santos Villanueva, un taxista que desde hace algún tiempo periódicamente le hacía viajes a la víctima, por lo que se había ganado su confianza y supuestamente se había convertido en su pareja sentimental.

La Policía Nacional Civil (PNC) con ayuda de las cámaras de seguridad municipal y en coordinación con su homóloga guatemalteca, capturaron el lunes en territorio del vecino país, al sospechoso, quien deberá enfrentar la justicia salvadoreña por el delito de feminicidio agravado, el cual hasta el 26 del mes corriente, es sancionado con una pena máxima de 50 años de cárcel. Después del 26 el referido delito conllevará una pena de prisión perpetua.

Desde luego en los tribunales se tiene que demostrar que Santos Villanueva es el autor material del feminicidio. Todo indica que el sujeto es el culpable, pues se cuenta con la declaración de la hija de la víctima, pero será un juez el que con base a las pruebas determine la inocencia o culpabilidad del imputado.

Por la naturaleza del hecho es muy probable que los juzgados le decreten reserva total, por lo que todo lo que se diga quedará como especulación, lo que si se tiene la certeza es que víctima y victimario se conocían y hasta habían desarrollado algún tipo de confianza, situación que aparentemente aprovechó el sujeto para cometer su atroz crimen que de inmediato genera el repudio general de la población.

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en lo que va de 2026, con la muerte de Isabela, ya suman siete los casos de feminicidios, donde el patrón es el mismo o parecido. Es decir, la víctima conoce al victimario y generalmente el hecho es originado tras una discusión.

No se trata de juzgar o cuestionar a las víctimas, pero muchos de estos casos de feminicidio pudieron evitarse a través de la denuncia oportuna y a tiempo. El feminicidio, casi siempre, es antecedido por violencia doméstica y en ocasiones  por la ingesta del alcohol y/o consumo de drogas por parte del victimario.

Las mujeres deben auto cuidarse y saber denunciar ante las respectivas autoridades, por ninguna razón deben aceptar o admitir un relación de hostigamiento o intolerancia, nadie tiene derecho a maltratarlas o a verlas de menos, mucho menos a agredirlas física o verbalmente. La violencia puede ser psicológica, física, verbal, material, económica, etc. Si la mujer se siente incómoda en una relación debe analizar si es porque está siendo objeto de maltrato o por otra razón. En una relación de pareja nadie debe estar forzado.

Denunciar ante las autoridades no necesariamente conlleva la intención de meter a la cárcel al denunciado. Al contrario, puede ser en busca de ayuda institucional del Estado para la pareja y como una medida preventiva para evitar una agresión mayor que culmine con un feminicidio en grado de tentativa o en un feminicidio agravado.

La Fiscalía General de la República, los juzgados, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, algunas ONG y hasta las alcaldías son instituciones que pueden procesar o encausar por los canales legales las denuncias de maltrato. Cada institución sabe qué hacer ante estas situaciones. Ninguna mujer debe callar, para evitar hechos lamentables como el de Isabela, una joven y hermosa mujer víctima de la violencia hacia las mujeres.

Ojalá que en este caso se haga justicia y que mediante el debido proceso se juzgue al sospechoso y si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Asimismo, ojalá que a la niña sobreviviente el Estado le brinde todo el apoyo psicológico y material que necesitara para seguir con su vida, y que se haga conciencia social de la importancia de la denuncia a tiempo de las situaciones de maltrato y violencia familiar, ya que estos casos horripilantes y repudiables de feminicidio pueden ser evitables.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

Durante la última década, el mundo miró a Suecia como el faro de la modernidad educativa. Sus aulas, despojadas de libros físicos y saturadas de iPads, eran el sueño de Silicon Valley hecho realidad. Sin embargo, el experimento ha fallado. Ante una caída histórica en la comprensión lectora y la capacidad de atención de sus estudiantes, el gobierno sueco ha decidido dar un paso que muchos tildan de «retroceso», pero que en realidad es un acto de supervivencia pedagógica: el regreso masivo al lápiz, el papel y el libro de texto.

La decisión de la ministra de Educación, Lotta Edholm, de frenar la estrategia de digitalización no es un capricho nostálgico. Es una respuesta a datos alarmantes. El informe PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Comprensión Lectora) mostró que los niños suecos están perdiendo la habilidad de entender lo que leen.

La ciencia es clara: el cerebro humano procesa la información de manera distinta frente a una pantalla que frente al papel. La lectura en digital tiende a ser fragmentada, superficial y llena de distracciones (hipervínculos, notificaciones, multitarea).

En contraste, el libro físico exige una «lectura profunda», fomenta la memoria muscular al escribir a mano y permite una conexión cognitiva que el píxel simplemente no puede replicar.

El error de Suecia y de muchos países que hoy intentan imitarla  fue confundir herramientas con pedagogía. Se priorizó la adquisición de hardware sobre la formación docente y el desarrollo cognitivo. Las escuelas se convirtieron en centros de consumo tecnológico bajo la promesa de que la tecnología, por sí sola, democratizaría el conocimiento.

Lo que ocurrió fue lo opuesto: la brecha educativa se acentuó. Los estudiantes con menos recursos, que ya pasan horas frente a pantallas en casa, perdieron en la escuela el único refugio de concentración y pensamiento crítico que les quedaba. Al eliminar el libro, eliminamos la quietud necesaria para aprender.

¿Significa esto que debemos quemar las computadoras? Absolutamente no. Pero sí significa que los sistemas educativos que hoy priorizan lo digital deben reevaluar su jerarquía de valores. Aquí una propuesta para un modelo resiliente:

El «Derecho al Analógico»: Las bases de la alfabetización (lectura y escritura inicial) deben ser 100% analógicas. El desarrollo de la motricidad fina y la lectoescritura en papel debe ser innegociable hasta los 10 o 12 años.

Tecnología como «Asignatura», no como «Entorno»: La tecnología debe enseñarse como una herramienta específica (programación, ética digital, investigación), pero no debe ser el medio a través del cual se consume toda la materia.

Prohibición de Dispositivos Móviles Personales: Al igual que Suecia, los sistemas deben avanzar hacia la prohibición de celulares en los recreos y aulas. La escuela debe recuperar su función como espacio de socialización física y juego no mediado por algoritmos.

Inversión en Bibliotecas Escolares: Menos licencias de software y más libros físicos. La biblioteca debe volver a ser el corazón de la escuela, un lugar donde el silencio sea un valor y no un castigo.

En conclusión Suecia nos está enviando un mensaje desde el futuro: la digitalización total es una vía agotada. El regreso al papel no es una derrota, es una rectificación valiente. Para que nuestros estudiantes puedan navegar el complejo mundo digital de mañana, primero deben aprender a concentrarse en el mundo físico de hoy. La verdadera innovación educativa, irónicamente, podría estar en recuperar aquello que nunca debimos abandonar.

Otra vez en las urnas Perú y el resultado es complicado. La señora Keiko Fujimori ha obtenido el 17% de los votos emitidos y se sitúa en el primer lugar. Pero no le alcanza para ganar la presidencia de la república y habrá balotaje.

En segunda posición ha quedado Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, con un 12%, y, en tercer lugar, con 11.9%, quedó el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y Jorge Nieto alcanzó 11.1%.

Todos los porcentajes restantes se repartieron entre los ¡32 candidatos! de los partidos participantes. Un fraccionamiento de esa naturaleza, sin duda que expresa el modo como la crisis política es procesadaen Perú.

Con el 93.57% de actas procesadas ya está en segunda vuelta la señora Keiko, aupada por el partido Fuerza Popular. Y si no hay más variaciones será Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, quien irá al balotaje.

Este nuevo intento (el cuarto) de la señora Keiko para llegar a la presidencia de la república pone en jaque de nuevo a Perú. Y según las encuestas de opinión el factor de rechazo hacia la señora Keiko es alto (entre el 54% y el 76%), y una vez más corre el riesgo de no ganar.

La escena política de Perú se encuentra enrevesada desde hace cerca de dos décadas. El padre de la señora Keiko (Alberto Fujimori) fue el factor crucial para poner a este país en una situación de fragilidad y de desequilibrio.

Aunque parezca increíble, el expresidente Pedro Castillo también estuvo en la contienda electoral reciente. Desde la cárcel donde lo tienen recluido ha tejido fino, y ahora ‘su candidato’ va al balotaje.

Si se valoran los resultados electorales desde la dimensión territorial, la señora Keiko ha ganado en el norte de Perú (La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Áncash) obteniendo 776 490 votos; y Roberto Sánchez venció en el sur de Perú (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno), recibiendo 492 624 votos.

En la elección presidencial de 2021, Pedro Castillo obtuvo en todo el país el 19% de los votos. La señora Keiko se agenció el 13% de los votos. En la perspectiva territorial, Castillo ganó en el sur, pero la señora Keiko no ganó el norte como ahora.

Las masacres en tiempos de la señora Boluarte fueron en el sur. Porque es allí donde hay articulado un proceso de resistencia social. Y algo en Lima también.

Podría ser, pero quizá no del mismo modo, que en el balotaje Roberto Sánchez levante la testa (como en su día hizo Pedro Castillo) y se alce con la victoria. Sin embargo, ahora, al parecer por el resultado en el norte de la señora Keiko, ese vuelco no se ve en el horizonte.

Es tarde para hacerlo, pero Sánchez y su partido deberían reinventarse y cambiar de discurso, no travestirse, sino ampliar su agenda y así abrir las posibilidades de apoyo electoral.

El problema en Perú es que las fuerzas políticas no tienen claro ahora qué es un planteamiento estratégico para Perú y qué es una oferta electoral. Roberto Sánchez y su partido, Juntos por el Perú, y sus pequeños aliados (estrambóticos algunos, como Humala) se plantean un esquema electoral y lo que se requiere es una recomposición de Perú, y el plan electoral debería estar subordinado a eso, y no al revés.

Sin embargo, ahora no es imposible que la señora Keiko gane en el balotaje. Lo perdió en 2021 contra Castillo. Pero ahora Castillo está en prisión y Roberto Sánchez se parece mucho a la segunda parte de una película que terminó mal.

Si la señora Keiko pierde, con los senadores (22) y diputados (40) que ha obtenido Fuerza Popular puede mantener en jaque al gobierno de Sánchez y los aliados que de ahora en adelante articule. Porque Juntos por el Perú logró 14 senadores y 31 diputados. Es decir, el posible gobierno encabezado por Roberto Sánchez estaría dentro de la jaula que tiene activada en el Congreso, desde hace rato, la señora Keiko.

Pero si la señora Keiko gana en el balotaje, ay, Perú, se viene un desmantelamiento de los candados institucionales que aún existen y que impiden que se instale un régimen que modifique el actual ordenamiento constitucional. Hasta ahora eso no ha sido posible, pero en la presidencia de la república la señora Keiko y con los senadores y los diputados que tiene más algunas sumatorias que podría agenciarse, pues Perú podría enrumbar hacia un territorio extraño.

Por ahora, la mesa está ‘casi’ servida para que la señora Keiko tome lo que hay con la cuchara grande, porque la señora Keiko va adelante.

Mientras los dirigentes de las sociedades democráticas trabajan para el beneficio de sus pueblos o procuran neutralizar las amenazas de sus enemigos sistémicos, existen gobiernos como el de Cuba que oprimen a sus gobernados, mientras disfrutan espiar y desestabilizar a sus vecinos.

El totalitarismo castrista se forjó en la represión a los ciudadanos y en la subversión a sus vecinos. Labor de desestabilización que cumplió simultáneamente con una penetración constantes en organismos internacionales como Naciones Unidas, donde cuenta, hasta el presente, con un numero de cómplices que le han otorgado inmunidad para todas sus tropelías, tema para otro comentario.

Antes del triunfo de la insurrección, 1959, los hermanos Castro instrumentaron un rudimentario servicio de espionaje que perfeccionaron con el tiempo, llegando a ser muy eficiente, según conocedores de esas prácticas.

El castrismo, incapaz de producir riquezas, pero muy competentes en la gestación de espías, delatores y esbirros, se dedicó a espiar las actividades de las fuerzas de Fulgencio Batista, mientras, desarrollaba una función similar entre sus propios partidarios y aliados, como fueron las otras organizaciones que combatían al régimen.

Posterior al triunfo de la insurrección crearon los Comités de Defensa de la Revolución, 1960. Un aparato de vigilancia y represión sumamente útil para la persecución de los opositores, muchos de los cuales terminaron fusilados o en prisión.

Fatalmente, lo he comentado en más de una oportunidad, la habilidad destructora de los Castro ha sido siempre subestimada por sus enemigos, lo que confirma una tesis de mi recordado amigo Rodolfo Santos Lara quien afirmaba, “siempre hay gentes dispuestas a confiar en un mentiroso”, juicio que en cierta medida se aprecia cuando recordamos lo que en enero de 1959 dijera el doctor José Miró Cardona, a la sazón primer ministro del gobierno revolucionario, al doctor José Ignacio Rasco, a una pregunta de este sobre Fidel le dijo que no se preocupara por lo que Fidel pudiera hacer ya que él lo manejaría con la punta de los dedos. Craso error, en menos de un mes dejó el alto puesto, partiendo después para el exilio.

Esta reflexión es consecuencia de una reciente publicación que expone la preocupación de Buró Federal de Investigaciones (FBI), sobre la capacidad del régimen castrista de formar un peligroso servicio de espionaje con el objetivo de infiltrar al Gobierno de Estados Unidos.

Pertinente que la agencia federal haga ese llamado, porque el castrismo, como el cocodrilo, es particularmente agresivo y ataca, porque su naturaleza le impulsa a hacerlo. El sistema castrista está forjado en la propuesta guevarista del “odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar”.

Para el castrismo espiar y eliminar al enemigo, marchan juntos. Durante años, espiaron a los pilotos de Hermanos al Rescate hasta que asesinaron a cuatro de sus integrantes como lo demostró la tristemente famosa “red avispa”, sin pasar por alto el espionaje de altos funcionarios del gobierno federal como fueron la espía Ana Belén Montes y el también agente Víctor Manuel Rocha, sujetos que causaron grandes daños a la Seguridad Nacional de este país.

Sin embargo, hay un sector que al parecer demanda una mayor atención según señala el intelectual cubano exiliado Jorge Luis Lanza, quien afirma que los intercambios académicos entre Estados Unidos y Cuba son una zona de peligro para la seguridad estadounidenses.

Afirma Lanza que “esos intercambios académicos han sido usados por la maquinaria de inteligencia y propaganda cubana para espiar y reclutar potenciales agentes de influencia y ejercer esquemas de propaganda contra los EE. UU. y en beneficio del régimen”.

El totalitarismo castrista tiene más de una ONG dedicada a la tarea de reclutamiento y captación como el Ministerio de Cultura, la UNEAC, la Casa de las Américas, destacándose entre todas el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP), una entidad que durante años ha estado dedicada en la detección de resentidos dispuestos a traicionar a su país, así que podría ser provechosa una investigación detallada de los intercambios académicos y de cómo el totalitarismo cubano usa las invitaciones de la Academia y organizaciones estadounidenses, para infiltrar a sus agentes o influenciar ideológicamente en los participantes. El castrismo es peligroso. No lo subestimen.

*Pedro Corzo periodista cubano.

En el mundo del sistema de justicia, donde el foco historicamente se centra en el delincuente y el delito, emerge una disciplina crucial, pero casi siempre relegada: la victimología. Esta rama de la criminología, cual faro en la oscuridad, ilumina el lado más humano y vulnerable de la ecuación criminal: la víctima.

La victimología no se limita a identificar a la víctima, sino que profundiza en su experiencia. Estudia el impacto del delito en su vida, las secuelas físicas y psicológicas que perduran mucho después de que el eco del crimen se desvanece. Analiza la victimización primaria, aquella que surge del acto delictivo en sí, pero también la secundaria, la que se deriva de la interacción con el sistema de justicia, a menudo que genera más secuelas que el delito mismo. Y la terciaria que es cuando la víctima y los delincuentes luego de cumplir una condena regresan a la comunidad y son etiquetados.

Benjamín Mendelsohn, considerado mayoritariamente el «padre de la victimología», definió a la víctima como: la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida que se encuentra por las consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por factores de muy diverso origen que puede ser físico, psíquico, político o social, así como el ambiente natural o técnico. Un criminólogo abogado penalista que cambió el rumbo y partió la historia de la criminología. Reconozco y honro el trabajo del doctor Mendelson en pleno 2026 y de gran influencia para mí.

Una definición de victima que en lo personal me parece brillante porque no se limita a las víctimas de delitos, sino que incluye a quienes sufren las consecuencias de diversos factores, como desastres naturales o accidentes, y a sus familiares. Expone una dimensión social ya que la víctima no es solo un individuo, sino que también puede ser un colectivo o grupo social. Experimenta un sufrimiento que puede ser de diversa índole y este origen del sufrimiento puede ser variado, incluyendo factores sociales, políticos, ambientales, entre otros.

El objeto de estudio de la victimología es multifacético: la víctima individual, su vulnerabilidad, su relación con el victimario, los factores que la predisponen a ser víctima, las consecuencias del delito en su vida y su proceso de recuperación. Pero también la víctima colectiva, grupos o comunidades que sufren las consecuencias de un delito, como el terrorismo o los desastres naturales.

La victimología es relevante para el sistema de justicia porque aporta una visión más completa y humana del delito. Permite comprender las necesidades de las víctimas, diseñar políticas públicas de prevención y atención, y mejorar la respuesta del sistema judicial. Una justicia que ignora a la víctima es una justicia incompleta, ciega ante el sufrimiento humano que el delito inflige.

Pero la victimología no se limita al ámbito judicial. Tiene una dimensión social que trasciende los tribunales y las leyes. Nos habla de la responsabilidad de la sociedad en la prevención del delito, en la protección de las víctimas y en la construcción de un entorno más seguro para todos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prejuicios, aquellos que a veces nos hacen culpabilizar, condenar, criticar y juzgar a la víctima en lugar de ofrecerle apoyo.

La victimología es un llamado a la empatía, a reconocer en el otro el dolor que nosotros también podríamos sentir. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística, de cada titular de periódico, hay una persona con una historia, con sueños rotos y heridas que tardan en sanar.

En definitiva, la victimología nos invita a mirar más allá del delito, a ponerle rostro humano al sufrimiento. Nos recuerda que la justicia no se trata solo de castigar al culpable, sino también de reparar integralmente el daño causado a la víctima y de construir una sociedad más justa y solidaria. Trabajemos porque las victimas recuperen su proyecto de vida y que existan garantías de no repetición.

*Por Ricardo Sosa  / Doctor  en Criminología /Egresado doctorado en Justicia Criminal / @jricardososa

El show mediático de la cadena nacional

La semana pasada, en una cadena nacional cargada de espectáculo mediático, el presidente y colaboradores de empresas tecnológicas extranjeras anunciaron la fase 2 de DoctorSV. Como es habitual, hubo algarabía y buenas noticias de todos los participantes. Esta segunda fase busca integrar la identificación y manejo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Reservaremos un análisis exhaustivo para otra columna. Hoy, nos centramos en un artículo clave sobre el modelo salvadoreño, publicado en la revista científica The Lancet.

Un aval internacional: DoctorSV en The Lancet Regional Health-Americas

Entre los participantes destacaba una epidemióloga de la Universidad de Alabama, quien anunció la publicación en Lancet Regional Health – Americas del artículo «Nationwide implementation of AI-assisted telemedicine in El Salvador». Se trata de una correspondencia científica breve que describe la implementación nacional de DoctorSV: un sistema de salud digital basado en telemedicina a escala, con inteligencia artificial (IA), integración de consultas médicas, laboratorios, tratamientos y seguimientos. El texto lo presenta como un modelo innovador para mejorar el acceso a servicios de salud, la eficiencia del sistema y la calidad diagnóstica.

¿Por qué importa esta publicación en The Lancet?

The Lancet es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, con un alto impacto científico. Esta mención posiciona a DoctorSV como un modelo con potencial trascendencia global y lo cataloga como innovador en salud pública. El Salvador emerge así como caso de estudio en transformación digital de la salud. Sin embargo, el artículo tiene limitaciones claras: es una mera descripción del modelo, no un ensayo clínico ni presenta evidencia de impacto en la salud pública. En términos académicos, se enfoca en políticas y sistemas, sin diseño experimental, causalidad ni comparaciones con otros modelos.

Beneficios reportados… con asteriscos

El artículo destaca beneficios como mayor acceso a consultas, reducción de tiempos de espera, mayor cobertura en zonas rurales y eficiencia operativa. Pero ojo: no hay grupo control, análisis estadístico robusto ni resultados clínicos duros (mortalidad, complicaciones, etc.). Otras limitaciones incluyen posible sesgo de reporte por conflictos de interés institucional (autores vinculados al programa), falta de validación externa, ausencia de métricas clínicas (mortalidad, hospitalizaciones, calidad de vida) y descripciones vagas de la IA: no detalla algoritmos, validación, sensibilidad ni especificidad.

¿Por qué The Lancet lo publica?

La revista visibiliza innovaciones en sistemas de salud, atrayendo a académicos y lectores interesados en políticas sanitarias. Para un epidemiólogo o salubrista, es una hipótesis en implementación, no evidencia definitiva. Aun así, abre debates cruciales: ¿Quién controla los datos? ¿Cómo regular la IA en salud? ¿Fortalece o reemplaza la atención médica tradicional? ¿Es financieramente sostenible?

Más allá de la tecnología: poder y control en la salud

DoctorSV trasciende la innovación tecnológica y se convierte en una herramienta con implicaciones políticas profundas sobre cómo se organiza, percibe y ejerce el poder en el sistema de salud. Centraliza datos clínicos y accesos en una plataforma única con protocolos estandarizados, fortaleciendo al nivel central del Estado (MINSAL) frente a hospitales autónomos y médicos independientes. En esencia, incrementa el control estatal sobre decisiones clínicas y operativas. Funciona como vitrina de modernización, reforzando la narrativa de un «Estado moderno, eficiente y resolutivo». Podría interpretarse como un empoderamiento del Estado sobre la autonomía clínica, el poder gremial tradicional y el rol de los médicos como meros ejecutores, redefiniendo el equilibrio entre Estado, profesionales y pacientes. Me preocupa profundamente el tema de gobernanza de datos. El sistema implica grandes volúmenes de datos: historiales clínicos, patrones epidemiológicos, comportamiento de usuarios. ¿Quién controla estos datos? ¿Qué nivel de transparencia existe? ¿hay supervisión independiente? Este gobierno no se caracteriza precisamente por ser transparente en su rendición de cuentas con el ciudadano salvadoreño. Nos encontramos al margen de sus divinos designios, totalmente ignorantes y sumisos. La información médica del individuo paciente tradicionalmente se maneja como un documento único y confidencial que registra todos los datos relacionados con la salud del paciente y los servicios prestados. Protegida por principios éticos (“no dañar”) y leyes (ejemplo HIPAA en EE.UU., regulaciones locales en Latinoamérica). Requiere cifrado básico, control físico/digital y capacitación de personal. Este tipo de información solo se comparte con consentimiento del paciente o por orden judicial. Hoy por hoy, DoctorSV y su información médica colectada del ciudadano salvadoreño es controlada aparentemente por el gigante tecnológico Google sin regulación que proteja al ciudadano o al menos no se nos ha informado al respecto.

Mi primer escrito sobre la Inteligencia Artificial (IA) fue “La Inteligencia Artificial y su disrupción en diferentes campos de aplicación” (VORTICE, marzo 31, 2023), retomo algunos párrafos que escribí: “Ya no hay que esperar el futuro, estamos en él. Los robots, la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial son las que sustituirán las tareas que ahora hacen los seres humanos…”.

El ejemplo que detallé fue sobre el impacto de los escritores ante la IA. Le ordené el prompt a ChatGPT para que me escribiese un poema sobre la caficultura, que verse sobre ríos, pájaros y las montañas. Pues, a los segundos ya tenía mi poema. ¿Existen reglas para regular el uso de la IA?, ¿éticamente se permite en algunas áreas su aplicación?

En el campo educativo es en donde ha habido muchas discusiones. Como docente por más de 23 años, lo que he comprobado es que al utilizar la IA se nos facilitan muchas cosas. Recuerdo cuando en 1983 estaba en octavo grado; solo pocos en el aula teníamos calculadora. Con ese aparato se podían solucionar muchas cosas; sin embargo, nos tocó que resolver todos los casos de factorización del álgebra de Aurelio Baldor. Si hubiese tenido internet, las cosas se hubiesen facilitado más. Nos tocaba dibujar mapas, aprendernos ríos, lagos y volcanes.

En la actualidad, los estudiantes aprenden de otra manera, aunque se corrobora que es mucho mejor leer los libros, interpretar lo que dicen y saber aplicar los conocimientos en la vida real. He leído que los estudiantes saben menos, que todo lo resuelven con ChatGPT y otras herramientas.

Por esa razón, se está enseñando mejor con el modelo tradicional. A pesar de lo bueno, en algunas universidades de Australia han prohibido que se realicen tareas empleando IA; los estudiantes están presentando las tareas escritas en papel y con bolígrafo. La Universidad Nacional de Australia modificó su sistema de evaluación. Están realizando laboratorios o exámenes orales para verificar el aprendizaje. Sin embargo, cada carrera o especialidad tiene sus formas propias. (VORTICE, marzo 31, 2023). En Suecia han vuelto a los libros. Eso quiere decir que algunos ministerios de educación están en contra de la utilización de la IA y teléfonos inteligentes en las aulas.

En una clase virtual, les dije a mis alumnos que en veinte minutos leyeran ensayos en el área de comunicaciones. Luego, a cada uno le pregunté sobre el tema que le tocó leer. Acá no se aplicó la IA, los alumnos expusieron un resumen del ensayo leído, lo lograron interpretar e incorporaron ejemplos.

Hay variedad de cursos con respecto a la IA; eso quiere decir que en todos los campos del conocimiento se está aplicando. Un ejemplo peculiar que siempre incorporo, ya en las casas de los estudiantes de arquitectura es raro ver rapidógrafos, reglas T o mesas para dibujar. En las universidades les enseñan a aplicar programas referentes a la arquitectura con IA. Ya no se la pasan horas desvelándose haciendo un plano arquitectónico. Mi hija, que estudia esa carrera, aplica programas como: SUAP AI Gemeni (Nano Banano), Vibe3D. Sin embargo, es recomendable que presenten maquetas u otros trabajos referentes.

La utilización de estas herramientas son una amenaza; sin embargo, si se saben aprovechar, se logra disminuir procesos, tiempo y se ahorra dinero.  En el campo educativo hace más fácil la práctica educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje. Toda tecnología disruptiva, si se sabe usar, logra resultados óptimos. Es una disyuntiva la aplicación de la IA; ya que, hasta el mismo Elon Musk declaró que es necesario que se frene la IA por posibles riesgos para la humanidad.

Toda tecnología hay que saberla utilizar; se deben romper paradigmas. Eso sí, en el campo educativo debe haber capacitación para saber utilizarla ética y profesionalmente. El uso de la IA, sin duda alguna, ayuda mucho; sin embargo, hay límites y consecuencias si no se saben aplicar adecuadamente.

*Fidel López Eguizábal, Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv