Categoría: Opinión

No diré que solo aquí se dan, pero comentaré algunas de las ocurridas en este mi país en el cual nací y donde moriré. Acá han tenido lugar importantes paradojas a lo largo de la historia, entendidas estas –según se desprende del diccionario– como aquellas situaciones o afirmaciones aparentemente ilógicas. Entre las segundas, encontramos algunas inmortalizadas en el refranero popular. “Lo barato sale caro”, es una; otra muy conocida es cuando se afirma que alguien “brilla por su ausencia”. También las hallamos plasmadas en frases atribuidas a personajes ilustres o en consignas enarboladas a lo largo de ciertas coyunturas políticas. “Solo sé que no sé nada”, dijo Sócrates. “Prohibido prohibir” fue el célebre lema que adquirió fama universal en el escenario turbulento de París, durante mayo de 1968.

Sobre las segundas, del entorno posbélico salvadoreño destacaría un par de absurdos relacionados con la paz –el primero– y con el respeto de la dignidad humana el segundo. Veamos. La guerra abierta que asoló el territorio nacional de 1981 a 1992, finalizó con los acuerdos firmados por las partes beligerantes. Eso se logró con el protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas, apoyada decisivamente por los Estados Unidos y la entonces agonizante Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas casi al final de la Guerra Fría. A tan descomunal e inédito esfuerzo se sumó el “Grupo de amigos” del referido proceso integrado por los Gobiernos de México, Venezuela, Colombia y España.

Logrado el cese al fuego, dicha experiencia internacional mancomunada fue presentada ante el mundo como un modelo diseñado y edificado por el organismo multilateral universal. Pero pese a todo lo trabajado, ni la tranquilidad social ni la democracia llegaron al país para instalarse y disfrutarse a plenitud por nuestro pueblo.

Pero se consiguió garantizar, eso sí, que una ofensiva militar como la desatada por el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en noviembre de 1989 no volvería a ocurrir; de esa manera, los poderes económico y político tanto del país como de otras latitudes tenían garantizado el privilegio de navegar en aguas tranquilas haciendo de las suyas, totalmente seguros de que además –aprobada una amnistía general, absoluta e incondicional– quienes deberían responder ante la justicia por su participación directa o indirecta en crímenes aberrantes cometidos antes del conflicto armado y durante el mismo, en adelante dormirían tranquilos. A final de cuentas, pues, “la montaña parió un ratón”.

La otra paradoja: el lamentable estado en el que hoy se encuentran las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz; es decir, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Leyendo nuestra depredada Constitución, la primera debería ser –literalmente– “un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” con “funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito”; ello, “con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos”.

Por mandato legal, la segunda tendría que ser de “carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa”; debería encargarse “de velar por la protección, promoción y educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrrestricta de los mismos”. Teóricamente, su titular no depende “de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado; solo debe obedecer “a la Constitución y a las leyes de la República”. Pero ahora, más allá de aquellas buenas intenciones que ilusionaron al país y al mundo hace décadas, ambas entidades son simples marionetas en el tablado del “bukelato”. La corporación policial permanece sin un director general formal desde el fallecimiento del anterior, acaecido hace un año; el puesto lo ocupa el ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Y acerca de la Defensoría del Pueblo, qué queda decir. Su actual titular – cuestionada durante su primer mandato por corrupción, nepotismo y turismo institucional– anda desatada en su loca carrera por ocupar por tercera vez el cargo. Para ello, recién montó su “Cumbre global sobre derechos humanos”, con la participación de una fiera vocera de la ultraderecha española y defensora a ultranza de Nayib Bukele.

Mientras tanto, las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos que intentaron participar en el evento no pudieron ingresar ni denunciar sus casos en tan cuestionable evento. Por ello, afuera de esos espacios prostituidos por la ambición personal y el poder manipulador –adonde pretendió lucirse una impresentable “defensora del puesto”– estuvieron y estarán Romero, Tojeira, Cortina, Marianella, María Julia y tantas personas más que merecen ser encumbradas como lo que fueron, son y serán: verdaderas defensoras de la dignidad de nuestro pueblo.

Hace algunos días, hablando con la prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos negó que fuera un dictador. Lo que sí reconoció ser, en su opinión, es “una persona con mucho sentido común”. Pueden adivinarse los respingos que provocaría tal declaración. Por lo exhibido hasta ahora, tras siete meses caóticos e inquietantes, eso del sentido común, unido a “mucho” como adverbio de cantidad, no es precisamente la forma en que la mayoría de los análisis políticos describe el método en que Donald Trump gobierna en este su segundo periodo.

Antes al contrario, el estilo cada vez más autoritario del republicano está levantando cejas por doquier, principalmente en lo que respecta a la separación de poderes y el Estado de derecho, dos de los rasgos mejor apreciados pero no siempre bien definidos de la tradición política americana. Un vistazo a las semanas recientes ilustra las razones detrás de tanta preocupación.

Con la excusa de tener una “crisis” de seguridad en Washington, el mandatario desplegó a la Guardia Nacional en la capital y ha amenazado con hacer lo mismo en otras ciudades donde a su juicio proliferan los delitos violentos. Antes había cesado a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por publicar datos que contradicen su autoindulgente discurso oficial sobre el empleo. Agentes del FBI fueron a intimidar a su propia casa a un crítico del presidente, ni más ni menos que su antiguo consejero, John Bolton, por una investigación sobre supuesta información clasificada que el antiguo funcionario expone en un libro de memorias. La cereza del pastel ha sido el intento de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, justificándose Trump en las hipotéticas inexactitudes que la mujer pudo haber escrito en una vieja solicitud de hipoteca.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico. El deber, por consiguiente, de someter a la Casa Blanca a control ha recaído casi exclusivamente en el poder judicial, cuyos tribunales se han visto sometidos a dura prueba desde el primer día del segundo mandato de Trump.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico
“Liberales” y “conservadores” —términos que entrecomillo por aludir a sus respectivos significados, en inglés, de “izquierda” y “derecha”— llevan décadas acusándose mutuamente de utilizar a la judicatura y las mayorías temporales en la Corte Suprema para avanzar sus agendas. Por muy certeros que puedan ser estos señalamientos, lo cierto es que ningún mandatario antes de Trump, al menos en el último medio siglo, había ido tan lejos en su desafío a la independencia judicial.

Debe tomarse en cuenta, para empezar, que el presidente republicano ya había sobrepasado, entre enero y junio de 2025 —¡en apenas cinco meses!—, el total de órdenes ejecutivas que su antecesor Biden había realizado en cuatro años: 162. Esto indica la nueva forma de operar de la Casa Blanca: inundar el sistema con edictos y luego esperar que las reacciones lleguen tarde, tal vez cuando ya se están emitiendo nuevas disposiciones.

Los tribunales, claro, se han visto obligados a expresar sus puntuales desacuerdos, a tal grado que emitieron 25 fallos contra igual cantidad de órdenes de la Casa Blanca solo en los primeros cien días de Trump, y en materias tan diversas como el financiamiento federal, los despidos de funcionarios públicos y las políticas de inmigración.

De los 21 procesos de este tipo que han escalado hasta la última instancia judicial, solo en tres de ellos la Corte Suprema no se ha inclinado por dar mayor margen de maniobra al presidente en detrimento de los jueces de primera instancia. Esto, si bien no ha supuesto (todavía) una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos, ha confirmado lo que muchos advertimos sobre los intentos que Trump haría para hostigar al sistema.

En sus fallos, los magistrados del Supremo tampoco han querido siempre ofrecer explicaciones sobre lo decidido. A veces, en su descargo, el tribunal superior se ha referido a la necesidad de evitar que los jueces excedan su autoridad constitucional. En otras ocasiones, el silencio podría deberse, como lo ha hecho entrever el magistrado Brett Kavanaugh, con una especie de estrategia para moderar los tiempos hasta las sentencias finales. Sin embargo, las zonas grises sobre las que el presidente pisa son, aparentemente, cada vez más amplias.

¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal?
La gran pregunta que ronda los ambientes políticos y académicos es qué ocurrirá cuando las cosas empiecen a salirse de control. ¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal? ¿Llegará el día en que la Corte deba pronunciarse en concreto sobre el derecho a la ciudadanía americana por nacimiento? ¿Será el actual inquilino de la Casa Blanca el que contradiga en los hechos al padre fundador John Adams, quien afirmó que el gobierno debe ser “uno de leyes y no de hombres”?

Volviendo a las palabras de Trump, vale la pena recordar en qué contexto negó ser un autócrata, porque tampoco contribuyen a fomentar la tranquilidad. “Dicen que soy un dictador”, expuso, “pero impido el crimen”. Para luego agregar: “La gente dice: si eso es así, prefiero tener un dictador. Aunque yo no lo soy”.

Bueno, aún está por verse si se trató de un chascarrillo o de una advertencia.

En 2010 entré a la colonia Las Margaritas, en Soyapango. Para poder hacerlo tuve que darle $5.00 a pandilleros que tenían control en la calle de acceso a la colonia. Uno de ellos me hizo parada y me preguntó hacia donde iba y la dirección de la persona o familia que iba a visitar. Iba en mi vehículo en calidad de periodista, pues tenía conocimiento que las pandillas extorsionaban a quienes se atrevían a entrar a la colonia.

Hice las respectivas entrevistas y finalmente llegué al puesto provisional de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo jefe de turno me negó que los pandilleros tuvieran control en la colonia, incluso negó que le cobraran extorsión a quienes ingresaban. Tres horas después cuando iba a retirarme, dos pandilleros me hicieron alto y uno de ellos me advirtió que me habían visto estacionado frente al local de la PNC, por lo que tenía que entregarles $20.00 o me quitaban el carro. Mi respuesta fue que estuve estacionado en el lugar, porque cerca vivía el pariente que visitaba. Les entregué los $20.00 y me retiré de inmediato. Jamás volví a visitar dicho lugar hasta el fin de semana pasado.

Publiqué el reportaje y un subinspector policial me visitó para desmentir la información, asegurando que los pandilleros no tenían el control en la colonia, muchos menos el control en los accesos, pero cuando le mostré las fotos de las paredes manchadas por las maras y los audios de los pobladores y de los pandilleros exigiéndome el dinero para dejarme salir, me responsabilizó por su suerte, en el sentido que lo podrían trasladar hacia un lugar lejano.

La tarde-noche del sábado pasado fui a la colonia Las Margaritas a visitar a un excompañero de trabajo enfermo. Gratamente las paredes ya no están afeados por los grafitis pandilleriles y los vecinos, especialmente los pequeños comerciantes ya no son objeto de extorsión. “Todos los pandilleros están presos, ahora son las 11:00 de la noche y los niños y jóvenes pueden estar jugando en las calles” me dijo un poblador quien destaca que antes eran $50.00 quincenales los que entregaba a los pandilleros.

Otro vecino me contó que hace años los pandilleros entregaban a policías corruptos parte de lo que exigían a la población y sus visitantes. “Casi frente a los policías asaltaban, amenazaban y extorsionaban, los pandilleros hacían y deshacían a su antojo”, pero cuando entró el Régimen de Excepción a los malos policías ya los habían trasladado y a todos los mareros los metieron presos, lo malo es que también se llevaron a la cárcel a personas inocentes”, me dijo un anciano a quien las pandillas le exigían $20.00 semanales por permitirle trabajar en un pequeño taller.

Algunos pobladores afirman sentirse seguros y agradecidos con las autoridades porque hicieron una “limpieza” de pandillas. “Ahora sentimos que vivimos con seguridad y en paz, la PNC y el ejército patrullan a cada instante” y eso nos da garantías para movilizarnos a toda hora”, dice una joven universitaria que recuerda su niñez y adolescencia cargada de temor por el accionar de las pandillas que se movilizaban armadas a toda hora y en toda forma de transporte.

Hay que reconocer que el Régimen de Excepción ha llevado tranquilidad a la mayor parte del territorio nacional. Colonias que antes estaban literalmente controladas y secuestradas por las maras, hoy respiran aire de paz y tranquilidad, por ejemplo Los Ángeles en Apopa, la 10 de Octubre en San Marcos, la Majucla en Cuscatancingo y otras  comunidades, antes, que vivían bajo el acecho y la zozobra generada por las pandillas, ahora son sitios donde las personas viven relativamente en paz.

En la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, hasta antes de la entrada en vigor del Régimen de Excepción, ni la PNC entraba por temor a los pandilleros, pero ahora ya se puede caminar entre sus estrechos pasajes. Ha vuelto la libre movilidad, la gente sale y entra con tranquilidad, aunque de vez en cuando ocurre un hecho delictivo.

En general la población vive tranquila sabiendo que los pandilleros están  presos o escondidos sin margen de actuación, aunque el reclamo suele ser por los inocentes que guardan prisión injustamente. Hay muchos que fueron apresados y que hasta ahora yacen en las cárceles.  El sistema judicial, con la premura del caso, debe revisar estos casos y dejar en libertad a los que siendo inocentes están siendo víctimas de los daños colaterales.

Ningún buen salvadoreño debe estar molesto o reclamar por los pandilleros presos, pero si exigir que todo inocente goce de libertad. Todos, o la mayoría, somos los beneficiados directos de la dureza contra las pandillas y no reconocerlo sería ingrato y hasta inmoral, pero también tenemos que abogar por los inocentes, que  al igual que el resto de salvadoreños deben gozar de la libertad.

Como me dijo el vecino de Las Margaritas: “Es  bueno que las autoridades se lleven presos a los pandilleros, porque eso nos ha dado paz y tranquilidad, pero lo malo es que también ese han llevado a gente inocente”, lo que seguramente genera angustias en los parientes suyos.

En definitiva, en materia de seguridad El Salvador vive sus mejores momentos. Con Régimen o sin Régimen no hay que darles tregua a las pandillas, pero también hay que apostarle a políticas de prevención y estimulación para evitar su renacimiento.

*Jaime Ulises Marinero es periodista.

En El Salvador, muchas personas pasan más tiempo en sus lugares de trabajo que en sus propios hogares. Para una gran parte de la población, jornadas que inician al amanecer y se extienden hasta altas horas del día son parte de la rutina. De acuerdo con estudios recientes, 8 de cada 10 trabajadores en San Salvador laboran 49 horas o más por semana, superando el límite legal establecido por la legislación nacional.

El Código de Trabajo salvadoreño establece que la jornada laboral no debe exceder las 44 horas semanales para turnos diurnos, y 39 para turnos nocturnos. También contempla el pago adicional por horas extraordinarias y reconoce que el tiempo en que una persona está disponible para la empresa, aunque no esté realizando tareas activas, puede considerarse tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, la aplicación de estas normativas varía en la práctica, y no siempre se cumple con lo estipulado.

Esto plantea una pregunta válida: ¿por qué se sigue trabajando más allá de lo legalmente permitido? Algunas personas argumentan que se trata de una decisión individual motivada por la necesidad económica. Otros señalan que hay una cultura organizacional que valora la permanencia prolongada en el lugar de trabajo como una muestra de compromiso, lo cual no siempre se traduce en mayor productividad.

Mientras tanto, en otros países se han explorado modelos distintos. Islandia, por ejemplo, llevó a cabo entre 2015 y 2019 uno de los estudios más amplios sobre reducción de la jornada laboral, disminuyendo la semana laboral a 35 o 36 horas sin reducir salarios. Los resultados indicaron mejoras en bienestar y productividad, lo que llevó a que más del 80 % de los trabajadores adoptarán esta nueva modalidad.

En el Reino Unido, un estudio piloto realizado en 61 empresas con más de 2,900 empleados probó una semana laboral de cuatro días. Tras seis meses, el 92 % de las empresas decidió mantener el modelo, reportando beneficios como menor ausentismo, mejor salud mental y, en algunos casos, un incremento en ingresos.

Francia adoptó una jornada máxima de 35 horas desde el año 2000. Países Bajos y Dinamarca presentan promedios aún menores —29 y 33 horas semanales respectivamente— sin que ello haya afectado su productividad o bienestar general. De hecho, estos países suelen ubicarse entre los más eficientes y felices del mundo, según datos de la OCDE y del World Happiness Report.

Estos ejemplos invitan a reflexionar sobre qué modelo laboral es realmente sostenible a largo plazo. No se trata de establecer comparaciones directas, ya que las condiciones económicas y sociales varían entre países, pero sí de abrir el debate sobre la posibilidad de organizar el trabajo de manera que priorice tanto la eficiencia como la calidad de vida.

En el contexto salvadoreño, la extensión de las jornadas laborales suele responder a una combinación de factores: desde las necesidades económicas individuales hasta prácticas empresariales que no siempre se alinean con la normativa laboral vigente. Esto sugiere que cualquier transformación debe contemplar no solo la realidad de los trabajadores, sino también el papel de las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley.

La discusión sobre la duración de la jornada laboral no es nueva, pero ha cobrado nueva relevancia en un mundo donde el equilibrio entre vida personal y profesional se valora cada vez más. Pensar en nuevas formas de organizar el trabajo no implica necesariamente producir menos, sino hacerlo de forma más inteligente, saludable y equitativa.

El reto está en encontrar un modelo que responda a las necesidades del país, mejore la calidad de vida de los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalezca la productividad y la sostenibilidad de las empresas.

* Jaime Solis es experto en derechos laborales

El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y la degradación de los océanos ya no son amenazas lejanas: son realidades que hoy impactan nuestras comunidades, economías y modos de vida.

En América Latina, la región más biodiversa del planeta, estas amenazas se expresan de manera particular: sequías prolongadas, huracanes más intensos, presión sobre los recursos hídricos y pérdida acelerada de ecosistemas.

Las consecuencias de la inacción son claras. Sin soluciones innovadoras, se compromete la seguridad alimentaria, impulsan migraciones climáticas y se profundizan desigualdades sociales. No se trata solo de proteger el medio ambiente, sino de preservar las condiciones que hacen posible la vida digna y sostenible.

Por eso, promover un liderazgo climático audaz y ambicioso es esencial. Las tecnologías, los modelos de negocio sostenibles y los proyectos comunitarios pueden marcar la diferencia. Pero las ideas necesitan visibilidad, apoyo financiero y redes para alcanzar escala global.

La pregunta clave es: ¿cómo identificar y apoyar a esos líderes climáticos que están construyendo soluciones escalables para los mayores desafíos de nuestro planeta?

El Earthshot Prize responde a este reto. Fundado en 2020 por Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, es el premio ambiental más prestigioso e impactante del mundo, impulsando una década de acción por el planeta. Guiado por una ecuación simple: Urgencia + Optimismo = Acción, otorga cada año £1 millón de libras esterlinas a cinco ganadores en las categorías de Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar Nuestro Aire, Revivir Nuestros Océanos, Construir un Mundo sin Residuos y Arreglar Nuestro Clima.

Desde 2021, tengo el honor de servir como Nominador Oficial del Earthshot Prize, gracias a la propuesta del entonces embajador del Reino Unido en la República Dominicana. Este rol me ha permitido observar cómo el liderazgo climático evoluciona hacia enfoques más integrados, inclusivos y escalables.

El reconocimiento no es un fin en sí mismo: es una plataforma para acelerar cambios. Los ganadores pasados lo demuestran:

– Coral Vita (Bahamas, 2021) restaura arrecifes mediante el cultivo de corales resistentes, expandiéndose ahora a nivel global junto a gobiernos y el sector turístico.

– Takachar (India, 2021) convierte desechos agrícolas en bioproductos, reduciendo la contaminación y generando ingresos rurales.

– Mukuru Clean Stoves (Kenia, 2022) ofrece estufas limpias y asequibles, reduciendo la exposición al humo tóxico de miles de familias.

– Notpla (Reino Unido, 2022) reemplaza plásticos de un solo uso con envases a base de algas, ya presentes en supermercados y grandes eventos.

Estos ejemplos demuestran cómo, una vez apoyado, el liderazgo climático puede convertirse en transformaciones tangibles y escalables.

Hoy la oportunidad está abierta. Cualquier innovador o emprendedor con una solución ambiental comprobada y escalable puede ser considerado. Como nominador, mi rol es identificar y proponer iniciativas que muestren el talento y la creatividad de nuestra región.

En 2025, el Earthshot Prize se celebrará por primera vez en América Latina, en Río de Janeiro. Invito a todos a seguir de cerca este hito y a comenzar a preparar propuestas para futuras convocatorias, incluida la edición de 2026.

El cambio climático es el reto de nuestro tiempo. La innovación, la colaboración y el reconocimiento son las claves para enfrentarlo. Y América Latina tiene todo lo necesario para liderar esta transformación.

*Roberto Herrera P. es un líder empresarial latinoamericano de origen dominicano que impulsa iniciativas de sostenibilidad y energía limpia en América Latina y el Caribe, reconocido en 2022 por el Reino Unido como Miembro del Imperio Británico (MBE).

La motosierra Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre acaba de sufrir su primera derrota significativa.  Ha salido a reconocerlo y, como mal perdedor, ha amenazado con seguir con lo mismo.

En realidad, no importa que diga eso, lo cierto y verificable es que, en el terreno electoral, donde hace casi dos años Milei mostró un músculo formidable, ahora pareciera que aquel entusiasmo por ‘lo nuevo’, aquella ‘ilusión’ de deshacerse de la férula tradicional política, ‘la casta’, se ha desacelerado.

Y quizá no podía ser de otra manera. En qué cabeza cabe desmantelar el aparato del Estado, vapulear a los jubilados que protestan en las calles, coquetear con los militares represores que guardan prisión, amenazar a todo mundo con cualquier cosa, desquiciar la economía argentina, desproteger a los vulnerables, respaldar a los halcones israelíes en su guerra de aniquilamiento contra la población de Gaza, en correr enloquecido a los brazos de Trump, en salirse de los BRICS y tantas otras cosas locas que ha hecho y creer que el electorado argentino no recapacitaría acerca de la decisión ingenua que tomó al llevarlo a la Casa Rosada.

Sin embargo, aún hay mucho trecho para que pueda decirse que Milei y su cohorte están de retirada.

peronismo (o habría que decir mejor, los varios peronismos existentes) y los demás sectores progresistas y populares que han reaccionado, antes de que sea demasiado tarde, tienen una enorme responsabilidad de aquí en adelante.

Como ha quedado claro, no se trata solo de esperar a que llegue una elección, ha sido necesario organizarse y movilizarse y presionar, sí, presionar y sacudir las solapas de ‘los políticos’ para que entiendan que Argentina no puede irse al basurero.

Es increíble cómo la desmemoria se apoderó del electorado hace casi dos años al votar a Milei, que sin pelos en la lengua anunció que descuajaría el aparato estatal (¡cosa que ha cumplido!) y se endeudaría hasta el tope y que si lo dejaban borraría de la historia argentina el capítulo de la dictadura militar (1976-1983). Pero en los tiempos que corren cualquier cosa es posible.

Donald Trump, el enloquecido presidente norteamericano acaba de ser sentenciado a pagar 83.3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll, después de que ella lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario. Y es que la camándula de casos que lleva sobre sus espaldas  Trump es de antología: acusado por cargos estatales relacionados con un pago de dinero (130 000 dólares) para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels en 2016; Trump enfrenta un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas; por la investigación del fiscal especial, Jack Smith, Trump ha sido acusado por los supuestos esfuerzos del expresidente y sus aliados para intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020; en un documento se acusa a Trump (incluye la llamada telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger) de pedirle a Raffensperger que ‘encontrara’ los votos que necesitaba para ganar el estado, el esquema de electores falsos y una carta de septiembre de 2021…

Milei no es Trump, por supuesto, pero ya comenzó a acumular acusaciones diversas.

Todo estaría indicando que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es muy probable que sea el candidato presidencial que contendrá contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. De ahí lo relevante de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En este momento se le han trabado las carretas a Milei y a esa próxima elección presidencial llegará escaldado y golpeado por el desgaste de su frenético estilo de gobernar.

Hay un largo camino por recorrer para bloquearle el paso a Milei, y esto significa, ante todo, no solo oponer un caudal electoral que lo supere, sino que ahora habrá que proponer el rediseño de Argentina, como república soberana, que debe jugar un papel protagónico en la reconfiguración del orden mundial que con desesperación frenética Trump y sus halcones quieren que sea a su antojo.

La corta pero destructiva gestión de Javier Milei ha logrado hacer mucho daño al tejido social y parte del esfuerzo nuevo debe ser restañar esas heridas y proponer una ampliación del bienestar social para los argentinos.

No será un camino fácil derrotar a Milei en la próxima elección presidencial porque, frente a esta derrota en la provincia de Buenos Aires, reaccionará y con virulencia y atropellando. Pero por ahora, Argentina respira, y es que un poco de aire fresco ha comenzado a circular.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

Con toda honestidad expreso mis más profundas dudas de que los pueblos sometidos por lo que identificamos como castrochavismo, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, controlados por el crimen organizado asociado al socialismo real, puedan de nuevo abrazar la democracia por la vía electoral.

Los gobernantes de estos países controlan férreamente los mecanismos electorales y se presentan en bloque frente a una oposición fraccionada, a excepción de Bolivia, donde el partido de gobierno esta quebrantado en facciones antropofágicas lo que le ha conducido a la derrota.

Con esta afirmación no estoy haciendo un llamado a la violencia, sino que los lideres de la oposición de esas naciones busquen otras alternativas para concretar el ansiado cambio, de no hacerlo, al participar en comicios conscientemente viciados, están aportando legitimidad al régimen que combaten.

Es cierto que no participar en elecciones afecta notablemente la identidad democrática de la causa que se defiende, pero asumir como validos procesos espurios en los que están ausentes garantías fundamentales, es aceptar ser parte de la distopia opresora, es una situación muy compleja, una verdadera trampa de parte del oficialismo.

Ejercer el derecho al voto con independencia de las dudas que puedan asistirnos sobre la equidad del proceso y a sabiendas de que el gobierno ha abusado de los recursos del estado a su favor; recurrir a la manipulación de la información en poder del estado, además de amenazar a los antagonistas e indecisos y anunciado que el triunfo de la oposición podría conducir al país a la ingobernabilidad y la guerra civil, es ser una especie de suicida electoral.

Los simulacros de elección para los castros chavistas no pasan de ser artimañas cívicas muy semejantes a las maniobras militares a las que recurren periódicamente las dictaduras para atemorizar a la población y entusiasmar a sus partidarios.

En cada ciclo electoral, controlado antes de efectuarse, estos regímenes salen más fortalecidos y en franco progreso hacia el establecimiento de un sistema de gobierno totalitario cuyo único objetivo es la perpetuidad y el poder absoluto de su liderazgo, tal y como ha ocurrido en Cuba, el modelo anhelado por los asociados mencionados.

El Socialismo del Siglo XXI, léase castrochavismo, alienta un falso pluralismo político que en cada incursión electoral pierde relevancia e interés para los contendientes, como consecuencia de la creciente rigidez del control social impuesto y las constantes reformas institucionales de los poderes públicos que fortalecen exclusivamente al ejecutivo.

La ciudadanía en general también padece el garrote de la clase dirigente. La población sufre la ineptitud de sus gobernantes y el deterioro de las condiciones generales de la comunidad, a lo que se suma una abusiva acción policial que disfruta de total impunidad, en particular cuando actúa con los sectores que le antagonizan.

El usufructo de libertades como las de expresión e información disminuyen drásticamente hasta llegar a su absoluta extinción. Las organizaciones de la sociedad civil serán integradas en su conjunto a la inmensa maquinaria gubernamental y se establecerán fórmulas que procuran ilegalizar la oposición más inocua, mientras, promoverán agrupaciones políticas aparentemente contrarias, que en realidad responderán a los planes del gobierno.

Estos serviles colaboradores de los déspotas en el poder hacen el verdadero trabajo sucio. Los denominados opositores orgánicos o funcionales son los que mas contribuyen a que la ciudadanía, mutada a servil masa, asuma una doble conducta en la que oculta sus verdaderos criterios contribuyendo a que se generalice en la sociedad una conducta moral hipócrita en la que la opinión verdadera se desconoce.

Por su parte, el totalitarismo cubano cuenta con todas estas dolencias y más. Fidel Castro desde el mismo año 1959 hizo que sus partidarios proclamaran una consigna contra las elecciones, “Elecciones para que”, despues de haber prometido en una declaración pública, celebrar sufragios generales dentro de un año bajo la Constitución de 1940 y el Código Electoral de 1943.

La mayor isla del Caribe disfruta en base a las creencias de los Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales de una especie de paraíso de la represión, un estado policial perfecto donde el único partido político existente no requiere simulaciones electorales y el disfrute de las prerrogativas ciudadanas es una potestad del estado totalitario, la bienaventuranza de todos los autócratas.
*Pedro Corzo es periodista cubano

En la década de los años 70, Latinoamérica estuvo marcada por profundos cambios sociales y políticos que influenciaron la música, el arte y la vida cotidiana. Los jóvenes de esa época se mostraban más críticos y participativos, influenciados por movimientos internacionales como la contracultura hippie y la protesta política. La música de protesta cubana y sudamericana llenaba oídos y mentes en un ambiente de descontento generalizado con el status quo.

La creciente urbanización y modernización transformaron hábitos y valores sociales, mientras conflictos internos y cambios económicos generaban una creciente zozobra social en la mayoría de los países. En ese contexto, la historia del Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela se comenzaba a escribir. Provenientes de una familia modesta de Cali, los hermanos se rebelaron contra las limitaciones económicas de su juventud. Gilberto, mensajero de farmacia, junto a su hermano Miguel y José Santacruz Londoño fundaron la banda «Los Chemas», dedicada inicialmente a secuestros, extorsión y piratería terrestre, mientras construían una red de contactos en Cali.

Esta banda creció estrepitosamente en poder e influencia, y en la década de los 80, aprovechando la caída del Cartel de Medellín, se transformaron en la mayor red de tráfico de cocaína de Colombia. Su poder ascendió hasta controlar cerca del 80% de la cocaína destinada a Estados Unidos y el 90% de la que llegaba a Europa.

Los Rodríguez Orejuela no eran un cartel caracterizado por la violencia; su modus operandi se centraba en la corrupción, el soborno y la infiltración en instituciones estatales y campañas políticas. Un caso emblemático fue el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la infiltración del narcotráfico en el sistema democrático colombiano, convirtiéndose en símbolo de cómo el dinero proveniente del narcotráfico podía corromper la política a gran escala.

El presidente Ernesto Samper fue señalado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a la suspensión de su visa y la de otros altos funcionarios colombianos. Pero el Cartel de Cali no solo infiltró la política nacional, sino también empresas legales y negocios legítimos, principalmente para lavar dinero. Entre estos, las cadenas de farmacias jugaron un papel fundamental, siendo uno de los canales más importantes, si no el principal, para el blanqueo de capitales.

Los hermanos Rodríguez Orejuela transformaron Drogas La Rebaja en una extensa red con más de 872 tiendas distribuidas en toda Colombia. En estos establecimientos, realizaban transacciones comerciales aparentes, reportando ventas superiores a las reales o efectuando compras de insumos y bienes inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico. Los ingresos inflados de la droguería se justificaban en la contabilidad, lo que facilitaba la adquisición de propiedades, vehículos y otros negocios, ocultando así el verdadero origen del dinero.

¿Por qué las farmacias y no otros negocios?

El Cartel de Cali eligió cadenas de farmacias en lugar de otros negocios porque estas ofrecían ventajas únicas para el lavado de dinero: un alto volumen de transacciones, presencia masiva en las ciudades, flujo constante de efectivo y una apariencia respetable que facilitaba ocultar fondos ilícitos entre operaciones legítimas. Otros negocios, como restaurantes o tiendas minoristas, no generan el mismo volumen ni tipo de transacciones continuas, ni gozan del mismo nivel de confianza pública que una farmacia.

Además, las farmacias suelen estar sujetas a menos controles regulatorios sobre grandes cantidades de efectivo en comparación con bancos y entidades financieras. Esta combinación de confianza social, alta rotación de efectivo y capacidad de expansión hizo que las cadenas de farmacias fueran el vehículo ideal para el lavado de capitales del Cartel de Cali, por encima de otros modelos comerciales.

¿Qué lecciones prácticas brinda esta experiencia colombiana para la gestión de farmacias públicas y el sector salud en general?

El caso del Cartel de Cali, especialmente en relación con la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, deja varias lecciones importantes para la gestión de farmacias públicas. En primer lugar, evidencia la necesidad de implementar sistemas robustos de transparencia para evitar que estructuras empresariales legítimas sean usadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Estado debe establecer auditorías continuas y controles financieros estrictos para prevenir la infiltración de recursos ilegales en el sector salud. Además, esta experiencia revela los riesgos asociados a la persistencia de estructuras familiares o vínculos previos con el narcotráfico, por lo que se recomienda mantener una vigilancia constante para impedir que antiguos actores o redes ilícitas retornen o mantengan influencia indebida.

En conclusión, la gestión pública de farmacias debe priorizar la transparencia, la gobernanza sólida y la supervisión rigurosa para garantizar la integridad y el bienestar del sistema de salud.

*Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional

En el vasto universo de los problemas de salud pública, pocos temas son tan sensibles y urgentes como la prevención del suicidio. No es un fenómeno aislado, sino un reflejo complejo de factores psicológicos, sociales, económicos y biológicos que se entrelazan de manera única en la vida de cada individuo. Abordar este desafío requiere dejar de lado los tabúes y adoptar una perspectiva integral y compasiva. La prevención no es una tarea exclusiva de los especialistas en salud mental, el máximo error del siglo pasado y del presente; es una responsabilidad colectiva que comienza con la conciencia y la empatía.

Una de las consideraciones más relevantes es el reconocimiento de las señales de alerta. Contrario a la creencia popular de que quienes amenazan con quitarse la vida no lo hacen, la mayoría de las personas en riesgo emiten señales verbales o conductuales. Hablan de sentirse desesperanzados, atrapados, o de ser una carga para los demás. Muestran cambios drásticos en su comportamiento, se aíslan de amigos y familiares, o abandonan actividades que solían disfrutar. Estar atentos a estos indicios es el primer paso crítico. No debemos minimizarlos ni ignorarlos.

Otra consideración vital es la accesibilidad a la ayuda profesional. En muchos países, los servicios de salud mental siguen siendo estigmatizados y, en ocasiones, inalcanzables. Es imperativo que los gobiernos y las organizaciones en América Latina trabajen para desmantelar estas barreras. Esto implica no solo la disponibilidad de líneas de ayuda y centros de crisis, sino también la integración de la salud mental en el sistema de atención primaria. Una persona que sufre debe poder encontrar apoyo de manera rápida, confidencial y sin prejuicios.

Finalmente, el rol de la familia y la comunidad es insustituible. Crear una red de apoyo sólida es una de las estrategias más efectivas. Esto se logra promoviendo conversaciones abiertas sobre la salud mental en el hogar y en la escuela, educando a las personas sobre cómo responder a alguien en crisis y fomentando la conexión humana. Un entorno donde el individuo se siente valorado, escuchado y apoyado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cada 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el día de la prevención del suicidio, en este año 2025 hagamos un compromiso de ocuparnos de nuestra salud mental y física, de la de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Le sugiero con todo respeto que invierta cada día 30 segundos conversando con alguien sobre la prevención del mismo y siendo una persona de escucha activa.

La prevención del suicidio es un proyecto a largo plazo que requiere el compromiso de todos. Es una inversión en nuestra sociedad, en nuestra empatía y en nuestro futuro. Al derribar los muros del silencio y construir puentes de apoyo, podemos iluminar el camino para aquellos que están en la oscuridad y demostrarles que no están solos. Y como siempre cierro mis conferencias, conversatorios, o cuando estoy en radio o televisión. “la muerte más prevenible de todas, de todas, es el suicidio” Abraza la vida. Puedes escribirme si necesitas ayuda: info@ricardososa.net

* Ricardo Sosa es doctor en Criminología, Experto en prevención del suicidio

La justicia salvadoreña se encuentra hoy ante uno de sus mayores desafíos: garantizar la seguridad pública sin transgredir los principios constitucionales que amparan la libertad y dignidad humana. En el contexto del régimen de excepción, miles de detenciones han sido practicadas con fines de combate a las pandillas, pero junto a ellas se han reportado privaciones de libertad de personas que nada tienen que ver con pandillas o estructuras criminales. Este fenómeno pone en crisis dos pilares esenciales del Estado de derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso legal.

El artículo 12 de la Constitución establece que “toda persona a quien se impute un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Esta disposición no es una mera formalidad: constituye la esencia de la justicia penal moderna. La presunción de inocencia evita que el acusado sea tratado como culpable sin que exista condena firme y garantiza que el proceso judicial no se convierta en un instrumento de persecución arbitraria. Cuando un ciudadano es privado de libertad sin pruebas suficientes, sin defensa adecuada y sin el escrutinio judicial imparcial.

Indudablemente se desvirtúa este principio y se coloca al inocente en el lugar del criminal. Tal injusticia genera un daño irreparable: la estigmatización social, la destrucción de familias y la pérdida de confianza en las instituciones. El debido proceso no es un adorno jurídico, sino una garantía que asegura que nadie sea condenado sin la oportunidad de defenderse, ser escuchado y presentar pruebas. El Código Procesal Penal establece que todo imputado debe ser informado de los cargos en su contra, contar con asistencia legal y que las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en evidencia legalmente obtenida.

Ignorar estas garantías convierte el proceso penal en una farsa, donde la forma sustituye al fondo y la justicia se convierte en mera apariencia. El desafío de la justicia salvadoreña radica en no sacrificar la legalidad en nombre de la seguridad, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la arbitrariedad. Los jueces y fiscales, como operadores de justicia, deben recordar que no son máquinas aplicadoras de normas, sino garantes de la equidad. Aplicar la ley sin humanidad es negarle su propósito. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿qué ocurriría si un hijo, un hermano o un padre de un juez o fiscal fuera detenido injustamente?

¿Qué trato exigirían para él? Seguramente pedirían respeto, rapidez en la revisión del caso, garantías de defensa y una valoración objetiva de las pruebas. Ese mismo estándar de empatía y humanidad debe aplicarse a todos los ciudadanos, sin distinción. La verdadera justicia no se mide por el número de capturas realizadas, sino por la capacidad de discernir entre culpables e inocentes, castigando al primero y liberando al segundo. La Sagrada Escritura nos confronta con una verdad que humaniza la justicia: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3).

Este texto bíblico no hace distinción entre quienes están legítimamente detenidos y quienes no, sino que nos invita a mirar al privado de libertad como un ser humano digno de respeto. Aplicado al contexto salvadoreño, este mandato implica que jueces, fiscales y sociedad en general no pueden volverse indiferentes ante quienes han sido privados de libertad injustamente. La empatía cristiana exige ver en ellos a un hermano, a un prójimo, a alguien cuya vida merece compasión y justicia. La sociedad salvadoreña, en ocasiones, se indigna más por el maltrato de un animal que por la injusticia cometida contra un ser humano encarcelado sin pruebas.

Aunque es justo proteger a toda criatura, resulta alarmante que se ignore el clamor de madres, esposas e hijos que imploran justicia para un inocente tras las rejas. Esta contradicción revela una herida en nuestra conciencia colectiva y en nuestra práctica judicial. Los desafíos de la justicia salvadoreña frente a las detenciones injustas no son solo técnicos, sino profundamente éticos y espirituales. La presunción de inocencia y el debido proceso no son lujos jurídicos, sino muros de contención contra la arbitrariedad. Los jueces y fiscales tienen en sus manos la oportunidad de honrar la Constitución y los mandatos divinos de justicia y misericordia.

Que cada operador de justicia actúe recordando que la ley sin equidad es tiranía, que el poder sin empatía es despotismo, y que la justicia sin humanidad es injusticia. Y que nunca olviden que, como exhorta Hebreos, debemos recordar a los presos como si estuviéramos presos con ellos.

*Jaime Ramírez Ortega es abogado