Categoría: Opinión

La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, todos los partidos políticos representados en la misma votaron a favor por las reformas al Código penal y Procesal Penal para el delito de conducción peligrosa y el homicidio culposo presentadas y propuestas por el gobierno de la República.

Reformas y modificaciones que muchos las hemos solicitado por muchos años en diferentes medios de comunicación y no eran atendidas a pesar de los lamentables y datos contundentes durante el presente siglo y el pasado.

Le solicito su atención a las siguientes cifras oficiales que corresponden al año 2024 que son del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito:

• Del 1 de enero al 27 de diciembre 2024 se han detenido al menos a 2,270 personas por el delito de conducción peligrosa de manera particular por conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas.

• Del total de conductores peligrosos detenidos del 1 de enero al 27 de diciembre 2024 el 96% son hombres que corresponde a 2,179 del total capturados.

• Un 4% del total de personas detenidas por el delito de conducción peligrosa con mujeres que corresponden a 91 mujeres

Las personas detenidas por el delito de conducción peligrosa son aquellas que fueron detectadas en puntos de control, o por ocasionar accidentes y no poder escapar de la escena. Existe una importante y relevante cifra negra de conductores bajo efecto de bebidas alcohólicas no detectados.

Ha pasado más de una semana de la aprobación y existe una oposición de muchos sectores que tienen intereses, ya sea por qué forman parte de la industria licorera y cervecera, trabajan para estos grupos o se intentan promover, por que consumen alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones, tienen cervecerías, bar, prostíbulos, discotecas, restaurantes entre otros, o son adversarios del gobierno y por lo tanto todo lo que se aprueba está mal, y quizás su odio es contra el presidente Bukele que los hace emitir opiniones sin una debida reflexión.

Se puede usted imaginar el tipo de país que tenemos que ahora se defiende, se lucha y hay un esfuerzo por que se permita conducir con niveles de alcohol etílico en sangre cuando no tienen ningún estudio científico, no saben la toxicología, farmacología, los niveles de alcohol, que sucede en el cuerpo desde el momento de la ingesta del primer trago, los daños a las familias, la desintegración familiar, los divorcios entre otros. Asombra la irresponsabilidad al justificar que se pueda conducir con unas cervezas o tragos.

Si el régimen de excepción fue y continúa siendo la muestra de la división y fraccionamiento de una sociedad, estas disposiciones están superando los adversarios y argumentos más infundados en redes sociales y medios de comunicación. Esta segunda semana será clave y podremos observar si los grupos de poder y ciudadanos que están a favor del consumo del alcohol etílico al conducir ganarán ese pulso y abra marcha atrás a las reformas o posibles interpretaciones que concedan conducir vehículos bajo efectos de bebidas alcohólicas cualquiera sea su presentación, tipo o marca, es alcohol etílico.

La medida aprobada es cero tolerancia. Y no establece excepciones o atenuación.

Las disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa a la conducción peligrosa de vehículos automotores tienen un gran fundamento, actualidad, relevancia y pertinencia, y es que se ha convertido en un grave problema en nuestra sociedad, ya que representa grave peligro de derechos de terceras personas. El impacto de los accidentes cuando el conductor está bajo los efectos del alcohol es de mayores consecuencias, cuando ocurren son de gravedad.

La relevancia de la Asamblea Legislativa al aprobar estas reformas está en la unanimidad, que debe de hacernos pensar que es posible que los partidos políticos con representación parlamentaria se pongan de acuerdo en beneficio de la sociedad, por el bien común. El conducir vehículos bajo efectos del alcohol etílico es una problemática de orden público y de alto interés social, ya que evita, reduce, corrige, previene daños graves físicos y mentales a posibles víctimas y sus vehículos (propiedad-bienes) por lo que es pertinente no más tolerancia a esta conducta delictiva.

Debemos trascender a un Estado de derecho donde se respete y privilegie la vida también en materia vial. El año 2025 está a las puertas y es una excelente oportunidad de disminuir las muertes violentas por accidentes de tránsito.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología

@jricardososa

Considero un error estratégico de importancia el que la Corte Suprema de Justicia y nuestra Asamblea Legislativa de Costa Rica, decidieran no recibir al presidente de El Salvador Nayib Bukele, en ocasión de su reciente visita de Estado a Costa Rica, donde fue recibido, como corresponde, por el jefe de estado local.

Ciertamente la visita se da en un contexto interno político desfavorable, pues para nadie es un secreto que el presidente de la República vive en permanente pugna con el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Por otro lado, Costa Rica, sin tener clara la situación de seguridad salvadoreña que heredó el presidente Bukele, así como los pormenores de su segundo mandato en seguidilla tras seis meses de alejamiento del poder, el país decide descalificar al mandatario salvadoreño.

Ambos cuestionamientos son válidos. Sin embargo, me parece que la negativa de los mencionados poderes nacionales a recibirlo, fueron un error y hasta un signo de debilidad.

Costa Rica, con todo y sus defectos en el ejercicio de la administración pública en sus diferentes estamentos, es sin duda y así lo confirma cada año hasta la fecha el Informe de Desarrollo Humano de la ONU entre otros, el país centroamericano, al menos de los cinco originales, más desarrollado políticamente, el más republicano y democrático de todos.

Como tal y según me lo recordaba un excompañero nicaragüense en la Secretaría General del SICA, el embajador Erick Vílchez Archer (QDDG), Costa Rica, por interés propio debería interesarse en que su vecindario sea lo más estable posible…en democracia republicana parlamentaria por supuesto.

Sus instancias estatales correspondientes, pueden opinar cuidadosa y transparentemente sobre temas de política general de los países miembros de SICA y viceversa, según sea posible y con el respeto que los gobiernos centroamericanos merecen mantener el diálogo al respecto. Más todavía si se da el caso como el que aquí trato, en el sentido de que es el propio gobernante del estado hermano el que solicita audiencia en ambos Poderes, evidentemente sabedor él, del escrutinio y posible crítica a la que se exponía.

No se dio ninguna de las dos audiencias. En el caso del Poder Judicial, la Suprema Corte, entiendo en forma no unánime como se hizo público, decidió no recibirlo. En el caso del Poder Legislativo, cuando se había concertado la visita, se dio un “corto circuito” que la canceló.

En ambos casos y dejando de lado el intercambio y debate clásicos de la idiosincrasia costarricense llevada al campo diplomático, se perdieron oportunidades de recibir información de primera fuente sobre eventos que interesan al menos a la clase políticamente pensante de nuestro país, así como de influir en el criterio del visitante. Con algo de arrogancia, no se fue elegante con el mandatario visitante, perdiéndose, además, una oportunidad de conocer más a fondo los pormenores de los temas arriba mencionados y otros que pudieran haber surgido.

Respecto al conflicto político interno costarricense, soy del criterio de que conviene excepto en muy calificadas excepciones, aplicar el adagio “los trapos sucios se lavan en casa”. No se diga más.

También menciono la desafortunada forma en que fue recibida ayuda de El Salvador, de “ciudadanía a ciudadanía” podría decirse. Al final de cuentas fue aceptada. pero ya el desaguisado se había dado.

En conclusión, Costa Rica “quedó mal” con el pueblo y el gobierno de un país de especial y estratégica importancia; perdieron los dos poderes de Costa Rica mencionados la oportunidad de conocer una opinión toral para el caso y se perdió una oportunidad dorada de influir transparentemente de acuerdo a los valores costarricenses, en el proceso político de un país tan cercanamente hermano.

• Carlos Manuel Echeverría, ex embajador de Costa Rica en El Salvador y exdirector de Política Exterior de Costa Rica.