Categoría: Politica

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó este martes dos dictámenes favorables para reformar los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República, con el fin de dar representación legislativa a los salvadoreños en el exterior y también quitar la potestad a los partidos políticos con más votos presidenciales de proponer magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con la reforma, la Asamblea Legislativa tendrá una cantidad aún no definida de diputados que representarán a una circunscripción electoral de los salvadoreños en el extranjero incluidos en el Registro Electoral que serían restadas de los 60 escaños existentes, dado que no se aumentaría cantidad de diputados.

Hasta el 1 de mayo, había 961,690 salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el exterior. El registro puede aumentar, ya que seguirá abierto a nuevas inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó que se desconoce cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa, en referencia a la cantidad de diputados de la diáspora y a cuáles departamentos les quitarían los escaños. La diputada de Arena cuestiona que algunos departamentos están “subrepresentados o sobrerrepresentados”.

No me puedo definir con un voto a ciegas sin conocer la ley secundaria… Desconocemos cómo va a quedar conformada esta Asamblea Legislativa… Quitarle diputados a un departamento es quitarle representación a un grupo”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Nuevas Ideas no detalló cuántos diputados tendrá la diáspora ni qué departamentos tendrá menos escaños, pero adelantó que no aumentarán escaños.

“Cuando vengan las reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos, ahí nosotros podemos tener nuestras posturas, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Son cosas totalmente independientes, son dos decisiones totalmente diferentes”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política.

Castro hizo referencia a que un medio de comunicación está “enojado” porque “de los 60 nosotros de ahí vamos a agarrar para la circunscripción 15, o sea que ellos quieren que volvamos a 84 quizás”. Señaló que ya redujeron de 24 a 16 diputados los asignados al departamento de San Salvador y no se hizo “ningún daño al país”.

“Entonces, ahora, si dentro de la configuración de 60, nosotros de algunos departamentos vamos a bajar para que nuestros hermanos en el exterior tengan a sus representantes de manera directa, ¿ustedes de verdad creen que va a haber un caos en el país?”, cuestionó Castro.

Si dentro de la configuración de 60, nosotros, de algunos departamentos, vamos a bajar para que nuestros hermanos en el exterior tengan a sus representantes de manera directa, ¿ustedes de verdad creen que va a haber un caos en el país?”  Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.

Para que la cantidad de escaños sea proporcional a la cantidad de población salvadoreña en territorio nacional o extranjero, cada escaño de cada circunscripción electoral debe tener el mismo valor en cantidad de población.

Así, partiendo de hay 6,884,611 salvadoreños –sumando población censal de 2024 y registral de la diáspora– cada uno de los 60 escaños debería representar a un promedio de 114,744 salvadoreños. Para obtener la cantidad de escaños representativa, se debe dividir la cantidad de población de cada circunscripción electoral entre dicho valor, 114,744, lo que resultará en la cantidad de escaños.

Sin embargo, como los resultados no resultan exactos, quien diseñe la reforma electoral debe decidir también a cuáles circunscripciones electorales aproximará la cantidad de escaños hacia abajo y a cuáles hacia arriba, para definir la cantidad de diputados que tendrá cada una a partir de las elecciones legislativas de 2027.

El Salvador podría participar en la V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo y la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, en donde ministros de Trabajo aprobarán un acuerdo en materia de seguridad social entre países iberoamericanos y los Estados miembros de la Unión Europea.

La conferencia se realizará los días 2 y 3 de julio de 2026 en Avilés, España.

Este fue uno de los temas de la reunión que tuvo el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con la secretaria general de la Organización Ibeoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Riaño, en Madrid, España, quien según el comunicado oficial considera a El Salvador como “un referente en la sanidad pública en Iberoamérica con la plataforma Doctor SV”.

La OISS informó, en su sitio web, que en el marco de su agenda, Ulloa grabó el mensaje que dirigirá a las instituciones miembros de la OISS y una intervención especial para el Encuentro Iberoamericano sobre la Mejora de la Gobernanza de la Seguridad Social o “Gobernanza Plus”, un evento paralelo a las conferencias iberoamericanas.

Según la OISS, ambos funcionarios dieron seguimiento a los avances del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), instrumento clave para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en la región, y a los proyectos de formación derivados de la Carta de Intención de Colaboración suscrita entre la OISS y la Vicepresidencia.

También, según el OISS, en este marco fue presentado el informe del proyecto “Lineamientos para una política de Seguridad Social en Centroamérica”, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual no publicaron.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la OISS manifestó la disposición de cooperar con el gobierno salvadoreño “para fortalecer la gobernanza del ISSS” e impulsar acciones de formación para la protección de los derechos de seguridad social de los salvadoreños, según el comunicado.

Por otra parte, la Vicepresidencia dio a conocer que la OISS se mostró interesada en conocer la herramienta de DoctorSV de El Salvador y sus protocolos, así como sus resultados.

Señaló que DoctorSV es “una estrategia única a nivel mundial” que acerca la salud a población y “utiliza la inteligencia artificial para brindar diagnósticos más certeros y de calidad en el servicio del sistema de salud pública.

El secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez, mostró este martes preocupación por la falta de experiencia en personal contratado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manifestó que no se pueden repetir errores tecnológicos del pasado, en referencia al escrutinio de las elecciones legislativas de 2024.

Rodríguez señaló en YSKL que el personal contratado en el TSE “es un personal nuevo que no ha tenido experiencia en procesos anteriores”, aunque dijo “también es una ventaja porque esas mañas que tenían en el pasado esperamos que no las vuelvan a agarrar este organismo colegiado”.

La preocupación fue manifestada en la entrevista en radio YSKL ante una pregunta sobre la transparencia en el TSE, con lo cual dijo no tenía problema.

“Nos preocupa un poco los procedimientos que se están tomando, nos preocupa un poco el tema de la tecnología, recordemos las fallas en la tecnología en las elecciones pasadas, eso definitivamente no solamente crea desconfianza sino también preocupación porque los errores del pasado no se pueden repetir, desafortunadamente tengo entendido ahora el Tribunal ha hecho un cambio casi total de personal”, manifestó el dirigente.

En las elecciones legislativas de 2024, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no pudieron transmitir las actas, ya que reportaron que el sistema de transmisión se había caído y en algunos casos se reportaban duplicación de resultados; además, las JRV reportaron que algunos paquetes no estaban completos, no tenían papel de seguridad para las actas y, en el escrutinio, aparecieron papeletas de votación marcadas con plumón y algunas que parecía que nunca habían sido dobladas. El doblez de una papeleta es obligatorio para que quepa en una urna de votación.

Para las elecciones de 2027, antes de que la Asamblea Legislativa reformara la Constitución y aprobara elecciones presidenciales para 2027, el TSE tenía programada una prueba al sistema de registro y transmisión de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), otra de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, y una tercera para el sistema de escrutinio final.

El presupuesto de las siete instituciones de control o fiscalizadoras del Estado sumó un total de $564.9 millones, apenas un 5.3 % del presupuesto general del Estado durante 2026, cifra que representó una caída del 17 % en un año.

“Esto no solo representa menos presupuesto, sino implica además menos capacidad de control”, indicó la organización Acción Ciudadana (AC), en la presentación del informe.

El informe de la AC detectó recortes presupuestarios en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), del -17.9 %, y en el Órgano Judicial, del -25 %, mientras leves aumentos en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), de apenas el 0.16 %, de 1.82 % en la Procuraduría General de la República y de 3.5 % en la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo la Corte de Cuentas de la República reportó un aumento presupuestario del 10.65 %, con un aumento de $50.4 a $55.8 millones.

Con estos datos, la AC consideró que hay un riesgo de “impunidad estructural” porque el Estado “propicia un sistema donde la fiscalización se vuelve selectiva y los recursos públicos se gestionan sin contrapesos efectivos”. Además, advierte un riesgo de “coacción política” al Órgano Judicial ya que su presupuesto dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo.

“La eliminación del porcentaje mínimo del 6 % del Órgano Judicial abre la puerta a que el presupuesto se utilice como un mecanismo premio/castigo, basado en las resoluciones que emitan los jueces o la docilidad de los titulares”. Acción Ciudadana.

Además, hay un impacto directo en la operatividad de algunas instituciones como el Órgano Judicial y la PDDH, baja inversión en modernización y mayor destino a pago de salarios. Las prioridades presupuestarias son, según el análisis de la AC, las carteras de Seguridad y Presidencia.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, informó que está siendo auditado por la Corte de Cuentas de la República, institución que durante 2024 y 2025 no ha reportado alguna auditoría a partidos políticos.

El partido Vamos aseguró que la transparencia no debe ser la excepción de un partido, sino la regla para todos.

«En Vamos abrimos nuestras puertas a la auditoría de la Corte de Cuentas. La transparencia es una práctica que como Vamos abanderamos. Cuentas claras para el pueblo. Esperamos que todos los demás partidos también estén siendo sometidos a este proceso, porque el que nada debe nada teme», anunció la secretaria Rivas.

La Corte de Cuentas no ha publicado su plan de fiscalización a los partidos políticos.

El último plan operativo de la Corte de Cuentas, en el que se dan a conocer las políticas, prioridades y metas del año, fue publicado por la institución en 2023.

También, la Corte de Cuentas no publica los informes finales de sus auditorías, como hizo desde 2009, desde el año 2024. Si bien, hay una pestaña del año 2024, cualquier ciudadano puede ingresar y no puede ver ningún informe en ninguna de las siete direcciones de auditorías.

El director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, informó este lunes que un total de 961,690 salvadoreños con domicilio en el exterior están inscritos con Documentos Únicos de Identidad (DUI) tanto vigentes como vencidos, con cifras actualizadas hasta el 1 mayo de 2026.

«Habrá que sumarle todos los ciudadanos que han solicitado su DUI en el exterior en cualquiera de las 24 oficinas (del extranjero), pero han consignado en su documento la dirección nacional; de esos, tenemos 183,211 ciudadanos», aclaró.

Sumando ambas cantidades, en el extranjero habría un total de 1,144,901 salvadoreños (1.1 millón), unos con clara residencia exterior y una menor cantidad aún con dirección nacional.

Los salvadoreños que sacan su documento en el extranjero pero que reportan una dirección nacional podrían ser compatriotas que aún no tienen un domicilio definitivo en el país del extranjero donde viven. En las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, estos salvadoreños –con DUI tramitado en el exterior y dirección nacional– podían votar solo presencialmente en centros de votación ubicados en el extranjero.

De los 961,690 ciudadanos de la diáspora con su DUI en el exterior, un total de 108,127 tienen sus documentos vencidos y 853,563 los tienen vigentes. La Asamblea Legislativa aún no habilita la votación con documentación vencida en las elecciones de 2027.

Un total de 919,852 salvadoreños domiciliados en la diáspora se encuentran en Estados Unidos y le sigue Italia, con 11,890. En los Estados Unidos, los estados con más salvadoreños en el exterior son California, con 236,176; Texas, con 144,556; Nueva York, con 105,261; seguidos de Maryland, Virginia y Nueva Jersey.

La mayor parte de salvadoreños que estarían en este Registro Electoral son salvadoreños de 26 a 60 años. De 26 a 45 años, hay 438,039 salvadoreños; y de 46 a 60 años, son un total de 312,594 salvadoreños.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, también reportó que, hasta el 30 de abril de 2026, había un total de 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior. La funcionaria destacó que ha habido un 29.7 % de incremento respecto a las elecciones 2024; sin embargo, no detalló la cantidad de salvadoreños que han tramitado su DUI en el exterior pero que tienen dirección nacional.

Ambos funcionarios fueron citados a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que estudia la ratificación de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República para dar representación legislativa a la diáspora salvadoreña y quitar a los partidos la potestad de proponer a magistrados dentro del TSE.

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, consideró que la representación legislativa de la diáspora salvadoreña «no es un invento de El Salvador», mencionando que países como Ecuador y República Dominicana ya tienen una participación directa de sus nacionales en el extranjero dentro de sus congresos o asambleas legislativas.

Mira aseguró que la iniciativa de reforma al artículo 79 de la Constitución, cuya ratificación podría aprobarse esta semana, responde a una visión de Estado y subrayó que esta es «una deuda histórica, son derechos civiles y políticos, es algo que tuvo que haber pasado antes”.

“Ahora, con esta reforma a la Constitución, realmente hay una democracia representativa, es sumamente reconocer que nuestra diáspora no es una población pequeña, tenemos una estimación que son alrededor de tres millones de salvadoreños viviendo en El Salvador”, expresó.

«Es importante también mencionar que este no es un invento de El Salvador. Realmente muchos otros países que tienen una participación directa de la diáspora en sus congresos, asambleas legislativas, dependiendo del país, en Latinoamérica podemos poner ejemplos, como Ecuador, República Dominicana. En Europa, hay otro tipo de participación que la está trabajando mucho Francia, Portugal, España, Croacia, son países que, a pesar que tienen una diáspora relativamente menor a la de El Salvador, ven en la diáspora un motor de desarrollo para sus países”, expresó.

La funcionaria aseguró que este ha sido un grupo discriminado, sin participación política y que tiene una vinculación económica, familiar y cultural con el territorio nacional.

«Esta es una deuda histórica que se está saldando por parte de este gobierno hacia nuestra diáspora. Eso no significa que hasta ahorita nos estamos acordando de la diáspora, eso no es verdad, realmente el presidente Bukele ha sido bastante enfático en trabajar con este grupo». Adriana Mira, vicecanciller salvadoreña.

La funcionaria dijo que Cancillería tiene «bien identificada adónde está nuestra diáspora, adónde está la fortaleza, adónde se reúnen, cuáles son los líderes, etcétera, etcétera».

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuará esta tarde el estudio de las solicitudes de ratificación de los acuerdos de reforma a los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República, que creará la circunscripción electoral de la diáspora salvadoreña, lo cual implicará crear una cantidad de escaños legislativos que representen a dicha circunscripción; y además que quitará a los partidos políticos el poder de proponer magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.

Las reformas, que podrían ser ratificadas en la sesión plenaria del jueves, podrían dar paso a una reforma electoral que deberá definir cuántos escaños legislativos le quedarán a los salvadoreños en el extranjero y cuántos escaños le quitarían a los departamentos de San Salvador, La Libertad u otros.

También, la reforma tendría que detallar los requisitos para los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa que se postulen para la circunscripción de la diáspora salvadoreña.

Ambos temas han generado diferencias en la Comisión, ya que la diputada Marcela Villatoro, de Arena, consideró que no deben quitarse escaños de otros departamentos, para no perder la representatividad proporcional; y considera que solo los diputados del exterior deben postularse para la circunscripción de los salvadoreños en el exterior.

Un total de 108,127 salvadoreños con domicilio en el extranjero incluidos en el Registro Electoral tienen sus Documentos Únicos de Identidad (duis) vencidos según datos hasta el 1 de mayo de 2026, afirmó el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

Mientras, otros 853,563 salvadoreños con DUI de domicilio en el extranjero tienen su documento nacional vigente.

El carácter vencido de los documentos de los salvadoreños en el extranjero no les impide ocuparlo para ejercer el sufragio. El artículo 3 de la “Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero” indica que “para efectos de garantizar el derecho al voto conferido en la Constitución de la República no será necesaria su vigencia”.

Para promover la emisión del DUI, el director del RNPN, Fernando Velasco, aseguró ayer que abrirán seis centros de impresión en el exterior, uno en Canadá y cinco en Estados Unidos; y reiteró que próximamente se permitirá la renovación o reposición como trámite en línea.

En diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para permitir que los salvadoreños en el territorio nacional con duis vencidos pudieran votar, para garantizar la igualdad entre los salvadoreños en el país y los que están en el exterior.

El trámite en El Salvador cuesta $10.31 pero en el exterior tiene un valor de $35.

El artículo 9 del Código Electoral establece que para ejercer el sufragio se requiere ser ciudadano salvadoreño, estar inscrito en el registro electoral, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, e «identificarse con su respectivo Documento Único de Identidad vigente». Para votar, además, es obligatorio presentar el DUI vigente, según el artículo 34 de la misma normativa electoral.

Además, en el artículo 196 del Código, se establece que la Junta Receptora de Votos (JRV) debe exigir a todo ciudadano identificarse «con su respectivo Documento Único de Identidad vigente».

Mientras la diputada de Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), considera que los candidatos a diputados que representarán a la diáspora tienen que vivir afuera, diputados de Nuevas Ideas defienden que los diputados tengan derecho a postularse en la circunscripción de la diáspora salvadoreña aunque residan en El Salvador.

La diputada de Arena argumentó que al diputado de la diáspora le corresponderá «ver las necesidades de los salvadoreños que se encuentran en el exterior». Pero el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró «puede ser cualquiera que simplemente cumpla los requisitos” y subrayó que lo decidirán después.

Después, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que no se puede coartar derecho a postularse y puso como ejemplo el diputado Walter Alemán, que vivió 20 años en el exterior.

“Puede ser cualquier salvadoreño”

“Eso se va a hacer después”, respondió el diputado Ernesto Castro, quien preside la Comisión Política, a las inquietudes de la diputada de Arena sobre cuál debe ser el lugar de residencial de un diputado de la diáspora ante la posibilidad de que diputados que viven en El Salvador puedan postularse como representantes de la diáspora salvadoreña en la circunscripción electoral que sería creada a partir de una reforma al artículo 79 de la Constitución.

Castro aseguró que la discusión vendrá “después, la próxima semana, los próximos 15 días”.

“Si tiene que ser de allá, de aquí o…, puede ser cualquier salvadoreño que simplemente cumpla con los requisitos, si al fin y al cabo aquí lo más importante y el fondo es que son ellos los salvadoreños en el exterior los que van a tomar la decisión. Si no le gusta a alguien van a decir no y si le gusta a alguien van a decir sí. Son ellos los que van a decidir, y eso es lo que en realidad son los cambios importantes”, indicó Castro.

El diputado de Nuevas Ideas dijo que han salido “un montón de expertos cada uno con su fórmula”. “Eso lo vamos a definir nosotros en su momento, están bien bonitas todas las fórmulas, está bien, no hay ningún problema, pero en su momento esta Comisión lo va a estudiar, lo va a enviar al pleno, a los 60 representantes, a los 60 diputados que estamos en esta Asamblea Legislativa y ahí se va a tomar la decisión”, remarcó, en una discusión sobre la proporcionalidad de la representación de la Asamblea Legislativa.

«¿Un diputado de San Salvador? No me parece correcto»

Para la diputada, al aprobar la reforma constitucional, se debe discutir al mismo tiempo cómo se aplicará la reforma: concretamente, cuántos diputados representarán a la diáspora y establecer que los salvadoreños que se postulen como diputados de la diáspora en realidad residan el extranjero y no en El Salvador.

Villatoro señaló que, si es un diputado de la diáspora, “el candidato tiene que vivir afuera, tiene que venir de afuera porque va a buscar las necesidades de los hermanos de afuera”.

“¿Un diputado de San Salvador va a poder correr en la lista de los diputados de la diáspora? No me parece correcto”, cuestionó.

“No es competencia de Cancillería tomar ese tipo de decisiones, para eso está esta honorable Asamblea Legislativa”, respondió la vicecanciller Adriana Mira, cuando la diputada preguntó la opinión de Cancillería, por ser la oficina estatal que tiene contacto con los salvadoreños en el exterior.

«¿Y no es su derecho?»

El diputado Christian Guevara puso como ejemplo al diputado Walter Alemán, que después de vivir en Estados Unidos ahora reside en El Salvador.

“Es que va a ser inconveniente que otro se inscriba por la lista allá, nosotros hemos tenido el ejemplo al revés, el diputado Walter Alemán era de la diáspora, él como muchísimos se fue, 20 años vivió dos décadas, vivió buena parte de su vida en Estados Unidos. Él fue un diputado que renunció a los beneficios económicos, él no venía de estar en una mala posición en Estados Unidos. Si viene ahora, me voy a tirar por la diáspora, ¿y no es su derecho?, yo creo que estar coartando ‘vos no te podés inscribir’, yo creo que la gente puede decir quién se inscribe por dónde y los salvadoreños deciden por quién votan y por quién no”, señaló.

La Asamblea Legislativa está por ratificar una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República con la cual crearían una circunscripción electoral de los salvadoreños en el exterior que tendrían derecho a una representación en la Asamblea Legislativa.

Los diputados aún no definen si serán solo salvadoreños en el exterior quienes se podrán postular para representar a los diputados de la diáspora ni cuántos escaños le corresponderán a dicha circunscripción poblacional; según el acuerdo de reforma, esta se basará en el Registro Electoral que supera hasta el 1 de mayo los 961,000 salvadoreños.

La Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa acordó citar al viceministro de Agricultura, Óscar Alejandro Domínguez, para que les explique la propuesta de reforma a la Ley de sanidad vegetal y animal, según la cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asumiría legalmente la función de certificar la elaboración de productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja y ovoproductos. La propuesta también facultaría al MAG a certificar los establecimientos nacionales y extranjeros que elaboren dichos alimentos.

La comisión leyó la propuesta de reforma. Ningún diputado dio su opinión ni propuso observaciones.

En su propuesta, como encargado del despacho, el viceministro aseguró que el objetivo es “establecer con claridad la autoridad competente para realizar el procedimiento correspondiente para la certificación de los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos, productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros”.

En la ley actual, entre las atribuciones actuales del MAG, no aparece la de certificación de productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja y ovoproductos y la certificación de los productos cárnicos de origen avícola, porcino, bovino, acuícola y pesquero aparece en la normativa actual como una disposición transitoria que duraría cinco años prorrogables a partir de la vigencia de la ley, la cual fue aprobada en abril de 2025.

Con la reforma se derogaría el artículo 80 de la Ley de sanidad vegetal, que ordenaba que, a partir de enero de 2027, el control de los alimentos procesados y semiprocesados para animales, así como sus establecimientos, pasaría a ser competencia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), lo cual dejaría de ser así, dado que la propuesta de reforma plantea derogar este artículo.