Categoría: Politica

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la “Ley amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna” con el fin de que el Ministerio de Salud tenga la competencia de emitir el registro sanitario de sucedáneos o sustitutos de leche materna y de autorizarles la etiqueta.

La reforma prohíbe que se hagan declaraciones de beneficios de los productos sucedáneos en las etiquetas de estos productos, es decir, sugerir que el producto tiene una relación beneficiosa con la salud, la nutrición o el desarrollo del niño.

“Las etiquetas de los sucedáneos de la lecha materna no deberán contener condiciones que desalienten la lactancia materna ni declaraciones de beneficios conforme a la presente ley”, indica el nuevo inciso quinto del artículo 29.

Las declaraciones de beneficios son aquellas aseveraciones, según la reforma, que sugieran o impliquen que existe una relación beneficiosa entre los componentes del producto con la salud y desarrollo físico y cognitivo de los niños, o hacen afirmaciones de propiedades nutricionales o saludables sobre los nutrientes, la salud, el desarrollo óptimo o la reducción de riesgos de enfermedades.

La modificación, además, crea como infracción grave el solo hecho de publicitar el uso de sucedáneos; actualmente es infracción grave publicitarlos y a la vez recomendar el uso de estos productos; amplía la definición de productos sucedáneos para incluir a productos dirigidos a menores desde los 0 hasta los 36 meses o edades superiores; y define las condiciones que desalientan la lactancia materna, que están prohibidas, como las imágenes, textos o representaciones que induzcan el consumo de sustitutos frente a la leche materna.

Las dimensiones y requisitos de etiquetado serán precisadas en un reglamento y normativa técnica complementaria. Las empresas tendrían un año para realizar los cambios de etiquetado, plazo que no está en en la reforma.

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al Código Electoral que otorga seis diputados o diputadas a la circunscripción electoral en el extranjero. La propuesta fue recibida este jueves por el pleno legislativo y será estudiada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

La redistribución propuesta baja la cantidad de diputados de los departamentos de San Salvador, de 16 a 11 diputados; y de La Libertad, de 7 a 6. El resto quedaría igual.

En otras palabras, la redistribución de los escaños propuesta por el Ministerio de Gobernación no modifica la cantidad de diputados para los departamentos de Santa Ana (5), San Miguel (5), Sonsonate (5), Usulután (4), Ahuachapán (3), La Paz (3), La Unión (2), Cuscatlán (2), Chalatenango (2), Morazán (2), San Vicente (2) ni Cabañas (2).

Según el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la República, la representación de la Asamblea Legislativa debe ser proporcional.

De acuerdo con la propuesta, en el artículo 13 del Código Electoral, para obtener la cantidad de escaños se establece un cociente nacional de población de dividir el número de habitantes según censo nacional de población entre el número de diputados que conformarán la Asamblea; y luego se divide el número de habitantes de cada circunscripción entre el cociente nacional. La propuesta indica que, en el caso de la circunscripción en el extranjero, la representación se basará en el número de salvadoreños con Documento Único de Identidad con domicilio en el extranjero inscritos en el registro electoral.

Sin embargo, la propuesta modifica este método para obtener los escaños de la circunscripción exterior, ya que establece que “se integrará a través de la redistribución de escaños asignados a los dos departamentos con mayor índice de población según el censo nacional”.

Agrega también que si falta asignar diputaciones “se asignarán a las circunscripciones electorales de mayor residuo de población hasta completar el número de 60 diputados o diputadas”.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este jueves una reforma a los incisos primero y tercero del artículo 208 de la Constitución de la República con el objetivo de quitar a los partidos políticos de la potestad de proponer a tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que había un «reparto de cuotas para los partidos políticos y en automáticos elegían a los árbitros para las próximas elecciones».

«Los partidos se ponían de acuerdo según sus votaciones y ya solo venían a ratificarse a la Asamblea Legislativa». Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

Navarro aseguró que había candidatos a magistrados del TSE propuestos por algunos partidos políticos que «ni siquiera conocían la ley electoral».

El actual TSE está conformado por cinco magistrados. Tres fueron propuestos cada uno por los partidos Nuevas Ideas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de donde surgieron los nombramientos de la magistrada presidenta Roxana Soriano, quien en el pasado fue precandidata a diputada por el partido Nuevas Ideas, partido del cual divulgó una carta de desafiliación en 2018; Rubén Alvarado, quien fue secretario de asuntos legislativos de la Presidencia de la República en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén; y Cecilia Marroquín Castro, exdirectora de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia. Las dos magistraturas restantes son propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

Con la reforma, la elección siempre estaría en manos de la Asamblea Legislativa que tomarían las propuestas de los candidatos que presenten sus atestados ante la misma.

«Habrá un TSE que estará formado por cinco magistrados quienes duraran seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa, tres de ellos serán elegidos de un proceso general y público que la comisión respectiva realice. Los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos, los aspirantes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista”, quedó reformado el inciso primero del artículo 208, con el único cambio en la forma de elección de tres de los magistrads.

El inciso tercero quedó así: “El magistrado presidente de dicho organismo colegiado será electo por la Asamblea Legislativa”.

La reforma aplicaría a partir de 2027, año en el que concluyen las funciones de los actuales magistrados, a quienes les fue recortado el periodo mediante una reforma constitucional que alargó el periodo presidencial a seis años y adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2026.

¿Quiénes conforman actualmente el Tribunal Supremo Electoral 2024-2027?

1. Roxana Soriano de Viaud: ha sido presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Exprecandidata a diputada de Nuevas Ideas. Propuesta por Nuevas Ideas.

2. Francisco Rubén Alvarado Fuentes: abogado, exdirector de Migración y Extranjería, exasesor del TSE, asesor jurídico de la Secretaría de asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de 2017 a 2019. Propuesto por el FMLN.

3. Cecilia María Marroquín Castro: directora de la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ desde el 14 de mayo de 2024. Licenciada de Ciencias Jurídicas y máster en derecho de empresa. Fue la colaboradora jurídica de las direcciones de Investigación Profesional e Investigación Judicial; secretaria de actuaciones y colaboradora del Juzgado de lo Civil de Santa Tecla. Propuesta por Arena.

4. Karla Cecilia Guandique de Miranda. Fue jueza suplente del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil. Propuesta por la CSJ.

5. Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez: colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, ha impartido charlas sobre derecho al medioambiente. Propuesta por la CSJ.

La Asamblea Legislativa ratificó con 57 votos dos reformas constitucionales para crear una circunscripción electoral de salvadoreños en el extranjero que tenga una cantidad aún no definida de diputados en la Asamblea Legislativa y, en segundo lugar, para que los partidos políticos ya no propongan a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley, la base del sistema electoral es la población y en el extranjero, el Registro Electoral”, reza el nuevo inciso primero del artículo 79 de la Constitución.

La Asamblea no cambió el segundo inciso del artículo 79 de la Constitución, que establece que “para las elecciones de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional”.

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, calificó este jueves como “un día muy importante para la democracia del país”. “El que no entienda o acompañe es porque no quiere que se fortalezca la democracia”, dijo.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), preguntó si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está preparado porque cree que luego de despidos en el TSE “de lo que más carece es de personal técnico”. La legisladora insistió en que no debe restarse diputados a los departamentos como San Salvador y La Libertad.

“Si ustedes le van a quitar diputados a los que viven acá, están dejando en desventajas a los nacionales con las personas que están en otros países. Entonces, los nacionales se van a convertir en lo que ustedes tanto critican: ciudadanos de segunda categoría”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Sugirió que los diputados representantes de la diáspora podrían salir de los departamentos de Morazán y La Unión, por la sobrerrepresentación que hay en estos y también porque son departamentos con mayor migración.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, dijo que votaría “no importa si le quitan diputados a San Salvador”. “Nosotros no somos nadie para decirle a los salvadoreños quiénes deberían participar o no”, dijo.

Ahora lo que vamos a decidir es si estamos de acuerdo nosotros que ellos tengan una representación directa y que puedan ellos quiénes los van a representar, ahí tenemos que decir sí o no. Posteriormente vendrá una discusión y vendrá a este Salón Azul en donde va a venir una propuesta en las comisiones, vamos a ver cuántos diputados son los que se le van a consignar a la diáspora. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas. 

“Nosotros no vamos a aumentar diputados”, reiteró por su parte el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas. El legislador aseguró que decidirán posteriormente de dónde saldrán los escaños que serán asignados a la diáspora. Castro insistió en su intervención que la reforma y la cantidad de diputados de la diáspora, así como de qué departamentos saldrán esos escaños “son dos temas totalmente diferentes”.

“Tengan decencia. Díganle al pueblo salvadoreño que esto es una estrategia electoral más para concentrar el poder para seguir manipulando el sistema electoral”, les dijo, por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena. Señaló a Nuevas Ideas de utilizar a los salvadoreños que viven en el exterior “para completar el plan de seguir en el poder”.

La reforma al artículo 79 ya establece que la circunscripción del territorio nacional se basará en la población, que tiene más de 5,922,921 salvadoreños sin la población carcelaria, y que la del exterior se basará en el Registro Electoral, que tenía hasta el 1 de mayo 961,690 salvadoreños en el exterior.

Según las normas del Código Electoral, el cociente para determinar la representación de cada diputado sería aproximadamente 114,744 salvadoreños. Esta cifra resulta de dividir el total de la población entre la cantidad de escaños. Sin embargo, se desconoce si el mecanismo para obtener la cantidad de escaños por circunscripción será modificado.

Con 57 votos y con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que establece que la renta neta se determinará deduciendo los “costos y gastos” para su producción.

Este artículo ya había sido interpretado auténticamente el 29 de mayo de 2019, fecha en que se aclaró que los costos y gastos para producción de la renta serán los costos de compra destinados exclusivamente al negocio, así como las mermas o las pérdidas, ya sea en los sectores de industria, comercio o servicios.

La interpretación aprobada este jueves repite la misma interpretación de 2019 pero agrega dos disposiciones más. La primera es que detalla que la merma o pérdida –que será considerada como gasto deducible– deberá estar registrada “en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente”, en lugar de estar “reconocidas o acreditadas por los organismos vigentes o entidades reguladoras correspondientes” como indica la interpretación actualmente vigente.

La segunda disposición que se agrega en la interpretación auténtica es: “Para que sea admisible como deducible este costo o gasto al momento de establecerse la renta imponible no será necesario que resulte impuesto computado”.

¿Cómo quedó la interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta?

“Deberá entenderse por costo y gasto necesario para la producción de la renta y para la conservación de su fuente los costos de compra y todos aquellos que sean necesarios y propios del negocio, destinados exclusivamente a los fines del mismo y como consecuencia deducibles de la renta obtenida, tales como todos aquellas mermas, pérdidas o gastos incurridos necesariamente para la producción de renta y para mantener la fuente generadora de ingresos independientemente del rubro de que se trate en los sectores de industria, comercio o servicios que implique una forma medible, reconocible, que sea inherente a la actividad y con un costo real y razonable en la actividad desarrollada, como por ejemplo el comercio de bienes perecederos, el comercio de bienes de consumo, textiles, la industria eléctrica en todas sus etapas, el sector hidrocarburos en todas sus etapas, entre otros.
En ese sentido, la merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados y registrados en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente según corresponda. Para que sea admisible como deducible este costo o gasto al momento de establecerse la renta imponible no será necesario que resulte impuesto computado.”

El medio salvadoreño El Faro, que desde 2023 opera desde Costa Rica, denunció este jueves que entre febrero y abril de 2026 les fueron congeladas una cuenta bancaria y un inmueble a dos accionistas de la que fue su sociedad creadora sociedad, Trípode, S.A. de C.V., y señaló al presidente Nayib Bukele de dirigir una larga persecución que busca silenciarlos.

Carlos Dada, fundador y director de El Faro, dijo en una conferencia de prensa transmitida en las redes sociales del medio que esta es “la continuidad de un problema político que El Faro representa para el gobierno de Bukele por nuestras publicaciones”.

Detalló que aún no han sido notificados de lo que sería esta “anotación preventiva” que advirtieron por información del banco y del Registro de la Propiedad. “Hasta hoy no nos han notificado oficialmente, desconocemos los argumentos del juez que ha ordenado este congelamiento de bienes”, dijo el director del medio que consideró estas medidas políticas y no fiscales.

El Faro aseveró que el Ministerio de Hacienda inició en junio de 2020 cuatro auditorías luego de una cadena nacional en la cual el presidente Bukele anunció una investigación contra el medio de comunicación por lavado de dinero, pero que fue modificada por Hacienda a «evasión de impuestos» en los cuatro ejercicios auditados.

“El Ministerio de Hacienda nos acusa de haber evadido impuestos por fondos provenientes de fundaciones, que no aparecen declarados en el año en el que firmamos el contrato. Pero esos impuestos, como también demostramos, fueron pagados puntualmente los años en que esos fondos ingresaron a nuestras cuentas”, explicó en un comunicado en donde sostuvo que han apelado ante «cada una» de las conclusiones de Hacienda.

El medio afirmó que Hacienda los acusa de no pagar impuestos que pagaron o de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron. Antes el medio divulgó que Hacienda pretendía gravar suscripciones del programa Excavación Ciudadana que sin serlo estarían considerando mensuales.

En la conferencia, detalló que, de los cuatro ejercicios fiscales cuestionados, en dos acusan al medio de evasión intencional y en otros dos de evasión no intencional, en una suma aproximada de $200,000.

El Faro calificó el congelamiento de bienes como una «escalada de ataques» a raíz de sus publicaciones críticas al gobierno de Bukele.

Según el comunicado, una primera acusación fiscal coincidió con la intervención de los teléfonos de 22 de miembros de El Faro entre junio de 2020 y noviembre de 2021 con el software Pegasus, y con una publicación sobre el pacto entre el gobierno de Bukele y la MS-13.

«Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio», indicó El Faro sobre la congelación de bienes y lo vinculan con la reciente publicación de documental coproducido con el estadounidense Frontline PBS que incluyó el relato del exagente del FBI Daniel Brunner sobre el trabajo de investigación de la Fuerza de Tarea Vulcano contra la MS-13 ordenada por Donald Trump en su primera administración.

«Las peores prácticas»: Media Defense

El representante de Media Defense, Carlos Galo, presente en la conferencia de prensa de El Faro, aseguró que le llama la atención que el gobierno de El Salvador está aplicando “las peores prácticas” de gobiernos autoritarios en el mundo que acosan al periodismo. Señaló que aplica una parte de Vladimir Putin en Rusia, así como regímenes de Azerbaiyán, Turquía y Venezuela, “que es el uso abusivo del derecho para silenciar las voces críticas”. El director de El Faro agregó a Nicaragua por el uso del método de congelamiento de bienes.

“Lo que me llama mucho la atención de lo que pasa con El Faro en El Salvador es cómo el gobierno ha logrado asimilar las peores prácticas de otros gobiernos autoritarios alrededor del mundo… La diferencia es que utiliza todos esos tipos de estrategias de manera cordinada y muy próximo a publicaciones de impacto y siempre es una retaliación a la reportería de interés público que hace El Faro”, indicó Galo.

“Es un intento de controlar las voces que pueden presentar información crítica”, consideró en la misma conferencia Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Señaló que el Estado de El Salvador está utilizando “estos procesos fiscales como una retaliación” o castigo por sus publicaciones periodísticas.

La directora en CEJIL destacó que el Estado de El Salvador “ha incumplido medidas cautelares emitidas” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En mayo de 2025, El Faro denunció supuestas intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de ordenar las capturas contra siete de sus periodistas, luego de lo cual la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta.

El medio de comunicación trasladó su sede administrativa y legal a San José, Costa Rica, desde abril de 2023, al denunciar «acoso, hostigamiento fiscal y falta de condiciones» para operar de manera independiente en El Salvador.

El presidente Bukele ha rechazado que haya negociado con pandillas, ha criticado publicaciones de El Faro y ha señalado al medio de difundir información falsa.

En agosto de 2021, Bukele publicó ante el reportaje de El Faro «Catedral»: «Dentro de un mes, volverán a sacar el MISMO REFRITO y volverán a pedir reacción del Gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer, aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante».

El registro de salvadoreños en el exterior creció 4,773 en un mes, del 31 de marzo de 2026 al 1 de mayo de 2026, un 20 % menos que el promedio mensual de 6,023 de nuevas inscripciones durante los primeros tres meses de 2026.

Al 31 de marzo de 2026, había inscritos 956,917 salvadoreños en el exterior, mientras que al 1 de mayo de 2026 el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, reportó 961,690.

La cantidad es divulgada por el RNPN, institución que se encarga de inscribir a todos los salvadoreños mediante la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y es la base del Registro Electoral que también se usará para el sufragio en el extranjero en 2027.

En el primer trimestre de 2026, el ritmo de inscripción de salvadoreños domiciliados en el exterior aumentó en un 60 % –6,023 al mes– respecto al último trimestre de 2025, que cerró con 3,763 inscripciones mensuales.

Sin embargo, el aumento del registro exterior de salvadoreños se había desacelerado a lo largo del año pasado, ya que arrancó el primer trimestre con un promedio de 9,039 nuevos registros mensuales y bajó a 6,703 en el segundo trimestre.

En el tercer trimestre los nuevos registros volvieron a bajar a un promedio mensual de 5,936 y en el cuarto trimestre continuó a la baja con 3,763 mensuales.

Después de esta desaceleración que presentó el año 2025, la inscripción de salvadoreños en el exterior tuvo un repunte durante el primer trimestre de 2026 –los 6,023 nuevos registros– pero el mes más reciente reportó un aumento de 4,773.

Desde noviembre de 2014, los mayores caudales de inscripción de salvadoreños en el extranjero ocurrieron en los trimestres de octubre a diciembre de 2023, con 17,476 mensuales; y de enero a marzo de 2024, con 10,279 mensuales, ambos periodos previos a las elecciones generales de 2024, que se celebraron el domingo 4 de febrero las presidenciales y legislativas, y el 3 de marzo, las municipales.

Desde el año 2014, el registro de salvadoreños en el exterior ha aumentado de 199,367 a 961,690, equivalente a 762,323 nuevos registros, un alza del 382.3 % en 12 años.

El RNPN tiene en el extranjero 24 oficinas en donde los salvadoreños en el extranjero pueden solicitar su documento y suele realizar ferias de identidad móviles en diferentes ciudades del extranjero. Recientemente el director del RNPN anunció la apertura de tres centros de impresión de documentos en Barcelona, Madrid, España, y Milán, Italia; y proyecta abrir otros seis centros de impresión, cinco en Estados Unidos y uno en Canadá.

La Agencia de Promoción de Inversión y Exportación de El Salvador (Invest) no tendrá ninguna facultad en la nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP), la cual fue propuesta por el Ministerio de Economía y está bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Las competencias que la propuesta le quita a Invest, antes Proesa, serían asumidas por la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una unidad que sería dirigida por un director y un subdirector nombrados por el ministro de Hacienda.

De acuerdo con el artículo 13 de la propuesta, la DAPP aprobará o desaprobará los estudios de factibilidad de los proyectos para APP, llevará el registro centralizado de las contrataciones de APP y dictará los lineamientos de la gestión y la ejecución de los contratos de APP, entre otras funciones.

En la ley actual, Proesa puede proponer las políticas de APP, aprobar los proyectos de APP, sus bases de licitación y proyectos de contrato, aprobar licitaciones y elaborar normas para el funcionamiento de los contratos.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, le preguntó al presidente de la agencia Invest, Rodrigo Ayala, cuál será el rol de la institución en la nueva normativa.

“Lo que pasa que Invest se encarga de la inversión extranjera directa, como inversión nacional, inversión de diáspora, pero directa, no inversión en Asocio Público Privado (APP), no digo tampoco que haya sido malo que Invest interviniera pero no es su facultad principal», argumentó a favor de la salida de Invest en la normativa de las APP.

Ayala agregó que la agencia Invest no maneja el erario público, ni los impuestos, ni un rol de defensa del bien público.

«Todas esas facultades realmente no nos competen, a una agencia que está diseñada para la inversión directa tanto nacional como extranjera”, agregó el funcionario.

El funcionario relató que, en las mesas en donde se estudió la propuesta de nueva ley de APP, les resultó «mejor» «dejar claro en una nueva Dirección que se encarga absolutamente del proceso».

«Hoy por hoy, el rol de Invest no va a existir en Invest, pero va a existir en la Dirección de Alianzas Público Privadas en el Ministerio de Hacienda. No hay ningún paso que se pierda, ningún estudio de prefactibilidad que se pierda, todo eso se va a seguir haciendo en la nueva Dirección». Rodrigo Ayala, presidente de Invest.

La diputada de oposición repreguntó si la agencia Invest no ha tenido en su existencia un rol en la estructuración de asocios público privados.

Ayala respondió que en el único APP que existe, sí, aunque Ortiz le recordó que esas facultades pasaron a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con la aprobación de la Ley del Invest. “Tiene razón, como Invest, no ha tenido; Proesa, que es ex Invest, sí la tuvo, durante todo el proceso de la terminal de carga del Aeropuerto”, le respondió Ayala. La diputada subrayó que la institución que preside el funcionario «no tiene ningún tipo de facultad en las APP».

«La institución que usted preside no tiene ningún tipo de facultad en las APP». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La nueva ley para regular las APP es estudiada en la Comisión de Tecnología, que aún no emite un dictamen favorable. En la comisión, diputados de Nuevas Ideas han rechazado que vayan a privatizar los servicios de salud o educación.

La propuesta de ley levantaría la prohibición de las APP en los servicios de salud, educación, recursos hídricos, Universidad de El Salvador (UES) e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El presidente del Invest aseveró ayer que él desconoce que haya un proyecto gubernamental para hacer una APP para prestar servicios públicos de salud y educación.

La Corte de Cuentas de la República informó que realiza un examen especial a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade Regional de Santa Ana que busca verificar el uso de los fondos públicos en programas educativos de jóvenes de escasos recursos.

Según la revista de la CCR, el equipo auditor de la Regional en Santa Ana inició el examen a los periodos fiscales de 2024 y 2025.

La institución informó que auditan la gestión financiera de los fondos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) otorgó al ITCA-Fepade para el Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (Megatec) en donde jóvenes reciben becas “Red Megatec”, alimentación y transporte.

La institución también informó que realiza auditorías al fondo circulante, consumo de combustible y el uso de vehículos nacionales en la municipalidad de Cabañas Oeste del ejercicio fiscal 2025. La auditoría, según la revista, incluye a los distritos de Ilobasco, Tejutepeque, Cinquera y Jutiapa.

Así mismo, realiza un examen especial a los ingresos, egresos y el cumplimiento de la normativa durante 2025 en la municipalidad de Sonsonate Este, que abarca Izalco, Armenia, San Julián, Caluco, Cuisnahuat y Santa Isabel Ishuatán.

En redes sociales, la CCR también informó que realiza un examen especial en el municipio de La Unión Sur para verificar el uso adecuado de los recursos públicos del 1 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

Así mismo, se realiza una auditoría especial al Viceministerio de Transporte para evaluar normas de control interno, estructura organizativa y documentación financiera, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2025.