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La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) podrá tramitar solicitudes de cambio de uso de suelo y de tala de árboles, para lo cual tendrá una tarifa aprobada este martes en una reforma a la Ley de creación de la DOT.

La reforma fue aprobada con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Además, la reforma agregó la facultad de la DOT de autorizar la valoración cultural a edificaciones y la demolición de infraestructuras.

La modificación aprobada también excluye de la aplicación de la ley las actividades mineras, instalaciones de plantas nucleares, torres de telecomunicaciones o infraestructura de seguridad nacional, acueductos, puertos y aeropuertos.

Cambio de uso de suelo

La reforma incorporó un nuevo artículo 38-A, titulado “cambio de uso de suelo”, que fue modificado a última hora, a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, para que la DOT pueda recibir solicitudes de cambio de uso de suelo con resoluciones negativas. La reforma crea dos excepciones: inmuebles con función social de tierras protegidas aledañas al Periférico Claudia Lars y las del distrito de riego de Zapotitán.

¿Cómo quedó el nuevo artículo 38-A?

“Cambio de uso de suelo. Artículo 38-A. Para proyectos comprendidos en el alcance de esta ley, el interesado podrá solicitar cambio de uso de suelo siempre que cuente con una resolución de calificación de lugar en sentido negativo, excepto de los inmuebles declarados con función social contenidos en el decreto de protección de tierras agrícolas y ganaderas aledañas al Periférico Claudia Lars y aquellas comprendidas en el distrito de riego y avenamientos número 1 Zapotitán”.

“Dicha solicitud será resuelta conforme a los criterios técnicos y legales aplicables por la gerencia o dependencia que el Consejo Directivo determine”.

La ley reformada indica que el solicitante del cambio de uso de suelo pagará una compensación en efectivo del 20 % del valor comercial de la propiedad.

El cambio de uso de suelo tendrá una tasa de $0.35 por metro cuadrado por área de piso para una construcción en altura existente; y de $0.35 por metro cuadrado o área de terreno para proyectos de construcción, parcelación y urbanizaciones.

Actualmente, en la calificación de uso de suelo intervienen autoridades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que tiene competencia en 28 distritos, los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene unas “Directrices para la zonificación ambiental y los usos de suelo”.

Tala de árboles

La DOT también podrá realizar trámites de permisos de tala de árboles y de terracería, en la fase de otorgamiento de permisos, según la reforma al artículo 40.

La nueva facultad indica que la DOT podrá autorizar el “permiso para tala de árboles para para proyectos de construcción o lotificación en área urbana o rural”.

El numeral 4, que introduce la autorización de tala de árboles, contenía en la ley original una disposición sobre infraestructura de almacenamiento de productos de petróleo.

En el pleno, se le agregó que “únicamente generará las tasas” cuando “se solicite como trámite previo al permiso de construcción y/o parcelación”, en el resto de casos “aplicará la compensación ambiental” según el artículo 53.

El cambio de uso de suelo también se agregó en el numeral 13 de las autorizaciones que puede otorgar la DOT. También fue agregado el numeral 14 “permiso de terracería para los proyectos objeto de esta ley”, con tasa aplicable “cuando se solicite como trámite previo al permiso de construcción o parcelación según corresponda”.

Para la tala de árboles, se pagará $50 por el permiso de tala de arbusto leñoso, $60 por permiso de tala de cada árbol de madera blanda, $70 por árbol joven de madera dura y $80 por tala de cada árbol de madera dura.

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes la “Ley de fomento para el uso de la energía renovable”, que exime de todo tipo de impuestos la compra y la importación de equipo para este tipo de energía o de su mantenimiento, y además permite que los usuarios reciban una tarifa por el excedente de energía inyectada a la red de distribución.

La ley fue aprobada con los votos de 58 diputados, incluido el de Claudia Ortiz, de Vamos.

Esta ley aplica únicamente para usuarios finales, ya sea residenciales o empresas no generadoras, y también para proveedores de los sistemas de energía de fuentes renovables, es decir, empresas que importan y comercializan, por ejemplo, paneles solares.

El primer beneficio será la exención de impuestos.

Los usuarios de energía podrán deducir de su renta imponible lo que inviertan en equipos, su instalación o mantenimiento de sistemas de energía con fuente renovable. La Dirección de Energía argumentó que los paneles solares han disminuido sus precios.

Ni los usuarios de energía ni proveedores de estos sistemas pagarán IVA ni impuestos a la importación de dichos sistemas que se destinen al autoconsumo de usuarios finales, tampoco pagarán impuestos por los servicios de mantenimiento que contraten.

Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) establecerá un pliego tarifario en un reglamento para reconocer a los usuarios el excedente de energía que tengan.

Actualmente, el usuario final productor no recibe ningún tipo de pago por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución, ya que la distribuidora calcula la energía consumida y, si se inyectan excedentes, se refleja «un descuento en la facturación» según la norma de la Siget aprobada en 2017.

El decreto tendrá una vigencia de 10 años.

Con 57 votos, sin los votos de la oposición, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo por $150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa «Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático».

El financiamiento incluye construcción o reconstrucción de centros escolares, fortalecimiento a modalidades de educación a distancia, un programa piloto de transporte escolar, inclusión educativa para personas con discapacidad y capacitación docente.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que el gobierno “ha triplicado la inversión en educación que hacían los gobiernos de Arena”. “Ha elevado a montos nunca antes vistos”, indicó, “sin dejar de pagar las deudas que dejaron los gobiernos anteriores”.

Soriano aseguró que una gran parte del presupuesto se debe destinar a pagar deudas y a “reconstruir” carreteras y escuelas “que ellos dejaron en mal estado”.

“No les gusta visitar esos lugares que ya se transformaron. Se han tomado el tiempo de poder revisar el presupuesto y ver las apuestas enormes para ponernos al día con lo que ellos no realizaron en décadas”.

William Soriano (Nuevas Ideas).

Soriano aseguró que iniciarán el sistema de salud pública y continuarán con la reconstrucción de escuelas, pero que no lo pueden hacer en un día. Criticó que la oposición les heredó “un país a merced de las pandillas y con gravísimos problemas de infraestructura pública”.

“Si así como critica, ayudan, vamos a ver si es cierto”, dijo a la oposición.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, aseguró que “de lo que se vino a hablar aquí es de los gobiernos anteriores”.

“La excusa que siete años no son suficientes. Siete años que son gobiernos pero cuando fueron miembros del FMLN no los cuentan”, indicó.

“No te enojés. Al que le quede el zapato, que se lo ponga. Les gusta hablar de antes. Ya los quiero ver reconstruir un país después de una guerra… Y lo que costó volver a hacerlo andar, puentes que botaron, escuelas, calles. Esa parte les gusta omitirla, así como les gusta omitir la parte de ser miembros del FMLN”.

Marcela Villatoro (Arena).

La diputada Villatoro también señaló a Nuevas Ideas de endeudar en siete años a El Salvador por más de $31,000 millones “y siguen”, exclamó. “El problema es que cuando se les pide que rindan cuentas no quieren rendir”, agregó.

“Yo lo que he logrado ver es que hay un cierto grupo que le gusta andar hablando del modelo Bukele y se van a meter buscando injerencia política en estos países… Se vuelven magos, tienen el montón de casas, ranchos y han sido más pobres que nadie, o quizás a puro diezmo de la iglesia han logrado hacerse millonarios, porque eran nadie, chancletudos y hoy con las mejores marcas, los mejores trajes”, les reclamó a los diputados de Nuevas Ideas.

Según la legisladora de oposición «esa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales) no sirve» ya que la Asamblea «les ha aprobado millones” para reparar las calles pero estas se encuentran en mal estado.

“Fui a Sonsonate este fin de semana, esa calle era un desastre, hoyos por todos lados. La DOM solo pasa por las calles principales. Tantos millones que se les da aquí y nadie los ve. Síganle echando la culpa al pasado. Háganse cargo”, dijo.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseveró que el «gran problema es la gran corrupción». «La corrupción del pasado no disculpa la corrupción del presente», indicó.

Señaló que el programa «Mi Nueva Escuela» tiene una ejecución presupuestaria del 3.5 % y que «la mitad de las escuelas del país no tienen agua potable».

«Por ahí van a empezar a decir que necesitan 35 años. Gobierno de las nuevas excusas. El problema es que el país se endeuda pero los avances son demasiado pequeños en relación a lo que el país está poniendo como recursos».

Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada Ortiz pidió al presidente legislativo, Ernesto Castro, incorporar en la agenda de la sesión plenaria una propuesta de Vamos realizada en junio que incluyó un programa de transporte escolar público y la orientación del 8 % del presupuesto de inversión pública a la reparación de calles que se dirigen a centros escolares. Solo logró tres votos, de Vamos y Arena.

 

Con 59 votos de los diputados presentes, incluidos los tres diputados de oposición, la Asamblea Legislativa aprobó este martes un pronunciamiento por el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, iniciativa de diputados de Nuevas Ideas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La pieza de Nuevas Ideas, leída por la diputada Elisa Rosales y hasta este mediodía aún no publicada por la institución, indica que existe la “urgencia de fortalecer los sistemas de salud para garantizar que la detección temprana sera un derecho accesible y universal”.

“La detección oportuna, el acceso equitativo a tratamientos de calidad y un robusto sistema de apoyo psicosocial demuestran ser la tríada más eficaz para salvar vidas e incrementar significativamente las tasas de supervivencia”.

Pronunciamiento aprobado con 59 votos.

En el pronunciamiento, los legisladores exhortaron a fortalecer los programas de educación y se solidarizan con las pacientes.

Marcela Villatoro, hija de una sobreviviente

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, exhortó a las mujeres a acudir a sus exámenes anuales para detectar a tiempo la enfermedad y subrayó la importancia de la autodetección. Felicitó a las madres de las familias que lograron vencer el cáncer. “Y para las mujeres que están pasando por ese momento difícil, quiero decirles que no pierdan la esperanza”, agregó la diputada, quien recordó que ella es hija de una sobreviviente del cáncer.

“Él le decía ‘menos mal que viniste a tiempo’. El oncólogo le dijo: ‘si tú hubieses venido en diciembre no estarías contando la historia ahorita’. Por eso es importante que todas las personas vayan a su chequeo, sobre todo las mujeres. Es de ley que se vaya una vez al año”.

Marcela Villatoro (Arena).

Elisa Rosales: “Hemos vencido el cáncer dos veces”

Por su parte, la diputada Elisa Rosales aseguró que el 90 % de los casos detectados son curables.

“En mi familia hemos vencido al cáncer dos veces, una vez fue a mi abuelita, una vez a mi mamá, mujeres que me mostraron valentía, fortaleza, sobre todo un espíritu inquebrantable”, expresó.

Señaló que hablar de cáncer “no debe ser hablar de muerte” sino de prevención y de vida.

“Esta lucha no debe tener fecha, debemos hablar de la prevención del cáncer de mama todos los días del año. Es una enfermedad que no respeta condición social, ningún tipo de condición, es por eso que las mujeres debemos estar informadas”.

Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

Claudia Ortiz: “Es como un chorrito de vainilla”

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se solidarizó con las mujeres que están sufriendo la enfermedad y con las diputadas que compartieron experiencias familiares, y afirmó que la salud es un derecho y es un bien público que debe garantizar el Estado pero consideró que el pronunciamiento no es suficiente.

“Ese pronunciamiento es muy necesario, está muy bonito, sin embargo, colegas, lamento decirles que este pronunciamiento es como un chorrito de vainilla en medio de un caldo grueso, amargo y oscuro del deterioro del sistema de salud pública en El Salvador… Casi van a iguar lo que el FMLN gobernó y aún hoy por hoy el sistema de salud deja mucho qué desear”.

Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz saludó la recién formada Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) cuya conformación por 50 organizaciones fue anunciada el lunes.

Advirtió que el desabastecimiento de insumos y medicamentos denunciado por Conadesa “interrumpe tratamientos” como cáncer, insuficiencia renal y “obliga a la población a costear su salud con recursos propios”, y aseveró que hay retraso de citas debido al despido de personal médico y falta de inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario.

Suecy Callejas: “Para reconstruir, a veces hay que tirar”

Por su parte, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo puede quejarse la oposición y “estar extrañando el hospital lleno de ratas” en referencia al Hospital Nacional Rosales. “Si ustedes destruyeron en 35 años a sus anchas, déjennos construir en ocho, lo que ustedes tiraron y derrocharon y se robaron en 35”, indicó.

“El sistema en ningún país es para beneficiar a los médicos o al personal de salud, es para beneficiar a la población. Ese sistema que se heredó es paupérrimo y los cambios, aunque no les gusten, son necesarios. Para reconstruir, a veces hay que tirar y eso es lo que estamos haciendo”.

Suecy Callejas (Nuevas Ideas).

Callejas dijo que honraba la memoria de su abuela, sus tías y amigas. “A todas las mujeres salvadoreñas les quiero recordar que el momento de actuar es hoy. No es mañana, da miedo. Siempre es mejor saber”, indicó.

La organización Acción Ciudadana (AC) verificó que Comprasal, el sistema electrónico de compras públicas de El Salvador, nuevamente ha puesto al acceso público las contrataciones adjudicadas por las instituciones del Estado, pero considera que la información es incompleta.

Uno de los compromisos del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa en el marco del “Servicio Ampliado del Fondo” (SAF) por $1,400 millones durante 40 meses fue la publicación de los beneficiarios finales de los adjudicatarios de los contratos públicos con la información de los respectivos contratos.

Efectivamente, la AC logró acceder al sitio web de Comprasal creando un usuario con correo electrónico pero señaló que se puede ver únicamente el apartado “Registro de adjudicaciones” con información general de las compras realizadas por las instituciones públicas: información del proceso, la institución, fecha de adjudicación, empresa adjudicada y el monto.

“No aparece el contrato como tal u orden de compra, ni las modificaciones si las hubo. Es una obligación que se ha cumplido de forma incompleta porque no están los documentos de respaldo”, indicó el informe de la AC.

El análisis de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI indica que la información ahora publicada en Comprasal no es “relevante sobre proyectos de infraestructura pública”, sino que son compras de artículos como uniformes del personal, suministros de limpieza, compra de equipos informáticos.

La AC recuerda que anteriormente publicaron otro informe que concluyó que 11 de 23 proyectos emblemáticos fueron declarados bajo reserva total durante el quinquenio anterior.

Comprasal también está publicando los nombres de los beneficiarios finales de la adjudicación respectiva y nacionalidad, otro de los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI.

Sin embargo, según la AC, no es un cumplimiento completo, ya que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene estándares mínimos como: información suficiente para identificar a los beneficiarios finales, medios y mecanismos a través de la propiedad; identidad de la persona como nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de identidad; medios y mecanismos a través de las cuales ejercen como beneficiario final.

“Se ha publicado únicamente el nombre del beneficiario final”, indica la organización no gubernamental, pero señala que “la información publicada se queda muy corta ya que solo se indica el nombre de la persona natural”. Un beneficiario final, señala, son las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente o la persona en cuyo nombre se realiza una transacción.

Según el artículo 10 de la Ley de Compras Públicas, todas las instituciones de la administración pública están obligados a utilizar el sistema electrónico Comprasal, en el cual deben registrar toda la información sobre las contrataciones del Estado; las contrataciones sujetas a la Ley de Compras Públicas fuera del sistema Comprasal son consideradas “infracciones graves”. Además, es responsabilidad “de todos los proveedores del Estado mantener la información actualizada” en el Registro Único de Proveedores del Estado del sistema de Comprasal.

Solo un compromiso cumplido según la AC

El informe de la AC evalúa ocho compromisos del gobierno salvadoreño con el FMI en el marco del SAF, de los cuales dos presentan cumplimiento parcial o de algunos de los indicadores; cinco los considera no cumplidos; y solo uno considera cumplido, así:

1. Compras públicas: cumplimiento parcial.
2. Nuevo marco anticorrupción: no cumplido.
3. Fortalecimiento de la Corte de Cuentas: no cumplido.
4. Lucha contra lavado de dinero y financiación del terrorismo: Ley de prevención de lavado de activos aprobada el 7 de octubre pero falta de legislación sobre beneficiario y propiedad final, ni medidas para fortalecer el rol de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República.
5. Independencia judicial y fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública: no cumplido.
6. Transparencia y responsabilidad fiscal: cumplido.
7. Riesgos y regulaciones sobre criptomonedas: no cumplido.
8. Sistema de pensiones: no cumplido.