Categoría: Politica

  • Gobernación desmiente impuesto a remesas por ley de agentes extranjeros, Caleb Navarro dice “hay reportes” y SSF advierte sanciones

    Gobernación desmiente impuesto a remesas por ley de agentes extranjeros, Caleb Navarro dice “hay reportes” y SSF advierte sanciones

    El Ministerio de Gobernación aclaró en un comunicado oficial que la retención del impuesto de la Ley de Agentes Extranjeros no aplica “en ningún caso” al envío o recepción de remesas familiares.

    El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que ya había reportes y que los bancos estarían “complicados” si los reportes eran ciertos.

    En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el viernes, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros no fue creada para establecer un impuesto a las remesas que reciben de los salvadoreños y desmintió un video divulgado en TikTok. “La proliferación de esta información no sé de dónde proviene”, indicó.

    “La ley de agentes extranjeros también aplica para sus remesas”, indicaba el video puesto por el diputado Soriano, quien lo desmintió.

    “Perdón, William”, lo interrumpió el diputado Navarro, en la reunión, en donde estaba presente la superintendencia del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias.

    “Pero sí, deberían de revisarlo porque sí hay reportes que han hecho descuento de remesas diciendo que es agente extranjero y, si es así, el banco está complicado, revisen eso”, expresó el legislador.

    El diputado Caleb Navarro (Nuevas Ideas) y el fiscal general, Rodolfo Delgado. / Tomada de: @CalebNNavarro.

    “Sí es la mala información (del video), pero ya hay reportes que bancos le están reduciendo algunas remesas diciendo que son agentes extranjeros. No sé si es para boicotear el trabajo que se está haciendo como país pero, si hay retención, hay que preguntarles a los bancos”, insistió el legislador de Nuevas Ideas.

    Posteriormente, el diputado Soriano aseguró los bancos podrían estar cayendo en prácticas ilegales. “Estamos viendo que, o se está compartiendo información totalmente maliciosa, o el sistema bancario está cayendo en prácticas que riñen contra la ley”, fueron las palabras del diputado Soriano.

    Navarro reiteró que, si “fuese que algún banco que nos han reportado que el cajero ha manifestado que por el tema de agentes extranjeros, eso es grave, muy grave”, dijo.

    SSF: «Podemos sancionarlo»

    La superintendenta del Sistema Financiero advirtió que, si acaso ocurre “cualquiera de esas desviaciones decirle al público salvadoreño que puede abocarse a la Superintendencia” y, si se demuestra que el banco o la entidad actuó ilegalmente, hay un marco de sanción.

    “Si ha habido alguna retención de algún impuesto que no es el correcto, igual nosotros ahí podemos sancionarlo”, advirtió la superintendenta.

    Los diputados aprobaron el viernes un dictamen favorable de una nueva ley contra el lavado de dinero que aumenta el umbral mínimo de $10,000 a $15,000 de dinero que debe ser declarado en el ingreso al país, que excluye a los inversionistas de los sujetos obligados y que prohíbe expresamente que una persona sea excluida de servicios financieros.

    La superintendenta destacó que la nueva ley establece una segmentación clara de la normativa para vigilar los riesgos y un protocolo para informarle a la Fiscalía. “Hoy por hoy no tenemos esas disposiciones”, reveló.

    El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que buscan la «inclusión financiera» y aseveró que no es posible que un inversionista sea sujeto obligado de la ley contra el lavado de dinero solo por ser inversionista.

  • Diputados de Nuevas Ideas se quejan de “exclusión financiera” en discusión sobre nueva ley antilavado

    Diputados de Nuevas Ideas se quejan de “exclusión financiera” en discusión sobre nueva ley antilavado

    Durante la discusión sobre la Ley contra el lavado de activos el pasado viernes, que suprimirá de los sujetos obligados a los inversionistas, los diputados de Nuevas Ideas emitieron quejas de conductas de “exclusión financiera” en el sistema financiero contra usuarios salvadoreños que residen en el exterior, o incluso familiares de funcionarios y políticos.

    Los diputado, quienes dijeron reciben las quejas de salvadoreños en el territorio o en el exterior, plantearon casos que calificaron de «criminalización» o «discriminación» financiera contra personas que pretendían realizar o realizaron transacciones o depósitos, o usuarios que buscaban adquirir un bien inmueble o invertir en El Salvador.

    Los legisladores enumeraron casos como discriminación financiera a familiares de funcionarios públicos o partidos políticos, la exigencia de estados de cuentas del pasado o de escrituras, la tardanza en una transacción, requisitos para la recepción de remesas, la petición de quitarse la gorra para realizar un depósito o la exigencia de una declaración jurada por cada depósito de la empresa Uber.

    Los legisladores se reunieron ayer con el fiscal general, Rodolfo Delgado, y con la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quienes defendieron la nueva ley antilavado, presentándola como una normativa que busca quitar la «sobrerregulación» y eliminar «la exclusión financiera».

    Las quejas

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que le pidieron el Documento Único de Identidad por una compra mayor de $100.

    “La palabra discrecional ha algo que ha imperado en nuestra sociedad, es algo que no se ha aplicado y eso afecta la justicia que los salvadoreños esperan. No solo hablamos de la hora de abrir una cuenta de ahorro sino a la hora en que a mí me hacen determinada solicitud pero al que está a la par lo dejan pasar como si nada”, indicó.

    Aseguró que iba a comprar “unos artículos” para una actividad territorial que tiene este fin de semana. “Había un rótulo que decía que a partir de $100 las personas tenían que presentar su dui”, dijo. Aclaró que no andaba el DUI.

    Rivas agregó que esto sucede no solo con salvadoreños que “quieren invertir” sino con “salvadoreños que quieren traer sus ahorros a nuestro país” y que “tienen en su mente el miedo de decir ‘yo no puedo llevar más de equis cantidad”, indicó.

    “Yo no quiero imaginarme que cada vez que una persona hace algún trámite, se le está tratando como un presunto criminal”, se quejó. Señaló que no es justo que les estén pidiendo “más de lo que la ley regula” a esas personas que hacen una transferencia por $100 o hacen un depósito de $300.

    Aseguró que también ellos lo han vivido como diputados.

    “¿Por qué a nosotros nos han exigido determinadas cosas y por qué otros no los cumplen? Este es un buen paso no solo para permitir que la gente acceda a los servicios financieros sino también para dejar de criminalizar a los salvadoreños que quieren hacer cualquier tipo de transacción”.

    Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

    Por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, pidió aclarar cuáles son los sujetos obligados para explicarles a los emprendedores, empresarios y salvadoreños en el exterior.

    “Hemos podido cómo el mismo sistema financiero, haciéndose valer de algunas normativas, está discriminando a salvadoreños que no tienen nada que ver con la función pública”, se quejó.

    Señaló que “hay mucha discrecionalidad”, “y no me refiero a la SSF sino a las entidades bancarias”.

    Soriano dijo que han recibido reclamos de salvadoreños que residen en el extranjero y que quieren invertir en El Salvador pero se encuentran con obstáculos en el sistema financiero.

    “Ellos se han encontrado con barreras y esas se encuentran en el sistema financiero, pasan uno, dos años sin poder ingresar el fruto de su trabajo a nuestro país”, indicó. Señaló que cada inversión que “se detiene son empleos que se dejan de formar”.

    Podría pasar toda la tarde mencionándole casos de personas que han desistido de invertir porque simple y sencillamente alguien en el sistema financiero no les permite traer su dinero y poder invertir, y generar riqueza en nuestro país”.

    William Soriano (Nuevas Ideas).

    Aseveró que el dinero que quieren invertir es producto de “actividades lícitas y honestas”.

    “Hemos visto casos de personas que solo por ser familiar de tal persona le son negada la entrada a cualquier entidad bancaria o salvadoreños que han estado a punto de perder su crédito porque no pueden traer la contraparte que les exige el sistema bancario”, expresó el diputado por La Unión.

    Sin embargo, aseguró que no están “hablando de suavizar condiciones”. El diputado sostuvo que hay “discrecionalidad y discriminación”.

    El diputado Caleb Navarro, también de Nuevas Ideas, aseguró que hace dos semanas se reunieron con la presidenta del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos “viendo estos temas”. “El salvadoreño que quiere seguir adelante en ocasiones el obstáculo que se encuentra es el sistema financiero”, indicó.

    Por su parte, Walter Coto, también legislador de Nuevas Ideas, reiteró los obstáculos “que muchas veces un extranjero” impiden que un extranjero invierta en El Salvador. “Pero dicen ‘es que son políticas internas del banco”, indicó.

    Agregó que “a muchas personas vinculadas con partidos políticos, no se le puede aprobar una tarjeta de crédito”. “El estar vinculados a la política ya forma parte de una exclusión”, señaló.

    El diputado Coto aseveró también que “de ninguna manera se están abriendo portillos para que se pretenda hacer delitos vinculados al lavado de dinero y activos”. “Lo que se está haciendo es verificar que la gente que se va a investigar sí tenga rastro o alguna cuestión que pueda determinar que sí evidentemente está cometiendo un hecho delictivo”, expresó.

    Navarro dijo que “hay situaciones bien extremas” como solicitarle estados de cuentas anteriores o de familiares al usuario.

    “O para alguna persona que están invirtiendo en un inmueble, ‘tráigame la escritura’, ¿pero cómo le voy a dar la escritura ahorita si el dinero lo necesita para comprar?”.

    Caleb Navarro (Nuevas Ideas).

    Luego, el diputado Francisco Villatoro, también de Nuevas Ideas, reiteró que “se está limitando mucho la inversión y el desarrollo”. “Estamos viendo que se está criminalizando, incluso inversionistas, salvadoreños que residen en el exterior, salvadoreños que se quieren superar, tal vez quieren abrir su SAS, ya los quieren criminalizar cuando quieren abrir una cuenta”, indicó. Según el legislador, “muchas de estas instituciones financieras les echan la culpa a las instituciones”.

    El diputado también cuestionó el lapso que se tarda una transacción desde el extranjero. “Muchas de esas transacciones, tal vez tienen empresas en equis país, aquí adquirieron un terrenito pero lo financian a 15 años, ahora trasladan a una cuenta que ya tienen aquí, se tardan 15 días o más”, relató.

    El diputado Navarro añadió que en muchos casos los “bancos se amparan” en la ley y relató que a una persona “le cayó su salario”, va a retirar $600 y le preguntan para qué lo va a usar. “De la planilla le han depositado a su cuenta, y le dicen: tiene que decirme en qué se va a gastar el dinero”, dijo el diputado Navarro. Agregó que “le piden una camándula” por $100 o $500.

    A eso la diputada Alexia Rivas dijo que un cajero le pidió a un usuario quitarse la gorra para “poder hacer el depósito del dinero”. “Cosas que parecen un chiste están sucediendo”, expresó la diputada.

    Luego, el diputado Navarro dijo que el banco le hace firmar una declaración jurada de que no proviene de lavado de dinero si recibe depósitos de la empresa Uber. “Y eso es verídico, por cada transferencia”, dijo.

    La Comisión de Seguridad aprobó el viernes el dictamen favorable de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», que modifica a los sujetos obligados de la normativa, eliminando a los inversionistas nacionales e internacionales de los sujetos obligados.

  • Alexia Rivas: “El Salvador trata la cultura progresista con la misma severidad que el terrorismo”

    Alexia Rivas: “El Salvador trata la cultura progresista con la misma severidad que el terrorismo”

    De acuerdo a la diputada Alexia Rivas, del partido Nuevas Ideas, en El Salvador se tratará lo que llamó “cultura progresista” como se trata el terrorismo.

    “Seamos claros. El Salvador trata la cultura progresista con la misma severidad que el terrorismo. No permitiremos la destrucción de la familia salvadoreña con este cáncer globalista”, expuso la legisladora en X.

    Rivas también respondió al comentario de un usuario en X que expresó que quería mudarse a El Salvador ya que está “atrayendo inversionistas” como CoreNest Capital y desarrollando blockchains como Coreum y defendiendo “valores familiares fundamentales y sólidos”.

    La diputada de Nuevas Ideas le respondió que “una economía próspera combinada con sólidos valores familiares”.

    La directora de la Oficina Nacional del Bitcoin del gobierno salvadoreño, Stacy Herbert, respaldó las nuevas reglas para prohibir el “lenguaje inclusivo” en las escuelas de El Salvador. Aseguró que “si las palabras no tienen un significado común, compartido, el diálogo se vuelve imposible”.

    “Cuando palabras como hombre o mujer carecen de un significado fijo, conceptos como hecho, evidencia o verdad pierden su estándar común. Todo se vuelve radicalmente subjetivo, imposibilitando el consenso sobre la realidad objetiva”.

    Stacy Herbert, directora de Oficina Nacional de Bitcoin.

    “Una sociedad sin una definición compartida de sus palabras es una sociedad que ha perdido su capacidad de razonar en conjunto, de gobernarse a sí misma o incluso de compartir un mundo”, expresó.

    La noche del 2 de octubre, la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, envió el memorándum 22-2025 la prohibición de “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos y dependencias del Ministerio de Educación.

    “Palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotroxs o cualquier deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia. De esta manera se garantiza el buen uso del idioma”, anunció en el memorándum la funcionaria.

  • “No es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista. Eso le resta competitividad al país”, dice el fiscal

    “No es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista. Eso le resta competitividad al país”, dice el fiscal

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, llegó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar los cambios en el proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, que sustituirá a la Ley contra el lavado de dinero y activos vigente desde 1998.

    El dictamen favorable fue aprobado por segunda vez, con modificaciones, este viernes.

    Entre los cambios que vienen en este proyecto de ley y que esta tarde los diputados dictaminaron favorable es la exclusión de los sujetos obligados a los inversionistas nacionales y extranjeros, actualmente sujetos obligados de la ley antilavado.

    El fiscal dijo que hay una «sobrerregulación» de sujetos obligados en la ley.

    «Otra de las novedades de esta ley es el tema de los sujetos obligados, actualmente tenemos una sobrerregulación de sujetos obligados. De conformidad con lo que establece la actual ley, todas las personas naturales y jurídicas en el país, sin ningún tipo de distinción, son sujetos obligados de la ley de lavado de dinero y activos. Eso lo que provoca son obstáculos para ser eficientes, crea una gran cantidad de información sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de parámetros objetivos, para generar información de calidad que pueda ser analizada por la Unidad de Investigación Financiera», aseguró.

     

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    En este sentido, aseveró que en este nuevo proyecto, que podría ser aprobado el martes, se excluyen a las personas jurídicas que no se dediquen a a actividades de naturaleza financiera de los sujetos obligados.

    «No entiendo por qué en las anteriores legislaturas nunca se percataron de eso, no sé si era intencional y era orientado a simplemente considerar como sujetos obligados a determinados sectores de la economía nacional, con aras de proteger los diferentes intereses privados. Entonces, eso no lo podemos permitir, tenemos que definir quiénes son los sujetos obligados sobre criterios técnicos y es precisamente por eso que están orientado esta denominación a una reducción de los sujetos obligados de conformidad con la ley, de tal manera que se excluyen a las personas jurídicas, salvo a aquellos que se dediquen a actividades de naturaleza financiera o que conformen entre sí conglomerados», indicó el funcionario.

    Según el fiscal, los inversionistas extranjeros no tienen por qué ser sujetos obligados de una normativa contra el lavado de dinero si a lo que vienen es a explorar posibilidades de inversión en el país, ya que eso le resta competitividad al país y le genera costos al Estado, argumenta.

    «No es posible que en la actualidad, un inversionista extranjero que venga a explorar las posibilidades de negocio en nuestro país, sea, por el simple hecho de ser un inversionista, sea un agente obligado. Un emprendedor que recién inicie su negocio que decida conformar una SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas), conformar una S.A. de C.V. (sociedad anónima de capital variable), automáticamente es un sujeto obligado y tiene la responsabilidad de tener un oficial de cumplimiento o por lo menos un encargado de cumplimiento, lo cual significa costos que son un lastre inicial, que no se poseen en otros países, por lo menos de la región centroamericana. Eso le resta competitividad al país en términos de promoción de las inversiones, en términos de inclusión financiera y en términos de generar riqueza para todos los salvadoreños», defendió el funcionario.

    Los diputados estuvieron de acuerdo con este y otros cambios «necesarios» expuestos por el fiscal y al final aprobaron un dictamen favorable. El dictamen sería conocido en la plenaria del martes 7 de octubre.

     

  • Dictaminan nueva ley antilavado: aumentan a $15,000 el umbral para la declaración de dinero en efectivo al ingresar a El Salvador

    Dictaminan nueva ley antilavado: aumentan a $15,000 el umbral para la declaración de dinero en efectivo al ingresar a El Salvador

    La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable de «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva».

    Se trata del dictamen favorable que aprobó la Comisión en diciembre de 2023 pero con algunos cambios.

    La nueva normativa, que podría ser aprobada en la sesión plenaria del próximo martes 7 de octubre, sube el umbral de dinero en efectivo que es obligatorio declarar al ingresar a El Salvador. Actualmente, es obligatorio declarar dinero en efectivo arriba de $10,000. Se sube a más de $15,000.

    El fiscal general, Rodolfo Delgado, quien llegó a la Comisión a explicar el proyecto de ley, lo explicó así: «Hasta $15,000 no es necesario realizar ningún tipo de declaración, es decir, usted viene en el aeropuerto, usted trae $15,000 en efectivo, usted pasa y no tiene que rendir ningún tipo de declaración».

    «Si usted trae $15,001, usted solo tiene que llenar un formulario que se llena en cualquier frontera o cualquier aeropuerto», detalló.

    Luego, el fiscal reveló: «Usted puede transitar porque no es delito portar dinero en efectivo, porque no es delito tampoco traer $15,000, en adelante, en efectivo, siempre y cuando lo declare. Si usted trae menos de $15,000 y usted camina tranquilamente por nuestro país», aseguró Delgado.

    El fiscal explicó que la modificación no es «antojadiza», que lo hacen por «estándares internacionales».

    Nueva ley para la «inclusión financiera»

    En la Comisión, el fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la nueva ley prohíbe «expresamente que una persona sea excluida» de los servicios financieros, dijo que «el cierre de cuentas» bancarias no puede ser discrecional, aseveró que alguien no puede ser Persona Expuesta Políticamente (PEP) «por el simple hecho de ser funcionario público» y que «no es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista».

    La propuesta de retomar el dictamen que había sido aprobado en diciembre de 2023 fue realizada por el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad. Aseguró que era necesario actualizarlo «viendo las normativas internacionales» y que ha establecido también el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    Los diputados aprobaron la moción del diputado Navarro y recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quienes defendieron el proyecto.

    «No podemos continuar con un marco normativo que está vigente desde 1999. Esta nueva ley pretende cumplir con estándares internacionales y lo que busca es la prevención, la detección, el combate de cada una de estas actividades criminales, sin necesidad de caer en una sobrerregulación ridícula en la que nos han tenido desde la vigencia de la ley actual», expuso el fiscal.

    Un Comité interinstitucional

    Señaló que se crea un «Comité interinstitucional para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva» como un organismo constitutivo de coordinación estratégica para diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas y planes de acción.

    El Comité estará conformado por el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Seguridad Pública y Justicia, ministro de Hacienda, ministro de la Defensa Nacional, ministro de Economía, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales, presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente del Sistema Financiero que conformarán el Consejo Directivo del organismo presidido por el fiscal general.

    El diputado Caleb Navarro pidió incluir en este Comité, que será conocido como Ciplav, al presidente de la Asamblea Legislativa; el fiscal respondió que no había inconveniente.

    Umbrales se definirán en reglamento

    El fiscal agregó que, sobre la información que los sujetos obligados deben trasladar a la Fiscalía, «se están estableciendo reglas claras» y que los umbrales «van a ser definidos posteriormente en el reglamento, pero la ley establece que siempre estarán basados en estándares internacionales».

    También se simplificó la lista de sujetos obligados y se dejaron: a instituciones (bancos comerciales, de inversión, sociedades, AFP, sociedades de seguros, gestores de fondos de inversión, entre otros), asociaciones de cajas de crédito, personas jurídicas que otorgan préstamos, casinos, personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria, comerciantes de piedras o metales, abogados, auditores cuando atienden actividades inmobiliarias, de activos, cuentas, administración de empresas o creación de sociedades, transporte, proveedores de activos digitales y bitcoin, y partidos políticos.

    Se excluyen, entre otros, a: importadores de productos agropecuarios, empresas constructoras, empresas de seguridad, empresas hoteleras, organizaciones no gubernamentales, droguerías, inversionistas nacionales e internacionales.

    La ley integra la Evaluación Nacional de Riesgo para que «surjan políticas adecuadas para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo».

    La Superintendente dijo que los cambios se implementarán de manera expedita para «darle un servicio a la población de manera que logre todos los beneficios de que hablaba el señor fiscal y hagamos la gestión adecuada del riesgo de lavado de dinero, sin perjudicar la inclusión financiera y sobre todo evitar la discriminación de una persona que tiene todo el derecho a tener servicios financieros de calidad en el mercado formal».

    La ley deroga la normativa anterior de 1998, así como «cualquier otra norma que la contraríe».

  • Así quedó la calendarización para que titulares de gobierno expliquen el presupuesto

    Así quedó la calendarización para que titulares de gobierno expliquen el presupuesto

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió este viernes la iniciativa del ministro de Hacienda, Jerson Posada, que contiene el proyecto del Presupuesto General del Estado 2026, por $10,555.6 millones, y programó la recepción de los ministros para que expliquen los gastos programados para el próximo año.

    El presidente de la Comisión, Christian Guevara, inició recalcando que deben recibir y discutir el presupuesto para el otro año y que «el gabinete, otras instituciones rindan cuentas» sobre los recursos públicos.

    Para el estudio, Guevara propuso una calendarización, para que los titulares de las instituciones públicas lleguen a defender los presupuestos de cada una. Guevara sometió, a votación la propuesta. Los diputados aprobaron la calendarización, que inicia con el ministro de Hacienda, el próximo 10 de octubre.

    Así quedó la programación

    • Día 1. 10 de octubre de 2025, recibir al ministro de Hacienda.
    • Día 2. 17 de octubre de 2025, recibir al ministro de Seguridad Pública, al ministro de la Defensa Nacional y al fiscal general de la República.
    • Día 3. 24 de octubre de 2025, recibir a representantes del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, al Fondo de Conservación Vial, a la Dirección de Obras Municipales y al Ministerio de Desarrollo Local.
    • Día 4. 31 de octubre de 2025, recibir al ministro de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
    • Día 5. 7 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Turismo, junto con el ISTU, Corsatur, a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y al Ministerio de Gobernación.
    • Día 6. 14 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Salud.
    • Día 7. 21 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Economía, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
    • Día 8. 28 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Cultura, a la Corte de Cuentas de la República y finalmente cerraríamos con el Órgano Judicial.

    «Hay que recordarle a los salvadoreños, que esta Comisión era de las más deseadas, disputada, negociadas en los años anteriores. En esta mesa se tomaron decisiones aberrantes para los salvadoreños, a cambio de prebendas a algunos amigos, a algunos financistas. Aquí se sentaban los diputados corporativos, pero detrás de ellos estaban los corruptores, gracias a Dios el pueblo salvadoreño decidió cambiar eso. Desde la primera reunión que tuvimos, nosotros sin experiencia, pero decidimos que iba a ser el presupuesto más transparente de la historia y así se ha ido ejecutando», aseguró Guevara.

    «Les quiero presentar una propuesta de calendarización dividida por gabinetes, gabinete de seguridad, de infraestructura, gabinete social a excepción del primera día, que como es el que más debe dar explicaciones sobre todo el contexto general, que solo se reciba al Ministerio de Hacienda», dijo Guevara y procedió a leer la calendarización propuesta:

    «En esto, ya hemos tenido la costumbre que hay oeneges que ellas mismas dicen que quieren venir a rendir cuentas, cuando antes huían de eso, podrían haber algunas variantes, pero en términos generales esta es la propuesta de calendarización», dijo Guevara, quien pidió al equipo técnico que giren invitaciones «con el tiempo adecuado, y a todos los representantes de ministerios, carteras de Estado, de las instituciones que traigan los presupuestos con la debida presentación y las líneas generales de trabajo, así como una rendición de lo que se ha trabajado en el presente año».

  • Diputados citan a ministra y superintendenta del Sistema Financiero para explicar nueva ley de fondos privados

    Diputados citan a ministra y superintendenta del Sistema Financiero para explicar nueva ley de fondos privados

    Los diputados acordaron este viernes citar a ministra de Economía y superintendenta del Sistema Financiero para aprobar “Ley de fondos de inversión privados alternativos”, que permitirá a personas la inversión de al menos $250,000 bajo una regulación propia mediante normas emitidas por el Banco Central de Reserva.

    La diputada Dania González, presidenta de la Comisión de Tecnología, propuso citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y a la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias. “Por unanimidad queda aprobado”, indicó, después de la votación.

    La diputada no informó a qué hora o qué día se realizará dicha próxima reunión de la Comisión de Tecnología.

    El diputado William Soriano le preguntó “para cuándo queda la siguiente comisión”.

    “La siguiente semana aproximadamente, probablemente”, le respondió la diputada González.

    Soriano le indicó que algunos tienen “doble comisión”. “Solo para que podamos ajustar un poco el horario”.

    Los fondos privados serán administrados por sociedades privadas y serían regulados por normas del BCR y no por la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero.

    Los inversionistas serán exentos del Impuesto sobre la Renta de todas sus ganancias o utilidades por este tipo de inversiones.

  • Medio salvadoreño GatoEncerrado cierra operaciones en el país y traslada su sede a Costa Rica

    Medio salvadoreño GatoEncerrado cierra operaciones en el país y traslada su sede a Costa Rica

    El medio digital de comunicación salvadoreño GatoEncerrado anunció este viernes que oficialmente cerró operaciones administrativas y financieras en El Salvador para cambiar de sede a Costa Rica porque considera que «es imposible existir jurídicamente en un país que no respeta la libertad de prensa».

    A través de su editorial, el medio anunció que cerró su oficina en El Salvador pero que no renuncian a su «oficio de seguir investigando y fiscalizando el poder», por ello, asegura que se adaptará para denunciar «desde el periodismo los abusos de poder en contra de los más vulnerables».

    El artículo indica que operar desde el exilio «es tan solo el inicio de un nuevo capítulo» en su labor periodística y reconoce que tendrá dificultades para mantener «la calidad periodística» por no estar cercanos a la población pero cree que los llevará «por los caminos de la innovación».

    «En ese contexto de persecución, ciberespionaje y ataques al periodismo independiente, GatoEncerrado decidió cerrar sus operaciones administrativas y financieras en El Salvador. Porque es imposible existir jurídicamente en un país que no respeta la libertad de prensa ni el debido proceso y que tiene los tres poderes del Estado concentrados en una sola persona que modifica la Constitución de la República a conveniencia». Medio digital  GatoEncerrado.

    GatoEncerrado aseveró que buscan «resistir y adaptarse» para seguir haciendo periodismo «incluso en los contextos más hostiles».

    El artículo asegura que «El Salvador está, de nuevo, bajo dictadura» por la persecución de comunidades pobres, ambientalistas, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y «cualquiera que piense distinto a la narrativa oficialista».

    A finales de septiembre, el medio FocosTV también anunció que trasladó sus operaciones a Costa Rica por «la represión de un Gobierno que busca silenciar a las voces críticas» en el país y aseguró que es un desplazamiento forzado.

    Asimismo, esta misma semana, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que mudó su personería jurídica a Costa Rica por las «restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador».

    El primer medio en trasladar su sede administrativa fue El Faro en 2023 por denuncias de ataques, seguimientos, amenazas, espionaje, acoso a anunciantes, difamaciones y múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda.

  • Becas universitarias de Integración requerirían financiamiento de unos $15 millones para 2026

    Becas universitarias de Integración requerirían financiamiento de unos $15 millones para 2026

    Las becas de educación superior entregadas por la Dirección de Integración podrían requerir un financiamiento de $15 millones provenientes de préstamos para el próximo año, aunque el monto definitivo dependerá de la cantidad de jóvenes que apliquen a los programas correspondientes.

    El presidente de Integración, Alejandro Gutman, aseveró esta semana que, si bien no puede precisar el monto exacto, calcula que el monto necesario para financiar las becas de educación superior podría ser de $15 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    El funcionario detalló que están «en plena conversación» con el BID para la adquisición de un préstamo que dé «sostenibilidad al programa» de becas por al menos unos cuatro o cinco años. Detalló que también se ha reunido con el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina.

    «El financiamiento viene por préstamo. Yo no le podría dar precisión, sé que el año que viene probablemente estemos alrededor, y no quiero quedar atado y lo digo para que no lo puedan editar y que sean mal interpretadas mis palabras porque dependerá de la cantidad de gente, pero yo le calculo más o menos que estará alrededor de los $15 millones para los costos para el año que vienen».

    Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.

    El funcionario reiteró que el programa de becas no está contemplado dentro del proyecto de presupuesto que presentaron al Ministerio de Hacienda para el siguiente año fiscal 2026, porque estaría completamente financiado por el préstamo con el BID.

    Entre los años 2024 y 2025, al menos 5,200 jóvenes bachilleres iniciaron sus estudios de educación superior con becas otorgadas por la Dirección de Integración. Los becarios son seleccionados si participan en los programas que ejecuta la institución, cuyo número de participantes son 19,000 y se espera que el próximo año puedan ser al menos 20,000.

    Integración ha firmado convenios con 25 universidades salvadoreñas para otorgar becas. El último fue firmado este martes con la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) para que 150 jóvenes inicien el próximo año sus estudios.

    En el caso de la UCA, su rector, Mario Cornejo, explicó que el mayor porcentaje del financiamiento económico de las becas es subsidiado por el gobierno y un porcentaje mejor por la institución educativa.

    Aunque no precisó la cifra, el presidente de Integración afirmó que, para el presupuesto 2026, han solicitado más fondos que los otorgados para 2025. Según la ley de presupuesto de este año, la institución recibió $16,208,047.

  • Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa presentó el monto de presupuesto que proyecta para el 2026 por $46.9 millones, una cifra igual a la aprobada para el ejercicio fiscal del 2025.

    La Asamblea Legislativa aún no publica su proyecto de presupuesto, sino únicamente una carta de dos páginas dirigida a la Junta Directiva y firmada por cuatro diputados directivos de Nuevas Ideas y uno del PDC, quienes detallan el monto general y explican lineamientos presupuestarios.

    Entre los aspectos que destaca la Junta Directiva en el documento está la búsqueda de un presupuesto «con asignaciones esenciales» «que permitan la operatividad» para la aprobación de las leyes y confirma «el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas Dagoberto Gutiérrez, a nivel nacional, para el periodo 2024-2027», además promete la «mejora de la infraestructura física y tecnológica de la institución».

    En 2024, el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, proyectó bajar el gasto legislativo en $15 millones durante tres años, por la reducción de 84 a 60 diputados que componen la Asamblea Legislativa a partir de 1 de mayo de 2024.

    En 2023, la Asamblea, con 84 diputados, tenía un presupuesto de $57.6 millones. Con la reforma al Código Electoral, en junio de ese año, la Asamblea pasó a conformarse de 60 diputados, lo que supondría un cambio

    El 9 de enero de 2024, al consultarle al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sobre el presupuesto para el 2024, tomando en cuenta esa reducción de diputados, proyectó que el presupuesto del Legislativo tendría por esa reducción de escaños una baja de $15 millones en tres años.

    «En general la reducción está alrededor de $3.5 este año, pero en general van a ser $15 millones en tres años, cuando eso se estabilice», dijo Castro, el 9 de enero de 2024.

    Para 2024, el presupuesto aprobado fue de $54.1 millones, presentando una reducción de $3.5 millones.

    Para 2025, el presupuesto aprobado fue de $46.9 millones, con una baja de $7.2 millones. Por lo que siguiendo lo proyectado por Castro de la baja de $15 millones, para 2026, el presupuesto del Legislativo debería ser de $42.6 millones.

    Sin embargo, en julio de 2024, la Asamblea decidió reorientar parte de los fondos que asignan a cada diputado: $2,200 por cada uno de los 60 diputados para el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a partir de julio de 2024, hasta abril de 2027, un monto que suma $4,488,000. Al final, se reorientaron $5 millones.

    La Asamblea Legislativa tendrá que publicar el documento del presupuesto 2026 con el detalle que especifique las asignaciones presupuestarias para cada rubro.