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La

alcaldía de Santa Ana Oeste creó una Ordenanza de Contribuciones Especiales para vender productos como sombreros y otros con el objetivo de generar ingresos, según establece la ordenanza publicada en el Diario Oficial del 17 de marzo recién pasado.

Santa Ana Oeste lo conforman los siguientes distritos: Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

“Resulta necesario establecer una Ordenanza de Contribuciones Especiales con el fin de generar ingresos a través de diversas actividades determinadas”, establece la ordenanza publicada.

“Esta medida busca fomentar un sentido de pertenencia entre los residentes del municipio de Santa Ana Oeste, incentivándolos a adquieran productos ofrecidos por la municipalidad, adaptándonos a la actual realidad económica y promover la contribución mediante tributos municipales de carácter especial, con el objetivo de recaudar ingresos para la municipalidad a través de la venta de diversos productos”, indica el instrumento aprobado por el concejo que une seis distritos.

El artículo 1 especifica que la Ordenanza «tiene por objeto generar ingresos a través de diversas actividades determinadas tales como la venta de productos especiales» del municipio de Santa Ana Oeste «fomentando el sentido de pertenencia dentro del municipio y poder generar ingresos mediante contribuciones especiales para que así estos puedan ser reinvertidos en diversos proyectos municipales”.

Así, esta alcaldía venderá sombreros unisex, talla y color único a $75; camisas con estampado a $13.56; cinchos a $20.34; pines a $18.08 y pulseras a $9.04.

La municipalidad podrá disponer «únicamente del excedente» respecto a los precios con los cuales es adquirido cada producto y aclara que estos podrán ser adquiridos por los habitantes del municipio “de manera voluntaria”.

La ordenanza fue publicada el 17 de marzo en el Diario Oficial por lo que iniciará su vigencia el 25 de marzo.

El 24 de febrero, el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, anticipó en su cuenta de X sobre la venta de sombreros a $75 y agregó que se podrán adquirir en línea en la página web de la alcaldía.

El gobierno redujo en noviembre de 2023 el Fondo para el Desarrollo Municipal (Fodes) del 10 % al 1.5 % de los ingresos corrientes del Estado que iba destinado a las municipalidades y en enero de 2025 derogó el Fondo de Apoyo Municipal (FAM), una inyección anual de $50 millones que iba a las municipalidades con menos de 73,000 habitantes, excepto el distrito de Antiguo Cuscatlán, del departamento de La Libertad.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha advertido desde el sábado que todas las municipalidades deben suspender cobros como tasas, licencias u otros creados a partir de mayo de 2024 y que, de lo contrario, los acusará del delito de extorsión ante la Fiscalía General de la República. Solo el concejo de San Salvador Centro derogó cuatro ordenanzas; el resto de concejos no ha informado de derogaciones.

Bukele criticó específicamente el cobro que hacía la alcaldía de Ahuachapán Centro a negocios de ventas de celulares, municipalidad que derogó la tarifa.

Con 57 votos, el u00d3rgano Legislativo reformó el martes el presupuesto de 2025 para incorporar $1.9 millones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hacia el Ministerio de Gobernación.

La reforma presupuestaria se realiza luego de que el presidente Nayib Bukele u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/direccion-de-tejido-social-pasara-de-seguridad-a-gobernacion»u003ereformarau003c/au003e el reglamento del u00d3rgano Ejecutivo para delegar a Gobernación la dirección y ya no al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, debido a un necesario «reajuste» para «promover el desarrollo de la juventud de manera eficiente».

La u003cstrongu003eDirección de Tejido Socialu003c/strongu003e, la cual es manejada actualmente por Carlos Marroquín, estu00e1 bajo el ramo de Seguridad Pública, inició en 2020 con un presupuesto de $1 millón y proyecta un presupuesto de $2.4 millones para el año 2025.

El año con mayor presupuesto fue 2023, cuando se programaron $2.6 millones. Para el año 2025, esta dirección tiene $2.4 millones disponibles, de los cuales $943,330 se dirigen a remuneraciones, $1.4 millones en bienes y servicios, y $11,000 en gastos financieros.

A partir del año 2023, el gobierno también creó la Dirección de Integración, a cargo de Alejandro Gutman, con una función similar y un presupuesto de $23.3 millones en 2024 y $16.5 millones en 2025.

En julio de 2024 El Faro u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/bukele-pidio-deportar-a-los-cabecillas-de-pandillas-que-estan-en-eeuu-dice-embajadora-mayorga»u003erevelóu003c/au003e audios donde el director de Reconstrucción de Tejido Social decía que él habría sacado del país al cabecilla de la MS Élmer Canales Rivera, alias «Crook», por Guatemala. El su00e1bado, Estados Unidos envió a 23 pandilleros de la MS-13, entre ellos César Humberto López Larios, alias «El Greñas de Stoner», acusado en una corte de Nueva York por terrorismo.

La Mesa Territorial de la Zona Norte de La Libertad y el Foro del Agua presentaron este miércoles una propuesta de «Ordenanza ambiental marco para la protección del acuífero de San Juan Opico» en la alcaldía de La Libertad Centro, que prohíbe el cambio en el uso de suelo en zonas protegidas.

La propuesta de normativa municipal pretende que no se pueda modificar el uso del suelo en zonas protegidas por motivos industriales, urbanísticos, turísticos y comerciales.

Las organizaciones no informaron si la propuesta fue recibida en la comuna.

A través de una publicación en redes sociales, el Foro del Agua indicó que la ordenanza también busca la creación de un régimen hídrico y administrativo para «la protección, conservación y restauración» del acuífero de San Juan Opico. Asimismo, sugirió la creación de una nueva tasa municipal para «el monitoreo» del mismo acuífero.

La propuesta buscaría la creación de un Comité de Cuenca del acuífero para su vigilancia y protección, además de promover la participación ciudadana. Asimismo, se constituiría un régimen de infracciones para sancionar la contaminación en el acuífero.

El municipio de La Libertad Centro está integrado por los distritos de San Juan Opico y Ciudad Arce. De acuerdo con el Foro del Agua, la propuesta fue formulada a partir de la «consulta popular» en localidades como Quezaltepeque, San Matías, San Juan Opico, San Pablo Tacachico y Ciudad Arce.

La organización Alianza Américas, red transnacional de defensa de los derechos de migrantes latinoamericanos, aseguró esta semana que el traslado de venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador supone «graves problemas legales y éticos» porque se desconoce el organismo que habría determinado la supuesta afiliación a pandillas.

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Más de 200 integrantes del Tren de Aragua llegaron este domingo a El Salvador

El gobierno salvadoreño informó el domingo que recibieron 238 presos de Estados Unidos acusados de pertenecer a la pandilla venezolana «Tren de Aragua» y de la MS13. Sin embargo, Alianza Américas sostiene que los venezolanos han sido detenidos «en circunstancias legales ambiguas» y acusó a El Salvador de ser «cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes».

«El traslado de estas personas a otro país plantea graves problemas legales y éticos. Sigue sin estar claro qué organismos determinaron sus supuestas afiliaciones, bajo qué autoridad fueron deportados o las condiciones de su detención y posible puesta en libertad».

Alianza Américas en un comunicado divulgado esta semana.

Consideró que el despojo de los derechos de los presos, clasificarlos como terroristas «y subcontratar su encarcelamiento a un gobierno extranjero» es «una maniobra cruel» que parte de la política anti-inmigración y «no por la justicia o seguridad» de Estados Unidos.

La red también rechazó el uso del CECOT «para detener a miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas» y señaló que la prisión salvadoreña ha sido cuestionada «por sus condiciones inhumanas de subsistencia».

Alianza Américas condenó «enérgicamente» la decisión del gobierno de Donald Trump de invocar la Ley de enemigos extranjeros de 1798 por considerar que constituye «un abuso de poder que socava la democracia, el debido proceso y los principios que Estados Unidos dice defender». Esta ley permite que un presidente estadounidense pueda detener y deportar a ciudadanos de lo que considera «una nación enemiga»; ha sido usada en 1812, 1942 y en 1946.

El fin de semana, el gobierno estadounidense informó que envió 238 miembros del Tren de Aragua fuera de Estados Unidos a cambio de una tarifa de $6 millones anuales a El Salvador, además de 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas de la Asamblea Legislativa salvadoreña

han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos hacia El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.

Las diputadas de oposición cuestionan que ya han transcurrido 13 días desde que la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la investigación formal contra un refugio de animales de Ilopango y que no hay información sobre el caso ni sobre el alcalde destituido por Nuevas Ideas, José María Chicas.

«Si fuera un alcalde de oposición, inmediatamente le hubiera caído la Fiscalía y ya estuviera preso y ya anduviera con las chancletillas blancas y todo mundo lo anduviera acusando, pero a él no solo le dieron la oportunidad de irse, si no, no dejar las cosas con claridad», dijo la diputada de Arena, Marcela Villatoro. Agregó que la investigación sobre el maltrato de animales solo es la «punta del iceberg», ya que según habitantes de ese municipio hay mal manejo del municipio incluso en servicios básicos como recolección de desechos.

“Mucha gente de San Salvador Este nos habla sobre los malos trabajos que se hicieron por parte de esta alcaldía, desde el tema de basura, esa es una investigación que debe hacerse también y esté él (Chicas) en China o esté aquí, se le debe aplicar la justicia, que investiguen, también sería bueno que la gente denuncie en la Fiscalía”, expresó Villatoro el martes.

Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, enfatizó que la Fiscalía debe informar el avance de este caso y, si es que se le imputó algún delito al exedil, ya que no está claro.

«Corresponde a las autoridades dar cuentas de qué ha pasado con el caso que fue muy notorio a nivel nacional y despertó mucha indignación y habría que ver cuál es el avance del proceso que se le ha imputado, si es que se le ha imputado algo, no queda claro tampoco», aseveró.

El 5 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación formal contra un refugio de animales ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, sobre las condiciones en las que se encuentran los animales, luego que circularan en redes sociales imágenes de caninos en desnutrición severa.

«Actualmente, la FGR mantiene abierta una investigación para determinar las condiciones, procesos y diagnóstico en los que se encuentran los animales en dicho recinto, conforme a las leyes vigentes», informó el Ministerio Público.

El 8 de marzo el presidente Nayib Bukele pidió al concejo municipal de San Salvador Este evaluar “seriamente» la destitución del alcalde José Chicas, así como su retiro del partido de Nuevas Ideas.

«Es evidente que el actual alcalde de San Salvador Este está realizando una pésima gestión, no solo en lo concerniente al refugio de animales, sino también en la administración general de la alcaldía. Dada la ineptitud mostrada, considera que el concejo municipal debería evaluar seriamente su destitución», escribió en Facebook.

El concejo municipal de San Salvador Este destituyó la noche de este sábado a José Chicas como alcalde y nombró al regidor Marvin Elias Aragón como nuevo edil. Nuevas Ideas también lo expulsó.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) observó posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones durante el año 2024, un monto 24 % menor al determinado en los hallazgos de las auditorías de 2023.

Durante el último año, tanto los montos en condenas confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas, como los montos observados en auditorías previas así como las resoluciones de condenas y absoluciones en primera instancia disminuyeron.

El informe, entregado ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indica que el año pasado las cámaras de primera instancia emitieron condenas a funcionarios o exfuncionarios por anomalías que ascienden a $25.7 millones, 77 % menos que un año atr&aacutes; y que absolvieron casos por $11.9 millones, 55 % menos que un año atr&aacutes;.

Durante el año 2024, la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, conformada por el presidente y los dos magistrados nombrados por el Órgano Legislativo, confirmó condenas por $291,322.84, un monto 97 % menor al contemplado en condenas confirmadas en el año 2023.

La mayor disminución de montos cuestionados durante 2024 se registra en las condenas que fueron confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2023, la Cámara de Segunda Instancia confirmó condenas por un monto de $13.8 millones, pero el año pasado confirmó condenas por $291,322.

Desde 2019, el año de mayor monto cuestionado en las condenas confirmadas por la CCR fue 2019, con $15.7 millones, monto que cayó en 2020 a $509,611.67; luego subió a $14.3 millones en 2021 y $13.8 millones en 2023.

Durante el año 2023, los montos cuestionados en las condenas emitidas por las Cámaras de Primera Instancia de la CCR sumaron $112.9 millones, un aumento de 783 % respecto al año anterior; en 2024, la tendencia bajó un 77 % a $25.7 millones.

Durante los últimos seis años, las auditorías de la CCR han cuestionado el manejo de $662,759,999.9, pero no todos los cuestionamientos son confirmados. Los casos son enviados a juicios de cuentas a las Cámaras de Primera Instancia y posteriormente, si hay solicitudes de revisión o apelación, son evaluados por la Cámara de Segunda Instancia, que es conformada por los magistrados de la CCR nombrados por los diputados.

En ese mismo periodo, las Cámaras de Primera Instancia han emitido condenas por $184,859,227.0, y la Cámara de Segunda Instancia ha confirmado condenas por $56,046,551.22 ante solicitudes de apelación o revisión que recibieron.

Las diputadas de oposición Claudia Ortiz (Vamos) y Marcela Villatoro (Arena) cuestionaron la violación a la autonomía de las alcaldías municipales por parte del Poder Ejecutivo ante la advertencia lanzada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha advertido a los alcaldes y sus concejos municipales que, si no revierten incrementos en todos los cobros desde mayo de 2024, los acusará de extorsión ante la Fiscalía General de la República.

«Aquí se trata que prevalezca la Constitución y una es las cosas que la Constitución establece es la autonomía municipal, esto no es aislado, hay muchas otras decisiones que se han tomado desde la Asamblea, desde el Ejecutivo que atentan a la autonomía y a la soberanía de la gente que votó por tener un gobierno local que resuelva las necesidades del territorio. Es importante que la gente vea que se está robando las soberanías de las municipalidades», señaló la diputada de Vamos.

Por otro lado, la legisladora instó a preguntarse por qué la mayoría de las municipalidades han aumentado las tasas. «¿Por una instrucción o por casualidad tomaron la decisión?, pero tomaron esa decisión y hoy se deshacen esa decisión. De fondo está una afectación y una limitación a las autonomías de las municipalidades», insistió. Ahora, nadie está diciendo que los alcaldes estén haciendo las cosas bien», aclaró.

La diputada Villatoro, por su parte, indicó que «la descentralización de las alcaldías está dentro de la Constitución y debe respetarse», y que los problemas no se dan por el número de alcaldías, sino por la incapacidad de muchos que tomaron el cargo.

«El tema no es que haya 100, 200 o 44 alcaldías, el tema es que las alcaldías trabajen de manera efectiva y, si no se está trabajando de manera efectiva y correctamente, el problema son las personas que toman cargo de las instituciones y que no están capacitadas para ello», aseveró.

También cuestionó que ahora el presidente de la República esté interesado en el tema, ya que «mucha gente lo viene denunciando desde hace meses». «El tema de las alcaldías es delicado y no es de ahorita, no es que haya visto (Nayib Bukele) 8,000 tuits, esto tiene meses», dijo Villatoro.

Según la diputada, haberle quitado el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) a las municipalidades los ha llevado también «a cometer abuso», aunque defendió la única alcaldía de Arena, de Milagro Navas, en la Libertad Este, «que sí está haciendo las cosas bien».

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que «lastimosamente la Constitución les da autonomía a las alcaldías» por lo cual no puede «dar órdenes a los alcaldes» pero les advirtió que, si no revierten todos los cobros implementados desde mayo, los acusará de extorsión ante la Fiscalía General de la República (FGR). «No tengo poder para ordenarles, pero sí puedo denunciarlos ante la Fiscalía y los voy a denunciar por extorsión», advirtió Bukele el domingo.

Dos días antes, fue la alcaldía de San Salvador Centro, dirigida por Mario Durán, la primera en recibir una orden de Bukele. «Me estoy enterando de que la alcaldía de San Salvador Centro ha elevado desproporcionadamente los costos de licencias para negocios… Estas alzas deben revertirse de inmediato y los cobros indebidos ya realizados deben ser reembolsados. De lo contrario, impulsaremos legislación para regular estos abusos a nivel nacional», ordenó. Minutos después Durán respondió también en X: «De inmediato presidente».

El concejal del partido CD de la Alcaldía de San Salvador Este, Hernán Carrasco, señaló nombramientos irregulares en la comuna al mismo tiempo que espera que se concrete una investigación relacionada con el

refugio en Bosques de La Paz, Ilopango, de la misma jurisdicción.

Durante la entrevista de Diana Verónica y Tony, Carrasco aseguró que cuando se propuso nombrar al director de Protección Animal de la comuna no estuvo de acuerdo, porque el puesto sería ocupado por el mismo director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

«Cuando se llevó el punto a sesión de concejo nosotros dijimos ‘no acompañamos esa medida’. Es muy difícil que alguien tenga la capacidad de manejar bien dos direcciones».

Hernán Carrasco

Concejal del partido CD en la Alcaldía de San Salvador Este

El concejal señaló que, al igual que en este nombramiento, no apoyó el nombramiento de los jefes de distritos y muchos puestos gerenciales.

Carrasco explicó que en la primera sesión del concejo municipal, cuando se nombró los puestos de confianza, el alcalde destituido, José Chicas, no propuso una terna.

«El alcalde te tiene que presentar (una terna) por puesto, y de esas el concejo elige, nunca se nos presentaron tres personas. Entonces nosotros no acompañamos porque no es la forma en que se tiene que hacer».

Hernán Carrasco,

Concejal de San Salvador Este.

El concejal dijo que la desconfianza se refuerza en la actualidad, porque ha notado que todas las decisiones eran absorbidas por Chicas.

La polémica

El exalcalde Chicas fue separado de su cargo el pasado 8 de marzo en sesión extraordinaria, luego de que el presidente Nayib Bukele solicitara su expulsión del partido Nuevas Ideas (NI) y sugiriera la destitución.

La medida fue una de las consecuencias por la polémica administración de un refugio de animales en Ilopango, luego de que se divulgara en redes sociales una serie de videos y fotografías de mascotas en mal estado.

Tras la difusión del material, Chicas aseveró que el centro había sido inspeccionado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Bienestar Animal (IBA).

En ese momento, la FGR desmintió a Chicas y anunció una investigación.

El 8 de marzo, el presidente Bukele reaccionó a la situación y aseguró que no podía arrestar a Chicas «por mala gestión o negligencia administrativa». En su publicación en Facebook, el mandatario anunció el cierre del IBA, la Polipet y de Chivo Pets, este último habilitado nuevamente un día después.

También se quitó la administración de los refugios a las comunas y se ordenó que se otorgaran a las organizaciones protectoras de animales.

Carrasco indicó este 18 de marzo que la Fiscalía ha continuado investigando pero que no tienen más información al respecto.

Sin precisar detalles, el concejal dijo que este jueves se les compartirá una investigación completa con la que se espera saber qué es lo que ocurrió y deducir responsabilidades administrativas.

Además, instó al gobierno a crear un organismo parecido al IBA para que fiscalice el control de los refugios en poder de las organizaciones protectoras de animales.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que habilitó una ventanilla exprés en el Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez» para la renovación inmediata del pasaporte salvadoreño sin necesidad de acudir a una de las sucursales de Migración.

Para la renovación inmediata, solo se debe presentar el Documento Único de Identidad (DUI) vigente y en buen estado en la ventanilla exprés, ubicada dentro del Aeropuerto.

El trámite tiene un costo de $25, igual que en las sucursales de la institución. Para realizar el proceso se requiere ser mayor de 18 años.

Para la renovación exprés de pasaportes vencidos, no se requiere de la captura de una nueva fotografía sino que se utiliza la más reciente, sea esta la del DUI o la del pasaporte. Para atención de dudas, Migración ha puesto a disposición de los usuarios el número 2535-6212.

«En Migración El Salvador continuamos innovando para que ningún contratiempo afecte tu viaje», afirmó la institución el lunes.

Ventanilla Express para la renovación de pasaportes vencidos en el Aeropuerto Internacional.

Conoce los requisitos para utilizar este nuevo servicio habilitado únicamente para pasajeros en caso de emergencia. pic.twitter.com/FY3ldut9oX

— Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) March 17, 2025

En diciembre de 2023, Migración lanzó la plataforma «pasaporte en línea» para permitir que los residentes en El Salvador puedan renovar el documento de viaje de forma remota. En ese momento, el director de Migración, Ricardo Cucalón, aseguró que el procedimiento beneficiaría a los usuarios al permitirles actuar el pasaporte «de manera fácil y desde sus hogares».

Migración estimaba que en 2023 se realizaban cada día al menos 300 procesos de emisión y renovación del pasaporte salvadoreño.

El lanzamiento de la ventanilla exprés se realiza dos semanas y media antes de las vacaciones de Semana Santa, la cual se conmemora por la feligresía católica desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de abril de 2025.

Estás a punto de realizar un viaje de imprevisto, pero tu pasaporte está vencido.

Renuévalo en nuestra Ventanilla Express del Aeropuerto Internacional.

Solo debes ser mayor de edad y tener tu DUI vigente.

En Migración El Salvador continuamos innovando para que ningún… pic.twitter.com/p65Mbn4lNV

— Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) March 14, 2025

La iglesia católica salvadoreño descartó el martes que piense imponer sanciones a los funcionarios que han promovido o aprobado la nueva Ley general de minería metálica en El Salvador, al contrario, jerarcas religiosos aseguraron que la entrega de 150,000 firmas de ciudadanos para pedir la derogatoria de la normativa es un «llamado pacífico».

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Al ser consultado sobre posibles sanciones a funcionarios, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respondió que no están en disposición de imponer medidas por la aprobación de la ley minera y explicó que la entrega de las firmas es «un llamado a la Asamblea Legislativa en su conciencia para que hagan el bien».

El líder religioso indicó que «la iglesia no está para sancionar», que no es su objetivo «estar amenazando, ni nada parecido» y que para sancionar existen «las leyes civiles». Definió a la iglesia como «una madre que se preocupa por el bien de sus hijos». «Esto nos mueve en el bien de los hijos, en el bien de todos», subrayó.

«La iglesia no está para sancionar, no, no es nuestro objetivo y nunca vamos a estar amenazando ni nada parecido. Hay leyes, las leyes civiles, etcétera, y hay otros mecanismos, pero la iglesia es más bien una madre que se preocupa por el bien de sus hijos».
José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.

Escobar Alas reiteró que «es un llamado pacífico, un llamado humilde podríamos decir» y que solo han advertido «el posible mal que se haría si se explotan las minas» en El Salvador. «Hemos hablado para que se evite, no vamos a ir más allá de eso… Siempre será un llamado de carácter pastoral y, si se quiere, con autoridad moral pero no para exigir».

El también presidente de la Conferencia Episcopal agradeció al pueblo por «la respuesta inmediata» en la recolección de firmas que se realizó del 7 de febrero al 5 de marzo en parroquias católicas y templos evangélicos.

Aunque dijo desconocer «qué va a suceder» con su petición aseguró que están «pidiéndole a Dios» y que esperan que «el Señor… va a mover las voluntades y va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo».

La Conferencia Episcopal de El Salvador sostuvo que su petición de derogación no tiene intereses político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común y de los más vulnerables.