Categoría: Politica

  • UCA cumple 60 años y señala que persisten grandes desigualdades sociales y educativas en el país

    UCA cumple 60 años y señala que persisten grandes desigualdades sociales y educativas en el país

    La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) cumplió en septiembre 60 años de fundación en El Salvador, contexto en el cual señaló que en El Salvador persisten «grandes brechas» en las áreas social y educativa.

    La institución educativa informó que apoyarán proyectos de que beneficien principalmente a los más desfavorecidos.

    El rector de la UCA, Mario Cornejo, sostuvo el martes que, en el marco del 60 aniversario de fundación, se han mantenido en el «servicio del país» y recordó que la propuesta académica de la universidad ha estado «inspirada en la excelencia humana y la justicia social».

    Reconoció que El Salvador es un país «donde persisten brechas», por lo que considera que invertir en educación es «una responsabilidad ética».

    «Sabemos que, en un país como El Salvador, donde persisten grandes brechas sociales y educativas, invertir en educación no es solo una opción, es una necesidad y, más aún, es una responsabilidad ética. Por ello, en la UCA reafirmamos nuestro compromiso de apoyar todo esfuerzo orientado al bien común». Mario Cornejo, rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).

    Cornejo precisó que la UCA abrió sus puertas en 1965 como la primera universidad privada de El Salvador y que continúan firmes en su misión de contribuir «a la construcción de una sociedad más justa y solidaria».

    En ese sentido, explicó que esta vocación transformadora está inspirada en la tradición educativa de la Compañía de Jesús, que cuenta con cerca de 500 años de historia en el mundo, de los que buena parte han dedicado a la educación.

    El rector dijo que, como jesuitas, entienden la educación como «una herramienta para la reconciliación y el servicio al bien común», por lo qu han estado al servicio del país y especialmente de «los más desfavorecidos» poniendo el conocimiento «al servicio de la verdad y de la dignidad humana».

    El martes, la universidad firmó un acuerdo con la Dirección de Integración, entidad que se fundó primero en Presidencia de la República y que ahora está adscrita al Ministerio de Gobernación, para abrir oportunidad a que 150 jóvenes estudien una carrera universitaria con becas financiadas por ambas instituciones. Por ello, dijo que celebran «cualquier oportunidad que permita a más jóvenes acceder a una formación integral de calidad» como la que ofrece la UCA.

    La universidad celebró su 60 aniversario de fundación bajo el lema «60 años de ser una universidad distinta, 60 años de estar al servicio de la verdad y la justicia, 60 años de ser UCA».

  • Gobierno presenta proyecto de presupuesto por $10,555.6 millones para 2026

    Gobierno presenta proyecto de presupuesto por $10,555.6 millones para 2026

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, entregó este martes a la Asamblea Legislativa el proyecto del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026, que asciende a $10,555.6 millones, con una asignación de $3,886.9 millones para los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa.

    El funcionario prometió que el presupuesto está formulado de “manera balanceada” en el cual “los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales”, lo que les permite “por segundo año consecutivo presentar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria”.

    Según Posada, el presupuesto sumará un total de ingresos corrientes por $8,950 millones, un cálculo que supera un 8.3 % los ingresos que fueron calculados en el proyecto de presupuesto de 2025 o $683 millones.

    Para 2026, Hacienda proyecta que tendrá ingresos tributarios por $8,349 millones, $671 millones adicionales al proyecto presupuestario anterior.

    Aseguró que el aumento de los ingresos se debe a la modernización y digitalización de los procesos de recaudación, a la facturación electrónica y a lucha continua contra la evasión y el contrabando.

    Inversión pública

    El gobierno asignó, en esta ocasión, un total de $2,261 millones al Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2026, un incremento de $309.4 millones respecto al PAIP programado para 2025.

    La inversión pública lleva una ejecución presupuestaria del 54.9 % de los $1,684.09 millones programados hasta agosto, por lo que obras no ejecutadas pasarían al año 2026.

    El proyecto de presupuesto 2026 incluye también obras en la construcción del viaducto de Los Chorros por $110.2 millones, también obras para el bypass de Apopa por $74.12 millones, el mercado Santa Ana por $38.6 millones y el aeropuerto del Pacífico por $110 millones.

    El funcionario aseguró que han tenido una administración “ordenada, eficiente, transparente y con credibilidad”. Y que buscan “construir un país económicamente sólido” con un “plan económico ordenado”.

    Educación, Salud, Seguridad y Defensa

    Algunas asignaciones para 2026 según el ministro de Hacienda son:

    Educación: $1,524,7 millones, incremento de 6.9 % respecto a 2025.

    Salud: $1,325 millones, incremento de 12.3 % respecto a 2025.

    Seguridad y Defensa: $1,037.2 millones, 14.8 % respecto a 2025.

    Solo estas cuatro áreas, dijo, suman 36.8 % del plan de gastos total. También, declaró que se asignan al ramo de Obras Públicas un total de $616.5 millones.

    Por otra parte, detalló que dentro del Ministerio de Educación la Universidad de El Salvador (UES) tendrá un presupuesto de $116.5 millones, $2.3 millones más que en 2025.

    El proyecto de presupuesto aún no ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal y en la conferencia de prensa solo permitieron dos preguntas.

    Los cambios del presupuesto 2025

    Como todos los años, el proyecto de presupuesto de 2025 presentado por el Ministerio de Hacienda no es el mismo que se ejecuta. Por ejemplo, el proyecto de 2025 ya sufrió modificaciones por $427.8 millones con datos oficiales hasta julio de 2025.

    Así, Hacienda presentó un proyecto de presupuesto por $9,662.9 millones, $595 millones más que el proyecto presentado para 2024.

    Según el portal de transparencia fiscal, con las modificaciones que ha sufrido hasta julio de 2025, el presupuesto del gobierno central aumentó a $10,085.7 millones, $427.8 millones de lo aprobado inicialmente. Un total de $5,502.03 millones ya han sido devengados o ejecutados.

    Una de las más recientes modificaciones fue la incorporación de $250 millones del préstamo del Banco Mundial a la unidad presupuestaria de “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda. Este préstamo busca mantener la sostenibilidad fiscal del Estado y forma parte del acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador y que catalizará $3,500 millones adicionales de financiamiento de organismos multilaterales.

    El ministro, sin embargo, afirmó que todos los préstamos incorporados al proyecto de presupuesto de 2026 serán destinados a inversión. Han prometido, como en este año, no usar préstamos para gasto corriente.

  • FMLN condena fallo contra Benito Lara: «Lo están condenando a una muerte segura»

    FMLN condena fallo contra Benito Lara: «Lo están condenando a una muerte segura»

    Miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenaron el fallo condenatorio contra Benito Lara, que ha sido sentenciado a 28 años de cárcel por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

    El concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, cuestionó el fallo del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, y aseguró que se debe a la persecución política del gobierno actual contra voces opositoras y a la falta de independencia de poderes.

    «Estamos ante una flagrante violación a los derechos humanos producto de toda una persecución política contra los que alzamos la voz y que de alguna medida cuestionamos el quehacer de este gobierno», dijo.

    Paz agregó que condena «enérgicamente» la resolución y que lo considera una «condena a muerte».

    «Esto es condenarlo a una muerte segura y el no permitir que los abogados le vean, que la familia le vea, que no tenga los medicamentos adecuados y a la edad del compañero Benito, todo eso es una violación a los derechos humanos porque a su edad hay complicaciones de salud. Considero que lo están condenando a una muerte segura», subrayó el concejal Paz, quien afirmó que en El Salvador hay una dictadura.

    Por su parte, la exdiputada y secretaria general de la mujer del FMLN, Anabel Belloso, cuestionó que la Fiscalía base su prueba contra Benito Lara en el relato de un pandillero con calidad de testigo protegido.

    «Desde el inicio, el compañero Benito estuvo presentándose en los tribunales cuando le correspondía, presentando las pruebas de descargo y que no fueron tomadas en consideración; y, al contrario, se le da prioridad a un delincuente que está siendo testigo criteriado, protegido incluso en el exterior, por tanto, condenamo», criticó.

    Belloso también condenó la decisión y consideró a Benito Lara otro preso político.

    Cayetano Cruz, concejal en San Salvador Este por el FMLN, cuestionó también que «esta condena se basa en testimonio de un testigo criteriado». Un «delincuente que ni está en el país, habría que ver qué beneficios le han dado y que puede decir lo que le da la gana sin ningún problema», cuestionó.

    Según Cruz, «no tenían nada más, solo el relato de un testigo delincuente, pandillero que no está en el país». El efemelenista coincidió en que es perseguido político.

    «Este régimen tienen que estar consciente este régimen en complicidad con los jueces, que lo que han hecho con Benito es darle una pena de muerte, porque por la edad que tiene Benito en el sistema carcelario de este país no va a resistir 28 años y con la agravante de sus enfermedades crónicas, así que esto es una pena de muerte», insistió.

    Lara fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitos, presuntamente cometidos entre los años 2014 y 2015.

  • Integración ha firmado convenios con 25 universidades para becar a 20,000 jóvenes

    Integración ha firmado convenios con 25 universidades para becar a 20,000 jóvenes

    La Dirección de Integración ha firmado convenios de cooperación con 25 universidades de El Salvador para otorgar becas a 20,000 jóvenes bachilleres salvadoreños del sistema público que participan en los proyectos de formación que realiza Integración.

    El presidente de Integración, Alejandro Gutman, aseguró este martes que ya son 25 universidades «prestigiosas del país» las que han firmado acuerdos para otorgar becas a jóvenes salvadoreños que son seleccionados por la institución que dirige.

    Según Gutman, actualmente hay 19,000 jóvenes que forman parte del proceso formativo de Integración y espera que sean 20,000 en 2026.

    «Significa que todos los chicos absolutamente, quiero ser muy claro, todos los jóvenes que pasen su proceso formativo tendrán acceso a una educación superior», aseveró.

    «Hoy ya son 25 las universidades que están participando… Prácticamente están todas las instituciones prestigiosas del país… Es un hecho absolutamente inédito  y esto representa también un vínculo, una asociación público-privada muy pero muy relevante». Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.

    Integración estima que los jóvenes que participan en el programa «Educación continúa» es el 45 % de la matrícula completa del último año de bachillerato de los 628 centros educativos públicos del país.

    Afirmó que a través de las alianzas pactadas con las universidades se comparten conocimientos, experiencias, enriquecimiento y «un tema económico entre las universidades y el Estado» para financiar las becas. Con las becas, los jóvenes pueden optar por estudios en universidades, escuelas técnicas o cursos vocacionales dependiendo los requisitos que cumplan.

    ¿Quiénes ya están estudiando con becas?

    Gutman aseguró a medios de comunicación que registran a 5,200 jóvenes beneficiarios de estos convenios que, según el funcionario, ya se encuentran cursando estudios de educación superior en varias universidades.

    Estos 5,200 jóvenes ingresaron en 2024 y 2025. «Ya están terminando su primer y segundo año», agregó.

    Este martes, el presidente de Integración firmó un convenio con el rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), Mario Cornejo, para que 150 bachilleres salvadoreños inicien sus estudios superiores en esa institución en el ciclo I-2026.

    Al respecto, dijo que la UCA es un institución con «prestigio, con una historia tremenda, importantísima para el país» y calificó de orgullo que los jóvenes de Integración «puedan ser parte de este proceso formativo».

  • Deuda estatal de pensiones creció en $47.44 millones en agosto según el BCR

    Deuda estatal de pensiones creció en $47.44 millones en agosto según el BCR

    La deuda estatal de pensiones creció en $47.44 millones en agosto de 2025 según datos publicados este martes por el Banco Central de Reserva (BCR), llegando a $10,970.01 millones.

    En el periodo de enero a agosto de 2025, el monto total de nueva deuda estatal de pensiones emitida, un total de $445.01 millones, ha disminuido en un 39.6 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando en el mismo periodo se habían emitido $737.89 millones.

    Estos datos preliminares del BCR difieren con los publicados por el Ministerio de Hacienda en el documento “Perfil de la deuda del Sector Público No Financiero” con datos hasta agosto de 2025, que reportó una deuda de pensiones de $11,070.6 millones: $8,394.8 millones de los ahorros están en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y $2,675.8 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    Tanto los CFT como los COP son certificados emitidos por el Estado, a cambio de una tasa de interés, en los cuales fueron invertidos los ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

    Los CFT es el nuevo nombre que, en la reforma de diciembre de 2022, adoptaron los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos antes de la reforma; y COP es el nuevo nombre que en la reforma de 2022 adoptaron los instrumentos emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, para que las AFP invirtieran los ahorros en los mismos.

    Hacienda registra que, hasta el 31 de agosto, la deuda estatal de pensiones es el 30.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Con los datos publicados este martes por el BCR, la deuda estatal de pensiones aún es el 29.97 % del PIB. Ambas instituciones públicas citan datos del ISP.

  • Dirección de Integración y la UCA becarán a 150 jóvenes bachilleres de institutos públicos

    Dirección de Integración y la UCA becarán a 150 jóvenes bachilleres de institutos públicos

    La Dirección de Integración y la Universidad Centroamericana «José Simón Cañas» (UCA) firmaron este martes un convenio para becar a 150 bachilleres salvadoreños graduados de instituciones públicas.

    Integración informó que los jóvenes iniciarán sus estudios en el ciclo I-2026 en carreras de licenciaturas, técnicos, o ingenierías en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Económicas y Empresariales, y en Ingeniería y Arquitectura.

    La institución informó que 150 de los estudiantes graduados de bachillerato que han finalizado un «Proceso Formativo de Integración» en la Dirección de Integración y que forman parte del programa «Integrando abuelos» serán recibidos en la UCA.

    El rector de la UCA, Mario Cornejo, detalló que los jóvenes tienen entre las opciones a estudiar carreras en ciencias sociales, ciencias jurídicas, administración de empresas, mercadeo, ingeniería energética, ingeniería  mecánica y marketing digital.

    «Los jóvenes que ingresarán a la UCA como parte de este proyecto estudiarán carreras que se distribuyen en tres de las facultades que conforman nuestra universidad… Nuestra oferta para ellos incluye 10 licenciaturas, tres ingenierías y dos programas técnicos».

    Mario Cornejo, rector de la Universidad Centroamericana «José Simón Cañas» (UCA).

    Cornejo indicó que algunas carreras se desarrollarían para los jóvenes en las modalidades presencial y semipresencial para «facilitar el acceso desde diferentes realidades».

    El convenio se enmarca «en un proceso de transformación académica» dentro de la UCA, con la implementación de un nuevo modelo educativo que busca potenciar «el aprendizaje activo, investigación, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el compromiso ético».

    La Dirección de Integración entregó un reconocimiento a la UCA por sumarse al proyecto de continuidad académica. / Verónica Crespín.

    El rector Cornejo dijo que reafirman su compromiso de acompañar proyectos que lleven «al bien común» y que celebran «cualquier oportunidad que permita a más jóvenes» acceder a «educación de calidad». «Quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a la Dirección de Integración y en particular al señor Alejandro Gutman por acercarse a la UCA y hacernos parte de este proyecto», indicó.

    Por otro parte, el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, dijo que «es un verdadero orgullo como institución poder contar con ustedes (la UCA) no solo por el simbolismo que representa la UCA, sino por la realidad que va a marcar la vida de tantos jóvenes».

    Agradeció al rector de la UCA, así: «Porque rápidamente, lo que no se pudo hacer en tantos años, rápidamente usted generó la mejor disposición». Gutman aseveró que esperan que la alianza pactada este martes se fortalezca con el tiempo.

    Por su parte, el rector de la institución de educación superior dijo que la idea es «seguir firmando otros convenios» para permitir que más jóvenes puedan seguir ingresando posteriormente a la UCA.

    Aseveró que las becas son financiadas por ambas instituciones aunque «un porcentaje mayor lo financia Integración y el porcentaje restante lo financia la UCA». La Dirección de Integración también ha firmado similares convenios con otras universidades privadas en donde los bachilleres tendrán la oportunidad de realizar estudios de educación superior si cumplen ciertos requisitos.

    Los fondos de la Dirección de Integración provienen del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF, antes Insaforp), que recibe las cotizaciones obligatorias pagadas por los patronos del sector privado e instituciones oficiales autónomas con 10 o más trabajadores, y destina 40 % a Integración y 40 % a «cerrar la brecha digital”.

  • Reducen plazo para caer en mora en el pago de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y San José Villanueva

    Reducen plazo para caer en mora en el pago de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y San José Villanueva

    El concejo de La Libertad Este reformó las ordenanzas reguladoras de tasas por servicios de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y San José Villanueva para establecer que el plazo en el que un contribuyente cae en mora sea mayor a los tres días hábiles del mes siguiente sin efectuar el pago correspondiente.

    La reforma se realiza una reforma a la ordenanza de Nuevo Cuscatlán en plazos para la configuración de la mora.

    “El sujeto pasivo cae en mora cuando no realiza el pago de las tasas y deja de transcurrir un plazo mayor a los tres días hábiles del mes siguiente sin efectuar dicho pago. Los tributos pagados en las condiciones que se señalan en este artículo causarán interés moratorio hasta la fecha de su cancelación”, indica el artículo 16 inciso primero reformado en la ordenanza de Nuevo Cuscatlán.

    Las reformas a las tres ordenanzas fueron aprobadas el 10 de abril de 2025 y son publicadas en la edición del Diario Oficial del 22 de septiembre de 2025.

    En la ordenanza de Nuevo Cuscatlán se establecía anteriormente que el sujeto pasivo caía en mora cuando no realizaba el pago de las tasas y dejaba transcurrir un plazo mayor de los 60 días sin efectuar dicho pago.

    En la ordenanza de tasas de Zaragoza, el artículo 12 inciso 1 establecía un plazo de 90 días.

    El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto la homologación de tasas municipales que había aprobado para todos sus distritos.

    La reestructuración municipal determinó que Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza pasarían a formar parte del municipio de La Libertad Este.

    Luego de la reestructuración municipal, el concejo aprobó la homologación de las tasas en julio y octubre de 2024, sin embargo, consideró que la aplicación de la ordenanza no había dado los resultados esperados debido a las diferencias en la información catastral y la base tributaria de los distritos de Antiguo Cuscatlán y el resto.

  • Reincorporarán a trabajadores sociales del sistema médico entre las profesiones reguladas por el CSSP

    Reincorporarán a trabajadores sociales del sistema médico entre las profesiones reguladas por el CSSP

    Una de las reformas al Código de Salud que los diputados podrían aprobar en el pleno, este miércoles, reincorpora a los licenciados de trabajo social que trabajan en salud entre las actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica. Estos profesionales habían sido sacados de la profesión médica en una reforma de 2017.

    Con la reforma dictaminada el lunes se reincorpora al artículo 24 del Código de Salud el literal “ñ”, así: Artículo 24: Se consideran actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica las siguientes: ñ) Licenciatura en Trabajo Social, siempre y cuando se ejerza la profesión en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

    El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, explicó que los que no laboran en el sistema de salud en el sistema de salud hay trabajadores sociales

    Explicó que desde 2017 que se derogó el literal “ñ” los trabajadores sociales del sistema de salud “quedaron en el abandono porque todas sus gestiones que hacían ellos llevaban un respaldo con su firma y su sello”.

    “Hoy por hoy no tienen una validez legal, porque no tienen ese acompañamiento como lo tiene una enfermera, como lo tiene un médico o un odontólogo. Ellos cuando hacen sus gestiones, sus solicitudes, en las alcaldías, parroquias, a buscar ayuda para algunos pacientes, necesitan hacer documentaciones”.

    Daniel Quinteros, presidente del CSSP.

    Según la presentación del Consejo, es necesario que la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva realice vigilancia profesional en el contexto sanitario, ya que realizan labores como ubicación de familiares, transporte, gestión de centros de atención al adulto mayor, de exámenes de laboratorio, de sillas de ruedas, muletas y prótesis.

    Aclaró que el resto de trabajadores sociales, que no laboran en el sistema de salud, “tienen la libertad de no formar parte de esta regulación”.

    Con la reforma, como profesionales regulados bajo el Código de Salud, los trabajadores sociales del sistema de salud se someterán a la vigilancia que ejerce el CSSP.

    Además, tendrá los trabajadores sociales tendrán una Junta de Vigilancia, que tienen como funciones llevar un registro de los profesionales, imponer sanciones, así como vigilar el ejercicio de la profesión y de sus actividades auxiliares.

  • 251 extranjeros obtuvieron nacionalidad salvadoreña en primer semestre 2025

    251 extranjeros obtuvieron nacionalidad salvadoreña en primer semestre 2025

    Un total de 251 extranjeros adquirieron la nacionalidad salvadoreña durante el primer semestre de 2025, lo que representa una disminución del 6.7 % en comparación con los 269 registros del mismo período en 2024, según datos divulgados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

    Del total, 195 lo hicieron por nacionalización y 56 por naturalización. En 2024, las cifras fueron de 213 y 56, respectivamente.

    De acuerdo con la normativa de la DGME, la nacionalización aplica a ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que cuenten con al menos un año de residencia definitiva en El Salvador. En el caso de la naturalización, esta se concede a personas originarias de España o de un país hispanoamericano con un año de residencia definitiva; a extranjeros de cualquier nacionalidad con cinco años de residencia; a cónyuges de salvadoreños con dos años de residencia, así como a refugiados o apátridas.

    En el mismo período de 2025, la DGME también reportó la entrega de 878 residencias definitivas, 1,944 refrendas de residencias definitivas, 2,134 residencias temporales y 1,150 prórrogas de residencias temporales.

    En total, se otorgaron 7,182 calidades migratorias en los primeros seis meses del año, frente a las 5,275 de 2024, lo que refleja un incremento del 36.1 %.

    El informe no detalla los países de origen de las personas que realizaron estos trámites ni incluye información sobre solicitudes de asilo.

     

  • Servicios a domicilio de salud y cuidado de adultos mayores deberán ser autorizados por CSSP, según reforma

    Servicios a domicilio de salud y cuidado de adultos mayores deberán ser autorizados por CSSP, según reforma

    Una de las reformas al Código de Salud incluidas en el dictamen favorable aprobado el lunes en comisión de la Asamblea Legislativa facultará al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) para que autorice todo tipo de “servicios privados de salud”.

    El presidente del CSSP, Daniel Quinteros, explicó que por “servicios privados de salud” se entenderán aquellos servicios profesionales a domicilio, como ambulancia, servicios médicos, enfermería y de cuidado de adultos mayores.

    Según el titular del Consejo, la búsqueda de este tipo de servicios “está en apogeo en los últimos años” y que consideró que el CSSP es la institución que puede dar garantía de que quienes provean estos servicios son profesionales.

    “Por eso estamos pidiendo en la reforma se incluya que nosotros regulemos para que se inscriban y podamos garantizar que aquella casa que llegan a domicilio las personas que prestan los servicios tengan las competencias, y no vaya solo vestido de enfermero o de médico y no lo sea”.

    Daniel Quinteros, presidente del CSSP.

    La reforma agrega al artículo 14 del Código de Salud, que dice “Son atribuciones del Consejo”: “v) Autorizar los traslados y otras modificaciones o trámites posteriores al registro de los establecimientos y servicios privados de salud”.

    Quinteros consideró que estos servicios de salud privados que se están ofreciendo a la población “deben ser regulados, vigilados y controlados dentro del contexto sanitario”.

    “Hemos visto que hay siempre personas inescrupulosas que no tienen un título, se hacen pasar por una profesión que no tienen… Lo vemos en los servicios médico profesionales y de enfermería, también a domicilio que se están dando, los cuidados paliativos a adultos mayores, ¿serán profesionales los que están dando yendo a dar esos servicios?”, indicó a un grupo de diputados de la Comisión de Salud. Aclaró que en estos casos trabajan con la Fiscalía General de la República.

    Así, con la reforma, el CSSP busca verificar que las personas o empresas que ofrecen este tipo de servicios “sean profesionales de salud”.

    El literal “v” del artículo 14 actual solo faculta al Consejo “autorizar los traslados o cambios de domicilio de los establecimientos”.

    Siempre hay personas que dan consultas sin ser médicos. Qué bueno que ahora se va a regular todo eso.

    Ricardo Rivas, diputado de Nuevas Ideas.

    El centro de la reforma que se aprobó en la Comisión de Salud es la eliminación del informe favorable de la junta de vigilancia de la profesión médica como requisito para autorizar un establecimiento de salud privado, para dejarlo solo como facultad del CSSP. El presidente del CSSP dijo que esta reforma reducirá el procedimiento de 30 días a 5 días hábiles, pero fue cuestionada por el diputado Francisco Lira, de Arena, que ve una “concentración de poder” con la reforma en la autorización de centros médicos, y de posible arbitrariedad en los cierres de los mismos.

    El dictamen de reforma al Código de Salud fue aprobada junto a otro dictamen de reforma de la Ley del CSSP y de juntas de vigilancia de la profesión médica. Ambos dictámenes podrían ser aprobados en la sesión plenaria del miércoles 1 de octubre.

    Parte de la presentación del Consejo Superior de Salud Pública a los diputados. / Asamblea.