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El presidente Nayib Bukele sostuvo la noche del lunes que tras los avances históricos en seguridad en El Salvador, el siguiente paso es reforzar la educación y la disciplina escolar como herramientas fundamentales para consolidar una paz duradera en el país.

“El régimen de seguridad nos devolvió la paz, pero será la educación la que nos garantizará que esa paz sea permanente y que siempre podamos salir adelante”, afirmó Bukele desde Casa Presidencial, acompañado por estudiantes de distintos centros escolares, durante una cadena nacional por el Día de la Independencia.

El mandatario subrayó que transformar la realidad desde las aulas es crucial.

“Corregir adultos que crecieron sin valores, que se convirtieron en asesinos, es mucho más difícil, prácticamente imposible. Por eso debemos enfocarnos en los niños y jóvenes, para que nuestras calles estén llenas de ciudadanos respetuosos y responsables”, advirtió el mandatario.

Rechazo a críticas de autoritarismo

Bukele respondió a los señalamientos de la oposición, que ha cuestionado las nuevas medidas disciplinarias en las escuelas: “¿Por qué llamar autoritarismo al rescate de valores y a formar mejor a nuestra juventud? Tal vez quieren que volvamos a pasar por lo mismo que ya sufrimos”.

Según el presidente, la formación en valores y la disciplina escolar impedirán que futuras generaciones glorifiquen la violencia: “Con educación y respeto lograremos un El Salvador donde nunca más la violencia sea admirada”.

El mandatario también anunció la revisión de planes de estudio para eliminar contenidos que, según él, fueron impuestos desde el extranjero.

“En la educación todavía estamos borrando agendas nocivas que no nacieron aquí, fueron financiadas por estructuras externas y copiadas en varios países. Es una nueva forma de colonialismo”,  señaló.

Al menos 226,808 salvadoreños emigraron permanentemente de su país hacia el extranjero durante la última década, 194,849 hacia Estados Unidos, según las respuestas que dieron sus familiares en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024 publicado por el Banco Central de Reserva (BCR).

Un 66 % de los salvadoreños tienen actualmente entre 15 y 34 años; y un poco más de la mitad de los salvadoreños que emigraron, 55.5 %, son hombres.

Esta población emigrante fue reportada por los mismos representantes de las familias entrevistadas durante el censo de población más actualizado de El Salvador.

Los reportados como emigrantes de la última década provienen en su mayoría de los departamentos de San Salvador (19.5 %), La Libertad (11 %), San Miguel (9.4 %), Santa Ana (8.1 %) y de Usulután (7 %), cinco departamentos que concentraron el 55 % de los casos.

En menor proporción, los salvadoreños que se fueron de su país dejaron los departamentos de Chalatenango (6.7 %), La Unión (5.9 %), Sonsonate (5.7 %), Cabañas (5.2 %), La Paz (5.1 %), Morazán (4.5 %), San Vicente (4.5 %), Ahuachapán (4 %) y Cuscatlán (3.3 %).

En el censo de población realizado en 2024 por el BCR cada familia salvadoreña fue preguntada sobre si algún miembro de su hogar se fue a vivir permanentemente a otro país, cuántas personas, sus nombres, sexo, edad actual, en qué año salió, cuál es el país de residencia actual y por qué se fue a vivir a otro país.

Las opciones posibles de la pregunta 17, sobre la causa de la emigración, eran: buscar trabajo, se casó o acompañó, reunirse con la familia, recibió oferta de trabajo, estudio, inseguridad o violencia, desastres naturales, deportación u otra causa.

Así, la causa número uno de la emigración de la última década fue la búsqueda de trabajo, mencionada por un 57 % de familias. El resto de causas es mencionada por poblaciones menores: la reunión familiar, por un 15 %, la inseguridad por un 14 %, el estudio por un 5 % y que se casó o acompañó por un 4 %.

Según un informe de Pew Research Center que se basó en datos de 2023, un total de 850,000 salvadoreños residen en Estados Unidos en condición migratoria irregular. El estudio ubicó a los salvadoreños, junto a los guatemaltecos, en segundo lugar de las poblaciones migratorias en condición irregular más grandes en los Estados Unidos, después de los mexicanos. El dato, sin embargo, incluyó a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) por no ser un estatus permanente.

El Censo 2024 no indagó si la emigración realizada fue bajo condiciones regulares o irregulares.

El Salvador no podrá recibir $99.5 millones del préstamo por $100 millones que suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF) para emergencias, si no hay evidencia de esta ante un desastre. El resto de los fondos, $500,000, es la comisión inicial que El Salvador debe pagar por el préstamo.

«No se efectuará ningún retiro del tramo único de retiro a menos que el Banco esté satisfecho, con base en evidencia satisfactoria para él, de que se ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia para responder a un desastre en todo o parte del territorio del prestatario», indica el contrato de préstamo 9855-SV oficializado mediante publicación del Diario Oficial.

El contrato considera como desastre consecuencias de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos de tierra, huracanes, tormentas, inundaciones, sequías, incendios forestales, epidemias o pandemias.

«Cualquier desastre de naturaleza predominantemente política, tecnológica, de seguridad, industrial, militar o fiscal queda excluido de esta definición», aclara el apéndice del trato entre El Salvador y el BIRF.

Además, considera que la declaración del Estado de Emergencia debe ser emitida por la Asamblea Legislativa o, si esta no sesiona, por el presidente de El Salvador, que deberá informar posteriormente al Legislativo.

El programa le exige compromisos fiscales al Estado

Incluso, antes de una solicitud de retiro, el banco puede decidir realizar una revisión del progreso de El Salvador en la ejecución del programa.

El gobierno deberá informar de «cualquier situación» que pueda «revertir materialmente los objetivos del programa» o cualquier acción, incluyendo las acciones fiscales a las cuales se ha comprometido.

El programa del préstamo presupone que el Gobierno de El Salvador ha adoptado una serie de medidas para estabilizar su situación macroeconómica, que van en consonancia con los compromisos adoptados por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, el programa del préstamo presupone que el gobierno de El Salvador aplica un marco de responsabilidad fiscal, que incluye el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que las instituciones del Estado «planifiquen, implementen y monitoreen el presupuesto» destinado a su personal y propongan sus presupuestos anuales «en línea con el Plan Fiscal».

El préstamo para emergencias con el BIRF también presupone que el gobierno haya regulado el funcionamiento de las empresas de economía mixta, compromiso asumido, detalla el contrato, en el acuerdo 346 del Ministerio de Economía del 22 de mayo de 2025.

Así mismo, el gobierno deberá cuantificar los riesgos fiscales asociados al clima y los desastres naturales, un compromiso asumido en el acuerdo del Ministerio de Hacienda número 936 del 2 de mayo de 2025.

La fecha de cierre del contrato de préstamo es el 20 de noviembre de 2028; si la fecha de cierre se extiende, el gobierno debe pagar 0.25 % del monto del préstamo disponible para su retiro.