Categoría: Politica

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que han logrado a través de Cancillería una cooperación internacional que suma $112,366,600 durante lo que va del año, lo cual ha servido para financiar 27 proyectos en el país.

“Solo este año se ha recibido $112 millones en cooperación internacional con nuestros principales socios que están financiándose a través de 27 proyectos alineados con las prioridades del presidente Nayib Bukele, entre ellos primera infancia, salud, educación, agricultura, turismo, infraestructura, ciencia y tecnología, y otras áreas estratégicas”, dijo la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, a diputados de la Asamblea Legislativa.

Durante el presente año, la Cancillería ha realizado un total de 339 convocatorias para ofrecer un total de 3,799 becas y programas de formación internacional.

La oficina diplomática también se refirió a que se han gestionado 31 donativos que suman $792,000.

Todos los años, Cancillería gestiona cooperación financiera no reembolsable, que son donaciones financieras, además de becas y donaciones en especie. En el último año registrado en la memoria de labores 2024-2025, Cancillería detalló convenios de cooperación financiera concretada que sumaron $158,170,680. De junio de 2023 a mayo de 2024, la memoria de labores de Cancillería reportó una cooperación no reembolsable concretada por $183,126,012.80.

En el último año, los cooperantes internacionales más importantes son Italia, Luxemburgo, España, Unión Europea, India, China, la FAO y PNUMA.

Desde el año 2005, la cooperación concretada más alta ocurrió en en el año 2014-2015, cuando se concretaron $1,055.2 millones, seguido del año 2010-2011, con $395.9 millones; y en el año 2022-2023, con $357 millones.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseveró el viernes que la diáspora salvadoreña ha impulsado inversiones que suman $51.6 millones y que también ha realizado donaciones por más de $1 millón a través de Cancillería.

“En términos de inversión y de migración inversa, la diáspora salvadoreña ha impulsado inversiones por un total de $51.6 millones, esto es lo contabilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y esto muestra la confianza que ellos están teniendo en el país”, indicó.

Detalló que están “identificando 100 proyectos de inversión potenciales” de la diáspora.

El 14 de octubre pasado, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, indicó que la diáspora salvadoreña ha invertido cerca de $1,000 millones en cinco años.

Según la memoria de labores 2024-2025, los salvadoreños residentes en el extranjero invirtieron $5.1 millones de junio de 2024 a mayo de 2025.

«Vinculan» a más de 51,000 salvadoreños

En su informe presentado a los diputados de la Comisión de Hacienda, este viernes, la funcionaria reveló que los salvadoreños en el extranjero donaron $1,054,000 a través de Cancillería y que este Ministerio ha “vinculado” a través de distintas actividades a 51,892 salvadoreños en el extranjero en lo que va del año 2025.

“Nosotros hemos vinculado a través de diferentes actividades culturales, gastronómicas, entre otras, a más de 51,000 salvadoreños, consolidando estos espacios de acercamiento y también se han recibido más de $1 millón en donaciones que han sido gestionadas, que han sido gracias a la mano y el buen corazón de nuestra diáspora”, fueron las palabras de la vicencanciller.

Según Mira, las donaciones de los salvadoreños en el extranjero se han colocado en diferentes proyectos de beneficio para el país.

Mientras, Cancillería ha promovido 249 actividades de “diplomacia pública” para posicionar al país “a través de la cultura y el deporte”, exposiciones de arte y espacios públicos en el exterior.

Otros proyectos

Cancillería dijo que ha consolidado alianzas con más de 245 empresas en el extranjero para brindar 3,566 oportunidades de trabajo para salvadoreños, y han logrado remesas por más de $36.3 millones solo en 2025 por parte de los trabajadores temporales, $7.7 millones inversión en salud y $1.7 millones en inversión en educación, además de $12.2 millones en inversión en vivienda.

Para el próximo año, esperan que sean 5,000 oportunidades de trabajo.

Mencionó que más de 1,700 personas participaron en España en el programa “El Salvador más”, en donde participaron los ministerios de Turismo y de Vivienda para “dar de primera mano este servicio a nuestra diáspora”.

El procurador general de la República de El Salvador, René Escobar, reiteró la política institucional de no “defender a toda costa” y aseguró que, si consideran que una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para lograr su libertad.

“Si una persona es culpable de la comisión de un delito, yo no voy a ser parte de una institución que genere la impunidad. Y vamos a hacer firmes en nuestras defensas, pero también vamos a ser respetuosos de los procesos y no nos vamos a valer de tecnicismos para generar que personas que han cometido delito estén en libertad, eso no lo vamos a permitir”, indicó el funcionario, el viernes, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El funcionario aseguró que “hay familiares que están conscientes de las acciones que ha cometido” su pariente.

“Muchos defensores públicos a nivel sobre todo de Latinoamérica tienen una estructura y esquema de trabajo y es defender a toda costa, sin embargo, los invito a que vean las disposiciones de la Constitución”, indicó.

El funcionario afirmó a los diputados que él garantizará “los derechos” de todas las personas privadas de libertad y el debido procesos, sobre todo si consideran que algunos casos pueden revisarse.

“No somos juez y parte, estamos ejerciendo nuestro rol. Y lo vamos a seguir haciendo así”, expresó.

La PGR ha asistido de manera directa a más de 4,700 personas a quienes jueces les han sustituido las detenciones por otras medidas cautelares, sin embargo, el procurador enfatizó en que no significa que estas personas sean inocentes, lo que se determina, dijo, al final del proceso.

Según Escobar, en el pasado se normalizó la criminalidad en el país y muchas personas cometían delitos como avisarle a las pandillas cuando llegaba la Policía o guardar el dinero de una extorsión.

“Estos casos en los cuales hemos hecho un planteamiento porque consideramos que debe haber una evaluación por la peligrosidad que podría considerarse, los jueces han hecho una reconsideración y dicen esta persona puede continuar el proceso en libertad porque no presenta un riesgo pero no quiere decir que no haya una acción delictiva cometida”, indicó.

En mayo de 2025, la organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron un escrito ante la PGR para denunciar lo que calificaron como «deficiente atención» a víctimas y familiares afectados por el régimen de excepción; y señalaron al procurador general de no garantizar una adecuada defensa de derechos humanos.

El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, señaló a la PGR de ser «cómplice» en capturas arbitrarias y criticó procesos colectivos alegando que los presentan de esa manera porque «no tienen pruebas».

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial aprobó los estatutos de la Asociación Salvadoreña de Vapeadores (Asovape SV o ASV), que son las personas que usan dispositivos para inhalar vapor con o sin nicotina, conocidos también por la población como cigarrillos electrónicos.

Los estatutos fueron aprobados el 16 de diciembre de 2024, avalados por Gobernación el 26 de marzo de 2025 y publicados en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 2025.

El presidente de la asociación es Jorge Isaí Beltranena Romero; el vicepresidente, George Alejandro Geltranena Artero; y el secretario, Marvin Alexander Olmedo Mejía.

Según sus estatutos, la asociación tiene como objetivos difundir “investigaciones científicas de fuentes confiables relacionadas con el vapeo y la reducción del daño causado por el tabaquismo” y “concientizar” en el “uso del vapeo en mayores de edad como un método de reducción del daño para los usuarios del tabaco”.

Autoridades sanitarias estadounidenses tienen publicaciones que señalan consecuencias dañinas para la salud de las personas tanto del tabaquismo, la nicotina como de los cigarrillos electrónicos o vapeo.

La asociación plantea en sus objetivos que uno de sus objetivos es “ser escuchados” en las iniciativas que buscan “regular, limitar o prohibir la venta, uso o consumo de artículos relacionados con la actividad del vapeo con líquidos con o sin nicotina”.

Según una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, del 31 de enero de 2025, el aerosol de los cigarrillos electrónicos puede contener sustancias dañinas y potencialmente dañinas, como nicotina, productos químicos que causan cáncer, metales pesados como níquel, estaño y plomo, partículas que se pueden inhalar proundamente en los pulmones y compuestos orgánicos volátiles.

En dicha publicación, los CDC advierten que estas sustancias dañinas en los llamados “vapes” pueden incluir “aromas como el diacetilo”, un químico que los CDC aseveran que está “vinculado a una enfermedad pulmonar grave” y que algunos pueden usarse “para comer pero no para inhalar porque los pulmones procesan sustancias de manera diferente al intestino”.

Esta publicación también asevera que el “vape” tiene “menos productos químicos nocivos que la mezcla mortal de 7,000 productos químicos en el humo de los cigarrillos” pero señala que “esto no hace que los cigarrillos electrónicos sean seguros” y advierte que aún se está investigando sobre sus efectos a corto y largo plazo.

Además, advierte que algunas personas que usan cigarrillos electrónicos “han experimentado convulsiones” y “pueden causar lesiones no deseadas”.

La recomendación de la CDC es que los vapes “no deben ser utilizados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres que están embarazadas”: señalan que la mayoría tienen nicotina, que es adictiva y es tóxica para los fetos en desarrollo, puede dañar el cerebro y los pulmones, y el uso de vapes se asocia a un bajo peso al nacer y al nacimiento prematuro.

Una publicación de mayo de 2024 indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado los vapes para ayudar a las personas a dejar de fumar. Esta organización ha aprobado siete medicamentos para ayudar a las personas a dejar de fumar pero recomiendan usarlos con asesoramiento conductual.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el viernes el dictamen favorable para extender por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, el periodo para eximir de cobros o aranceles en el Registro de Comercio la inscripción de sociedades por acciones simplificadas conocidas como SAS.

El dictamen fue aprobado de manera unánime luego de una reunión con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien en su presentación indicó que desde su implementación en 2023 hasta el 18 de noviembre de 2025, ha habido 6,065 SAS inscritas, con un capital social de $16.2 millones.

Más de 63 % sociedades son unipersonales, es decir están constituidas por una sola persona.

Un total de 256 empresas bajo esta esta modalidad SAS tienen 435 derechos de propiedad intelectual inscritos y 230 inmuebles registrados en el CNR ya tienen como titulares SAS, según Trigueros.

El trámite para constituir una SAS puede realizarse a través de CreaEmpresa.gob.sv con un capital social mínimo de $1. Se eliminó la solvencia municipal para facilitar la constitución de estas empresas y en general de sociedades anónimas.

El CNR proyecta que sumarán 7,700 inscripciones de comerciantes en todo 2025, de los cuales 986 serían comerciantes individuales, 2,526 jurídicos, y 3,897 serían SAS. Esta cifra superaría los 6,042 comerciantes inscritos en 2024 y los 4,460 de 2023.

En su presentación, el funcionario indicó que en el quinquenio 2004-2009 se inscribieron 11,224 comerciantes inscritos, en el quinquenio 2009-2014, 11,639 inscritos; en el periodo 2014-2019, un total de 13,688 inscritos; y aumentó a 19,094 inscritos en el quinquenio 2019-2024, de las cuales 572 fueron SAS.

A partir del quinquenio que inició en 2024, contabiliza 11,196 comerciantes inscritos de los cuales 5,482 son SAS.

En la solicitud del Ministerio de Economía, argumenta que busca facilitar la formalización de los comerciantes a través de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que desde 2023 pueden inscribirse con un único accionista, persona natural, a diferencia de las sociedades anónimas.

El abogado y activista salvadoreño David Morales denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos una docena de abogados han salido de El Salvador durante este año por temor a ser capturados arbitrariamente, en un contexto de creciente autoritarismo, represión contra voces críticas y cierre del espacio cívico.

Durante una audiencia en Miami, en el marco del 194 período ordinario de sesiones de la CIDH, Morales aseguró que las restricciones al ejercicio de la abogacía en el país han escalado en áreas como el sistema penal, la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

“En mi país, la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía”, afirmó Morales, miembro de la organización Cristosal. Según explicó, los ataques públicos desde el Gobierno hacia abogados y organizaciones sociales han sido reiterados, y la situación se agravó en 2025 con al menos cinco profesionales detenidos.

López y Anaya, en prisión y sin contacto

Entre los casos mencionados está el de la abogada Ruth López, exjefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien fue arrestada el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. La CIDH le otorgó medidas cautelares, señalando que enfrenta un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurrió con el abogado Enrique Anaya, otro jurista crítico del Ejecutivo salvadoreño, también detenido.

Morales denunció que tanto López como los demás abogados privados de libertad “permanecen en total incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados defensores”, lo cual ha sido constatado por la CIDH.

Ley de Agentes Extranjeros cierra espacios cívicos

El activista también expuso ante la CIDH los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que permite al Estado cerrar organizaciones sociales, cancelar su personería jurídica, imponer multas de hasta $250,000 y aplicar un impuesto del 30 % a los fondos provenientes de cooperación internacional.

“La LAEX busca cerrar el espacio cívico y controlar de forma arbitraria a las organizaciones sociales”, afirmó. Morales advirtió que este marco legal ha obligado a instituciones como Cristosal y Fespad a cesar parte de sus operaciones.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la normativa tiene fines punitivos, ya que facilita la censura, el monitoreo estatal y la imposición de sanciones discrecionales contra quienes critican al Gobierno.

La procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, Mireya Tobar Navarrete, anunció a los diputados que la procuradora, Raquel de Guevara, ha dado instrucciones para “deshacerse” de un edificio de la institución debido al recorte presupuestario que enfrenta hacia el año 2026.

“Hoy la procuradora dio instrucciones al secretario general para tomar medidas sobre un edificio en el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se va a deshacer para irnos acomodando por el recorte presupuestario, el cual nos va a impactar”, anunció.

La funcionaria, quien asistió en lugar de la titular de la institución, advirtió que tendrán una “reducción bastante significativa” en el presupuesto.

“El presupuesto de este año, que correspondía de $10,765,707 tiene una disminución de $1,926,951, que impacta en un 18 % de disminución, quedando un monto presupuestario para 2026, de $8,838,756”, observó a los diputados.

Sin embargo, mencionó que la procuradora ha tenido la iniciativa de “contar con un edificio propio”. “Ese es parte de los sueños”, dijo. Los legisladores no hicieron preguntas ni comentarios.

Recortarán un 10 % del presupuesto equivalentes a $393,856 al área de monitoreo y protección de derechos humanos y recortarán un 12 % equivalentes a $60,170 a educación, promoción e investigación de derechos humanos. Disminuirán las remuneraciones en un 20 % y los bienes y servicios en un 12 %.

El papel de la PDDH ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales debido a su pasividad ante denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan más de 6,500 denuncias, en su mayoría de capturas arbitrarias.