Categoría: Politica

  • Arquidiócesis, Embajada de España y organizaciones lamentan el fallecimiento del padre Tojeira

    Arquidiócesis, Embajada de España y organizaciones lamentan el fallecimiento del padre Tojeira

    Organizaciones, figuras públicas y defensores de derechos humanos lamentaron la partida del sacerdote jesuita José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y defensor de derechos humanos, quien falleció en Guatemala este viernes a sus 78 años.

    El Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca), del cual fue director, lamentó con profundo pesar el fallecimiento del sacerdote. “Dedicó su vida con entrega y sencillez al servicio de El Salvador, país al que amó profundamente y en el que dejó una huella imborrable”, publicó en X.

    El Idhuca señaló que Tojeira acompañó a las víctimas de la violencia y que fue un referente ético y espiritual en “momentos oscuras de nuestra historia reciente”.

    Lamentaron su fallecimiento también la Arquidiócesis de San Salvador, la Embajada de España en El Salvador, el Equipo Regional de Monitoreo de derechos humanos en Centroamérica, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Universidad de El Salvador (UES), la asociación Cristosal.

    “El padre Tojeira dedicó su vida a El Salvador y Centroamérica y fue un referente para muchas generaciones”, indicó la Embajada de España.

    “Gracias por su testimonio”, indicó la Arquidiócesis de San Salvador. “Fue una persona con gran compromiso social, académico y pastoral”, indicó la UES.

    «Su voz, su fe y su lucha por la justicia vivirán en la memoria de nuestros pueblos», expresó Cristosal, quien lo recordó como «un referente de esperanza y compromiso con los derechos humanos».

    David Morales, exprocurador de derechos humanos y director de justicia transicional de Cristosal, agradeció a Tojeira por “su defensa de la verdad”, su amor a su pueblo y su acompañamiento a las víctimas.

    También, el exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, quien aseguró tuvo la oportunidad de conocerlo en el Encuentro Nacional Anticorrupción en El Salvador en 2018, lamentó su muerte. “Fue un faro de justicia, memoria y libertad: rector comprometido de la UCA, incansable defensor de los derechos humanos”, indicó.

    Ramiro Navas, exintegrante del partido Nuestro Tiempo, aseguró que Tojeira fue una de las figuras más influyentes para toda una generación de defensores de derechos humanos. “Gracias @ChemaTojeira por su ejemplo de vida para el Evangelio del amor al prójimo, la justicia social y la liberación”, indicó.

    También el profesor Rafael Francisco Góchez expresó que siempre recordará “la valentía del padre Tojeira en la búsqueda de justicia para sus compañeros jesuitas asesinados en 1989, así como su honestidad intelectual hasta el último día”.

    Publicó el 2 de septiembre la columna de opinión “La esperanza traspasa muros. Reflexiones sobre la resurrección en la cárcel”. También publicó, el 4 de septiembre, “La deuda con el agua” y “Defender defensores”, en donde escribió: “A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen poder y abusan de él”.

    Políticos de oposición como la diputada Marcela Villatoro y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, también lamentaron el deceso del religioso.

  • San Vicente Sur concede exención de intereses y multas a contribuyentes por deudas tributarias

    San Vicente Sur concede exención de intereses y multas a contribuyentes por deudas tributarias

    La alcaldía de San Vicente Sur, que integra los distritos de San Vicente, Guadalupe, Verapaz, Nuevo Tepetitán, Tecoluca y San Cayetano Istepeque, acordó una exención de intereses y multas a sus contribuyentes.

    El beneficio entró en vigor este 5 de septiembre y tiene un plazo de 150 días para que los contribuyentes que están en deuda puedan acogerse.

    Podrán acogerse al beneficio los contribuyentes del municipio en situación de mora cn tasas e impuestos municipales, los contribuyentes por tasas o impuestos en proceso de cobro judicial iniciado antes de la vigencia de esta ordenanza y que se sometan a la forma de pago establecida en ella, quienes hayan suscrito convenio de pago, quienes hayan incumplido ese convenio y no se les haya dictado sentencia judicial firme en el proceso ejecutivo por parte de la municipalidad.

    También, serán beneficiados los contribuyentes que tengan bienes inmuebles y que reciben uno o más servicios municipales y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente.

    Los planes de pago deberán a un plazo de 150 días a partir del 5 de septiembre.

    Para aplicar a la exención, los contribuyentes deben acudir al Departamento de Cuentas Corrientes del Municipio en el plazo establecido, y solo podrán gozar de la exención quienes realicen pago total o parcial en cuotas dentro de los 150 días establecidos.

     

  • Economista suspenderá su participación en entrevistas y debates públicos

    Economista suspenderá su participación en entrevistas y debates públicos

    La economista Julia Evelin Martínez, crítica del gobierno actual, anunció este viernes que suspenderá su participación en entrevistas y debates públicos sobre temas de realidad nacional.

    Con el mensaje “A quien corresponda, mensaje recibido… Esta cuenta dejará de funcionar a partir de este día”, Martínez indicó en su cuenta de X que dejará de participar en entrevistas.

    Ella se definía en X como “economista feminista, atea, parresiasta e iconoclasta” en su cuenta de X, que tiene 10,500 seguidores.

    Una de sus más recientes críticas fue la cumbre de derechos humanos que encabezó la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel de Guevara, esta semana en San Salvador. “Señores y señoras asistentes al Foro Global de Derechos Humanos que se realiza en El Salvador: vean este video y se lo llevan de souvenir a sus países”, indicó el 3 de septiembre, junto al video en el cual agentes policiales revisaban las pertenencias de miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) que se dirigían a una protesta frente a la cumbre de procuradores de derechos humanos.

    Su más reciente aparición pública la hizo en el programa La Tribu FM que dirige Pencho Duque, el 3 de septiembre, en donde expuso críticas hacia el presidente de la República, Nayib Bukele, y al director de Centros Penales, Osiris Luna. En el programa, calificó al gobierno actual “de derecha”. “Esta es una derecha retrógrada porque está tratando de regresar al pasado”, indicó.

    Fue catedrática de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), fue directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) de junio de 2009 a diciembre de 2010 y fue directora ejecutiva de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES) de 1993 a 1996.

  • Comprarán seguro médico y de vida para magistrados de Cámara y jueces de la CSJ por más de $772,000

    Comprarán seguro médico y de vida para magistrados de Cámara y jueces de la CSJ por más de $772,000

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lanzó este viernes una oferta de compra para adquirir un seguro médico hospitalario y de vida para los magistrados de Cámara y jueces del Órgano Judicial por $772,175.00.

    En la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) se detalla que la Corte busca contratar 461 seguros de vida por $80,675 y 461 seguros médicos hospitalarios por $691,500.

    El contrato de servicio estará vigente desde el cierre de las negociaciones hasta el 20 de diciembre de 2026.

    En seguro médico, la Corte indica que la suma asegurada es $25,000 y que deberá tener cobertura en Centro América, Belice y Panamá y, en el seguro no debe haber límite de edad.

    Incluye atención por accidentes laborales, hernias, tratamientos psiquiátricos y psicológicos derivados del estrés laboral como: ataques de pánico, depresión, trastorno cognitivo, etcétera. Además, incluye la realización de exámenes especiales y quimioterapia.

    En cuanto al seguro de vida, la suma asegurada también es $25,000 y al asegurado principal le corresponde una suma de $1,100, incluyendo dependientes como su cónyuge, hijos, hijastros, siempre que sean menores de 21 años y que dependan económicamente del asegurado.

    Le puede interesar: CSJ comprará seguros de vida y hospitalarios para sus 15 magistrados: ¿qué les cubrirá?

    El seguro de vida colectivo brinda cobertura a la muerte natural aunque incluye los que sean provocados por suicidio y homicidio, cuya atención será inmediata. Además, cubre los accidentes en motocicleta.

    La Corte pide en la oferta de compra del servicio que la empresa no se niegue a incluir en la cobertura a los magistrados o jueves que soliciten y señala que «no podrán rechazar ninguna inclusión».

    A inicios de 2024, la Corte compró un seguro médico y de vida para 9,100 empleados del Órgano Judicial por un monto de $6,415,500. El seguro fue contratado para una vigencia de un año.

    Por otro lado, el seguro médico y de vida de los 15 magistrados de la Corte fue adquirido a finales de 2024 por una suma de $120,000. Los seguros de vida habrían costado $5,000 y el médico por $3,000. La suma asegurada por cada magistrado es de $100,000.

  • Llegan más voluntarios japoneses para apoyar proyectos en turismo, salud y prevención de desastres

    Llegan más voluntarios japoneses para apoyar proyectos en turismo, salud y prevención de desastres

    Cuatro voluntarios japoneses llegaron esta semana a El Salvador para apoyar proyectos técnicos durante dos años en dos ministerios, una alcaldía y una asociación.

    A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), cuatro jóvenes japoneses brindarán asistencia técnica y fortalecerán esfuerzos en los ministerios de Turismo y Salud, en la alcaldía de La Libertad Sur y en la Asociación de Municipios Cayaguanca.

    Los voluntarios brindarán asistencia durante dos años en turismo, salud y desarrollo comunitario con énfasis en la prevención y respuesta a desastres naturales, medio ambiente y conservación de recursos naturales.

    El apoyo de los jóvenes fue gestionado por el gobierno por medio de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), cuya directora general aseguró que han buscado el apoyo en prioridades para el gobierno salvadoreño.

    “Este programa es muy valioso y de gran importancia, porque los voluntarios vienen a trabajar directamente con la población salvadoreña y vienen a dejar su corazón». Karla de Palma, director de la ESCO.

    Por su parte, la jefa representante del JICA en El Salvador, Hiromi Nai, aseguró que los voluntarios fueron asignados «cuidadosamente a una institución que comparte su vocación de servicio», por lo que considera que cada tarea que desarrollen dejará «un impacto que tocaría vidas y dejará huellas duraderas».

    En total, el Ministerio de Relaciones Exteriores registra al menos 30 voluntarios japoneses activos en El Salvador. Los asiáticos apoyan, además, en programas educativos, deportivos y de fortalecimiento institucional.

  • Inyectarán $80 millones de deuda de CEL a nuevo Fondo de Mitigación de Energía

    Inyectarán $80 millones de deuda de CEL a nuevo Fondo de Mitigación de Energía

    El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma presupuestaria para incorporar $80 millones de deuda provenientes de títulos emitidos por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) al Fondo de Mitigación del Sector de Energía, que estará dentro del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET).

    El propósito es “atender obligaciones en el sector eléctrico” según el decreto 343 del 3 de julio pasado.

    El 3 de julio, la Asamblea reformó la ley del FINET para delegarle el subsidio al consumo de la energía eléctrica a la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda y crear dentro esta un Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), además de facultar al FINET a “otorgar cualquier otro subsidio”.

    Los $80 millones provienen de la emisión de títulos valores por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en una emisión por hasta $580 millones aprobada el 3 de julio, de los cuales $500 millones se usarían para consolidar deudas de la empresa pública.

    El FMSE será “recuperado progresivamente por medio de los pagos realizados por los usuarios beneficiados”, indica el artículo 7 del decreto.

    El FINET era administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), disuelto con la aprobación de la ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). En octubre de 2022 las funciones del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) pasaron del Ministerio de Economía a Hacienda.

    La solicitud fue enviada por el secretario jurídico de la Presidencia el 3 de septiembre y remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el mismo 3 de septiembre a las 9:18 a.m.

  • TSE con retrasos en inicio de contrataciones para voto electrónico 2027

    TSE con retrasos en inicio de contrataciones para voto electrónico 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene retrasos en dos fases de la contratación de las empresas que desarrollarán y auditarán el voto electrónico para los salvadoreños en el extranjero en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.

    Dos fuentes internas del Tribunal aseguraron a Diario El Mundo que la institución no ha iniciado ninguna de las fases previstas en el calendario electoral para el voto electrónico. La primera ya tuvo que haber culminado y la segunda tendría que estar en ejecución según la programación.

    El calendario electoral establece que el 2 de junio debió haber iniciado la formulación de los términos de referencia que debió concluir el 31 de julio. Con esta etapa terminada, el 11 de agosto, se debió dar luz verde al proceso para elegir a las empresas que desarrollarán el sistema del voto electrónico y que auditarán el mismo.

    Una de las fuentes consultadas reveló que el Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) aún no ha sido conformado por el colegiado.

    El PEO es conformado por jefes técnicos de la institución para que evalúen las ofertas que las empresas interesadas envían para adjudicarse el contrato de implementación o de auditoría.

    Miembros del PEO en 2024:

    • Jefe de la Unidad de Compras Públicas (UCP).
    • El solicitante.
    • Un analista financiero.
    • Expertos.
    • Un analista jurídico.
    • Un analista de razonabilidad de precios.

    Otra fuente indicó que los plazos actuales del calendario electoral para la contratación del voto electrónico no serán modificados, ya que solo se añadirán las fechas correspondientes al proceso electoral presidencial  según las reformas a la Constitución aprobadas el 31 de julio por la Asamblea Legislativa.

    Para los comicios de 2024, el PEO evaluó a las empresas oferentes en situación financiera, capacidad técnica y capacidad económica. En 2024, el TSE le pagó $32 millones a la empresa española Indra por el diseño, desarrollo e implementación del voto electrónico. Además, pagó $4.3 millones a la empresa CGTS por la auditoría, que hasta hoy no se publicó.

  • Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Varias organizaciones no gubernamentales de El Salvador solicitaron al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) la exención del impuesto del 30 % al financiamiento extranjero que reciben regulado en la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) de El Salvador vigente desde junio. El plazo para que las oenegés solicitaran su inscripción finalizó ayer 4 de septiembre.

    Una representante de la “Colectiva Feminista” afirmó que tienen una calificación temporal de “sujeto excluido” por 20 días. “Le han dado calificación temporal excluida por 20 días sin explicación de qué actividades fundamentan la exclusión”, indicó una integrante de la organización.

    Otras han solicitado la calificación pero no han recibido respuesta sobre la exención y tampoco sobre la inscripción formal en el RAEX.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), una entidad que realiza investigaciones sobre desigualdades estructurales e integración en Centroamérica, solicitó la inscripción en el RAEX y la respectiva exclusión del pago de impuesto, informó un representante, pero no han recibido una respuesta.

    La fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) también pidió la inscripción en el RAEX y la respectiva calificación como “sujeto excluido” pero no han sido notificados de manera directa de una calificación provisional o permanente. Tracoda, además de promover la transparencia, ha realizado festivales comunitarios para la cohesión social.

    Representantes de otras organizaciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación Comunicándonos informaron que también solicitaron la exclusión en el pago de impuesto para agentes extranjeros pero no han recibido una notificación sobre la exención.

    Un representante de la Fundación Comunicándonos consideró que tienen derecho a la exclusión ya que es una entidad sin fines de lucro dedicada “a promover el uso estratégico de la comunicación social como herramienta para el desarrollo local, nacional e internacional” y buscan la “participación ciudadana, el acceso al conocimiento, el diálogo y la construcción de consensos”. “Nuestra solicitud se encuentra en trámites, dentro de los plazos que la misma ley estima. Estamos a la espera de la respuesta gubernamental”, indicó.

    La nueva LAEX, vigente desde el 7 de junio de 2025, obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciben fondos del extranjero registrarse en el RAEX, del Ministerio de Gobernación, a pagar un impuesto del 30 % por transferencias y a ser fiscalizados en sus actividades.

    Los sujetos obligados –personas naturales o jurídicas– pueden pedir al RAEX ser calificados como “sujetos excluidos” de dichas obligaciones tributarias dependiendo de la obra, bien o servicio que se ejecutará con los fondos. Esta calificación también podrá ser otorgada “de oficio” por el RAEX.

    Una representante de Ormusa consideró que el comunicado del RAEX publicado el 3 de septiembre por el Ministerio de Gobernación anuncia una exención provisional general, algo que no está claro para otras organizaciones.

    El miércoles, el RAEX informó que otorgó “Calificación Provisional de Sujeto Excluido a todos los Agentes Extranjeros que soliciten su trámite de exclusión hasta el 4 de septiembre” pero agregó: “Exceptuando a los sujetos obligados que les ha sido denegado el trámite de exclusión por este Registro”. En el comunicado informó que los sujetos obligados inscritos debían abrir cuentas bancarias especiales.

    Funde y Cristosal no solicitaron exención

    La Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde), aunque sí solicitó su inscripción en el RAEX, no solicitó la exención general en el pago del impuesto.

    Tampoco pidió la exención Cristosal, una asociación que quiere mantener la personería jurídica en El Salvador pero que no proyecta realizar transferencias dentro del país ya que opera desde Guatemala.

    Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó que decidieron suspender operaciones en El Salvador hace un mes pero presentaron su solicitud de inscripción en el RAEX porque creen que “la defensa de los derechos humanos es un derecho irrenunciable”, pero detalló que no pidieron la calificación de “sujeto excluido” porque ya pagan impuestos y no están operando en El Salvador.

    “Cristosal ya desde hace años paga impuestos; en un acto arbitrario del ministro de Hacienda nos quitaron la exención de impuestos como organización sin fines de lucro”, indicó.

    “Queremos mantener la personería jurídica para algún día, cuando exista un mínimo de seguridad jurídica, podemos regresar a trabajar”. Noah Bullock, director ejecutivo de la aasociación Cristosal.

    Ayer, la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador por las condiciones que establece la Ley de Agentes Extranjeros.

    AC sin notificación de “sujeto excluido”

    La organización Acción Ciudadana (AC), hasta ahora dedicada a investigaciones sobre financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso de información y declaraciones patrimoniales de funcionarios, recibió del RAEX una notificación de inscripción como agente extranjero pero no de la calificación de “sujeto excluido”.

    “En la notitificación solo se señala que estamos inscritos pero no se dice nada de la exención del impuesto, como sí lo han hecho por otras organizaciones que están exentas”, indicó el director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar.

    La AC publicó un comunicado en el cual se asevera que se les cobrará “el impuesto del 30 % a las donaciones del extranjero” que reciban. “Con la inscripción, de momento, seguiremos operando”, informó.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa luego de que fuera anunciada el 13 de mayo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de una protesta que realizaron cerca de la vivienda del presidente habitantes de la cooperativa El Bosque, cuyo presidente está encarcelado. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias afectadas por la orden de desalojo contra la cual protestaban.

  • Gobierno creará un Fondo para transformación digital y competitividad empresarial

    Gobierno creará un Fondo para transformación digital y competitividad empresarial

    El gobierno creará un “Fondo de actividades especiales para la prestación de servicios de tecnología en transformación digital del Ministerio de Economía» para poner a disposición servicios digitales «para fortalecer la competitividad empresarial».

    La solicitud fue entregada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, a la Asamblea Legislativa, y será recibida por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que se reunirá el lunes 8 de septiembre próximo.

    El Fondo percibirá recursos de ingresos generados por el pago de los servicios autorizados a través del Ministerio de Economía, y lo manejará un funcionario nombrado por el Ministerio de Economía.

    Los precios de los servicios deberán ser determinados por el Ministerio de Economía y autorizados por el Ministerio de Hacienda.

    El Fondo podrá realizar pagos por adquisición de bienes y servicios, y sus obligaciones tributarias.

    Los ingresos percibidos deberán depositarse en la cuenta que la Dirección General de Tesorería autorice.

    El Ministerio de Economía emitirá políticas, manuales, instructivos, reglamentación y disposiciones para el manejo y gestión del Fondo antes de la aprobación del Ministerio de Hacienda.

    El 11 de agosto, la Asamblea Legislativa incorporó $13 millones que fueron tomados de las asignaciones del Ministerio de Hacienda, y fueron destinados para “necesidades prioritarias y urgentes en materia de innovación, digitalización y manufactura tecnológica”.

    El gobierno no especificó el destino concreto de estos fondos. En el decreto aprobado, se detalla que los $13 millones reorientados no se iban a utilizar en lo que resta del año fiscal en el Ministerio de Hacienda, donde estaban asignados inicialmente. Los $13 millones fueron asignados al apartado de “Gastos” del Ministerio de Economía.

    Recientemente, la Asamblea Legislativa inició la aplicación de las leyes de inteligencia artificial y robótica.

  • Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

    «Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos», señaló Fespad.

    La organización, que nació en 1988 con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, aseveró que con esta nueva LAEX se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve «insostenible financieramente» cualquier institución por el pago del impuesto del 30% de las donaciones.

    En tercer lugar, señala que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos y que la normativa «constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos».

    «Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», anunció la fundación.

    Agregó que «pretender seguir operando» bajo las reglas que establece la Ley de Agentes Extranjeros «implicaría abandonar» la finalidad de «correcta aplicación del derecho» y de «contribuir al desarrollo de una convivencia social, justa y democrática».

    La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio de 2025. A partir de esa fecha, establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que restringe expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.

    La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».