El 30 de agosto el gobierno aseguró que llegó a los 1,000 días sin homicidios en El Salvador. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo hoy que no hay seguridad de que esa cifra sea real ya que el gobierno «miente» en sus datos.
«Habría que ver qué tan confiables son las cifras del gobierno porque, si en unas cosas miente, en esto no podemos estar seguros», dijo la diputada opositora.
Ortiz cuestionó que hay denuncias sobre homicidios ocurridos en cárceles y que es responsabilidad del Estado indagar al respecto.
«Creo que la responsabilidad del Estado es también indagar sobre denuncias y muertes documentadas y reportadas por diversas organizaciones, porque aquí hay responsabilidades qué deducir y un Estado realmente democrático no admite que haya un margen de error, no admite que hayan problemas en las cárceles sin hacer nada, realmente urge una reparación a las víctimas», señaló.
En mayo, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que 396 personas capturadas bajo el régimen de excepción han muerto en las cárceles y, de acuerdo con los registros que la organización posee, el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que por una persona menos es de alegrarse; sin embargo, tampoco cree en la veracidad de la cantidad que divulga el gobierno, por todas las reservas de información que hay.
«Aunque sea un persona menos pues a cualquiera de los salvadoreños nos alegra, ahora que sea esa cantidad lo desconocemos, porque recordemos que toda la información se encuentra en reserva. Entonces, se desconoce si realmente han sido 1,000 días, pero todo lo que sea en beneficio del pueblo está bien», comentó.
Las diputadas opositoras de Arena y Vamos criticaron hoy la aprobación de un nuevo contrato de préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizado en la plenaria de este miércoles. El préstamo será implementado en un plazo de cinco años.
«Es lamentable. Desde el año pasado, hemos visto el constante endeudamiento por parte del gobierno… Ahora estamos viendo que todas las semanas, están haciendo lo mismo de préstamo tras préstamo y ahora ya se pasaron, quiere decir que en definitiva este gobierno no está ordenado con sus finanzas», aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.
Recordó sobre la promesa que tanto el presidente como los diputados oficialistas hicieron que este presupuesto 2025 se manejaría con cero deuda.
«También habían hecho una promesa que decían que no iban a ocupar ningún tipo de préstamo para gasto corriente y hemos visto que se han aprobado varios préstamos y en las últimas semanas hemos visto que se han aprobado varios préstamos que sí van para gasto corriente. Les funciona mucho la propaganda y, cuando nosotros reclamamos en las plenarias este tipo de decisiones, siempre se escudan en el pasado», indicó.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señaló que el país ha llegado a un endeudamiento excesivo y el uso de esos recursos no se refleja en obras que beneficien a la población.
«Yo he sido muy contundente en no dar mi voto en los préstamos y, aunque quieran atacarme por no dar mi voto para los préstamos, quiero decirle a la población salvadoreña que, cuando estamos en un contexto en el que el gobierno es el que nos endeuda a todos, es el que tiene a cargo ese dinero, no es transparente, pone todos los gastos en reserva y tiene controladas todas las instituciones que servirían para garantizar el buen uso de esos fondos públicos», señaló Ortiz.
La legisladora de Vamos aseguró que lo único que está claro es que «un grupo en el poder se está enriqueciendo con el endeudamiento en el gobierno, aquí nos van a querer historias bonitas de proyectos y estuviera bien si tuviéramos instituciones independientes, hubiese transparencia y hubiese responsabilidad de esos proyectos», concluyó Ortiz.
Villatoro le aconsejó al gobierno ordenarse con sus finanzas para no tener que estar recurriendo a préstamos constantemente, «hacer ajustes, recortes», evitar despilfarros, salarios altos y gastos en instituciones innecesarias que cumplen doble función, «como la Oficina Nacional del Bitcoin, la Dirección Nacional de Compras (Dinac), la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).
En esta plenaria, aparte de la aprobación del préstamo de los $60 millones para un proyecto de movilidad urbana, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias.
La exdiputada española de Vox, Macarena Olona, destacó este miércoles en un foro de derechos humanos en San Salvador los avances en seguridad durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, calificándolos como un “milagro” y criticando a quienes señalan violaciones de derechos humanos o hablan de dictadura en el país.
Olona, quien participó como presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, afirmó que “en El Salvador se ha producido un auténtico milagro a través del modelo Bukele de seguridad”, al que describió como “el plan más efectivo del mundo”.
La dirigente española cuestionó la visión de los críticos: “Los medios de desinformación nos trasladan una imagen de represión de derechos y libertades. Afirman que bajo el régimen de excepción el pueblo salvadoreño no puede vivir en libertad”.
También arremetió contra quienes califican al país como dictadura: “Supongo que son los mismos que hablaban de democracia cuando más de 100 salvadoreños eran asesinados cada día”.
El Salvador vive bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, medida que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 6,400 denuncias de abusos y al menos 400 muertes bajo custodia estatal, según organizaciones humanitarias. El Gobierno ha reconocido la detención de 8,000 inocentes entre los más de 88,000 arrestos realizados.
Pese a las críticas, las cifras oficiales destacan una drástica caída en homicidios. En 2024 se registraron 114 asesinatos, un 26 % menos que en 2023, lo que equivale a una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. La reducción de muertes violentas se ha intensificado desde 2019, con la llegada de Bukele, tras el pico de violencia en 2015 con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 se reportaron 5,688 homicidios y 2,548 desapariciones. En contraste, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2015-2018) hubo 19,244 homicidios y 6,917 desaparecidos.
La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias, y autorizó la firma de otro contrato de crédito por $60 millones para un proyecto de movilidad urbana.
Los préstamos recibieron los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de los tres; mientras, las diputadas de Arena votaron en contra de dos créditos y se abstuvieron de votar al destinado para emergencias.
Los diputados autorizaron la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $60 millones para el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, que incluye un sistema electrónico de pago, un centro de datos, hacer intervenciones para evitar accidentes en las carreteras a Comalapa y Troncal del Norte, y diseñar un “plan de movilidad sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador”.
El préstamo de $250 millones “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrá ser usado para prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que requieren liquidez y transferencias varias. Los diputados autorizaron la firma de este contrato de préstamo el pasado 13 de agosto.
El préstamo de hasta $100 millones para el programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes” también fue autorizado el 13 de agosto.
Todos los préstamos tienen un plazo de pago de 25 años.
Los diputados también ratificaron un contrato de garantía soberana estatal por $400 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).
La Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto nacional 2025 e incorporó $6 millones de un préstamo del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el programa “Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol”.
La iniciativa tuvo los votos de Nuevas Ideas, sus aliados PDC y PDC, así como los diputados de oposición, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos. Fueron 59 votos a favor de los diputados presentes.
Los $6 millones provienen de un préstamo interno otorgado por el BFA a la entidad estatal.
Los fondos se usarán para “el financiamiento a los productores para que estos puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas” de maíz y frijol, y la “modernización de las cadenas productivas” según Hacienda.
La idea es depender menos de las importaciones de maíz y frijol. El volumen de importación de frijoles creció en un 32.7 % en los primeros tres meses de 2025, de 2.1 millones de kilogramos en 2024, a 2.8 millones de kilogramos en 2025.
El CDCA fue creado en agosto de 2023 para “mantener una reserva estratégica agrícola”. Su patrimonio está conformado también por los financiamientos bancarios o titularizaciones o bonos que emita.
El CDCA es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El CDCA tiene un presupuesto de $53 millones, de los cuales ha devengado $2.7 millones.
La Agencia de El Salvador para la Cooperación (ESCO) informó que han sumado un total de $1,631 millones en cooperación extranjera a El Salvador, sin detallar el periodo en el que dicha coooperación fue concretada o fue captada por el país.
“Llevamos a la fecha montos importantes como de $1,631 millones pero no solo es cooperación financiera sino son donativos o las becas o los voluntarios”, respondió este miércoles la directora de la ESCO, Karla de Palma, en el programa Diálogo 21 de Canal 21, ante la pregunta sobre cuánto se ha podido captar a través de la agencia.
La directora de la ESCO detalló que tienen en negociación con España un programa de $116 millones hasta el año 2026; $212 millones con la Unión Europea (UE) y $43 millones con Corea del Sur. Destacó que han reactivado la cooperación con el Gran Ducado de Luxemburgo, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y Triángular, que es el intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países en desarrollo ubicados mayoritariamente en el Sur.
“Ahora nos ven como un referente de cooperación, nos ven como ese referente que les puede transmitir conocimiento”. Karla de Palma, directora de la ESCO.
Al señalar a El Salvador como referente de cooperación, la directora de la ESCO anunció que firmará este miércoles el programa de cooperación técnica y científica con Costa Rica. “Lo importante es que El Salvador va a ofrecer cooperación en temas de cultura pero también tendremos un proyecto muy bonito de Ligas Atléticas Policiales, nos ven como un referente”, subrayó, sobre la firma de este miércoles.
Los fondos de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores 2024-2024 son: 10 millones de euros de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (AICS), $10.54 millones de dos proyectos firmados con el Gran Ducado de Luxemburgo, dos proyectos aprobados que suman $1,615,320 de España sobre capacidades digitales y cambio climático, 18.7 millones de euros de la aprobación del proyecto AGUSTINE por la Unión Europea con contribución de Expertise France, Unesco y Unicef; $1.25 millones del acuerdo firmado con el gobierno de India, y la suscripción del convenio de cooperación técnica por 800 millones de yuanes o $109,125,631.20.
El informe de labores también reporta $696,000 de cooperación financiera no reembolsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y $1.2 millones del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Según la redacción de la memoria de labores, que suele incluir este dato todos los años, esta es cooperación financiera firmada, aprobada o concretada, no necesariamente captada o desembolsada durante el periodo analizado. Además, hay instrumentos jurídicos suscritos de cooperación no financiera, sino cultural, ambiental, de turismo, en educación, además de donaciones de equipo como mamógrafos, kits, arneses, cascos, compresores, así como aportes de consulados, ONG y fundaciones.
Cooperación no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.
Durante los últimos años la cooperación financiera no reembolsable concretada ha disminuido según datos de los informes de labores.
La ESCO, que originalmente fue creada como una unidad dentro de la Presidencia de la República en 2020, fue trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial, con el objetivo de «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».
Página 2 de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.Página 3 del detalle de cooperación financiera no reembolsable de la memoria de labores 2024-2025 de Relaciones Exteriores.
El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo cree que pese al impulso que ha provocado la mejora de seguridad en el ingreso de turistas a El Salvador, todavía la aguja “macro” en la economía salvadoreña “aún no se ha movido o al menos sensiblemente”.
“La aguja macro no se ha movido, seguimos a la cola de la región”, aseveró, en el programa Diálogo 21, de Canal 21, en referencia a la inversión extranjera directa y crecimiento económico en El Salvador.
El economista señaló que “es indiscutible que la realidad en términos de seguridad es abismalmente diferente” pero el reto “es cómo consolidar eso” para erradicar la pobreza.
El especialista ve efectos positivos en el crecimiento del turismo y en el sector inmobiliario, pero observó que este impulso inmobiliario no es visto positivamente por toda la población, por la gentrificación, el aumento de precios en los inmuebles y la falta de capacidad adquisitiva de los salvadoreños.
“Hay sectores en donde sí se empieza a ver, en turismo. Otro efecto que algunos lo miran como maldición es los bienes raíces, el repunte tampoco se pudo haber dado en un país dominado por las pandillas”, indicó.
Destacó el aumento de la cantidad de turistas respecto a Guatemala y Costa Rica.
Por otra parte, advirtió que hay un aumento de la inversión en educación a 4.4 % del producto interno bruto, pero señaló que “los estudiantes salen por los suelos” en las pruebas académicas como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).
“Los estudiantes salvadoreños cuando van a la prueba PISA salen por los suelos, se está invirtiendo más pero la calidad de la educación es mala”, indicó. En la prueba PISA 2022, de un total de 147 países evaluados, El Salvador ocupó el lugar 144 en matemática, 131 en lectura y 137 en ciencias.
La economía salvadoreña tuvo un crecimiento de 2.6 % en el año 2024 según el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa más baja que el país ha alcanzado desde la pandemia en 2020. Para 2025, la proyección de crecimiento asciende a 2.4 % según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Más de 1.92 millones de salvadoreños, un total de 27.2 % de la población, están en pobreza monetaria según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, 55,097 más que en 2022.
Este jueves 4 de septiembrefinaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.
La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.
Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.
La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.
Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.
La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.
“Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.
Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.
La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.
Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.
Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.
Las entidades que utilicen sistemas de Inteligencia Artificial deberán notificar a las personas en El Salvador cuando sistemas tomen decisiones “sin una revisión humana significativa” pero que les afecten negativamente sus derechos o situación económica.
Los sistemas de IA deberán realizar notificaciones obligatorias cuando las decisiones de IA afecten negativamente los derechos de las personas en salud, servicios financieros como créditos y seguros, empleo, educación, servicios públicos, vivienda y transporte.
Así lo dicta el artículo 24 de las nuevas “Disposiciones relativas a la implementación de la inteligencia artificial y tecnologías” decretadas mediante resolución 0001/2025 de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y suscritas por su director ejecutivo, Mario José Flamenco Rivas.
Las disposiciones fueron publicadas el 25 de agosto y por tanto están vigentes desde ayer, martes 2 de septiembre.
Notificar a una persona en El Salvador no será obligatorio si el sistema de IA opera para optimizar la publicidad o realizar recomendaciones de contenido o si la divulgación de la decisión de la IA impide la investigación de un fraude o compromete la ciberseguridad o si busca detectar violaciones a términos de servicio.
Tampoco será obligatorio notificar efectos de la IA cuando el sistema se limita a correcciones ortográficas o gramaticales, o características “básicas similares de productividad”.
En la normativa de la Unión Europea (UE), la persona tiene derecho a tener una explicación sobre las decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o afcte a personas con impactos negativos en su salud, seguridad o derechos fundamentales.
El derecho a la revisión o explicación de decisiones automatizadas también está presente en regulaciones de IA de Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos. En Canadá, se debe informar a la persona en el momento de decisión y ofrecer una corrección de datos o recurso.
La IA puede utilizarse en plataformas de citas médicas, coberturas, reembolsos, decisiones de promoción o disciplinarias en empleo, aprobación o denegación de préstamos, viviendas, entre otros.
“La notificación deberá ser clara, comprensible e incluir como mínimo la confirmación de que una IA participó en la decisión, una explicación del papel que jugó la IA y un mecanismo para que la persona pueda impugnar la decisión”. Disposiciones para la implementación de la IA en El Salvador.
Un periodo de gracia sin sanciones
Las disposiciones emitidas por el director de la ANIA establecen un periodo de gracia de 12 meses en el cual no habrá sanciones como parte de un “entorno de prueba” para desarrollar IA durante el mismo periodo.
Con la nueva ley de IA, en El Salvador los desarrolladores y operadores de IA deberán registrarse en la ANIA ya sea para beneficiarse de salvaguardas o para decisiones “consecuenciales” de salud, finanzas y seguros como solvencias crediticias, biometrías en espacios públicos, acceso a servicios, empleo y educación.
No están obligados a registrarse los proveedores de servicios nube a terceros, herramientas de desarrollo, actividades de uso personal, entrenamiento o softwares de consumo y productividad.
Los sistemas de IA que ya operen legalmente tienen 12 meses a partir del 2 de septiembre para registrarse.
El gobierno de El Salvador durante el último año envió 36 informes a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre casos individuales, medidas cautelares, cumplimiento de sentencias y seguimiento en casos emblemáticos; y otros 45 informes en procedimientos especiales ante las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló, en su memoria de labores del período 2024-2025, que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió 36 informes sobre casos como El Mozote, hermanas Serrano Cruz versus El Salvador; además de Contreras y otros versus El Salvador.
La Cancillería informó que su Dirección de Derechos Humanos «ha mantenido una colaboración permanente ante los principales organismos internaciones de derechos humanos».
El gobierno presentó el cuarto informe a la «Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad» y, como parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, presentó 45 informes en procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
Entre ellos, estuvieron el Informe Nacional en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Informe Nacional en la implementación de la Declaración, la Plataforma de Acción de Beijing, y el Informe de seguimiento a las observaciones finales del sexto informe periódico sobre el pacto de derechos económicos, sociales y culturales.
Entrega de indemnizaciones
Relaciones Exteriores también reporta «ha avanzado en el cumplimiento» de las sentencias de la CIDH y que muestra de ello es que ha realizado una jornada de entrega de indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
En este mismo caso, la Cancillería reporta que en diciembre del año pasado colaboró en la entrega de restos óseos a las familias de las víctimas y les entregó aportes económicos para cubrir los gastos fúnebres.
Además, sobre la sentencia del caso Rochac Hernández versus El Salvador, el gobierno inauguró el «Jardín memorial en conmemoración de la niñez desaparecida en el conflicto armado en El Salvador». En este proyecto colaboró el Ministerio de Cultura, Pro-Búsqueda, ONU Mujeres y otras entidades.
