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El gobierno de El Salvador durante el último año envió 36 informes a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre casos individuales, medidas cautelares, cumplimiento de sentencias y seguimiento en casos emblemáticos; y otros 45 informes en procedimientos especiales ante las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló, en su memoria de labores del período 2024-2025, que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió 36 informes sobre casos como El Mozote, hermanas Serrano Cruz versus El Salvador; además de Contreras y otros versus El Salvador.

La Cancillería informó que su Dirección de Derechos Humanos «ha mantenido una colaboración permanente ante los principales organismos internaciones de derechos humanos».

El gobierno presentó el cuarto informe a la «Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad» y, como parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, presentó 45 informes en procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

Entre ellos, estuvieron el Informe Nacional en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Informe Nacional en la implementación de la Declaración, la Plataforma de Acción de Beijing, y el Informe de seguimiento a las observaciones finales del sexto informe periódico sobre el pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

Entrega de indemnizaciones

Relaciones Exteriores también reporta «ha avanzado en el cumplimiento» de las sentencias de la CIDH y que muestra de ello es que ha realizado una jornada de entrega de indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

En este mismo caso, la Cancillería reporta que en diciembre del año pasado colaboró en la entrega de restos óseos a las familias de las víctimas y les entregó aportes económicos para cubrir los gastos fúnebres.

Además, sobre la sentencia del caso Rochac Hernández versus El Salvador, el gobierno inauguró el «Jardín memorial en conmemoración de la niñez desaparecida en el conflicto armado en El Salvador». En este proyecto colaboró el Ministerio de Cultura, Pro-Búsqueda, ONU Mujeres y otras entidades.

Una delegación del Fondo de Cooperación Catalana se reunió el martes con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, para “consolidar su labor en cooperación”, y también con la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla Majano.

Durante la visita, dada a conocer por la cuenta del Fondo en redes sociales, se reunieron con Alfonso Pérez-Hernández, ministro consejero de negocios de la Embajada de España en El Salvador; y Fernando Rey, coordinador de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) “para intercambiar prioridades y perspectivas en el país”.

La directora de la ESCO recibió al equipo del Departamento de Alianzas Multiactor y Cooperación Descentralizada; en la reunióno se conocieron “la trayectoria del Fondo en El Salvador donde actualmente tenemos activos 10 proyectos”, informó en X.

El Fondo también indicó que han “evaluado la situación actual con el proyecto de aguas compartidas Trifinio” con el alcalde de Chalatenango, Martín Leiva; y el gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, Héctor Alonso Aguirre; además de personal técnico.

En redes sociales la delegación también informó de su visita al Centro Cultural Feminista en donde se reunió con organizaciones feministas y del colectivo LGTBQI «para evaluar la movilización y defensa de derechos frente a la violencia social y de género, en el contexto sociopolítico actual».

Visitem el Centre Cultural Feminista on ens hem reunit amb @cooperaccio i diverses entitats feministes i del col·lectiu LGTBQI per avaluar la mobilització i defensa de drets davant la violència social i de gènere, en el context sociopolític actual pic.twitter.com/hJwKrpICQY

— FonsCatalàCooperació (@FonsCatala) September 2, 2025

La delegación informó de su visita a INELSA S.A. como contraparte local de apoyo trabajadoras de maquilas «a través de una red de cooperativas solidarias, formaciones y apoyo en derechos laborales».

La más reciente memoria de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores expone que durante el periodo junio de 2024 a mayo de 2025 concretaron o acordaron una cooperación que suma $158,170,680 según el listado de cooperantes que expone dicha cartera estatal en el informe oficial.

La asociación Cristosal publicó este martes un informe que expone testimonios relacionados a tres casos de supuestos cobros ilegales o extorsiones a familiares de privados de libertad para visitar a sus familiares, que les den atención médica o medicamentos.

La organización no gubernamental sostiene las condiciones carcelarias durante el régimen de excepción propician la corrupción.

El primero de los casos es el arresto de Fidel Antonio Zavala Pérez, arrestado el 9 de febrero acusado de estafa y de poseer una empresa fantasma para captar dinero de inversionistas; él poseía la empresa Capital Investments Corporation, S.A. de C.V.

Zavala estuvo en el penal del cantón Cutumay Camones, Metapán, y La Esperanza o Mariona, en San Salvador, en donde según Zavala habiá un sistema de “donaciones” para que los familiares de los detenidos pudieran ingresar a los centros y visitar a sus familiares privados de libertad.

“En Mariona, los reos de confianza, los de amarillo, corría que cobraban $10 por hacer el escrito de la forma legal que el equipo técnico lo pide para que sea considerado”, indicó.

Luego de la elaboración del manuscrito con la voluntad de ofrecer una donación, el equipo técnico analiza la oferta de donación, la autoriza o deniega, y posteriormente el familiar puede ingresar la donación en una visita de 20 minutos a una hora.

El informe incluye un segundo caso de pago directo de particulares a contactos directos de centros penales para obtener beneficios ilegales y pagos de hasta $5,000 o $7,000 a abogados como supuestos “intermediarios” para obtener beneficios como visitas o una eventual liberación.

Cristosal señala que el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.

Por el contrario, el gobierno sostiene que el régimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios en El Salvador. Sostiene que durante la gestión de Nayib Bukele, que gobierna por segundo periodo, se suman 1,000 días sin homicidios y cuentan más de 88,000 capturados «terroristas» o pandilleros. Mientras, las organizaciones suman 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, torturas y 419 muertes de personas privadas de libertad.