Redacción DEM ADMIN

Categoría: Politica

  • Movimientos piden «metodología clara» para evaluar a los candidatos a dirigir la PDDH

    Movimientos piden «metodología clara» para evaluar a los candidatos a dirigir la PDDH

    El Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MTD) pidió este martes que la Asamblea Legislativa use una «metodología clara» en la evaluación de los candidatos a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    Las organizaciones aseguran que la planificación y la ejecución de una evaluación clara permitiría «identificar las mejores propuestas de trabajo» y seleccionar «los perfiles más idóneos» para dirigir la institución en el período 2025-2028.

    En ese sentido, exigen la aplicación de un «baremo» en el que se evalúe la formación académica, trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, conocimiento sobre derechos humanos, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad, moralidad y plan de acción.

    «Demandamos que se nombre a la persona más idónea para el cargo de procurador con el fin de recuperar la institucionalidad del Estado de derecho, que se restablezca la independencia de poderes y se ponga fin a las violaciones de derechos humanos». MTD.

    Los movimientos piden a la Asamblea Legislativa que aplique reglas claras en el proceso, que dé a conocer el perfil para el cargo de procurador, que solicite a los candidatos los testados certificados y plan de trabajo. Además, que realice con transparencia el proceso y que el nombramiento deje a un «lado los intereses políticos partidarios».

    Criticaron también la actual gestión de la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, a quien acusan de «mostrar pasividad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos» del gobierno hacia empleados públicos, defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas y sindicalistas.

    La Asamblea Legislativa inició el 23 de julio el proceso de elección del nuevo titular de la PDDH, ya que la procuradora actual concluye su período el próximo 15 de octubre. La recepción de candidaturas cerró el pasado 15 de agosto.

    Según la legislación actual, los candidatos deben ser salvadoreños, mayores de 35 años, pertenecer al Estado seglar, contar con título universitario y trayectoria comprobada en derechos humanos.

  • Prorrogan placas, subsidio al transporte público y cajas únicas hasta 2026

    Prorrogan placas, subsidio al transporte público y cajas únicas hasta 2026

    Las placas de los vehículos 2011 estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2026, aprobó este martes de manera unánime la Asamblea Legislativa.

    El decreto “Reformas a la Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo” recibió 59 votos de los diputados presentes, incluida los partidos de oposición Arena y Vamos. Fue el dictamen 23 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

    Los diputados también prorrogaron hasta diciembre de 2026 el subsidio para el servicio del transporte público y colectivo, así como la exigencia de la inscripción de cajas únicas a las rutas de buses y microbuses.

    “Esto se tendría que haber hecho este mes que estamos y ahora se está haciendo una prórroga para que los salvadoreños se ahorren estos $35 de los derechos de las nuevas placas. Aquella gente que de verdad tiene el vehículo y que apenas va para poder echar el combustible”. Reynaldo López Cardoza, diputado del PCN.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recriminó a Nuevas Ideas que la iniciativa había sido propuesta por su partido y no fue apoyada por Nuevas Ideas y sus aliados. «Gracias por copiarnos», les dijo.

    “Nosotros como grupo parlamentario tuvimos a bien presentar esa iniciativa en julio, fue rechazada por Nuevas Ideas y sus aliados, y ahora aprueban. Gracias por copiarnos. Así podrían copiar muchas iniciativas que hemos presentado y que no están siendo agendadas”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    Mientras, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, se refirió al ahorro de tiempo que implica la aprobación y «no solo en el tema económico».

    “Es una medida muy importante para nuestra gente ya que no solo lo vemos en el tema económico, de gastar en un cambio de placas, sino que, cuando una persona hace este tipo de trámites, esto conlleva a la gente pueda apartar un día de trabajo”. Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas.

    El subsidio al transporte y las cajas únicas

    El dictamen 24 del decreto “Reformas a la Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo” fue aprobado con 57 votos, incluido uno de Arena.

    La «Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo» establece la entrega a los empresarios de transporte $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús para mantener el precio del pasaje de bus.

    La normativa también permite que este subsidio sea entregado a una tasa de $0.04 por pasajero movilizado, por un máximo de 21 días de circulación en un mes, y establece la creación de cajas únicas, una por ruta, con el fin de evitar competencias entre las unidades, pero la inscripción de las mismas también quedaría pospuesta para diciembre 2026.

    El subsidio al transporte se da gracias a un cargo que pagan los automovilistas de $0.10 por cada galón de diésel, diésel bajo en azufre y gasolinas regular o especial.

    La ley también exige que el transporte público tenga GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y emisión de gases, solvencia de multas y cumplimiento del plan general operativo, a cumplirse según las programaciones que establezca la Dirección General de Transporte del Viceministerio de Transporte.

  • Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos especiales que exoneran de impuestos la instalación de una planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate, en San Salvador Centro, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado en La Libertad.

    El primer decreto es «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate ubicado en el municipio de San Salvador Centro entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, departamento de San Salvador». Este fue aprobado con 59 votos de todos los diputados presentes, incluidos los legisladores de oposición, Arena y Vamos.

    Las empresas involucradas en la construcción de la planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate gozarán de exención de impuestos a transferencia de bienes, aranceles, transferencia de bienes raíces e IVA, en las adquisiciones, compras, contrataciones e importaciones, sí como en los trámites en el Centro Nacional de Registros.

    Los exentos serán la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), personas naturales o jurídicas involucradas como contratistas o subcontratistas a todo el proceso.

    Además, el decreto establece un plazo de 15 días hábiles para emitir lineamientos que “simplifiquen y aceleren” la emisión de los permisos necesarios en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

    Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar los ajustes para la conexión de los proyectos de extensión de red que deberán realizar en el proyecto.

    El segundo decreto se denomina «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad». Este fue aprobado como dictamen 123 de la Comisión de Hacienda, con 60 votos.

    La planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad, la Libertad, será financiado por el crédito de $71.84 millones del Deutsche Bank.

    En este proyecto, se eximirán Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios para contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, relacionados al proyecto; impuestos y gravámenes a la importación, Derechos Arancelarios a la Importación incluyendo el IVA, Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, Impuesto sobre la Renta a los ingresos o utilidades de socios y personas, contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, incluidas las retenciones, tanto para ingresos como para la distribución de utilidades, matrícula de bienes, impuestos municipales,

    También estarán exentos los propietarios que vendan inmuebles al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) que sean necesarios para el proyecto.

    La exención se aplicará a todo el proceso de construcción de la planta, desde la planificación, el diseño, los estudios, las consultorías, la supervisión hasta la construcción, compra de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, construcción de obras civiles, instalación y montaje de equipos, puesta en operación, medidas ambientales y sociales, mejoramiento de accesos, adquisición de terrenos e inmuebles, línea de distribución eléctrica, obras complementarias para todo el proyecto.

     

  • Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.

    En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.

    Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.

    Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.

    Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.

    Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

    Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.

  • Corte de Cuentas inicia auditoría financiera en alcaldía de Morazán Sur

    Corte de Cuentas inicia auditoría financiera en alcaldía de Morazán Sur

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició un examen especial para auditar las finanzas de la alcaldía de Morazán Sur, que incluye 15 distritos. La entidad fiscalizadora no detalló el plazo a auditar.

    La institución contralora indicó en sus redes sociales que el examen está siendo realizado por la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel, que verificaría estados financieros, respaldos, contratos y adquisiciones.

    Además, tendrá que evaluar los informes de proyectos y el cumplimiento normativo municipal. La Corte informó que buscan «asegurar que cada recurso público se administre con eficiencia, legalidad y transparencia».

    Los distritos de Morazán Sur son:

    • San Francisco Gotera.
    • Jocoro, Osicala.
    • Guatajiagua.
    • Chilanga.
    • Yamabal.
    • San Carlos.
    • San Simón.
    • Gualococti.
    • Sociedad.
    • Sensembra.
    • El Divisadero.
    • Delicias de Concepción.
    • Yoloaiquín.
    • Lolotiquillo.

    El último informe de la Corte indica que, solo en junio, iniciaron 39 nuevas auditorías, incluidos 36 exámenes especiales y tres auditorías financieras. En el mismo mes, finalizó 31 auditorías, la mayoría exámenes especiales.

    Los datos recopilados corresponden a siete direcciones de auditoría de la sede central, de la Dirección de Auditoría Forense y las direcciones regionales de San Miguel, San Vicente y Santa Ana.

  • Más de 27,700 salvadoreños llenaron formularios de TPS con asesoría de Cancillería

    Más de 27,700 salvadoreños llenaron formularios de TPS con asesoría de Cancillería

    Más de 27,000 salvadoreños llenaron sus formularios de reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS) con el apoyo de los consulados y la Embajada de El Salvador en Washington según la memoria de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El informe de labores de junio de 2024 a mayo de 2025 detalla que la Cancillería salvadoreña a través de los consulados generales y de la sede diplomática en Washington, Estados Unidos, apoyó en el llenado de 27,730 formularios de reinscripción del TPS, cuyo plazo inició el 17 de enero y finalizó el 18 de marzo de 2025.

    En total, el Ministerio de Relaciones Exteriores registró 49,357 asesorías a salvadoreños en Estados Unidos sobre el llenado de formulario de renovación del TPS desde junio de 2024 hasta marzo de 2025.

    El consulado virtual también brindó 1,118 asesorías a través de mensajería instantánea sobre el TPS, la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sobre menaje de casa.

    Las autoridades salvadoreñas pusieron a disposición de los connacionales las sedes diplomáticas y personal jurídico para brindar asesorías en la reinscripción a la protección temporal.

    El TPS para los salvadoreños fue extendido por el expresidente estadounidense Joe Biden hasta el 9 de septiembre de 2026. La Cancillería salvadoreña informó que los amparados al TPS no son «elegibles para las deportaciones».

    Hasta marzo, se registraban 4,468 solicitudes de salvadoreños aprobadas en la reinscripción del TPS, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.

    En el primer trimestre de 2025, la entidad reportó 117,693 solicitudes pendientes y otras 1,123 denegadas. En total, la USCIS reportó que 808,124 solicitudes de TPS fueron llenadas por migrantes de diferentes nacionalidades. El gobierno del presidente Donald Trump indicó que echará un vistazo al TPS de El Salvador.

    El director de Agenda Migrante, César Ríos, ha expresado que, tomando en cuenta las cancelaciones del TPS para países como Nicaragua, Honduras, Haití y Venezuela, se esperaría que la protección también sea cancelada para los salvadoreños. «Es potencialmente seguro que se suspenda», indicó el experto migratorio.

  • RNPN y Cancillería entregarán más de 3,700 carnés en Nahuaterique para el «tránsito libre y seguro»

    RNPN y Cancillería entregarán más de 3,700 carnés en Nahuaterique para el «tránsito libre y seguro»

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores proyectan que entregarán más de 3,700 carnés a los pobladores de Nahuaterique para asegurarles «un tránsito libre y seguro».

    Un total de 18,000 personas están empadronadas para recibir la identificación.

    El presidente del RNPN, Fernando Velasco, aseguró el lunes que iniciaron una nueva jornada de carnetizaciones en las zonas delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 1992. Las nuevas entregas de esta semana se realizarán en Nahuaterique.

    Velasco indicó que estos documentos permiten también a que los menores y adultos de estas comunidades accedan a educación, trabajo y salud, «derechos que les corresponden como salvadoreños».

    Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, escribió en sus redes sociales que con este proyecto siguen «garantizando el derecho a la identidad» en las seis zonas fronterizas y esta jornada «representa un paso más para fortalecer sus derechos».

    Las seis zonas delimitadas son:

    • Dolores-Monteca.
    • Los Amates-Goascorán.
    • Las Pilas-Cayaguanca.
    • Sabanetas-Nahuaterique.
    • Arcatao-Sazalapa
    • Tecpangüisir.

    Según las autoridades, al menos 18,000 personas se encuentran empadronadas para recibir el carné, cuya primera emisión es gratuita y las reposiciones tienen un costo de $5.

    Hasta marzo de 2024, Cancillería había destinado $4,200 para la emisión, fondos que según la memoria de labores correspondían a cooperación.

  • Hacienda pretende ampliar la base tributaria y “no busca incrementar impuestos”: viceministro

    Hacienda pretende ampliar la base tributaria y “no busca incrementar impuestos”: viceministro

    El viceministro de Hacienda, Luis Sánchez, declaró ayer ante los diputados de la Comisión de Hacienda que dicha cartera de Estado tiene un plan para ampliar la base tributaria pero que no busca aumentar impuestos sino que «todos paguen».

    “Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen, tenemos ese plan de ampliación de la base tributaria”, fueron las palabras del funcionario.

    Sánchez acudió a la Comisión junto a la directora de Políticas Económicas y Fiscales, Jaqueline Argumedo, para explicar el informe de labores del Ministerio de Hacienda correspondiente al periodo de julio de 2024 a mayo de 2025, aprobado por la Comisión de Hacienda y que sería aprobado en la sesión plenaria de este martes.

    El informe reporta un aumento de ingresos tributarios de $6,881.7 millones en 2023 a $7,483.8 millones en 2024, una carga tributaria del 21.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), un aumento de $602.1 millones o 8.7 % de 2023 a 2024.

    Los ingresos tributarios han aumentado $2,570 millones respecto a los $4,913.8 millones recaudados en 2019.

    “Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen. Entonces, tenemos ese plan de la base tributaria. Durante los últimos años, hemos incrementado en más de $2,000 millones los ingresos, sin incrementar un tan solo impuesto”. Luis Sánchez, viceministro de Hacienda.

    Los ingresos totales del Estado han incrementado de $6,148.8 millones en 2019 a $9,048.2 millones.

    El aumento de ingresos del Estado es atribuido al Plan Antievasión, al Plan Anticontrabando, la recuperación de mora y la implementación de la factura electrónica, aplicada por un 96 % de grandes contribuyentes y 97.2 % de medianos contribuyentes.

    El representante de Hacienda presentó un gráfico sobre la inversión pública, que muestra que la inversión pública cerró en $1,300 millones en 2024, con una baja leve respecto al año 2023, que registró una inversión de $1,326 millones.

    El viceministro proyectó una inversión pública “por encima de los $1,300 millones” al cierre del año 2025, con la reconstrucción de escuelas y obras realizadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la construcción de hospitales.

    En el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF), publicado el 15 de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que, “si los ingresos no son suficientes, acordaron (las autoridades salvadoreñas) adoptar medidas de contingencia para optimizar aún más el gasto no salarial no prioritario” y mencionó una tarifa de entrada turística para no residentes de $20, aumento del impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.

    Préstamos y refinanciamiento de Letes

    Hacienda reportó $1,076.9 millones en préstamos aprobados en el año informado: $120 millones del Banco Mundial, $$295 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $465 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $83 millones del Fondo Saudita para el Desarrollo.

    También, reveló que hubo un refinanciamiento de la deuda de corto plazo para disminuir las «presiones de caja» y mejorar la liquidez.

    «La República logró refinanciar y disminuir su deuda de corto plazo traslándola a mediano plazo, disminuyendo sus presiones de caja y mejorando la liquidez del tesoro público», reza la presentación presentada en la Comisión.

    Reperfilamiento de la deuda de corto plazo según presentación de Hacienda.

    La operación de manejo de pasivos realizada, según la presentación, logró disminuir la circulación de bonos salvadoreños de $1,748.99 millones antes de la recompra a $1,262.17 millones después de la recompra.

    Así mismo, proyectó acciones para mejorar la recaudación tributaria, contener el gasto público sin afectar sectores estratégicos con el fin de llevar la deuda pública a una «trayectoria descendente» según el Servicio Ampliado de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  • Médicos especialistas de nueva Red tendrán salarios entre $3,800 y $4,500, dice ministro de Salud

    Médicos especialistas de nueva Red tendrán salarios entre $3,800 y $4,500, dice ministro de Salud

    El ministro de Salud, Francisco Alabi, prometió el lunes que los médicos residentes, especialistas y subespecialistas que integren la nueva Red Nacional de Hospitales tendrán salarios que oscilarán entre $3,800 y $4,500 mensuales, al defender la prohibición que tendrán estos para dedicarse a consultas privadas al laborar para la Red.

    El dictamen del proyecto de nueva Ley de Creación de Red Nacional de Hospitales fue aprobado el lunes con 15 votos y probablemente será aprobado en la sesión plenaria de este martes.

     

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    El diputado Francisco Lira, de Arena, quien votó en contra, preguntó si los médicos residentes que serán obligados a prestar un servicio de cinco años en la Red Nacional de Hospitales recibirán salarios como especialistas o como internos. «¿Por qué no se les permitirá trabajar en el sector privado?», cuestionó Lira.

    En respuesta, el ministro de Salud defendió la prohibición de atender consultas privadas para todos los médicos de la nueva Red Nacional de Hospitales, que será una nueva entidad, adicional al Ministerio de Salud y que irá absorbiendo gradualmente los hospitales públicos.

    “Los médicos residentes, especialistas y subespecialistas van a tener un salario acorde, que va a rondar entre los $3,800 y los $4,500 mensuales dependiendo cuántas especialidades tengan”, aseveró Francisco Alabi en su reunión con la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

    “Esto es mejorar por mucho. Un especialista por un par de horas, ocho horas, está recibiendo $1,200 en base a la base salarial existente en el Ministerio de Salud”, ejemplificó el funcionario, al explicar la prohibición que tendrán los médicos de la Red para dar consultas privadas.

    La nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales crea un nuevo régimen de compras y adquisiciones hospitalarias, prohíbe consultas privadas a los médicos y establece un servicio obligatorio de cinco años a los médicos residentes.

    Esta Red estará regida por una junta directiva conformada por un presidente nombrado por la Presidencia de la República para un periodo de cinco años, un director designado por la Presidencia de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Públicas (DOM) y un director designado por la Dirección Nacional de Compras (Dinac).

    La Red estará facultada a dar concesiones, a autorizar contratación de obras y a decidir sobre construcciones o remodelaciones de hospitales y centros de salud. la normativa autoriza contrataciones directas por invitación directa.

  • Servicio obligatorio para médicos residentes solo aplicará para nuevos aspirantes desde 2026: Salud

    Servicio obligatorio para médicos residentes solo aplicará para nuevos aspirantes desde 2026: Salud

    El ministro de Salud, Francisco Alabi, defendió el servicio obligatorio de cinco años que deberán realizar los médicos que obtengan su especialidad mediante el proceso de residentado en la nueva Red Nacional de Hospitales y aclaró que se aplicará solo para los nuevos aspirantes a partir de los años 2026 o 2027.

    El lunes, en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Alabi relató que “un especialista muy reconocido” le dijo que está “totalmente de acuerdo” con el servicio obligatorio de cinco años ya que así se les da la oportunidad de obtener su especialidad «ganando un salario idóneo y con trabajo fijo».

    “Aclarar que este proceso en el cual van a reponer esos cinco años no es nuevo, eso existe en todos los países del mundo y esto es una manera en la cual el personal retribuye esa formación académica”. Francisco Alabi, ministro de Salud.

    El funcionario explicó que el Estado gasta en la formación de especialidades de los médicos y que un instrumento médico puede “echarse a perder por un mal uso” y aclaró que no se aplica para los médicos residentes actuales.

    “Evidentemente esto debe retribuirse a través de la prestación de sus servicios por un periodo en este de cinco años. No va a ser con los que están actualmente, quiero aclararlo, ellos entraron con base a lo que se estableció en el Ministerio de Salud, se formaron tres años, retribuyen tres años. Estos cinco años inician con los nuevos aspirantes que entren a la formación dentro del Hospital Rosales, que esto será en 2026 y 2027”, informó el titular de Salud.

    ¿Y si los actuales residentes ingresan a la Red?

    Los médicos residentes que hayan cursado su programa en los hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud y hayan cumplido con el tiempo de su programa de residencia, podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales y, si es admitido, sí tendrá que prestar el servicio obligatorio «durante el tiempo que les reste» de los cinco años.

    El médico residente que pase a la nueva Red Nacional de Hospitales deberá cumplir con el servicio obligatorio bajo régimen laboral de salarios, prestaciones y sanciones de dicha Red de forma exclusiva para la institución.

    Estos médicos tampoco podrán «realizar de manera particular el ejercicio de la profesión durante ese periodo».

    También, los médicos residentes que se integren a la nueva Red se someterán a las sanciones del artículo 44 por incumplimiento del servicio compensatorio obligatorio o incumplimientos de responsabilidad profesional, laboral o de conducta.

    Así, podrá ser suspendido temporalmente del ejercicio profesional, su licencia de especialidad podría ser revocada o podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, sanciones que podrán durar «hasta que compense el tiempo obligatorio requerido» con la «debida atención y cuidado».

    El proyecto de ley podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes, si la junta directiva de la Asamblea Legislativa decide agendarlo. La integración de los hospitales bajo el Ministerio de Salud a la nueva Red será gradual.