La diputada de oposición Claudia Ortiz consideró el nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología como un nuevo síntoma de autoritarismo en El Salvador.
«Tenemos autoritarismo en diferentes niveles y esto es un síntoma más de eso, por eso quiero llamar la atención de la sociedad salvadoreña, para que no veamos solo una parte… Esto es un síntoma más de autoritarismo que el país está enfrentando, no desde hace dos semanas, no desde hace dos años, llevamos poco más de cinco años en este proceso; esto empezó el día que se metieron militares acá a la Asamblea Legislativa», aseveró la diputada Ortiz, al referirse a la irrupción de militares el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa.
La legisladora detalló momentos que han venido sucediendo que considera síntomas de autoritarismo en el país.
«Continuó el día que destituyeron magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal y se impusieron nuevos funcionarios obedientes, continuó cuando se retiraron un tercio de los jueces por decreto; luego con un régimen de excepción que encerró a inocentes, llevamos 41 meses en esto. Entonces, veamos las cosas en su justo contexto, veamos todos estos síntomas», exhortó.
Según la legisladora estos síntomas están afectando a la pobreza y desigualdad en el país. «Cómo unos pocos tienen acceso a créditos VIP, acceso a grandes beneficios y las grandes mayorías cada día más pobres, con más hambre, con menos empleo y con menos oportunidades acá», cuestionó.
El nombramiento
El presidente salvadoreño Nayib Bukele juramentó la noche de este miércoles a la Capitán y médica Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
«La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», dijo Bukele en redes sociales.
Trigueros, quien es parte del Comando de Sanidad Militar, coordinó la logística del plan de vacunación, durante la pandemia por covid 19.
El Frente Magisterial Salvadoreño, que aglutina a maestros del sector público, expresó este viernes su preocupación por el nombramiento de la capitana y doctora Karla Edith Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador.
En su comunicado, la organización calificó el nombramiento como “aberrante” y advirtió acerca de una posible militarización de la educación pública salvadoreña.
“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar”, dijeron en referencia a que la designación podría implicar una influencia desmedida de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, según un posteo en redes sociales.
Karla Trigueros ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.
En contraste con las críticas del sindicato magisterial, Unicef El Salvador publicó en su día en su web que Trigueros fue la «responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas de la coivid-19» como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.
Sin embargo, según los maestros, su nombramiento «es un golpe más que la ultraderecha bukelista está perpetrando contra el área de educación y que descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas».
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró este jueves como ministra de Educación a Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien permaneció en el cargo de manera interina desde febrero de 2022. Antes de él, el ministerio estuvo bajo la conducción de Carla Hananía de Varela, integrante del primer gabinete de Bukele en 2019.
«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», publicó por su parte Nayib Bukele en X.
El mandatario explicó que «su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo».
Trigueros respondió en la misma red social que recibe «con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país».
El ministro de Salud, Francisco Alabi, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva «Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales» que será dirigida por una junta directiva presidida por un funcionario nombrado por el presidente de la República, para regular la contratación de obras, médicos, estudiantes en los centros de salud y hospitales.
El proyecto fue recibido este viernes 15 de agosto por la Asamblea Legislativa a las 11:33 a.m.
La Red Nacional de Hospitales sería una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en su patrimonio, personería jurídica propia como una «nueva red de centros de salud que presten atención y asistencia médica» a la población del país.
Esta red será la encargada de vigilar el funcionamiento de «todos los centros de salud y hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Hospitales».
A la red, primero pasará el Hospital Nacional Especializado Rosales y el Hospital de Consulta Externa Especializada y después «gradualmente» los hospitales adscritos al Ministerio de Salud. Pero también podrán pasar a su propiedad los que construya, reconstruya o remodele la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que sean propiedad de instituciones de salud pública.
El gobierno argumenta que «se ha advertido la necesidad de crear un sistema moderno que posibilite a la población acceder a servicios de salud inmediatos, actuales y renovados» y que es necesaria «una instancia gubernamental que coadyuve con el Ministerio de Salud en la demanda de atención de salud».
El proyecto será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, la cual se reunirá el próximo lunes.
Una nueva entidad junto al Minsal
La junta directiva de la Red Nacional de Hospitales estará conformada por un presidente ejecutivo y un director designados por el presidente de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y otro director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac).
Esta junta directiva podrá autorizar la contratación de obras y decidir sobre cuáles hospitales y centros de salud se intervendrían para construcción, remodelación, reconstrucción, adecuación y equipamiento.
El proyecto de ley establece un régimen de compras para los hospitales y los centros de salud, le faculta la contratación de personal extranjero por un plazo de hasta 10 años prorrogables y regulará la formación y especialización de estudiantes y médicos graduados.
Establece, por ejemplo, que, para las obras, adquisición de bienes y servicios y consultorías para los servicios de salud, se realizará contratación directa aprobada por el presidente ejecutivo y, si su monto supera $1 millón, por la Red Nacional de Hospitales.
Residentes deberán ser admitidos
Así mismo, los médicos residentes vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud «podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales» «siempre que sean admitidos» por la Red Nacional de Hospitales.
Si se aprueba la ley, el personal que labore para el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional Especializado «Rosales» y el resto de hospitales de la «Red Nacional» seguirá bajo disposición del Ministerio, incluso estudiantes no admitidos, pero la junta directiva de la Red podrá decidir si podrán continuar sus labores en la Red. Esta disposición incluirá a estudiantes en internado rotatorio, año social, y médicos y odontólogos residentes que no sean admitidos, según el proyecto.
El proyecto tiene 107 artículos y será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República tendría 180 días para aprobar un reglamento luego de la vigencia.
Con 57 votos, la Asamblea aprobó este viernes una reforma presupuestaria para transferir $15 millones que no se utilizarán en el Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República.
La reforma presupuestaria fue acordada por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2025 “para reforzar asignaciones presupuestarias de la Presidencia de la República”.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, argumentó que la Presidencia “en la actualidad presenta necesidades prioritarias y urgentes que atender, con la finalidad de fortalecer el diseño de políticas públicas, planes y programas que contribuyan al desarrollo económico y sostenible del país y que garanticen el bienestar de las familias salvadoreñas”.
Según la notificación del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, estos fondos “no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal” y “pueden utilizarse para reforzar el presupuesto” de la Presidencia.
El proyecto de reforma no detalla la línea de trabajo y la unidad presupuestaria de la Presidencia de la República a la que serían transferidos los $15 millones. Sus únicos dos artículos indican que ingresarán a “Gastos”, que refuerzan “asignaciones vigentes de la Presidencia de la República” y que serán “tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.
La Presidencia de la República inició el año 2025 con un presupuesto de $139.7 millones aprobado por la Asamblea Legislativa, que ha aumentado a $140.5 millones hasta junio, de los cuales ha devengado $74.7 millones.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes en sesión plenaria una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía salvadoreña. Arena y Vamos votaron en contra.
Según el dictamen, unos 88,875 detenidos bajo régimen de excepción “deben ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado” y 300 auxiliares de la Fiscalía presentarán las pruebas en 600 juicios o procesos judiciales.
La reforma permite que la Fiscalía General de la República solicite una «asignación de causa» contra cada estructura de crimen organizado y que el plazo de instrucción de 24 meses o dos años sea “contado a partir de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”, según el artículo 6 del decreto.
El decreto fue aprobado 10 días antes de que se venza el decreto legislativo 803, sobre “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados.
El decreto 803 estableció un plazo de hasta 24 meses o dos años a partir su vigencia, 25 de agosto de 2023, para someter a los imputados a una sola causa por estructura conforme a una solicitud del fiscal, autorizando un “procedimiento transicional” para agrupar a los imputados.
El decreto establece que la Dirección General de Centros Penales deberá eliminar el registro basado en el decreto legislativo 803, según el artículo 6.
Las reformas también permiten audiencias únicas por estructura delictiva que podrán quedar abiertas durante dos años para permitir procesar a más de sus supuestos miembros como parte de dichas estructuras; e Indica que si la Fiscalía no presenta un dictamen de acusación en el plazo, el juez intimará al fiscal y este no contesta dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados.
No a delitos comunes
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, negó que estos plazos estén siendo autorizados para las personas detenidas por delitos comunes. “No hay que confundir los delitos comunes”, dijo en el pleno.
“¿Qué pasa si se vence, porque el 25 de agosto se vence, y esta Asamblea no hace las reformas debidas? Bueno, pues tendría la facultad los jueces de poner en libertad a todos los detenidos. ¿Saben la gravedad de lo que se está hablando?”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
«Incapacidad»
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas reformas “son un reflejo de la incapacidad de impartir justicia”.
“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como las instituciones no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía y darle más tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Ortiz advirtió que, si una persona ha sido detenida por error, “esas personas van a tener que esperar otros dos años para poder ir a juicio”.
“Dos años más para ir a juicio, cuando el plazo original ha sido seis meses”, dijo. No descartó que el gobierno pida otros dos años más para acusar a estas personas.
“El diputado, además de querer ser mago, también quiere ser juez, porque ha dicho que todos los detenidos son culpables, quiero decirle que ese es el trabajo de jueces y de fiscales, no lo podemos definir con anterioridad. La Asamblea debería exigir que estas instituciones cumplan en el debido tiempo y en plazos razonables, esa gran facultad y esa gran obligación que tienen, que es impartir justicia, dar seguridad jurídica”, indicó la diputada de Vamos.
Antes de la aprobación, el diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) aseguró que, si todos los diputados fueran como la diputada “que está en la esquina”, en referencia a Claudia Ortiz, “todos los criminales salen”. Coto criticó que antes había una “puerta giratoria” en la justicia a favor de los pandilleros.
Ortiz le respondió que si todos fueran como ella ya hubieran creado una comisión para investigar quién liberó al Crook, cabecilla de pandilla quien fue localizado en México y capturado en Estados Unidos, luego de que fuera puesto en libertad en El Salvador en donde purgaba una pena de 40 años de prisión. “Tenga valor. Su tan llamada política de seguridad no es sostenible. Prefieren tener al país, cada mes, cada mes, con una solución de corto plazo”, le respondió la diputada.
«Condenan a inocentes»
El diputado Francisco Lira, de Arena, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas qué tiene de malo solicitar estudiar los casos de las personas que, pese a tener una carta de libertad, no han sido liberadas y señaló al partido de gobierno de condenar a las personas inocentes capturadas por error durante el régimen de excepción, aclarando que quieren cárcel para los pandilleros y criminales.
“Sí hay personas inocentes, con cartas de libertad y que no tienen un juicio justo. Y los pandilleros, criminales, extorsionistas, que se pudran en la cárcel, que se pudran, pero esas personas inocentes que ustedes las están condenando este día para que pasen en la cárcel sin pruebas, más del 40 % podríamos estar hablando”. Francisco Lira (Arena).
Lira preguntó si, con esta ley, podrán “conocer y verlos en los juzgados a esos funcionarios que están en listas de Estados Unidos, a esos funcionarios que sacaron a los pandilleros de la cárcel”. Anunció que no votará por el decreto “porque están quitando garantías”.
Juan Carlos Fernández Saca, nombrado desde el 1 de julio como director de desarrollo humano del Ministerio de Educación mediante acuerdo ejecutivo, tendrá la función de firmar y autorizar los acuerdos sobre movimiento de personal docente, nombramientos de cualquier tipo, ascensos de categoría y nivel, suspensiones o supresión de plazas.
Las funciones serán delegadas para que sean asumidas a partir del 1 de julio de 2025, pero también fue aprobado otro acuerdo para que el director de desarrollo humano firme o autorice los acuerdos tomados desde 2022 hasta el 30 de junio de 2025 sobre la misma materia.
Las facultades que le fueron delegadas al director de desarrollo humano son firmar y autorizar acuerdos relativos a:
-Movimiento de personal docente.
-Licencias.
-Destacamentos.
-Traslados.
-Permutas.
-Nombramientos de cualquier tipo.
-Cargos de administración superior.
-Ascensos de categoría y nivel.
-Suspensión previa.
-Supresión de plazas.
-Renuncias.
-Despido.
-Inhabilitación.
-Fallecimiento.
-Reincorporación.
-Suspensión sin goce de sueldo.
-Enfermedades incapacitantes.
-Sobresueldos.
-Asignación de horas clase.
-Suspensión sin responsabilidad para los educadores.
-Devolución de saldos y de pensionado.
La delegación de funciones se realizó mediante acuerdo ejecutivo 15-1097 del Ministerio de Educación, emitido el 1 de julio de 2025 y publicado en la edición del Diario Oficial del 8 de agosto, puesto en línea en las últimas horas.
En el acuerdo, Mauricio Pineda, entonces ministro de Educación, argumentó que los ministros pueden delegar facultades a funcionarios según los artículos 10, 15, 20 y 68 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, entre otras disposiciones de la Ley de la Carrera Docente, el reglamento de las normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación, la obligatoriedad de las pensiones de la Ley de Integral del Sistema de Pensiones (artículo 13) y el artículo 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos sobre la delegación de firma.
Educación tomó esta decisión “como parte del reordenamiento de la estructura de organización” del Ministerio y argumenta que busca hacer de esta cartera de Estado “más funcional, ágil y eficiente”.
Firmaría acuerdos de 2022 a 2025
También, un segundo acuerdo 15-1108/2025 delegó al nuevo director de desarrollo humano la función de firmar y autorizar de manera conjunta o sperarada con el titular los acuerdos emitidos desde el 22 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2025 relativos al movimiento de personal docente, sobre licencias, nombramientos, destacamentos, traslados, permutas, nombramientos de cualquier tipo, cargos de administración superior, ascensos de categoría y nivel, suspensión previa, supresión de plazas, renuncias, despido, inhabilitación, fallecimiento, reincorporación, suspensión sin goce de sueldo, enfermedaddes incapacitantes, sobresueldos, asignación de horas clase, suspensión sin responsabilidad para los educadores, devolución de saldos y de pensionado.
El delegado deberá “presentar a la máxima autoridad un informe mensual de todas aquellas gestiones, trámites ejecutados e instrumentos firmados para la debida supervisión de los actos delegados” y tiene el compromiso de cumplir un “estricto apego a las normas y leyes”.
Mediante el acuerdo 15-1125/2025, Educación delegó a partir del 1 de julio de 2025 la facultad de firmar y autorizar los acuerdos sobre ascensos de grado y nivel, licencias, promociones, permutas, traslados, descensos de categoría, suspensión previa, nombramientos, renuncias, fallecimiento, supresión de plazas, devolución de saldos y de pensionado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el jueves que entregó el título póstumo de «Maestra en Diplomacia» a la fallecida embajadora de El Salvador en Austria, Julia Emma Villatoro Tario, quien ejercía el cargo desde el 1 de noviembre de 2019.
La Cancillería salvadoreña informó que realizaron un acto solemne en memoria de Villatoro Tario, quien falleció el miércoles 30 de julio en Viena. A la capilla ardiente de la diplomática salvadoreña llegaron las máximas autoridades de Relaciones Exteriores y familiares.
El acto en memoria de Villatoro Taro se realizó en las instalaciones de la Cancillería salvadoreña, donde la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, aseguró que no solo fue un momento para despedirse de una colega y servidora pública sino «de una mujer cuya trayectoria es, y será para siempre, un faro para nuestra diplomacia y para nuestro país».
“Al recibirla en esta su casa, la Cancillería, elevamos no solo nuestras oraciones, sino también nuestro compromiso de honrar su legado, entrega y profesionalismo impecable, de humanidad profunda». Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores.
En ese sentido, el título de «Maestra en Diplomacia» fue entregado a la familia de Villatoro Tario, de manos de la rectora del Instituto Diplomático «Dr. José Gustavo Guerrero», Luz Elena Núñez, pues la diplomática cursaba esta carrera antes de fallecer.
El título póstumo de «Maestra en Diplomacia» de Julia Villatoro fue entregado a su familia. / Cancillería.
Según el currículum público de Villatoro Tario, esta formaba parte también de la Misión Permanente de la Oficina de las Naciones Unidas y organismos Internacionales. Además, era la representante. de El Salvador de forma recurrente en Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría y Rumania.
Fue también embajadora y jefe de misión ante el Reino de Bélgica y fue la representante concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo, con Misión ante la Unión. Europea, en Bruselas, Bélgica desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2019.
La capilla ardiente de la embajadora Julia Villatoro fue instalada en la Cancillería salvadoreña. / Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al menos 10,799 salvadoreños fueron detenidos en Estados Unidos y México desde enero hasta junio de 2025 por estatus de migración irregular según el reporte de aprehensiones publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 75 % de los migrantes salvadoreños detenidos fueron interceptados en México.
Basado en los datos de Unidad de Política Migratoria de México, la OIM reporta que 8,116 salvadoreños fueron capturados desde enero hasta mayo de 2025 por poseer una condición migratoria irregular, de ellos, 247 fueron menores de edad entre acompañados y no acompañados.
El mes con mayor cantidad de salvadoreños aprehendidos por las autoridades migratorias de México fue enero con 4,963 detenciones; en febrero se reportaron 1,382 connacionales capturados; en marzo la cifra de aprehensiones fue de 1,187; para abril la cifra fue de solo 352 y para mayo siguió a la baja con apenas 232.
Tomando en cuenta los 4,963 detenidos de enero y los apenas 232 de mayo, la aprehensión de salvadoreños con estatus de migración irregular en México cayó en un 95 %.
El Salvador es el país con más detenciones de migrantes irregulares en México en el Triángulo Norte. La información recolectada por la OIM indica que 7,853 migrantes hondureños han sido capturados y 5,755 guatemaltecos fueron aprehendidos por su situación migratoria desde enero hasta mayo de este año.
Por otro lado, los datos de la Unidad de Política Migratoria revelan que 136 salvadoreños ya fueron devueltos a su país de origen en los primeros cinco meses de este año, de ellos, al menos 23 eran salvadoreños menores detenidos.
Los detenidos en Estados Unidos en el primer semestre
Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que 2,683 migrantes salvadoreños han sido capturados por su condición irregular en Estados Unidos desde enero hasta junio de 2025.
La Patrulla fronteriza de los Estados Unidos (USBP) por sus siglas en inglés contabiliza el encuentro de 1,854 connacionales, mientras que la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) registra otros 829 en el mismo período.
Los datos revelan que de los salvadoreños aprehendidos, al menos 433 eran menores no acompañados. De estos, 424 fueron reportados por la Patrulla Fronteriza de la nación norteamericana y otros nueve por la OFO.
El Salvador se posicionó los primeros seis meses de 2025 como el país del Triángulo Norte con menos migrantes irregulares detenidos en Estados Unidos. Al ser superado por Honduras con 6,846 y por Guatemala con 9,365.
La diputada de Arena, Marcela Villatoro, afirmó que la eventual participación del partido tricolor en las elecciones presidenciales 2027 deberá ser consultada con las bases, ya que considera que el enfoque principal debe ser fortalecer la Asamblea Legislativa y recuperar la pluralidad política.
“Este es un tema que se debe consultar con las bases y no lo hemos discutido como partido. Tengo entendido que se va a convocar y que el presidente y el COENA hablarán con las estructuras del partido”, explicó Villatoro.
La legisladora criticó que algunos políticos prioricen aspiraciones presidenciales sin respaldo, cuando —a su juicio— el verdadero reto es lograr una Asamblea con diversas corrientes de pensamiento.
«Hay personas que Dios mío, están con aquella necesidad de ser candidatas a la presidencia que andan locas”, ironizó Villatoro.
“Yo creo que debemos enfocarnos en lo que se está viviendo ahora, lo que se está viviendo en la Asamblea Legislativa y cómo recuperar desde la Asamblea Legislativa, en lugar de andar pensando en pajaritos en el aire, porque ahorita el problema más grande que tenemos es que en la Asamblea Legislativa no tiene una mayoría de personas con diferentes corrientes de pensamiento que puedan tomar decisiones en beneficio del país y no una Asamblea Legislativa que está obligada a hacer lo que dice una persona», dijo la diputada.
En contraste, Vamos, otro partido de oposición, sí considera participar en las presidenciales. Su secretaria general, Cesia Rivas, afirmó que “sería un error no participar, es nuestro derecho y obligación”.
Villatoro insistió que, en lugar de buscar protagonismo sin apoyo popular, Arena debe enfocarse en los espacios donde sí puede generar cambios, como la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, también de Arena, manifestó que el partido no debería presentar candidato presidencial en 2027, argumentando que “eso es avalar una reelección inconstitucional”.
Arena aclaró posteriormente que las declaraciones de Lira son a título personal y reiteró que participará en las próximas elecciones, sin precisar si será en la contienda presidencial, legislativa o municipal.
El gobierno salvadoreño ha pedido una prórroga para que la Ley de Energía Nuclear, aprobada el 22 de octubre de 2024, entre en vigencia el 28 de junio de 2026. La solicitud, presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, busca contar con “un plazo razonable” que permita armonizar el marco normativo con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos especializados.
La Ley de Energía Nuclear regula toda actividad o práctica relacionada con el uso de energía nuclear en el país y establece que las personas o empresas interesadas deberán presentar una solicitud formal ante la Dirección de Regulación.
Entre las medidas clave, la normativa contempla la creación del Comité de Emergencia Nuclear, integrado por varios ministerios y entidades como Medio Ambiente, Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Salud, Bomberos, Autoridad Salvadoreña del Agua, PNC y Protección Civil, además de la Dirección de Energía. La PNC colaborará con la nueva Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear.
Las sanciones incluyen multas desde $10,000 hasta el 10 % del costo final de la instalación nuclear autorizada, con posibilidad de revocación de licencias y responsabilidades civiles por daños ambientales o humanos de al menos $150 millones, ampliables con fondos estatales hasta $300 millones para cubrir reclamos.
La petición será evaluada por la Comisión de Turismo, Tecnología e Inversión de la Asamblea Legislativa.
