Categoría: Politica

  • Ministerio de Seguridad invertirá en nuevo modelo tecnológico policial y laboratorio de drones en 2026

    Ministerio de Seguridad invertirá en nuevo modelo tecnológico policial y laboratorio de drones en 2026

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, defendió ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto 2026, que asciende a $702.58 millones, una diferencia de $104 millones respecto a lo aprobado para este 2025.

    En su exposición, el funcionario destacó que en 2026 asignarán $15 millones en el nuevo modelo tecnológico policial con una «transformación del modelo policial a través de inteligencia artificial (IA) por $6 millones, el cambio de banda corta a banda ancha de la PNC por $6 millones», además de la modernización del servicio de atención de emergencias y denuncias para la ciudadanía, con $3 millones.

    “Para poder conectarnos a las demandas actuales de la población, el teléfono fijo dejó de ser el medio y hacia ese cambio es que vamos a apostarle el siguiente año”, argumentó.

    Informó que echarán a andar la Agencia de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública por un monto de $3.4 millones; con el desarrollo de software y modernización en los sistemas de operación de Seguridad Pública y Justicia, por $2.4 millones; y el equipamiento para laboratorio de drones y compra de vehículos aéreos no tripulados, por $1 millón.

    “Son unos drones que van a venir dentro de poco, vamos a poder mover medicamentos o antídotos críticos para el Ministerio de Salud, desde La Unión hacia las islas y desde la Costa del Sol hacia Tasajera, así que hemos invertido en ese tipo de drones para poder llevar de una manera rápida medicamentos críticos a esas unidades de salud”.

    Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    El ministro también indicó que van a fortalecer la gestión migratoria. «Recuerdan el Gota a Gota, hace un par de años, recientemente el Escudo Virtual con el que mafias colombianas pretendían venir a operar a El Salvador, por lo que es necesario fortalecer nuestras fronteras», dijo. Mencionó que un préstamo otorgado por el gobierno de Italia servirá para talleres, escuelas y sitios diferenciados para hombres y mujeres en el Centro de Detenciones en Ilobasco.

    Experiencia «en manejo de terroristas y cárceles»

    Villatoro también aseguró que como Ministerio de Seguridad  Pública y Justicia poseen la experiencia suficiente sobre manejo y combate contra terroristas y del sistema penitenciario.

    «Como Ministerio de Justicia, estamos siempre a la vanguardia de la infraestructura que utiliza el sistema de Justicia para defender lo que tenemos, para evitar que el día de mañana este sistema vuelva a caer en manos de organización terrorista», indicó.

    «Tenemos una experiencia demostrada en manejo de terroristas y buen manejo mundial en manejo de cárceles», insistió.

    «En el continente americano lo que vemos son cárceles universidades del crimen y, en este tema, sí hemos marcado una diferencia abismal; y, desde el 2019, fuimos el primer país en tener control sobre las cárceles, ya no somos el único porque Argentina va avanzando… El Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas es referente regional y mundial», añadió.

    Bonos para policías

    El ministro dijo que están garantizados los pagos de las remuneraciones y los bonos, alimentación y uniformes para la Policía Nacional Civil, con una proyección total de $471.92 millones para el año 2026, que representa el 78.20 % del presupuesto del ramo.

    Centros Penales tiene asignados $128.63 millones para el año 2026, un aumento del 77.9 %, $56.33 millones respecto a los $72.3 millones aprobados para el año 2025.

    El presupuesto de Penales es equivalente al 18.59 %, del presupuesto de Seguridad.

    $15 millones para guerra contra terrorismo

    Villatoro aseguró que a la «Secretaría de Estado» se asignan $42.09 millones (6.08%), dentro de los cuales «están los $15 millones para la guerra contra el terrorismo”.

    La nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado lleva $22.01 millones (3.18%); la Academia Nacional de Seguridad Pública general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, $9.7 millones (1.41%); Migración y Extranjería, $7.8 millones (1.1%); el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), con $6.5 millones (0.95%); la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), con $2.2 millones (0.33%); y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), con $891,574 (0.13%); en total, suman $691.96 millones.

    “Estamos en una epidemia en la que los gobiernos no están conectados con los ciudadanos y nosotros hoy por hoy somos ese país que le puede decir al mundo que estamos conectados, pueblo, gobierno y Estado”, dijo Villatoro, quien agradeció a los diputados el “soporte legal” que les brindan los diputados.

    El presidente de la Comisión, Christian Guevara, tomó la palabra y le dijo al ministro: “Usted, por medio del Consejo de Ministros, ha solicitado 43 veces la prórroga para el régimen de excepción, 9 meses en el 2022, los 12 meses en el 2023, los 12 meses en el 2024 y diez meses, que es parte del trabajo conjunto que usted mencionaba y que está en la Constitución desde 1981 y nadie había tenido el valor de utilizarla para salvaguardar la vida de los salvadoreños”.

  • Fiscalía proyecta $91.6 millones de presupuesto, incluidos $2.6 millones para el nuevo «Centro Nacional Anticorrupción»

    Fiscalía proyecta $91.6 millones de presupuesto, incluidos $2.6 millones para el nuevo «Centro Nacional Anticorrupción»

    El presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) para el ejercicio fiscal de 2026 sería, al ser aprobado, de $91.6 millones, $3.1 millones más respecto al aprobado para 2025.

    El presupuesto actual de la FGR asciende a $88,568,541.00; y lo asignado para 2026 asciende a $91,664,660.

    De estos, $2.6 millones se destinarán al nuevo Centro Nacional Anticorrupción de la FGR creado con la vigencia de la nueva Ley Anticorrupción, que obliga a funcionarios y empleados públicos presentar a Hacienda una declaración de sus activos y pasivos junto a la declaración de renta, informes que deberán ser publicados en un portal electrónico por el Ministerio de Hacienda a más tardar 15 días hábiles luego de haber sido presentada por cada sujeto obligado.

    Aumenta presupuesto para «Defensa de intereses de la sociedad»

    Del total, $12.2 millones se destinarán a la unidad presupuestaria «Dirección y administración institucional», un 13 %.

    Un 64.9 % del gasto programado, $59.5 millones, estaría destinado a la unidad presupuestaria «Defensa de los intereses de la sociedad«, que tendría como propósito «investigar y promover la acción penal en los delitos que afecten los intereses de la sociedad», explica el cuadro del proyecto de presupuesto de la FGR de 2026.

    Esta partida presupuestaria presenta un aumento, respecto de 2025, de $11.5 millones.

    Para la unidad «Defensa de los intereses del Estado«, que investiga delitos y la promoción de la acción judicial y administrativa contra los intereses del Estado, ha asignado $4.2 millones: una reducción de $1.6 millones respecto a lo asignado este año.

    A la unidad presupuestaria «Acceso a la justicia para las mujeres, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables» se destinarán $7.5 millones. Y a infraestructura física, $2 millones.

    El nuevo centro anticorrupción

    En la distribución de los recursos, hay una nueva partida denominada «Centro Nacional Anticorrupción«, por $2.6 millones, que tiene por objetivo «ejecutar acciones de inteligencia relativas a la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de la función pública», de los cuales $2.4 millones se destinarán a bienes y servicios.

    En cuanto a las plazas, la Fiscalía seguirá trabajando con 2,706, las que pagará con un monto de $49.4 millones.

    También, destinará $3.3 millones al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.

    Este viernes 17 de octubre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, ha sido invitado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, para que explique los objetivos y gastos de este presupuesto.

    Delgado es el funcionario que puso Nuevas Ideas desde el 1 de mayo de 2021, horas después de destituir a su antecesor, Raúl Melara, que investigaba al gobierno actual. Una de las primeras acciones realizadas por Delgado fue desarticular la unidad que investigaba delitos de corrupción denominada Grupo Especial Antimafia (GEA) liderado por German Arriaza.

  • Embajada informa de multas de $5,000 para mayores de 14 años que ingresen ilegalmente a EEUU

    Embajada informa de multas de $5,000 para mayores de 14 años que ingresen ilegalmente a EEUU

    El gobierno de Estados Unidos impondrá multas de $5,000 para quienes ingresen ilegalmente a ese país, informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

    La sede diplomática en El Salvador aseguró que «entrar ilegalmente a EE.UU. tiene consecuencias» que no solo se refieren a ser deportado o encarcelado por las autoridades sino a tener que pagar una multa de $5,000.

    Según la advertencia, toda persona mayor de 14 años tendrá que pagar la multa de $5,000 por cruzar ilegalmente desde ayer «por ingreso inadmisible».

    Las autoridades informaron que el pago de la multa es no negociable «y sin derecho a apelación».

    «Toda persona de 14 años o más que cruce ilegalmente a partir de ahora deberá pagar una nueva multa definitiva de $5,000 por ingreso inadmisible. Esta multa es final, no negociable y sin derecho a apelación». Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

    No pagar la multa «puede generar sanciones adicionales» para los migrantes con estatus irregular en Estados Unidos. Solo salvadoreños, fueron deportados más de 6,000 en el primer semestre de 2025.

    Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la aplicación de un cobro de $1,000 para los nuevos solicitantes del programa «Parole», un permiso de residencia temporal por razones humanitarias urgentes.

    La organización Human Right First ha reportado que de enero a agosto al menos 119 vuelos con salvadoreños deportados han despegado desde Estados Unidos y con destino a El Salvador.

    Las autoridades estadounidenses han asegurado que hay tres grupos propensos a deportaciones: quienes cometen actos criminales, quienes representan un riesgo para la seguridad pública y quienes violan su visa o entran sin documentos.

    La nueva multa de $5,000 por cruces ilegales hacia Estados Unidos inició su aplicación ayer. / @USEmbassySV
  • TSE no sancionará a salvadoreños que se negaron a integrar organismos electorales en 2024

    TSE no sancionará a salvadoreños que se negaron a integrar organismos electorales en 2024

    A más de un año de que haber tomado posesión de sus cargos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los nuevos magistrados no han decidido sancionar a los salvadoreños que se negaron a integrar los organismos electorales en los comicios presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen) en 2024.

    Dos fuentes internas de la institución aseveraron a Diario El Mundo que la institución no sancionará a los salvadoreños que se negaron a integrar organismos electorales como las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX), donde fueron elegidos aleatoriamente al menos 103,000 personas inscritas en el padrón electoral.

    El Código Electoral, en el artículo 242, establece que la persona que «se negare sin justa causa a desempeñar los cargos de miembros de cualquiera de los organismos electorales o abandonare el cargo será sancionado» con una multa que puede ir desde los $25 a $114.28 dependiendo el cargo al que se negó.

    Quienes no paguen la multa se enfrentan restricciones migratorias, emisiones de antecedentes penales y policiales, en trámites del Documento Único de Identidad (DUI) y en las refrendas de las licencias de conducir según la ley. Una de las fuentes explicó que “ningún colegiado ha procesado a nadie por eso”.

    Para no desempeñar el cargo en las juntas, el ciudadano debía presentar una justificación con documentación que sustentara el impedimento para ejercer el cargo en las elecciones.

    Solo en el territorio nacional, el TSE instaló el año pasado 8,562 Juntas Receptoras de Votos en 1,595 centros de votación. Para conformar las JRV, convocó a 102,855 ciudadanos y para las JRVEX, otros 981. Los primeros cuatro miembros de las Juntas fueron propuestos por los partidos políticos con mayor cantidad de votos en la última elección, y el quinto integrante es elegido por sorteo.

    El TSE elige tres listas con 34,285 personas cada una; las dos últimas listas son usadas para sustituir a las personas que no pueden ejercer el cargo. Aunque en diciembre de 2023 la entonces presidenta del TSE Dora de Barahona advirtió sanciones a quienes se negaran a conformar los organismos, para junio del siguiente año, los magistrados ya habían decidido dejar las sanciones en manos del nuevo Tribunal.

  • Inicia vigencia de nueva ley de prevención de lavado de activos en El Salvador

    Inicia vigencia de nueva ley de prevención de lavado de activos en El Salvador

    Una nueva Ley para la prevención, control y sanción del lavado de activos está vigente en El Salvador desde este viernes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la nueva normativa el 7 de octubre y derogara la regulación que había sido aprobada en 1998.

    La ley antilavado fue publicada en el Diario Oficial del 9 de octubre e inició su vigencia ocho días después, es decir, el viernes 17 de octubre.

    La ley reduce los sujetos obligados, prohíbe la exclusión financiera para personas en noticias o listas internas o con antecedentes relacionados con lavado, y crea el Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos (CIPLAFT).

    También mantiene la vigencia del reglamento contra el lavado de dinero y de activos, así como el instructivo aprobado mediante decreto ejecutivo el 21 de enero de 2000, mientras no se emitan nuevos instrumentos.

    ¿Quiénes conformarán el Comité?

    El CIPLAFT, que será una instancia encargada de aprobar una estrategia nacional contra el lavado de activos, la prevención del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas, sería una instancia integrada por la Fiscalía General de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y ministros del Poder Ejecutivo.

    Así, según la normativa, también se integrará por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Economía.

    También, dice la nueva normativa, el CIPLAFT lo integrarán el presidente de la Comisión de Activos Digitales, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y el superintendente del Sistema Financiero (SSF).

    Este Comité también tendría como atribución aprobar “lineamientos” para cumplir la estrategia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.

    Prohíbe “exclusión financiera”

    La nueva “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva» prohíbe negar productos financieros sin una evaluación individualizada de riesgo.

    En su artículo 10, la nueva ley prohíbe que los sujetos obligados apliquen una exclusión financiera a personas basados en noticias o en listas internas o que tengan antecedentes relacionados con lavado de activos. Un diputado de Nuevas Ideas aseguró en el pleno que no se referían a antecedentes delictivos, sino en «noticias».

    La nueva normativa redujo a 10 los sujetos obligados que deben reportar movimientos sospechosos a la Fiscalía, suprimiendo a los inversionistas nacionales e internacionales, las sociedades o empresas nacionales o extranjeras. Tampoco serán sujetos obligados las asociaciones, consorcios y gremios empresariales, e instituciones privadas o de “economía mixta y sociedades mercantiles”.

    También, se excluyen abogados que no laboren con actividades financieras, importadores y exportadores agropecuarios y de vehículos, empresas de seguridad, importadoras o comercializadoras de armas, droguerías, laboratorios, farmacias, hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y también se excluyen las empresas de construcción.

    Los 10 sujetos obligados serán instituciones financieras, sociedades de ahorro y crédito, prestamistas, casinos, intermediarios inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, contadores y auditores que realicen actividades financieras para sus clientes, personas dedicadas a transporte de dinero o de valores, proveedores de servicios de activos digitales y de bitcoin, y partidos políticos.

  • Fedemed reforma estatutos para abrir afiliaciones a profesiones de la salud y no solo a médicos

    Fedemed reforma estatutos para abrir afiliaciones a profesiones de la salud y no solo a médicos

    La Federación de Profesionales de la Medicina (Fedemed) reformó sus estatutos ampliando el objetivo de afiliación para “todas las asociaciones de las profesiones de la salud” sin limitarlo a la profesión médica.

    La reforma fue aprobada el 16 de junio de 2024 por la junta directiva de Fedemed, una sociedad que respaldó la aprobación de la “Ley de especialidades para las profesiones médicas” y que ha sido crítica del Colegio Médico.

    El 26 de junio de 2024, en asamblea general cambió por unanimidad sus estatutos para sustituir el literal “a” con el fin de que “sean considerados todos los profesionales de la salud y no solo los profesionales médicos”.

    El artículo 4 establecía como primer objetivo de Federación «afiliar en una sola organización nacional a todas las asociaciones de la profesión médica y a los que se formen en el futuro”.

    La reforma sustituyó el objetivo por “afiliar en una sola organización nacional a todas las asociaciones de las profesiones de la salud y a las que se formen en el futuro”.

    La modificación fue aprobada por el Ministerio de Gobernación el 16 de mayo de 2025 y ha sido publicada en el Diario Oficial de fecha 10 de octubre de 2025.

    El objetivo: afiliarlos «en un sola organización»

    El primer objetivo de la nueva Federación es afiliar «en una sola organización» a todas las asociaciones de las profesiones de la salud de El Salvador.

    Como objetivo estatutario, la Federación también busca “participar en los procesos de certificación y recertificación periódica de los profesioanles de la medicina en la República de El Salvador” y “vigilar que la práctica del ejercicio profesional de los profesionales certificados sea acorde a la normativa ética”.

    La Federación, crítica del Colegio Médico, promovió la aprobación de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas, la cual otorgó al Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem) la competencia de certificar las especialidades y subespecialidades médicas en el país. La normativa, respaldada por Nuevas Ideas y el gobierno actual, fue considerada inconstitucional por el Colegio Médico, gremial que argumentó que la competencia era del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

    La Fedemed fue constituida en San Salvador el 9 de octubre de 2023 por los médicos Carlos Omar Durán Solórzano, Lourdes Michelle Martínez Salinas, Carlos Alberto Brizuela Alvarenga, Óscar Wilfredo López Barillas, Juan Carlos Portillo Donado y Adriana Jeruzza Rosales Morales. Se define como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, científica, académica, cultural y gremial.

    El primer objetivo de la Fedemed quedó así en sus estatutos.
  • Dirección de Obras Municipales tendría $441.4 millones para 2026, un aumento de $15.7 millones

    Dirección de Obras Municipales tendría $441.4 millones para 2026, un aumento de $15.7 millones

    La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) tiene un proyecto de presupuesto de $441.4 millones para el 2026, un aumento de $15.7 millones respecto a su presupuesto 2025 de $425.7 millones.

    Sin embargo, en la asignación de recursos a tres programas sociales que realiza esta Dirección, presentan reducción en los fondos asignados para ejecutarlos.

    El apoyo al «Programa hacia la erradicación de la pobreza», que tiene como objetivo la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura socioeconómica y equipamiento para mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades, presenta una asignación de $1 millón, es decir, $4 millones menos que lo asignado para este año.

    También, el «Programa de apoyo al desarrollo económico local», que busca desarrollar proyectos de infraestructura, presenta una disminución de $12.6 millones, de $15.3 millones a $2.7 millones.

    El «Programa de mejora de la calidad y expansión de la oferta de educación parvularia y centros de desarrollo infantil» también presenta reducción de $15 millones, de $40 millones a $25 millones.

    Los que sí aumentan en recursos

    La partida para la Dirección y Administración de la DOM presenta un incremento de $6 millones para 2026.

    El programa de apoyo a la prevención de la violencia, que ejecuta mediante la construcción, mejora y equipamiento de espacios públicos, presenta un leve incremento de $700,000, de $4.2 millones a $4.9 millones.

    El mayor incremento lo presenta «Gestión de proyectos de obras municipales», que tiene asignados $371.3 millones, $40.5 millones más que en 2025.

    ¿Qué obras realizaría con estos $371.3 millones?

    Programa de obras municipales para infraestructura vial a nivel nacional: $63.9 millones.

    Programa de obras municipales para infraestructura y equipamiento de centros educativos a nivel nacional: $100 millones.

    Programa de obras municipales para infraestructuras diversas a nivel nacional: $1 millón.

    Programa de capacitación especializada para la construcción a nivel nacional: $1.5 millones.

    Mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, departamento de San Miguel: $67 millones.

    Mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, departamento de Santa Ana: $71 millones.

  • ¿Qué es el Bitcoin Histórico organizado por el gobierno?

    ¿Qué es el Bitcoin Histórico organizado por el gobierno?

    El gobierno de El Salvador, por medio la Oficina Nacional de Bitcoin, está organizando el Bitcoin Histórico, una conferencia regional que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el centro histórico de San Salvador.

    “Bitcoin Histórico es una conferencia de dos días (12 y 13 de noviembre de 2025) organizada por la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador. Celebra Bitcoin, la libertad financiera y la transformación de El Salvador, con charlas, talleres y experiencias inmersivas en los lugares históricos de San Salvador», indica la página bitcoinhistorico.com.

    La Oficina Nacional de Bitcoin informó que la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, será la oradora en el evento y quien “compartirá la narrativa definitiva y de alto nivel de la transformación de El Salvador, detallando los próximos pasos, como los bancos bitcoin, que demuestran que la convicción nacional es el motor de la historia”. Participarán otros 20 oradores.

    Mayorga aseguró que el evento «potenciará a El Salvador como el epicentro mundial de la fusión de cultura e innovación financiera”.

    En El Salvador, el bitcoin dejó de ser «moneda de curso legal» para ser definida en la ley como un «curso legal» no obligatoria según reformas a la Ley Bitcoin, en enero de 2025; esta era una exigencia del Fondo Monetario Internacional para el acuerdo financiero.

    Sobre la conferencia

    La conferencia se llevará a cabo en varias instalaciones como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Plaza Gerardo Barrios, con pantallas LED gigantes para transmisiones en vivo.

    Los discursos magistrales se transmitirán a pantallas LED gigantes en la Plaza Gerardo Barrios.

    El idioma principal de la conferencia será el inglés, con traducción al español para las sesiones clave.

    Hay tres tipos de pases que se deben pagar en bitcoin: el boleto de Satoshi Chero, de $21; el asiento Trailblazer, de $350; y el pase de la Corona Génesis, por $2,100.

    Los titulares del pase «Genesis Crown» tienen prioridad para establecer contactos con los ponentes principales. Otros asistentes pueden participar en sesiones públicas de preguntas y respuestas, y reuniones comunitarias.

    Los pases

    Satoshi Chero de $21: acceso especial para locales, se requiere DUI, tendrá asiento en la plaza Gerardo Barrios y podrá entrar a todas las charlas y talleres públicos.

    Trailblazer de $350: asiento en la plaza Gerardo Barrios, con visas a las pantallas LED, acceso a sesiones públicas, a demostraciones técnicas, a reuniones comunitarias y una invitación a la fiesta posterior.

    Corona Génesis, de $2,100: asiento VIP en el Palacio Nacional, una entrada rápida, acceso al salón privado, un paquete de merchandising exclusivo, podrá estar en reuniones de trabajo con los principales ponentes y, al finalizar una invitación VIP a la fiesta posterior.

  • Raquel de Guevara: «Asumo mi tercer periodo como procuradora con gran compromiso a favor de la dignidad humana»

    Raquel de Guevara: «Asumo mi tercer periodo como procuradora con gran compromiso a favor de la dignidad humana»

    Raquel Caballero de Guevara asumió este jueves como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para un tercer período, 2025-2028, luego de ser reelecta el miércoles por Nuevas Ideas y sus aliados, y dijo tener un «gran compromiso» con la «dignidad humana» y «la vida en todas sus dimensiones».

    «Asumo mi tercer periodo como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos con gran compromiso a favor de la Dignidad Humana, mi labor seguirá siendo centrada en las personas, a favor de la vida en todas sus dimensiones», aseguró la funcionaria en una publicación en X, este jueves.

    El primer período lo hizo entre el 2016-2019 durante el cual el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por una decisión laboral a favor de la hija de su cónyuge en la institución; ella aseguró que ascendió a la persona pero ya estaba contratada, que pagó la multa, que pudo haber apelado y que está solvente.

    «Es cierto, yo fui denunciada, pero mi trabajo en 2016, 2017 y 2018 fue bastante valiente, porque además yo recibí amenazas de muerte, y bueno, fui denunciada en muchas instancias y una de esas instancias (el Tribunal de Ética Gubernamental) me condenaron por la misma causa dos veces. Yo pude haber puesto un amparo, pude haber presentado un recurso para revertir esa medida, pero no, pague la multa y eso fue suficiente y caso cerrado. Luego, la entidad me entrega una solvencia, que es la que presenté en el período anterior y ahora pido una solvencia y me la dieron, porque no hay ningún problema con respecto a eso», argumentó en la entrevista, en la Comisión Política, el lunes 6 de octubre.

    Después de ese período, Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este  tiempo, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

    El tema también fue puesto sobre la mesa por diputadas de oposición en la entrevista, quienes le cuestionaron qué seguimiento le ha dado a las personas capturadas bajo el régimen de excepción y que tienen cartas de libertad, pero que no han sido liberadas y sobre quienes han denunciado casos de tortura dentro de las cárceles.

    Ella respondió: «Las cartas de libertad han sido muchas, muchas, y hemos logrado en coordinación con el ministro de Justicia y Seguridad y la Dirección de Centros Penales, incluso con algunos jueces, hemos logrado la libertad de muchas personas… Así como lo informé al Comité contra la tortura, en este período, no he recibido ni un solo caso que haya sido denunciado en la institución que presido», aseguró, el 7 de octubre.

    Fue reelecta la tarde de este lunes 15 de octubre para continuar como procuradora, con 57 votos de Nuevas Ideas y aliados, Arena y Vamos votaron en contra.

  • Tres alcaldías aprueban amnistías fiscales para propietarios de inmuebles, empresas y arrendatarios en mercados

    Tres alcaldías aprueban amnistías fiscales para propietarios de inmuebles, empresas y arrendatarios en mercados

    Las alcaldías de Morazán Sur, La Libertad Norte y La Paz Este han aprobado y publicado ordenanzas transitorias para permitir que sus habitantes salden deudas por intereses o multas de tasas municipales o contribuciones especiales. Las normativas municipales fueron publicadas en las ediciones de los días 8 y 9 de octubre del Diario Oficial.

    La alcaldía de Morazán Sur publicó en el Diario Oficial del 8 de octubre la ordenanza transitoria para exonerar el pago de intereses y multas por tasas municipales a los habitantes de los 15 distritos durante 90 días hábiles.

    La vigencia de la ordenanza inició este jueves 16 de octubre y está habilitada para los residentes de los distritos de Chilanga, Delicias de Concepción, El Divisadero, Gualococti, Guatajiagua, Jocoro, Lolotiquillo, Osicala, San Carlos, San Francisco Gotera,, San Simón, Sensembra, Sociedad, Sociedad, Yamabal y Yoloaiquín.

    La comuna aclara en la normativa transitoria que para aplicar el beneficio, los planes de pago de las deudas, intereses y multas deben estar ajustados al plazo de vigencia de la misma. Para acceder a la exoneración, los ciudadanos deben estar inscritos en el registro de contribuyentes y solicitar los planes de pago a la Administración Tributaria Municipal .

    Alcaldías exonerarán intereses en contribuciones especiales

    Por otro lado, la alcaldía de La Libertad Norte aprobó una ordenanza de amnistía tributaria para condonar los intereses y multas por tasas y contribuciones especiales en los distritos de Quezaltepeque, San Matías y San Pablo Tacachico durante 150 días calendario, es decir, por cinco meses.

    La vigencia de la ordenanza inicia este viernes 17 de octubre, cuando los ciudadanos de ese municipio podrán pagar intereses y multas por tasas, por el sistema de mercados, cementerios y los comerciantes del espacio público. El máximo de cuotas a pagar por los servicios municipales es de 12.

    Los pagos pueden realizarse a en efectivo o a través de transferencia electrónicas. La ordenanza no aplica para quienes tienen multas por procesos administrativos sancionatorios por contravenciones.

    Por último, en el Diario Oficial también se publicó una ordenanza de la alcaldía de La Paz Este para dispensar el pago de tasas e impuestos por multas e intereses moratorios de propietarios de inmuebles, empresas y arrendatarios de puestos en los mercados municipales.

    La normativa estará vigente desde el viernes 17 de octubre y tendrá una duración de 120 días calendario, o sea, cuatro meses. Los convenios de pago en cuotas serán emitidos por el Subgerente Tributario, delegados distritales de asistencia a contribuyentes y por la administradora de Mercados según corresponda.

    En este municipio se han establecido así los pagos de anticipos para planes de pago:

    • Deudas de $300 a $1,000 deben dar un anticipo del 12 % y cuotas en máximo 10 meses.
    • Deudas de $1,000.01 a $2,000 deben pagar un anticipo del 13 % y tendrán cuotas en máximo 12 meses.
    • Deudas de $2,000.01 a $3,000 deben pagar un anticipo del 15 % y tendrán cuotas en máximo 18 meses.
    • Deudas de $3,000.01 en adelante, deben pagar un anticipo del 18 % y dispondrán de un plan de pago en máximo 24 meses.