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El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una nueva reforma a la Ley del presupuesto general del Estado 2025 para transferir $20 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que serían destinados a la logística de los agromercados.

La iniciativa será recibida el lunes 21 de julio por la Comisión de Hacienda, que podrá aprobarla este mismo día para que la reforma sea aprobada en la sesión plenaria del miércoles 23 de julio.

El refuerzo fue acordado por el Consejo de Ministros el 27 de junio.

«Dicha reforma permitirá continuar fortaleciendo la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados a nivel nacional, promoviendo la interacción entre proveedores y consumidores sin intermediarios, ofreciendo productos frescos y de calidad a precios justos, empoderando a los productores y sus famiilas», consideró el Consejo de Ministros, según el acta notificada por el secretario jurídico.

Los fondos provienen del Ministerio de Hacienda y, según el proyecto de decreto, «no van a utilizarse en lo que resta del presente ejercicio fiscal de 2025 y que pueden utilizarse para el fin antes relacionado».

Los $20 millones serán transferidos a la línea de trabajo 1201 «Abastecimiento y seguridad alimentaria 2025» de la unidad presupuestaria «12 Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento 2025».

«Abastecimiento y Seguridad Alimentaria» inició con un presupuesto de $22.9 millones cuando se aprobó el presupuesto pero hasta mayo de 2025 tiene un presupuesto modificado de $32.3 millones, de los cuales ya están comprometidos $20.6 millones.

En la reforma aprobada ayer no se detallan el destino concreto, como unidades de transporte, combustible, subcontratación de servicios u otros.

El 25 de junio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la incorporación de $725,000 de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para comprar 12 tráileres, dos camiones y dos pick ups para trasladar productos, además de una auditoría al proyecto. Los fondos habían sido aprobados por el BCIE en octubre de 2024, cuando informó que se pondría a disposición una «flota vehicular de cerca de 30 unidades» para trasladar productos.

La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este miércoles reformas a cuatro artículos de la recién aprobada Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías para darle mayores facultades al director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

La reforma al artículo 11 faculta al director de la ANIA a “determinar, fijar y modificar los precios a cobrar por los servicios que la ANIA proporcione o por el uso de tecnología que esta adquiera para el ejercicio de sus funciones”, atribución que no estaba incluida en la normativa aprobada el 26 de febrero de 2025.

El nuevo director de la ANIA es Mario José Flamenco Rivas, exoficial de la Oficina Nacional del Bitcoin, la cual es dirigida por Stacy Herbert.

La ley de inteligencia artificial inició su vigencia el 11 de marzo de 2025 y desde entonces tenía un plazo de 90, que se cumplieron en junio, para emitir una normativa sobre el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA que deben seguir todos los desarrolladores u operadores de IA que no tengan fines comerciales.

La modificación aprobada ayer, con dispensa de trámites, también define a la ANIA como una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y presupuestaria; y agrega que su patrimonio incluirá “los ingresos provenientes de los servicios que la ANIA proporcione o por el uso de tecnología que la Agencia adquiera para el ejercicio de sus funciones”, cooperación, cánones, utilidades de sus inversiones y préstamos.

La reforma fue introducida por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien la presentó el 16 de julio mismo, a las 10:25 de la mañana. Fue incorporada a la sesión plenaria por el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, quien pidió su dispensa de trámites.

La normativa vigente no establece tasas por la inscripción en el Registro, que será requisito para que los desarrolladores de IA gocen de «salvaguardas» como evitar medidas judiciales que limiten el uso de datos de dominio abierto para fines de inteligencia artificial generativa o innovaciones legales, no habría responsabilidad por errores en actividades experimentales siempre que no sean desplegadas comercialmente o no interfieran con derechos de sus usuarios. Tampoco tendrían responsabilidad por el uso indebido de herramientas por parte de terceros ni por el uso de tecnologías de IA fuera de la jurisdicción salvadoreña.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, reveló este miércoles que se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar los temas que se deberían incluir en una futura reforma de pensiones y adelantó que se está valorando tocar «el sistema no contributivo», es decir, el sector que actualmente no abona o entrega aportes al fondo de pensiones.

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Castro dijo, durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña, que ha sostenido «un par de reuniones» con miembros del FMI, a quienes les habría explicado que la reforma de 2022 fue «el primer paso» y que hay otros temas que tocar en futuros cambios a la legislación.

«A mí me ha tocado un par de reuniones con gente del Fondo también, donde hemos hablando sobre el sistema previsional y también hemos sido claros que la reforma que hicimos era como el primer paso en el gobierno del presidente Bukele y que todavía la reforma necesita algunos ajustes estructurales muy amplios».
Rolando Castro, ministro de Trabajo.

El titular de Trabajo dijo que el Fondo está interesado en las futuras reformas y que «tienen razón» porque la reforma de 2022 «no tocó por ejemplo el sistema no contributivo». «Esos temas hay que tocarlos», afirmó en la entrevista matutina.

El entrevistador repreguntó: «¿Usted menciona sistema no contributivo y ahí podemos unirlo con una propuesta para la formalización laboral en el país?». El funcionario respondió: «Sí». Mencionó que la indicación del presidente Nayib Bukele fue que las instituciones del Estado «entreguemos toda la información que nos corresponde».

Uno de los acuerdos del FMI con el gobierno salvadoreño fue la toma del compromiso de una nueva reforma al fondo de pensiones para «respaldar» el ajuste fiscal de este año. La propuesta de reforma tendría que hacerse publica el 10 de febrero de 2025 y el estudio actuarial debía publicarse a finales de julio de 2025, sin embargo, el gobierno salvadoreño decidió aplazar esta publicación hasta finales de septiembre.

El FMI pide que los cambios de ley permitan contener los costos fiscales y las deudas contingentes que conllevó la reforma de 2022. La reforma más reciente aumentó la tasa de cotización aportada por los empleadores, un 30 % de las pensiones mínimas por vejez y siguió permitiendo al gobierno tomar prestados los ahorros solo que con una tasa de rendimiento anual del 7 %.

El Fondo advirtió también que, de no implementar una reforma, los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se acabarían en el año 2027 y se vencería el plazo de gracia que tiene el Estado para empezar a pagar intereses y capitales de deuda.

En ese sentido, los diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han propuesto que una de las reformas sea «ponerle los candados necesarios» al sistema para que el gobierno no pueda seguir tomando prestado el dinero de las pensiones. Según datos del Banco Central de Reserva, la nueva deuda de pensiones emitida por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) superaba los $2,300 millones hasta marzo de 2025, mientras que el total de la deuda supera los $10,700 millones.

El concejo de San Salvador Centro aprobó la semana pasada que se inicien las gestiones para adquirir un nuevo préstamo con el Banco Hipotecario. El año pasado la comuna recibió un préstamo de $10 millones.

Liliana Andrade, concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), informó que la alcaldía capitalina ha iniciado las gestiones para adquirir un nuevo préstamo con el Banco Hipotecario. La concejal salvó su voto en la discusión.

La regidora desconoce la cantidad del préstamo, el destino de los fondos, el plazo de pago o la tasa de interés. Otra fuente del concejo indicó a El Mundo que se maneja que el préstamo será destinado para “reestructuración de pasivos”, es decir, para costos administrativos y pago a proveedores.

“No hablaron de cantidad, solo que se iba a empezar la negociación… No estamos claros para qué se están ocupando tantos préstamos, siendo que la gente no está recibiendo las obras como se espera”. Liliana Andrade, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

El acuerdo de concejo incluiría que la autorización para que el alcalde Mario Durán, como representante legal del municipio, suscriba la documentación y proporcione la información financiera requerida para las gestiones, así como autorice al director de Finanzas para que “proceda a la presentación de toda la información que fuera requerida” por el Banco Hipotecario para el trámite del préstamo.

San Salvador Centro está integrado por el distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado y no es la única alcaldía que ha buscado financiamiento con el Banco Hipotecario, también San Salvador Este aprobó un préstamo de $15.5 millones para el pago de deuda de los cuatro distritos que lo componen.

Con 60 votos, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una incorporación de $500,000 provenientes de un préstamo por $120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Ministerio de Salud. La oposición, Arena y Vamos, votaron a favor.

«Aquí tenemos lo que es la organización, planificaciones, supervisión, los proyectos y las auditorías, todo esto con el fin de poder brindar una atención rápida y oportuna a nuestra población», indicó el diputado David Cupido, de Nuevas Ideas, sobre los $378,700 que serán destinados para la «gestión de proyectos».

De los fondos, también se destinarán $93,900 para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad dentro de un sistema basado en la atención primaria de salud, $22,400 para fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Salud para brindar servicios de atención médica de calidad y $25,000 para respuesta de emergencia contingente.

Junto a estas reformas, la Asamblea Legislativa aprobó otras dos reformas a la Ley del presupuesto general del Estado 2025: una para inyectarle $9 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Secretaría de Innovación de la Presidencia para que contrate una consultoría que diseñe el próximo Centro de Datos del Estado, y otra para incorporar fondos propios al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) para el Centro de Terapia de Diálisis y Prediálisis en San Miguel.

La oposición, Arena y Vamos, también votó a favor de la reorientación de $549,419 para Bienestar Magisterial, por lo que también los fondos para la clínica de diálisis de Bienestar Magisterial fueron aprobados de manera unánime con 59 votos presentes, incluidos los diputados de Arena y Vamos.

El diputado Francisco Lira, de Arena, subrayó la votación de la bancada de Arena.

«En las últimas semanas se han dedicado muchos seudoanalistas a decir que como oposición estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo aquello que no se discute, pero todo lo que va en beneficio de la población salvadoreña en el tema de salud, educación, nosotros lo vamos a apoyar, espero que los seudoanalistas estén escuchando la sesión plenaria también tomen esta palabra de su servidor», expresó.

Por su parte, William Soriano, de Nuevas Ideas, señaló que viajar desde La Unión o San Miguel hacia San Salvador, padeciendo una enfermedad como la insuficiencia renal, no solo resta calidad de vida sino también complica muchas veces la enfermedad.

«Este es el espíritu la gestión del presidente Nayib Bukele, acercar servicios. Hoy, esta Asamblea Legislativa, estos diputados, no solo los del oriente del país sino todos que conformamos este pleno, vamos a dar nuestra aprobación al ISBM para que pueda continuar con la construcción de Centro de Terapia Dialítica y Prediálisis que por mucho tiempo nos han estado solicitando», afirmó.

Los diputados incorporaron $9 millones para la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para la contratación de una consultoría con el fin de «la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado» que se realizará en un edificio del Estado que tengan un área de 3,500 metros cuadrados. Esta reforma fue aprobada con 57 votos. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Con 55 votos, la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones para pago de obligaciones del Estado o manejo de la caja fiscal según el artículo 2 del decreto de autorización, además de la incorporación de fondos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (ISBM) y al Ministerio de Salud.

Los fondos son otorgados por el CAF como un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el gobierno en el área de salud, por lo que tiene por nombre «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador» pero sus fondos pueden ser usados en pagos de obligaciones del Estado o manejo de caja fiscal.

La Asamblea aprobó en junio otro préstamo de $75 millones del CAF también en reconocimiento a acciones en Educación y destinado a obligaciones del Estado y manejo de caja fiscal.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra de la ratificación del préstamo, aseguró que hay «una mala administración» de los recursos, ya que el ministro de Hacienda prometió durante la discusión del presupuesto general del Estado 2025 que ya no ingresaría deuda estatal para gastos corrientes del Estado.

«El país se está endeudando para cubrir el gasto normal del sector de salud. Hay una mala administración de los recursos públicos, una mala gestión de la deuda. El país se sigue endeudando para cosas que ya deberían estar presupuestadas. Ahí lo que toca llamar la atención es que si es que los presupuestos se hacen mal a propósito o se le miente a la gente al momento de decir que no va a haber deuda».
Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que se prometió que el presupuesto general del Estado iba a estar «totalmente financiado». Arena no votó en contra ni a favor.

«Se han aprobado préstamos que en efecto traen que se puedan ocupar para gasto corriente y esto al final es una desventaja porque no solo nos dicen que nos engañaron sino porque se está ocupando dinero de préstamo para temas innecesarios que no va a beneficiar a la población salvadoreña».
Marcela Villatoro (Arena).

Este miércoles, los diputados también aprobaron tres reformas presupuestarias, dos reformas con fondos de créditos y una de fondos propios de Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial, institución pública en donde cotizan maestros del sistema público.

En medio de una discusión por el desarrollo y el medio ambiente de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el traspaso de una porción estatal de 55,711.13 metros cuadrados que tenía el Estado en la finca El Espino para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

La diputada Ana Figueroa (Nuevas Ideas) aseguró que la transferencia «de esta porción de terreno va a permitir la construcción de un moderno Centro de Ferias y Convenciones, diseñado para fortalecer y ampliar las capacidades de CIFCO».y promover una «sana diversión”.

«Estamos hablando de infraestructura de talla mundial que potenciará el comercio, el turismo y la inversión privada. Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

La diputada mostró dos mapas, uno de ellos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y señaló: “Según la zonificación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí podemos ver también que esta es el área a transferir, está justo dentro del área amarilla que está como zona urbanizable”.

La diputada aseguró que esto es “el reflejo de un Estado moderno” y subrayó que “es hora de abrir puertas a las oportunidades”.

La Claudia Ortiz (Vamos) le respondió que le llamaba «poderosamente la atención» que la diputada mostrara mapas que no había mostrado antes de tomar la decisión y que «de repente» aparecían zonas urbanizables en El Espino, ya que el uso de suelos puede ser modificado administrativamente.

«Me llama también poderosamente la atención cómo de repente El Espino es un área urbanizable, ¿cómo es que de repente aparece en color amarillo y es un área urbanizable? ¿Cuál es la porción urbanizable? Ya sabemos que el uso de suelos se puede cambiar en una decisión administrativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz, quien dijo no se estaba «oponiendo a espacios modernos», cuestionó que «los gobiernos anteriores permitieron que se fuera acabando la finca El Espino» y «se supone que hoy las cosas son diferentes», ya que «no puede haber desarrollo, si no se respeta el medio ambiente”.

“El CIFCO podría analizarse su ubicación en un lugar donde no cause tanto daño”, indicó. La legisladora explicó que la construcción tendrá impactos en el clima, tráfico, absorción del agua y riesgo de inundaciones.

“Esto manda un mensaje de que la obediencia es preferible a estar informados, de que hacer las cosas con prisa e improvisación prevalece a la información técnica, después no se quejen de que la gente les diga puyabotones”, agregó.

El diputado Reynaldo López Cardoza (PCN), quien felicitó a la Embajada de China Popular en El Salvador así como al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que «el presidente Bukele jamás va a permitir que se comience a destrozar la finca El Espino y de eso pueden estar seguros” y prometió que «no se va a botar ningún árbol» en la construcción del CIFCO.

“Vamos a poner tropiezos por un lugar que según hasta donde hemos averiguado como partido no se va a botar ningún árbol, pero es que yo no creo que a nadie se le ocurra comenzar a destrozar la finca El Espino y comenzar a destrozar a derrotarla toda la vegetación que hay, eso no va a ser así”. Reynaldo López Cardoza (PCN).

Para el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), «este tipo de proyectos ayudan a impulsar el desarrollo de infraestructura y modernización» de El Salvador.

«Lo van a seguir posicionando a nivel internacional como un país que le está apostando a las transformaciones en positivo. Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

Según la diputada Marcela Villatoro (Arena), la Comisión debió haber llamado a funcionarios como Luis Rodríguez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) y que incluso la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, estaba disponible a acudir a la comisión. «Nos explicaba que hay un terreno que es del IPSFA y que pudo haberse utilizado para el Centro de Ferias y Convenciones”, aseguró.

La diputada de Arena, quien subrayó que no se oponen al desarrollo, pidió adjuntar los mapas mostrados por Nuevas Ideas al expediente.

El decreto fue aprobado con 56 votos. La diputada Claudia Ortiz votó en contra.

Los diputados reanudaron este miércoles 16 de julio su trabajo plenario en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa después de remodelaciones realizadas desde enero de 2025 sobre todo en el piso, las curules y pintura.

En el remodelado Salón Azul, ya no ven las curules de madera con plafaforma azul, ni las alfombras, ni los pisos de madera. Entre febrero y abril de 2024, una primera remodelación había reducido las curules de madera de 84 a 60, luego de la disminución de la cantidad de diputados en el país.

En la remodelación más reciente, se cambiaron las curules ahora de colores negro y gris oscuro, sobre un piso claro. Se mantienen los escudos municipales que ya habían sido colocados recientemente, entre los cuales destaca en escudo del municipio de San Salvador aprobado en mayo de 2024 con su leyenda «Ciudad Capital».

También, las nuevas pantallas con los nombres de los legisladores toman una luz roja en el borde cuando un diputado toma la palabra en el pleno. La Asamblea Legislativa no ha detallado cuánto fue el monto invertido en la remodelación. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se lo preguntó en el pleno.

«Ha quedado muy lindo, la casa se tiene que ir remodelando porque no todo dura para siempre», dijo después en el pleno el diputado Reynaldo López Cardoza, quien felicitó a Castro por la remodelación. El pecenista recordó que desde la reinauguración que en 2001 hizo el pecenista expresidente legislativo Ciro Cruz Zepeda el Salón Azul no había sufrido cambios. La estructura fue construida en 1974.

Durante los trabajos de remodelación realizados durante aproximadamente cinco meses de 2025, los diputados desarrollaban las plenarias en la Cancillería. El Salón Azul no fue utilizado el 1 de junio para la entrega del informe del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su primer año de su segundo mandato gubernamental, ya que fue trasladado al Teatro Nacional.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles la incorporación de una pieza de correspondencia para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos por dos años más.

“El 31 de agosto de 2025 termina la prórroga en el tema las placas, varias personas nos han estado diciendo que están con su situación económica complicados”, indicó Villatoro en la sesión plenaria. La prórroga solicitada vencería en 2027.

La diputada pidió que se introdujera la propuesta para ser estudiada en la Comisión de Hacienda y que ahí se decidiera si la prórroga se extendería por un tiempo superior.

La iniciativa no se incorporó, ya que solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos, ya que los diputados de Nuevas Ideas no suelen votar por propuestas de la oposición.

En junio, tanto el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, como el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, habían anunciado que pedirían una prórroga de las placas, que se vienen posponiendo desde 2017.

La alcaldía de San Salvador Centro ha recibido más de 900 posibles denuncias, de ellas, solo el 0.2 % corresponden a supuestas prácticas de soborno, el resto corresponden a notificaciones erróneas que habrían interpuesto ciudadanos sobre temas como poda de árboles, baches y otros.

La comuna se encuentra en el proceso de gestión de la certificación de la norma ISO 37001 «de la política antisoborno y política de regalos, donaciones, hospitalidades y beneficios similares».

Fuentes del concejo municipal dijeron este miércoles a Diario El Mundo que, si bien han recibido 960 posibles denuncias en el sistema antisobornos, el 99.7 % son confundidas porque se relacionan a temas comunitarios como baches y poda de árboles. Solo dos notificaciones podrían ser denuncias sobre posibles sobornos.

Explicaron a El Mundo que las únicas dos posibles denuncias ya fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR) según corresponde. La comuna se encuentra todavía en la fase 2 del proceso para obtener la certificación correspondiente. Otra fuente que pidió anonimato aseguró que hay un área encargada de dar trámite a las denuncias e indicó que espera que con este esfuerzo «pare todo ese tema feo que ha dañado la administración pública».

Los tres canales de denuncia son:

• El canal de WhatsApp 6200-0469.
• En el correo electrónico denuncias@sansalvador.gob.sv.
• En el portal web www.sansalvador.gob.sv.

Rectificación: Esta nota fue corregida luego de una aclaración realizada por una fuente de la Alcaldía de San Salvador Centro que aclaró que las 900 denuncias, pese haber sido realizadas en el sistema antisobornos, son en su mayoría por problemas comunitarios como baches y poda de árboles.