Redacción DEM ADMIN HC

Categoría: Politica

  • Estos tres duicentros están emitiendo partidas de nacimiento como parte de un plan piloto

    Estos tres duicentros están emitiendo partidas de nacimiento como parte de un plan piloto

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) lanzó un plan piloto para emitir certificaciones de partidas de nacimiento en los duicentros de Santa Ana, San Miguel y San Vicente.

    El RNPN administra todos los registros de las alcaldías desde el Sistema de Registros Vitales y Familiares (Revfa), por lo que tiene capacidad de emitir partidas en su sede central en la Alameda Manuel Enrique Araujo, pero inició un plan piloto «con el afán de ir acercando más este servicio» a los salvadoreños, dijo el presidente del RNPN, Fernando Velasco.

    El plan piloto inició solo en los duicentros de San Miguel, Santa Ana y San Vicente. Posteriormente decidirán si ampliarlo a los demás centros de servicio.

    «Con el afán de ir acercando más este servicio porque sabemos, que es un servicio importante para la ciudadanía porque estamos en un proceso de descentralización en el tema de los registros del estado familiar a duicentros. Que ya no solo en nuestra sede central vamos a estar dando el servicio de emisión de partidas».

    Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales.

    Los salvadoreños pueden pedir en los tres duicentros habilitados:

    -Constancias de partidas de nacimiento.

    -Constancias de homónimo.

    -Constancias de inexistencia de partidas.

    -Certificaciones de no registro de partidas.

    -Certificaciones de registros históricos.

    -Fichas de huellas.

    A pesar de reconocer que la alcaldía de San Salvador Centro tiene «muchas» oficinas para emisiones de documentos municipales, la sede central del RNPN permanece completamente llena desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. por su horario extendido, señaló el funcionario.

    Aunque no detalló desde cuándo se implementa el plan pilo en estos tres duicentros, advirtió que en San Miguel es el duicentro en donde más certificaciones se están emitiendo, seguido de la sucursal en Santa Ana y después San Vicente. Atribuye la afluencia a estos tres duicentros a que es más fácil para los ciudadanos «que viajar a la municipalidad donde fue asentado».

    ¿Cuáles son las direcciones de estos tres duicentros en donde está emitiendo partidas de nacimiento?

    Duicentro Santa Ana: 25 Calle Poniente, entre 18 Av. Sur y Calle Internacional, Santa Ana.
    Duicentro San Miguel: 6a. Calle Poniente 205, San Miguel. Este será trasladado a la nueva Plaza Garden Mall.
    Duicentro San Vicente: 9a. Avenida Sur, #16, Barrio San Juan de Dios, San Vicente, San Vicente.

  • Santa Ana Oeste exonerará intereses y multas por el pago de deudas por impuestos y tasas

    Santa Ana Oeste exonerará intereses y multas por el pago de deudas por impuestos y tasas

    La alcaldía de Santa Ana Oeste está exonerando intereses y multas sobre deudas de impuestos y tasas municipales desde el 1 de octubre hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025.

    Para hacer uso de este beneficio, los contribuyentes deben pagar los tributos en la Unidad de Cuentas Corrientes.

    La Administración Tributaria Municipal puede «excepcionalmente» acordar pagos que no excedan los 180 días desde que se acuerde el pago entre ambas partes.

    ¿Quiénes son los beneficiarios de la exoneración?

    • Quienes están inscritos en el registro de contribuyentes y tienen mora en impuestos y tasas.
    • Quienes se inscriban al registro durante la vigencia de la ordenanza.
    • Quienes tienen planes de pago pueden gozar de la ordenanza en «el saldo pendiente de pago».
    • Contribuyentes con tasas e impuestos en proceso de cobro judicial.
    • Quienes han suscrito planes de pagos.
    • Personas que han incumplido con sus planes de pago y no se les haya dictado sentencia judicial firme.
    • Contribuyentes con obligación tributaria que tengan bienes inmuebles y que reciban o no beneficios municipales.

    El concejo dejó establecido en la ordenanza que, si los contribuyentes con planes excepcionales no cumplen con las condiciones pactadas, entonces perderán «los beneficios de la ordenanza, debiendo pagar el principal y los accesorios de su deuda».

    Además, se aclara que no pueden gozar de los beneficios de esta ordenanza las personas que tengan un proceso administrativo o judicial iniciado. «Solo podrán gozar de los beneficios que establece esta ordenanza los contribuyentes que realicen sus pagos totales o parciales siempre y cuando no excedan de los 180 días de vigencia», afirma la ordenanza.

    La ordenanza de dispensa de intereses fue aprobada en la sesión de concejo municipal del 22 de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial del 22 de septiembre.

  • Gobierno presenta nueva «Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos»

    Gobierno presenta nueva «Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos»

    El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, encargado del Despacho del Ministerio de Economía, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva «Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos» que no estarían sujetos a la regulación del sistema financiero sino a normas aprobadas por el Banco Central de Reserva.

    Los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), compuestos por activos de «inversionistas sofisticados», serían administrados por sociedades creadas «todo en nombre y por cuenta y riesgo de sus inversionistas» o también por Sociedades de Inversión de Capital Fijo (Sicaf), que administrarían «PAIF autónomos».

    Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto a utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital y todo tipo de beneficios económicos.

    Un inversionista sofisticado es considerado como aquel que tiene conocimientos para asumir riesgos de inversión y que pueda invertir al menos $250,000. El proyecto les permitiría invertir en activos digitales.

    Los PAIF y sus sociedades administradoras no estarían regulados bajo la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero de El Salvador, ni serían considerados integrantes del sistema financiero, ya que el Banco Central de Reserva emitiría unas normas en un plazo de 60 días, dejando la supervisión a cargo del Banco junto a la Superintendencia del Sistema Financiero.

    Según el proyecto, la supervisión a estos Fondos y sus sociedades sería ejercida por la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR, aunque bajo las normas emitidas por el BCR.

    Sociedades aprobadas por la SSF

    El proyecto establece que las sociedades administradoras de Fondos de Inversión Privados Alternativos se constituirán como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada; y que, si sus accionistas son extranjeros, podrán usar «nombres comerciales utilizados en el país de origen de estos» que «podrán estar en el idioma respectivo».

    Será el Consejo de la Superintendencia, según la propuesta, la entidad que aprobaría la constitución de una sociedad, «en un plazo no mayor a 30 días», luego de recibir información sobre la identidad de los accionistas, estrategia de inversión y estatutos.

    Estas sociedades se constituirían con un capital social mínimo de $10 millones.

    La ley obligaría a las sociedades a tener «una garantía» al menos de $500,000 o del 1 % de la suma de los activos de cada uno de los Fondos administrados, sin que exceda $1 millón por cada Fondo.

    La propuesta señala que las sociedades deben cumplir con la Ley contra el lavado de dinero y de activos, «implementará procedimientos para verificar la procedencia de los recursos» y que «deberán poner a disposición de los inversionistas a solicitud de estos» los estados financieros. También establece un artículo sobre la inembargabilidad de los activos.

  • Arena y Vamos dudan de que ministro cumpla promesa de no usar deuda para gasto corriente

    Arena y Vamos dudan de que ministro cumpla promesa de no usar deuda para gasto corriente

    Diputados de Arena y Vamos no creen en la promesa del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, de no emitir nueva deuda para usarla en gasto corriente, realizada durante la entrega del proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 por un monto de $10,555.6 millones.

    «El Presupuesto 2026 tendrá una asignación total de $10.555.6 millones. Es un presupuesto formulado de manera balanceada, en el que los ingresos estimados van a  financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales, lo que nos permite, por segundo año consecutivo presentar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria», prometió el ministro.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseveró que le llama la atención la aseveración del ministro sobre un presupuesto equilibrado.

    «Quizá piensan que el pueblo salvadoreño no ve los millones de millones que aprueban en cada sesión plenaria y en la letra chiquita habla de que lo van a poder utilizar para los gastos que tiene el gobierno, entonces, realmente va a ser importante el análisis en la Comisión de Hacienda y si cumplen con un Presupuesto equilibrado, sostenible y transparente», criticó.

    Así, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, también señaló que, según las palabras del ministro, va a ser un presupuesto «sin brecha, sin deuda, en la práctica no es así, es un presupuesto lleno de promesas destinadas a romperse», cuestionando que lo mismo prometió para este 2025 «y a partir de enero comienzan las modificaciones».

    El diputado Lira agregó que en el proyecto de presupuesto se verán las prioridades del gobierno, ya que «el ministro no mencionó a Agricultura en su presentación, pero sí el incremento que viene para Seguridad y Defensa» con Seguridad y Defensa de $1,037.2 millones, incremento de 14.8 % respecto a 2025.

     

  • Hacienda pide autorización de cuatro préstamos por $196.3 millones: avalan dos para Surf City II y agricultores

    Hacienda pide autorización de cuatro préstamos por $196.3 millones: avalan dos para Surf City II y agricultores

    Este 1 de octubre, la Asamblea Legislativa recibió cuatro solicitudes de autorización para suscribir contratos de préstamos por un total de $196.3 millones, de los cuales autorizaron dos por $100 millones para programas que prometen infraestructura vial y saneamiento de aguas residuales en el oriente del país, así como apoyo a agricultores.

    Por la autorización para suscribir estos créditos por $100 millones, votaron 57 votos. No hubo votos en contra.

    Un total de $61.3 millones –$30 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y $31.3 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, se destinarían a «apoyar a los agricultores» en «diferentes zonas del país» y para «incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en áreas rurales». La petición de financiamiento explica que buscan «mejores prácticas sostenibles y acceso a los mercados».

    El gobierno también solicitó préstamos por $135 millones para el programa Surf City Fase II –$70 millones de OPEP y $65 millones del BCIE– para «infraestructura pública» en «zonas focalizadas con potencial económico y turístico», garantizar la conectividad vial en la red de carreteras según las solicitudes del ministro. Además, explican que buscan «disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales».

    Así, el 1 de octubre, poco después de las 10 de la mañana, la sección de correspondencia de la Gerencia de Operaciones Legislativas recibió del Ministerio de Hacienda solicitudes de autorización para firmar cuatro préstamos. Los diputados aprobaron dos autorizaciones por $100 millones y pasaron las otras dos, por $96.3 millones, a estudio, así:

    1. Contrato de préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por hasta $30 millones para el «Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales (Progresar Rural)». La solicitud fue aprobada con dispensa de trámites. Dispensa de trámites: 56 votos. Autorización: 57 votos.

    2. Convenio de financiación con el FIDA por $31.3 millones para el «Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales (Progresar Rural)». La solicitud pasó a estudio de la Comisión de Hacienda.

    3. Convenio de préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por hasta $70 millones para financiar el «Programa Surf City Fase II. La solicitud fue aprobada con dispensa de trámites. Dispensa de trámites: 56 votos. Autorización: 57 votos.

    4. Contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por hasta $65 millones para el «Programa Surf City Fase II». La solicitud pasó a estudio de la Comisión de Hacienda.

    Surf City II es el nombre con el cual el gobierno inauguró en abril de 2025 el proyecto de construcción de una carretera de 13 kilómetros y siete puentes para conectar 11 playas de San Miguel y Usulután.

    La Asamblea Legislativa ha autorizado o aprobado durante el año 2025 más de $1,700 millones en préstamos, tres de los cuales son para sostenibilidad macroeconómica y fiscal.

    Uno de los que se ha incorporado al presupuesto 2025 es financiado por el Banco Mundial por $250 millones y que se destinará a sostenibilidad fiscal. Fue incorporado a «obligaciones generales del Estado». El gobierno prometió que tanto en 2025 como en 2026 no usará deuda para gasto corriente.

  • Oposición dice falta de vigilancia por parte de juntas médicas en permisos a privados «abre ventana a la corrupción»

    Oposición dice falta de vigilancia por parte de juntas médicas en permisos a privados «abre ventana a la corrupción»

    Diputados de Arena y Vamos cuestionaron las reformas a la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y al Código de Salud, que permiten que el Consejo autorice a establecimientos de salud privados sin un informe previo de la junta de vigilancia de la profesión médica respectiva, aunque con requerimientos técnicos exigidos por el mismo Consejo.

    «Ellos están concentrando y centralizando las decisiones en una sola institución, en el Consejo Superior, va a ser juez y parte, sin transparencia, sin controles, sin rendir cuentas. Al final, ellos saben a qué empresarios sacarán del mercado y a qué nuevos empresarios ellos van a introducir, y aquí queda una ventana abierta para abusos y arbitrariedades y que puede llegar a actos de corrupción administrativos», expuso el diputado de Arena, Francisco Lira, sobre la reforma.

    La presidencia del Consejo ha prometido reducir el trámite para la autorización de 30 a 5 días hábiles, lo que también cuestiona Lira, quien duda que en tan poco tiempo se establezca y se constate que esa empresa privada cuenta con lo necesario en lo administrativo y lo técnico para funcionar con transparencia y calidad.

    «Lo que va a permitir es preparar el terreno para dar las concesiones a privados en la nueva Ley de Red Nacional de Hospitales», auguró.

    «Aquí no estamos discutiendo la burocracia administrativa, ni los tiempos, aquí lo que estamos discutiendo es si tendrán los controles, ¿tendrán transparencia? ¿Las empresas que participen tendrán las reglas claras? ¿Habrán todos esos controles sanitarios necesarios para darle mayor calidad a los usuarios en el tema de salud? Si antes eran 30 días y ahora lo van a reducir a cinco días, algún proceso, algún procedimiento, no hay que ser tan experto para indicar que lo van a saltar», cuestionó el diputado.

    Para el legislador, esto provocará que los servicios públicos «van a ir en detrimento».

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, señaló que le llama la atención por qué el gobierno quiere agilizar los permisos para los privados.

    «Los médicos del Sindicato del Seguro Social ya lo advirtieron, quitar el control de las juntas de vigilancia lo que va a permitir es permisos a conveniencia y qué casualidad que, después de aprobar la Ley de la Red de Hospitales, ahora están haciendo reformas que para nada busca controlar o busque la calidad de servicios, y esto nos preocupa, porque no se trata de simples negocios, de simples mercancías, estamos hablando de la salud de los salvadoreños», indicó.

    La diputada de Vamos también prevé que se podría «dañar la salud» de la población.

    Las reformas fueron aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles, con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, PCN y PDC, y tres votos en contra, por parte de Arena y Vamos.

     

  • La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.

    “Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

    La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.

    “La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.

    El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.

    “El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.

    El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.

    Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.

     

  • Prorrogan por un año más misión de militares salvadoreños en Haití

    Prorrogan por un año más misión de militares salvadoreños en Haití

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma que permite la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití por un año adicional.

    “Las disposiciones previstas en esta ley para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión regulada en este decreto permanecerán vigentes un año posterior a la fecha establecida en el inciso segundo del presente artículo”, indica el nuevo inciso tercero del artículo 1.

    La ley, aprobada el 19 de diciembre de 2024, autorizó la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en una misión de aeronaves de ala rotativa “para evacuaciones médicas”. La autorización estaba vigente hasta el 2 de octubre de 2025. La misión de la FAES incluye tanto personal civil como militar.

    El Salvador mantiene a 78 efectivos, entre militares y policías, que llegaron el 3 de enero (ocho) y el 4 de febrero (70) a Haití.

    La reforma no modificó el nombre de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en la cual participa El Salvador.

    La MSS, activa desde junio de 2024, será sustituida por una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) según una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que implica el abandono de la MSS en los próximos días.

    Según un reporte de Efe, la fuerza MSS no logró ayudar a recuperar los territorios controlados por las bandas armadas, que controlan el 90 % de la capital haitiana, y no tenía apoyo logístico.

  • Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Este pasado martes 30 de septiembre, el exalcalde de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de cárcel acusado de haber negociado con las pandillas para obtener votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    Se le consultó al diputado de Arena, Francisco Lira, su opinión al respecto. Lira aseveró que, si alguien ha cometido delito, debe pagar por ello, indistintamente del partido que sea pero que no se debe solo condenar a los que no sean del partido de gobierno.

    «La justicia no puede ser esa cloaca, donde todas aquellas acciones que cometan los políticos la tienen que cubrir, estoy hablando de todos los partidos políticos. El que haya cometido un error, que lo pague, pero realmente la justicia aquí es selectiva, ya que algunos que han cometido errores, ya están condenados, pero otros tienen la venia de este gobierno, para seguir en libertad», cuestionó el diputado.

    Puso de ejemplo una investigación que llevaba la Fiscalía General de la República que luego se conoció como «Caso Catedral» en el que supuestas investigaciones de fiscales concluían a que funcionarios del gobierno actual negociaron con pandillas.

    «¿Dónde están los acusados  señalado por la Fiscalía en el Caso Catedral? ¿Dónde está la persona señalada, con un audio, que es funcionario público que sacó a pandilleros de la cárcel? ¿Dónde están todos esos casos de corrupción y que hasta este momento la justicia salvadoreña no ha sido orientada a condenarlos?, ¿y saben por qué no lo han hecho?, porque pertenecen al partido de Nuevas Ideas y están tapando todos esos abusos y arbitrariedades que tiene este gobierno. Entonces, acusan solamente a unos, pero otros disfrutan la impunidad», aseveró el diputado.

    Junto con Muyshondt, fue condenado el exministro de Seguridad, Benito Lara, a 28 años de cárcel, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, cometidos supuestamente cuando se reunieron con pandilleros entre los años 2014 y 2015.

    También, fueron condenados el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, a 28 años de cárcel, mientras que al periodista Paolo Lüers recibió una condena de 18 años de cárcel. La quinta persona procesada, Wilson Alvarado, supuesto mediador, fue condenado de igual manera a 18 años en prisión.

    Sobre lo mencionado por Lira, el periódico digital El Faro señaló en mayo de 2021 que la Fiscalía tenía una investigación abierta denominada “Catedral”, en el momento que la bancada del partido Nuevas Ideas removiera a Raúl Melara de la Fiscalía y lo sustituyera por Rodolfo Delgado.

    A finales de diciembre de 2021, el exfiscal anticorrupción, German Arriaza, dijo a la agencia internacional de noticias Reuters que el gobierno salvadoreño cerró la investigación que la Fiscalía General de la República llevaba por pactar con pandillas y él y el resto de fiscales de la unidad antimafia tuvieron que autoexiliarse.  

    Arriaza confirmó estos datos a la agencia Reuters y señaló que el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, “ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero”.

  • Aprobado: facultan al CSSP a dar permisos a centros de salud privados sin aval de juntas de vigilancia

    Aprobado: facultan al CSSP a dar permisos a centros de salud privados sin aval de juntas de vigilancia

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles dos reformas que suprimen el informe favorable de la junta de vigilancia de la profesión médica correspondiente como requisito necesario para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) autorice un establecimiento privado de salud pública.

    La reforma al Código de Salud fue aprobada con 48 votos a favor y la reforma a la Ley del CSSP y sus juntas de vigilancia fue aprobada con 57 votos a favor y tres votos en contra, de Alianza Republicana Nacionalista y de Vamos.

    La diputada Marcela Villatoro pidió que su voto fuera registrado en contra, ya que afirmó que ya se encontraba presente en el momento de la votación; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le respondió que «no estaba incorporada, no formaba parte del pleno».

    Las reformas quitan el «informe favorable» que debe tener el CSSP cuando autorice un establecimiento como hospitales, clínicas, laboratorios u otros centros de salud privados.

    También eliminan la facultad de las juntas de vigilancia de las diferentes profesiones médicas de realizar inspecciones a estos centros privados.

    En su lugar, será el CSSP que deba exigir «requisitos técnico-administrativos». El presidente del CSSP, Daniel Quinteros, aseguró que siempre se realizarán inspecciones en los centros privados antes de autorizarlos y prometió transparencia.

    Las reformas reincorporaron la Licenciatura de Trabajo Social como una de las profesiones bajo la vigilancia del CSSP si estos profesionales laboran en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye centros de salud tanto privados como públicos.

    En tercer lugar, la reforma declara de utilidad pública a los centros privados de salud, lo que permite según la CSSP poderlos cerrar únicamente por acuerdo del Consejo.

    Y, en cuarto lugar, las reformas facultarían al CSSP a vigilar otros servicios de salud, algo que según el presidente del CSSP se refiere a servicios a domicilio como enfermería, servicios médicos, ambulancia o incluso cuido de adultos mayores.