Un total de 251 extranjeros adquirieron la nacionalidad salvadoreña durante el primer semestre de 2025, lo que representa una disminución del 6.7 % en comparación con los 269 registros del mismo período en 2024, según datos divulgados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Del total, 195 lo hicieron por nacionalización y 56 por naturalización. En 2024, las cifras fueron de 213 y 56, respectivamente.
De acuerdo con la normativa de la DGME, la nacionalización aplica a ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que cuenten con al menos un año de residencia definitiva en El Salvador. En el caso de la naturalización, esta se concede a personas originarias de España o de un país hispanoamericano con un año de residencia definitiva; a extranjeros de cualquier nacionalidad con cinco años de residencia; a cónyuges de salvadoreños con dos años de residencia, así como a refugiados o apátridas.
En el mismo período de 2025, la DGME también reportó la entrega de 878 residencias definitivas, 1,944 refrendas de residencias definitivas, 2,134 residencias temporales y 1,150 prórrogas de residencias temporales.
En total, se otorgaron 7,182 calidades migratorias en los primeros seis meses del año, frente a las 5,275 de 2024, lo que refleja un incremento del 36.1 %.
El informe no detalla los países de origen de las personas que realizaron estos trámites ni incluye información sobre solicitudes de asilo.
Una de las reformas al Código de Salud incluidas en el dictamen favorable aprobado el lunes en comisión de la Asamblea Legislativa facultará al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) para que autorice todo tipo de “servicios privados de salud”.
El presidente del CSSP, Daniel Quinteros, explicó que por “servicios privados de salud” se entenderán aquellos servicios profesionales a domicilio, como ambulancia, servicios médicos, enfermería y de cuidado de adultos mayores.
Según el titular del Consejo, la búsqueda de este tipo de servicios “está en apogeo en los últimos años” y que consideró que el CSSP es la institución que puede dar garantía de que quienes provean estos servicios son profesionales.
“Por eso estamos pidiendo en la reforma se incluya que nosotros regulemos para que se inscriban y podamos garantizar que aquella casa que llegan a domicilio las personas que prestan los servicios tengan las competencias, y no vaya solo vestido de enfermero o de médico y no lo sea”.
Daniel Quinteros, presidente del CSSP.
La reforma agrega al artículo 14 del Código de Salud, que dice “Son atribuciones del Consejo”: “v) Autorizar los traslados y otras modificaciones o trámites posteriores al registro de los establecimientos y servicios privados de salud”.
Quinteros consideró que estos servicios de salud privados que se están ofreciendo a la población “deben ser regulados, vigilados y controlados dentro del contexto sanitario”.
“Hemos visto que hay siempre personas inescrupulosas que no tienen un título, se hacen pasar por una profesión que no tienen… Lo vemos en los servicios médico profesionales y de enfermería, también a domicilio que se están dando, los cuidados paliativos a adultos mayores, ¿serán profesionales los que están dando yendo a dar esos servicios?”, indicó a un grupo de diputados de la Comisión de Salud. Aclaró que en estos casos trabajan con la Fiscalía General de la República.
Así, con la reforma, el CSSP busca verificar que las personas o empresas que ofrecen este tipo de servicios “sean profesionales de salud”.
El literal “v” del artículo 14 actual solo faculta al Consejo “autorizar los traslados o cambios de domicilio de los establecimientos”.
Siempre hay personas que dan consultas sin ser médicos. Qué bueno que ahora se va a regular todo eso.
Ricardo Rivas, diputado de Nuevas Ideas.
El centro de la reforma que se aprobó en la Comisión de Salud es la eliminación del informe favorable de la junta de vigilancia de la profesión médica como requisito para autorizar un establecimiento de salud privado, para dejarlo solo como facultad del CSSP. El presidente del CSSP dijo que esta reforma reducirá el procedimiento de 30 días a 5 días hábiles, pero fue cuestionada por el diputado Francisco Lira, de Arena, que ve una “concentración de poder” con la reforma en la autorización de centros médicos, y de posible arbitrariedad en los cierres de los mismos.
El dictamen de reforma al Código de Salud fue aprobada junto a otro dictamen de reforma de la Ley del CSSP y de juntas de vigilancia de la profesión médica. Ambos dictámenes podrían ser aprobados en la sesión plenaria del miércoles 1 de octubre.
Parte de la presentación del Consejo Superior de Salud Pública a los diputados. / Asamblea.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) recuperó $362,743.16 para fondos del Estado a través de las multas impuestas a servidores públicos y a terceros por las Cámaras de Primera Instancia según detalla su memoria de labores de 2024.
La Corte detalló que, de los fondos recuperados, al menos $256,347.97 corresponden a sanciones por responsabilidad administrativa; y otros $106,395.19 por responsabilidad patrimonial.
El informe señala que de las Cámaras de Primera Instancia, la segunda es la que más fondos recuperó con $101,831.74.
Las cámaras emitieron, desde enero hasta diciembre de 2024, 342 sentencias que incluye 137 condenatorias, 37 absolutorias y 168 mixtas. Además, la CCR recibió 301 informes de auditoría durante el año pasado.
Las Cámaras de Primera Instancia impusieron estas sanciones:
Primera: $35,016.44.
Segunda: $101,831.74,
Tercera: $35,505.80.
Cuarta: $45,152.67.
Quinta: $76,350.19.
Sexta: $47,711.73.
Séptima: $21,174.59.
Sin embargo, lo recaudado en multas ha disminuido en un 18.37 % en comparación con los $443,497.76 reportados por la entidad fiscalizadora durante 2023. De ese monto, reportó que $179,293.40 se recuperaron de responsabilidades patrimoniales y $264,204.36 en responsabilidad administrativa.
En 2023, las Cámaras de Primera Instancia emitieron 346 sentencias, entre ellas, 125 condenatorias, otras 18 absolutorias y 193 mixtas. Asimismo, recibió 302 informes de auditorías. Las Cámaras de Primera Instancia están conformadas cada una por dos jueces de cuentas.
Empleados de municipalidades son los más sancionados
La institución reporta que de las 342 sentencias emitidas por las Cámaras durante el año pasado, 222 fueron emitidas contra empleados municipales, de ellos, $15,499,587.05 fueron impuestos en sanciones condenatorias y otros $10,223,506.56 en 120 sentencias en el sector público y $11,928,525.99 en sentencias absolutorias.
Por otro lado, en 2023 la Corte emitió 346 sentencias, de ellas, 199 contra municipalidades y 147 contra instituciones públicas. En ese año, el monto de lo condenado ascendió a $112,922,323.62 y lo absuelto a $26,874,381.37.
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó la reforma dictaminada el lunes para suprimir la participación de las juntas de vigilancia de las profesiones médicas en el proceso de autorización de establecimientos de salud privados en El Salvador.
La reforma fue aprobada mediante dos dictámenes favorables de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. Será aprobada en una próxima sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la más cercana está programada para este miércoles.
El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, explicó que las juntas de vigilancia se reúnen cuatro veces al mes, por lo que el trámite de autorización, traslado o modificación de un centro privado de salud se prolonga hasta un mes. El diputado Juan Rodríguez (Nuevas Ideas) dijo que los trámites incluso se prolongan tres meses. Con la reforma, ofrecen reducir el trámite de autorización de hospitales o clínicas privadas en cinco días.
Presidente y técnicos del Consejo Superior de Salud en la Comisión de Salud. / Asamblea.
El presidente del CSSP destacó que muchos profesionales de la salud hacen sus inversiones y están esperando las autorizaciones de sus establecimientos. «El médico, la enfermera, el laboratorista clínico está invirtiendo dinero en un establecimiento, ha hecho préstamos para poder comprar el equipo, al pasar esos 30 días, hace que su primer mes es pérdida, a veces su segundo mes es pérdida también», argumentó. «La idea es reducirla a cinco días», indicó.
El funcionario explicó que el CSSP busca siempre cumplir con la garantía de inspección que ofrecen actualmente las juntas de vigilancia.
«Concentrar el poder»
El diputado Francisco Lira, de Arena, cuestionó la eliminación y reclamó «más respeto» ante risas de diputados de Nuevas Ideas. Al respecto el diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, dijo que iba a dar «su aporte lo más serio posible» y felicitó al CSSP.
Lira aseguró que durante el gobierno actual «eliminan la contraparte de la sociedad civil» y que el tema no es que el médico privado no tenga tiempo para estar en las reuniones de juntas de la profesión, sino que haya una participación «tripartita» como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Cuando están eliminando un rol histórico de las juntas de vigilancia y concentrar todas las atribuciones en el Consejo, obviamente reduciendo los contrapesos técnicos y gremiales. ¿Acaso el objetivo mayor será concentrar el poder político en el Consejo y no generar una incidencia de independencia administrativa y de calidad?», le preguntó Lira al presidente del CSSP.
La salud no puede ser un instrumento de control del poder. Por eso hoy en la Comisión de Salud debemos preguntarnos si estas reformas están realmente orientadas a mejorar la atención a los salvadoreños o si buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo.
Francisco Lira, diputado de Arena.
El presidente del CSSP respondió que ahora los inspectores de las juntas de vigilancia trabajarán directamente con el CSSP, solo que «no esperarán toda esa tramitología»; y que «no hay una concentración de poder per sé» ya que el CSSP y las juntas de vigilancia «son de elección gremial».
«No hay una concentración de poder per sé (en sí mismo)… Todos ellos son grandes profesionales y son independientes en sus argumentaciones y resoluciones… (Los inspectores de las juntas de vigilancia) siguen siendo trabajadores del Consejo y están con nosotros de manera más directa».
Daniel Quinteros, presidente del CSSP.
Quinteros aseguró que la reforma busca que «las compañías y las personas naturales cumplan las reglas» y prometió más transparencia.
«Nosotros vamos a ejercer un control que sea más transparente del trabajo que ellos (inspectores de las juntas de vigilancia) hacen, verificar que ellos estén sujetos a las reglas, que se acompañen conforme al instrumento disponible tanto para el usuario como para el profesional, de manera que no haya una discrecionalidad en cuanto al instrumento que se pasa a la hora de hacer la inspección», prometió.
La reforma al Código de Salud y a la Ley del CSSP y juntas de vigilancia eliminará el requisito de tener un «informe favorable de la junta de vigilancia» correspondiente para que el CSSP autorice un establecimiento de salud privado, con el objetivo de reducir el plazo de resolución de 30 a 5 días hábiles.
Con la reforma, también el CSSP tendría la facultad de regular los otros servicios privados de salud que, según el presidente de CSSP, se refieren a servicios de ambulancia, enfermería, médicos o de cuidados de adultos mayores ofrecidos a domicilio a la población por personas o empresas.
Más de 1,000 trabajadores y menores en tránsito fronterizo fueron carnetizados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Ahuachapán durante este fin de semana, informó la institución en sus redes sociales.
Migración indicó que los beneficiarios provienen de Santa Cruz, El Desvío y el Teleférico, en Ahuachapán, mientras que del lado guatemalteco se identificó a ciudadanos de Valle Nuevo y Jalpatagua.
Los documentos de identificación fueron entregados en el Centro Escolar Caserío El Desvío, en el cantón Santa Cruz, en el occidente salvadoreño. Migración asegura que con los carnés se permite «ingresar, permanecer, trabajar y salid de El Salvador de manera legal, ordenada y segura».
La jornada se realizó de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para la emisión del carné, se debe presentar fotocopia de documento de identidad de los padres del menor, certificación de nacimiento y documentos que comprueben el lugar de residencia.
Usuarios en redes han solicitado a la DGME que realice jornadas de carnetización en la Aduana terrestre San Cristóbal. En mayo, otros 573 menores recibieron sus documentos de identificación por tránsito fronterizo en Perquín, Morazán.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) carnetizan a 18,000 personas que habitan en las zonas delimitadas entre El Salvador y Honduras por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992.
La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes los dictámenes 16 y 17 para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) pueda autorizar la apertura de establecimientos privados de salud sin el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva que actualmente exigen el Código de Salud y la ley de la CSSP y de juntas de vigilancia.
La reforma suprime la participación de las juntas de vigilancia de las profesiones médicas en el proceso de autorización de laboratorios, clínicas u otros establecimientos privados, y sustituye esta exigencia por «requisitos técnico-administrativos» que requeriría el CSSP en los procesos de autorización de establecimientos privados.
Los dictámenes fueron aprobados después de la explicación del presidente del CSSP, Daniel Quinteros, quien calculó que el plazo de los trámites para la autorización de los centros de salud se reducirá de 30 días hábiles a cinco días hábiles.
«Esto abre más puertas, más ventanas para diferentes empresas privadas que quieran también seguir creciendo. Esto viene a ayudar para que la empresa privada crezca y también para los usuarios… Todos tenemos la oportunidad de crecer en este país».
Ricardo Rivas, diputado de Nuevas Ideas.
La solicitud de reformas fue realizada por el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien argumentó que se busca agilizar los trámites y responder a las necesidades de salud de la población. Durante la aprobación, el diputado Francisco Lira preguntó si la reforma ha sido consultada con el gremio médico y advirtió «concentración de poder» en el CSSP. El representante del CSSP respondió que en los expedientes puede verse la tardanza de los trámites.
¿A quién le consultaron estos cambios, presidente?, porque así nos pasó con la Red Nacional de Hospitales, no hubo respaldo, aquí estuvo el ministro y se tardó 15 minutos en exponer una ley de más de 90 artículos. Especialmente el gremio de salud pública, ellos no saben de estos cambios, nunca se enteran.
Francisco Lara, diputado de Arena.
Ambos dictámenes fueron aprobados por 15 diputados de la Comisión. El diputado David Cupido, de Nuevas Ideas, pidió que su voto fuera incluido en el primer dictamen.
La reforma a la Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud deroga la atribución de las juntas de vigilancia para “vigilar y controlar el funcionamiento» de droguerías, farmacias, laboratorios, clínicas, hospitales, clínicas veterinarias y otros establecimientos privados de salud. Esta propuesta es la que suprime el “previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva” que requiere el CSSP para autorizar la apertura de los establecimientos privados de salud e incluye “requerimientos técnico-administrativos” que serían establecidos por el mismo Consejo.
Se agrega, también, que estos establecimientos “son de utilidad pública» y por ello «el cierre de los mismos solo podrá efectuarse por resolución del Consejo”, algo que según el presidente del CSSP estaba en el Código de Salud de 1988.
En concreto, la reforma al Código de Salud también busca que el CSSP autorice establecimientos privados de salud sin requerir el informe de la junta de vigilancia respectiva. Tambien, la reforma deroga la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado” ante el Consejo, para la autorización de la apertura de los establecimientos privados.
El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, defendió este lunes las reformas que suprimen el “previo informe favorable de las Juntas” de Vigilancia de las profesiones médicas para autorizar establecimientos privados de salud como hospitales, laboratorios y clínicas.
“Las personas tienen que abocarse a las dos entidades para poder hacer el trámite. Uno es que, si bien presentan la solicitud en el Consejo, también en el Consejo por la misma disposición del 14 debe remitirlo a las juntas de vigilancia para que las juntas hagan las inspecciones y diligencias para poder después dar sus dictámenes”, explicó el presidente del CSSP.
“¿Cuál es la propuesta de nosotros? Que las juntas de vigilancia se queden con el tema de las profesiones de la salud y nosotros nos dediquemos al tema de establecimientos más de lleno. Estaríamos reduciendo a cinco días hábiles el procedimiento”.
Daniel Quinteros, presidente del CSSP.
Agregó que por ello “queda a disposición de las juntas de vigilancia el poder hacer ese procedimiento”.
“La idea es que se pueda volver hacer más eficiente y eliminar barreras burocráticas dentro de la misma institución”, argumentó.
Aseveró que son 18 pasos los que debe pasar un establecimiento privado para lograr la licencia de funcionamiento y calculó que estos pasos tardan «hasta 30 días calendario» y, si tienen observaciones, puede prolongarse aún más.
Dieciocho pasos para la autorización de un establecimiento privado según la presentación del CSSP. / Presentación en Asamblea.
El presidente del CSSP observó que las juntas de vigilancia solo se reúnen cuatro veces al mes y que, si se reúne hasta el próximo miércoles, debe pasar casi una semana hasta ver el informe respectivo. “Cuando ya pasa a la junta de vigilancia, interviene el personal administrativo y pasa a la oficina del Consejo”, explicó.
La simplificación del trámite aplicaría, indicó, no solo para la apertura de los establecimientos, sino con los traslados y las ampliaciones de los servicios. Calculó que la reforma reducirá los trámites de 30 días hábiles a únicamente cinco días hábiles.
Quinteros también explicó que la reforma que declara de utilidad pública los establecimientos privados de salud para que únicamente cierren por resolución del CSSP “no es nueva”, ya que “su origen se remonta a la génesis del Código de Salud en 1988 y la reforma de 1994”.
El Consejo también pidió que se incluya “servicios privados de salud” entre los rubros que debe autorizar el CSSP, ya que muchas personas ofrecen servicios de cuidados paliativos, por ejemplo, sin ser especialistas.
Otra reforma solicitada es incluir la Licenciatura en Trabajo Social que trabejen en el Sistema Integrado de Salud Pública dentro de las profesiones médicas, para que puedan tener vigilancia profesional en el contexto sanitario.
El diputado Juan Rodríguez, de Nuevas Ideas, aseguró que él es médico y los trámites, con la legislación actual, pueden durar hasta tres meses.
Por su parte el diputado Edgar Fuentes, de Nuevas Ideas, dijo que él es licenciado en laboratorio clínico. «Las propuestas están bien acertadas», indicó.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), preguntó a quién le consultaron los cambios.
«En los expedientes puede uno verlo cuánto tardaron», indicó el titular del CSSP.
“La salud no puede ser un instrumento de control del poder. Por eso hoy, en la Comisión de Salud, debemos preguntarnos si estas reformas están realmente orientadas a mejorar la atención a los salvadoreños o si buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo”.
Francisco Lira, diputado de Arena.
El diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que tiene una sobrina “que administra una clínica de ortodoncia” y que le expresó que está contenta por lo que van a aprobar.
“Esto viene ayudar para que la empresa privada crezca. Estoy contento por lo que en esta tarde estamos aprobando”, expresó, aunque todavía no habían aprobado el dictamen. Rivas dio un receso de 10 minutos para elaborar el dictamen.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para exonerar del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje la introducción de un contenedor con artículos como aires acondicionados, camas, caminadoras, entre otros, que fue donado a la Misión Iglesia Bautista Punta Alta de Guarjila, en Chalatenango.
El dictamen favorable fue aprobado por todos los diputados presentes.
Se eximirán los derechos arancelarios a la importación (DAI), el IVA, impuestos municipales y bodegaje. La exención aplica para un plazo de tres meses.
En la donación, se incluye una caja fuerte para armas.
También se incluyen 9 aires acondicionados, 10 alfombras, 20 basureros, 7 camas full, 8 camas king, 6 camas de niño, 9 camas queen, 5 camas twin, 6 caminadoras, 15 canopies, 17 colchones full, 6 colchones king, 18 colchones queen, 2 colchones twin, 3 colchonetas, 2 columpios, 11 scooters, 6 gabinetes de cocina, 2 máquinas de ejercicio, televisores, entre otros artículos, todo valorado en $15,000 según el proyecto de decreto.
La alcaldía de La Paz Este inauguró nuevas oficinas municipales en el centro comercial El Encuentro para realizar trámites y emisiones de documentos. Recientemente, la comuna también lanzó su plataforma «Distrito digital».
La alcaldesa de La Paz Este, Marcela Pineda, fue la encargada de inaugurar las oficinas. Durante su discurso dijo que dieron «un paso más en la transformación» de la alcaldía y aseguró que eso fue posible debido «a la gobernabilidad» del concejo municipal.
«Este espacio que hoy inauguramos en este centro comercial El Encuentro, no es solamente una sede física, es un símbolo de la nueva etapa en la que estamos, una etapa de modernidad, de eficiencia y de dignidad para nuestra gente».
Marcela Pineda, alcaldesa de La Paz Este.
Pineda destacó que las nuevas instalaciones son amplías y modernas porque considera «que los servicios públicos deben estar a la altura» de los contribuyentes. Recordó que hace una semana lanzaron la plataforma «distrito digital», donde se encuentra el 90 % de sus servicios.
Para hacer uso de los servicios en línea, los contribuyentes de los distritos de Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo solo deben ingresar a sitio web de la comuna, crear una cuenta en el sistema y confirmar un correo electrónico.
Tanto en las oficinas como en el sitio web se permite realizar trámites municipales, solvencias y permisos de construcción. La comuna no detalló el monto destinado para la adecuación de las nuevas instalaciones.
Las nuevas oficinas cuentan con una sala de espera, al menos cuatro personas que atienden trámites y una caja para pagar por los servicios. / La Paz Este.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) finalizó su Congreso Nacional, concluyendo las asambleas generales que reunió a sus militantes de los 14 departamentos del país y del extranjero, anunció este lunes su secretario general, Manuel Flores, quien dijo asistió al 96 % de las reuniones.
El Congreso Nacional es el máximo organismo de dirección y toma de decisiones de largo alcance que es convocado cada cinco años que tiene como responsabilidad revisar el programa y la visión de mediano y largo plazo del partido de izquierda.
Flores, quien lo calificó como una labor “titánica”, indicó que esta fue una “etapa de consultas” en donde han escuchado a sus militantes. Explicó, sin dar detalles, que de los debates en el Congreso, saldrán “estrategias, mecanismos, metas, indicadores y planes de trabajo”.
“Hemos finalizado el día de ayer el segundo congreso en los territorios en los 14 departamentos, con la militancia en el exterior”, anunció. Explicó que desarrollaron encuentros por Zoom con militantes que residen en Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina.
Flores explicó que buscan “transformar” al FMLN en “una opción solidaria, empática y de lucha de calles” que represente “los más altos intereses de la población” en salud, educación, empleo, dignidad, paz social, justicia”, pero también «en donde también» sepan «que el tema de seguridad es prioridad» del FMLN, advirtiendo que falta meter presos a “una cantidad de pandilleros” pero también rechazando la captura de personas inocentes y de perseguidos políticos.
“Todavía falta meter presos a una cantidad de pandilleros que están libres, a una cantidad de delincuentes que están libres, garantizar la seguridad de nuestro pueblo también es parte de la estrategia del FMLN, por supuesto que a la hora de meter preso al último pandillero, al último delincuente, deben dar cuentas aquellos que negociaron también con estos delincuentes, a los que liberaron los jefes de delincuentes, también deben dar cuentas de los capturados inocentes, de los perseguidos políticos”.
Manuel Flores, secretario general del FMLN.
Según Flores, los militantes les pidieron “mayor unidad y mayor presencia en el territorio”.
El evento oficial de cierre del Congreso Nacional del FMLN se desarrollará los días 11 y 12 de octubre en Chalatenango, en donde se reunirán los delegados del Congreso para conmemorar el 45 aniversario del FMLN.
El FMLN es un partido político que gobernó dos periodos presidenciales, el primero con el periodista ya fallecido Mauricio Funes, quien fue procesado por lavado de dinero por $351 millones, que fue el monto que sumó el objeto específico 54315 de “Gastos reservados” de los presupuestos estatales durante su quinquenio. Los “gastos reservados” fueron utilizados en 31 unidades presupuestarias diferentes durante 19 años en diferentes gobiernos de El Salvador.
Funes también ha sido procesado por dádivas para la adjudicación de proyectos de construcción y tregua con pandillas. También, el segundo gobernante del FMLN fue acusado de lavado de dinero por el uso de estos fondos del objetivo específico 54315, cuyo uso durante su gobierno sumaron $183 millones. La acusación por lavado de dinero también sumó el equivalente de la partida secreta.
Durante las elecciones más recientes, las presidenciales de 2024, el FMLN perdió 185,122 votos de su caudal de votación respecto a las elecciones presidenciales de 2019, una caída del 48 %, de 389,289 a 204,167 votos en 2024. Actualmente tiene 16,000 afiliados según cifras oficiales del mismo partido.
El partido político aún no define su participará en las elecciones presidenciales de 2027, decisión que tomarían en la Convención Nacional que desarrollarán en diciembre de 2025.
Aunque el segundo quinquenio del gobierno de Nayib Bukele concluye el 1 de junio de 2029, El Salvador desarrollará presidenciales en 2027 porque en la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa para habilitar la reelección presidencial indefinida, también extendió el periodo presidencial a seis años.
Es así que adelantaron las presidenciales de 2029 a 2027 para poder hacer coincidir las presidenciales con las elecciones de diputados y alcaldes.
