Categoría: Politica

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable para eliminar el requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos a través de «Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos«.

El decreto, que podrá ser aprobado en la sesión plenaria del jueves, prohibirá a instituciones de gobierno, autónomas, municipalidades y oficinas de planificación y gestión del territorio que exijan este requisito cuando autoricen proyectos de construcción, «salvo» espacios para la «facilitación a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia» según principios de «inclusión, accesibilidad universal y equidad».

«Nosotros lo que estamos haciendo es que ya no sea una obligación, que no sea algo que se imponga, ellos van a tener la opción de construir con parqueo o sin parqueo», dijo este lunes la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a los diputados, antes de la aprobación del dictamen. La ministra explicó que esto aplicará también a los establecimientos comerciales.

La funcionaria argumentó que «un parqueo en un edificio de interés social eleva el valor del apartamento en $10,000 más por parqueo».

Aseguró que muchas veces las familias están «comenzando» y puede ser «accesible» comprar una vivienda sin parqueo y, en el futuro, pueden «venderla y ya pasar a otro apartamento que en ese momento ya lo necesiten o que sus ingresos le permitan comprar uno que ya tenga parqueo».

El artículo 70 de la «Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños» indica que las áreas para estacionamiento en las edificaciones comerciales o institucionales «deberán tener un número mínimo de espacios vehiculares».

La obligatoriedad en la construcción de estacionamientos también fue eliminada en una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los municipios aledaños, al cual se le incorporó un artículo 33-A que indica que las disposiciones técnicas de los estacionamientos para proyectos inmobiliarios «no será de obligatorio cumplimiento».

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable de «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». El decreto podría aprobarse en la sesión plenaria del jueves.

Con dichas disposiciones, para obtener permisos de construcción de torres, viviendas de interés social o con menos de 250 metros cuadrados, los desarrolladores o inversionistas deberán acudir a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda y no requerirán solvencias municipales.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Las compañías de telecomunicaciones podrán presentar todos sus permisos en un solo lugar permitiendo expandir la conectividad», explicó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien aclaró que serán las alcaldías las que seguirán cobrando las tasas por las torres.

Sol agregó que las empresas de telecomunicaciones podrán «tramitar en un solo lugar» y no tendrán que ir a alcaldías para obtener los permisos de las torres de comunicación. «Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales», enfatizó.

«Los trámites y el permiso de construcción e instalación de infraestructuras pasivas emitido por el Ministerio de Vivienda será la única autorización administrativa que el interesado deberá obtener para ejecutar dichos proyectos», reza el primer inciso del artículo 4 del proyecto aprobado.

El mismo artículo establece que «ninguna institución pública, incluyendo a las municipalidades, asociaciones municipales y oficinas de planificación y/o gestión territorial podrá requerir la presentación de otras autorizaciones», salvo que Vivienda se las pida o se esté construyendo en bienes municipales.

Según la ministra, la baja cantidad de torres en El Salvador es «una barrera estructural para reducir la brecha digital». «Esto va a abonar al despliegue del 5G», proyectó.Para viviendasCon el nuevo decreto, el Ministerio de Vivienda también será la única instancia encargada para otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social por el Ministerio de Vivienda y de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas.

Esto incluye factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si la oficina carece de capacidad técnica.

Las disposiciones crean infracciones graves y muy graves, como dificultar la verificación del Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción, como infracción grave, e iniciar obras de construcción o instalar torres sin el permiso del Ministerio de Vivienda, como infracción muy grave. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable 103 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Mundial para financiar obras relacionadas al bypass de Apopa para el cual ya se aprobó un primer crédito.

El proyecto de este préstamo por $120 millones se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» y es adicional al préstamo de $150 millones aprobado el 9 de abril de 2024. De estos $150 millones, ya se han ejecutado unos $15 millones dijo hoy el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.

Según Hacienda, los nuevos fondos buscan mejorar la «conectividad» en la construcción del bypass de Apopa e incluye «la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados».

También, estos fondos se usarían en el «diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias en la infraestructura existente», en iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal; y un «puente con una estructura atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendría una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrían los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.Aumenta presupuestoEl director de Crédito Público detalló que hay aumentos en el presupuesto en algunas obras.

«Algunas consideraciones que es necesario señalar en este financiamiento adicional es que cuenta entre otros con estudios de ingeniería relativos diseños detallados del proyecto. Por ejemplo, incluye la ampliación del alcance del puente, con un diseño atirantado; aumento en el presupuesto asignado a obras complementarias a vías de acceso en la circunvalación y sus alrededores; y aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional», fueron las palabras de Herrera en la Comisión de Hacienda.

Explicó que el crédito incluirá «estudios de diseño de proyectos futuros», como parte del fortalecimiento institucional, y «asistencia técnica» en la evaluación de impacto y auditorías.
¿Cómo la ejecución del primer crédito?El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien relató que hay que estar «como mínimo una hora» en Apopa para ir a Chalatenango, preguntó dónde se ha iniciado la ejecución del primer préstamo. «No lo hemos visto», observó.

El representante de Hacienda respondió que, de $39 millones programados para este año 2025, se han ejecutado «aproximadamente $14 o $15 millones».

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas. Ese financiamiento que ya fue contratado está cubriendo digamos la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente, este financiamiento adicional viene a complementar… Corresponde (la ejecución) posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, había dicho un poco antes que la construcción beneficiará a la población de Apopa, Guazapa, Aguilares y Tonacatepeque, así como a Chalatenango ya que solo cruzar ese tramo es «una o dos horas». El gobierno promete que el proyecto beneficiará a 500,000 habitantes. La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 99, que contiene una reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para transferir $53.9 millones de Hacienda a ocho instituciones, la mayor parte a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Laura Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, llegó este lunes a la Comisión de Hacienda a detallar brevemente los destinos.

Arce de Aguilar dijo que $16.7 millones serán destinados a la Presidencia de la República para «seguir promoviendo y participando en el diseño de políticas públicas, planes y programas que permitan el desarrollo económico del país y que genere bienestar a la familia salvadoreña».

Así mismo, detalló que los $16 millones para el Ministerio de Economía será destinado para fomentar la «innovación y la manufactura de tecnología nacional», «generar más y mejores empleos».

Un total de $8 millones para el Ministerio de Salud: $8 millones servirán «para ampliar la cobertura».

En menor cantidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá $4 millones para «representaciones diplomáticas y consulares del país».

También, aseveró que el Ministerio de Justicia y Seguridad será reforzado con $4 millones para «garantizar la seguridad, la prevención de delitos, el combate a la delincuencia»; el Ministerio de Turismo recibirá $3 millones para «inversión turística» y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte recibirá $2.2 millones para «infraestructura vial y social».Aprueban siete dictámenesDespués de la explicación de Hacienda de este y otros proyectos de ley, los diputados aprobaron de manera unánime el dictamen favorable de reforma presupuestaria, así como otros dictámenes para transferir, también de Hacienda, $1.1 millones al Consejo de Especialidades Médicas (Conadem) y $2.3 millones a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (Andres).

Los diputados también aprobaron otros dictámenes para incorporar fondos de préstamo para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), autorizar un nuevo préstamo de $120 millones del Banco Mundial para el proyecto del bypass de Apopa y para ratificar un préstamo de $71.8 millones del Deutsche Bank para construir una planta de tratamiento de agua en La Libertad.

También, aprobó otro dictamen para ratificar una garantía soberana para un préstamo de $150 millones que adquirirá la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) del Banco Mundial; esta garantía fue autorizada en mayo.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, aseguró que en el gremio médico existe un régimen de «ver, oír y callar», mientras explicaba que muchos médicos del sistema público presentarían su renuncia al concluir en junio.

«En estos tiempos la situación se ha vuelto mucho más difícil para los colegas, en primer lugar, porque viven bajo un régimen de ver, oír y callar, no pueden mencionar nada», fueron las palabras del titular de la gremial que reúne a 43 asociaciones y unos 2,800 médicos afiliados en El Salvador, este lunes en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Solano ejemplificó que si el médico le dice al paciente «el medicamento que usted necesita en este momento no lo tenemos, pero yo le voy a dar una receta» o se la entrega a solicitud del paciente, «como estamos rodeados por cámaras, llaman al médico y ese médico puede ser despedido». Explicó que «ellos» lo ven como que el médico «está demostrando al paciente una falencia del sistema».

El presidente del Colegio Médico opinó que el sistema de salud actual «impide que uno brinde atención con calidad y calidez», ya que la calidad no solo consiste en amabilidad sino en existencia de medicamento y de exámenes oportunos. Explicó que la problemática de falta de medicamentos «se mantiene» independientemente de quién esté en el poder.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que dentro de los hospitales «hay cámaras y micrófonos que están registrando todas las conversaciones» y «dentro de los quirófanos están en todo momento monitoreando» todo lo que hacen los médicos, con quiénes se reúnen y con quiénes platican. Ambos líderes rechazaron que sean «activistas» y que basta ver el historial del papel que ha tenido el Colegio Médico durante los diferentes gobiernos para entenderlo.

Solano aseguró, por otra parte, que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) nunca ha tenido una crisis como la actual, ejemplificó que no hay un gel que se utiliza para colocar sondas.

Según la encuesta realizada en mayo por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, casi la mitad de los salvadoreños, un 47.1 %, opina que la calidad de la atención en el sistema de salud pública «ha mejorado»; un 17.5 % dice que «sigue igual», pero un 34 % sostiene que «está peor».

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llamó este lunes «a todas las fuerzas sociales» para que participen en su segundo Congreso Nacional, el máximo organismo de toma de decisiones del partido de izquierda y mediante el cual pueden modificar sus estatutos.

El Congreso Nacional del FMLN inicia este jueves 10 de julio y culminará entre los días 9, 10 y 11 de octubre, para que coincida con el aniversario de fundación del partido de izquierda.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, aseguró que están abiertos a que la «sociedad civil se incorpore para que den sus aportes» sobre «qué tipo de partido necesita El Salvador, qué tipo de FMLN la gente quiere, cuál es el enfoque hacia el futuro».

«El llamado es a los artistas, a los intelectuales patriotas, a los músicos patriotas, a todas las fuerzas sociales patriotas, a la academia, a la juventud, llamar a todos… ¿El llamado cuál es?, es a la incorporación en este momento histórico, que el partido hace para que la sociedad civil se incorpore para que den sus aportes».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

El dirigente partidario indicó que el llamado de participación es también para «todos aquellos que queremos un país de convivencia, de diálogo, de debate y no un país de miedo, de temor, de persecución», incluyendo medios de comunicación y periodistas.

En ese sentido, Silvia Cartagena, miembro del comité organizador del congreso, explicó que cada sede departamental a definió las fechas de sus asambleas, pues, dependiendo la cantidad de afiliados, en algunos departamentos se realizarían hasta tres asambleas regionales y en otros solo una.

El partido de izquierda tiene previsto instalar cuatro mesas de trabajo en cada jornada de asamblea con cuatro ejes temáticos: la visión del mundo ahora y en el futuro; El Salvador en la actualidad; el partido del siglo XXI a construir; la orientación y lucha al socialismo.

El Estatuto del FMLN ordena un Congreso Nacional cada cinco años pero únicamente se ha celebrado en 2015 durante la coordinación de Medardo González, del 6 al 8 de noviembre de 2015. Actuamente, el FMLN no tiene diputados en la Asamblea Legislativa y solo tiene una diputada en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). El padrón de afiliados, según el mismo partido, está integrado por 16,000 personas.

La Dirección de Integración comprará materiales lúdicos por $65,760.12 para los salvadoreños que participan en las actividades artísticas y recreativas de la institución, según consta en la oferta de compra en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La compra se realizaría con fondos del gobierno central de acuerdo con lo reportado en la oferta de compra. Los materiales se han dividido en dos grupos: para la Gerencia de Integración Comunitaria por $36,384.30, y para la Unidad de Programa de Escuelas y Clubes Integradores Comunitarios, por $29,375.82.

Para Gerencia de Integración Comunitaria se requiere: cartulina, papel estaño, papel bond de color, papel fabriano, libretas de papel, perforadoras. De papel, tijeras, pegamento, bolas de durapax, marcadores, pinceles, modelan, dados, abecedarios, pinzaras, trofeos, pelotas, pistolas de silicona, entre otros.

Mientras, para el segundo grupo de la Unidad de Programa de Escuelas y Clubes Integradores Comunitarios, se requiere: libretas de papel, lápices de grafito, pintura acrílica, hueveras, tiro para pintura, pincel de lengua de gato, plástico transparente, pinceles redondos, viñetas, acuarelas, caja de percusión, panderetas y cajas plásticas.

La institución indicó que se requiere la compra de estos materiales para «proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de diversas actividades artísticas y recreativas» de las ferias y festivales que organiza la Dirección de Integración los fines de semana.

Solo el 4.8 % de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionaron faltas éticas cometidas por empleados públicos desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, según consta en la memoria de labores de la institución.

El informe señala que el organismo colegiado dictó 476 resoluciones, de ellas, hay 328 en trámite y 148 resoluciones de terminación de procesos, de estas últimas, solo 23 corresponden a «resoluciones finales sancionatorias» por el incumplimiento de deberes o infracciones reguladas en la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

Dentro de las resoluciones de terminaciones de procesos, se encuentran:
-53 resoluciones de improcedencia
-3 resoluciones absolutorias
-9 resoluciones de sobreseimiento
-7 resoluciones de inadmisibilidad
-53 resoluciones de «sin lugar a apertura de procedimiento»

Para que un proceso llegue hasta la sanción, se deben seguir varias fases, entre ellas, la investigación preliminar que tiene como propósito «determinar con precisión los hechos» que pudieran ser considerados como faltas éticas. Así se identifica a los infractores y cualquier circunstancia para esclarecer los casos.

En las investigaciones preliminares, se solicita al titular la institución donde trabaja el investigado que proporcione un informe sobre el hecho que se está esclareciendo; y, en el período reportado en la memoria de labores, se investigaron a 111 servidores públicos por posibles infracciones.

Con base en los resultados de la investigación preliminar, se determina si se abre un proceso sancionador administrativo, con decisión del organismo colegiado del TEG, que está integrado por el presidente Néstor Castaneda, y Laura Hurtado, Moris Landaverde, Higinio Marroquín y Lidia Fermán.

Durante proceso, la institución tiene que garantizar el derecho a la defensa del empleado público investigado, permitiéndole audiencias, conocer sobre el inicio del caso y los resultados de la investigación preliminar. En este mismo período se iniciaron 31 casos.

En el último año, la institución también reportó el inicio de 216 procedimientos sancionadores, 82 denuncias planteadas y 134 avisos recibidos.

El Salvador ha recibido un total de 21,042 niños y adolescentes retornados, acompañados y no acompañados, durante un poco más de seis años, desde enero del año 2019 hasta marzo de 2025, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería.

Un total de 15,422 menores de edad, un 73 %, fueron entregados vía aérea.

La gran mayoría de menores salvadoreños recibidos durante este periodo provienen de Estados Unidos y México, países de donde provinieron un 98.5 % de los menores devueltos por las autoridades migratorias de esos países.

Mientras Estados Unidos regresó a 10,126 niños y adolescentes salvadoreños, un 48.1 %; México devolvió a 10,604, un 50.4 %.

Una minoría fueron devueltos por otros países como Belice, Guatemala, Honduras, Panamá, Canadá, Bélgica, Alemania, Italia, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España.Menores no acompañadosDe 14,986 salvadoreños retornados durante 2024, un total de 2,459 eran menores de edad, de esos 1,951 viajaban acompañados y 508 no acompañados, 298 niños y 210 niñas.

De los menores no acompañados, 80 tenían entre 0 y 11 años de edad y 428 entre 12 y 17 años. Un total de 65 menores eran originarios de San Miguel, 59 de San Salvador, 55 de La Libertad, 40 de La Unión, 39 de Sonsonate, 38 de Santa Ana, 35 de Usulután, 35 de Chalatenango. En menor cantidad, los menores eran originarios de Cabañas, Ahuachapán, San Vicente y Cuscatlán.

Durante los primeros tres meses de 2025, el país ha recibido 2,811 salvadoreños retornados, de los cuales 207 eran menores y adolescentes, 152 acompañados y 55 menores no acompañados.

Entre los menores no acompañados, estaban 34 niños y 21 niñas, 11 con menos de 11 años de edad y 44 con edades entre 12 y 17 años.

El nuevo Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), que será la competente de certificar las especialidades médicas en El Salvador, tendrá un presupuesto de $1,112,350 para lo que resta del año 2025, según una solicitud de reforma realizada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Los fondos solicitados serán tomados de «asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda y que no serán utilizadas en lo que resta del presente ejercicio hasta por el mismo monto».

Un total de $800,064 serán asignados a la unidad «Dirección y Administración Institucional» del Conadem y $312,286 serán destinados a la unidad «Regulación y autorización de especialidades médicas» del Conadem.

Un total de $463,575 será destinado a remuneraciones de 45 empleados, incluyendo salarios, aportaciones patronales y aguinaldos. Del monto, $396,980 de la partida de remuneraciones estarán bajo la Dirección Superior y Administración de la institución, y $66,595 estará bajo la línea de trabajo «Autorización y seguimiento de las especialidades médicas».

El Conadem tendrá 45 empleados según el proyecto de reforma: el presidente, 4 ejecutivos, 26 técnicos, 7 administrativos y 7 de servicio.

De los $1.1 millón, se destinarán $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para gastos en seguros de personas y bienes, $50,000 para muebles, equipos informáticos y software, según la solicitud.El ConademEl 4 de abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Especialidades de Profesiones Médicas, que creó el Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), la única que podrá certificar y recertificar las especialidades y subespecialidades de los médicos y los técnicos de salud en El Salvador.

Los profesionales de salud, médicos y técnicos, enfrentarán multas de 51 a 150 salarios mínimos si ejerce la especialidad sin estar certificado por el Conadem. Más de 5,500 profesionales se han acreditado según el sitio web del Consejo.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo actualizado es $408.80, las multas oscilarían entre $20,848.8 y $61,320.

El artículo 4 de los estatutos del Colegio Médico, gremial que reúne a 43 asociaciones de médicos con 2,800 afiliados, faculta a los especialistas de las diferentes ramas médicas a emitir certificaciones de especialidades; en 2023, el Colegio Médico emitió 20 certificaciones. Sin embargo, la nueva ley facultó al Conadem a emitir las certificaciones de las especialidades médicas.