Categoría: Politica

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que su Centro de Servicio Temporal en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos, ya no está disponible para realizar trámites del Documento Único de Identidad (DUI), según un anuncio publicado en su página web.

El centro ubicado en el 60 plato blvd E, Suit 150 cerró operaciones este viernes 20 de junio luego de completar el período por el que fue habilitado por el Registro. Había estado habilitado desde el 24 de marzo.

La entidad no detalló cuántos trámites del DUI se realizaron en el centro mientras estuvo activo para los connacionales.

Por otro lado, la institución informó que este fin de semana estará desplegando jornadas móviles para el trámite de emisión del DUI. El sábado 21 habrá una jornada en San José, California de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en Tanchito’s restaurant.

Además, estarán en Far Rockaway, Nueva York; en el Centro Hispano de Durham, Carolina del Norte y en Iglesia Fuente de Vida, en Baton Rouge, Los Ángeles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El trámite del DUI en el exterior tiene un costo de $35 y se pueden realizar emisiones gratuitas por primera vez, actualizaciones, reposiciones y renovaciones. Los procesos se pueden realizar en consulados, ferias y representaciones del RNPN.

Emisiones por primera vez:

• Pago de $35.
• Partida de nacimiento original.
• Presentar un documento de identidad (cédula, carné electoral, carné de minoridad, pasaporte o licencia de conducir, certificación de ficha de cédula de identidad personal, carné de residente emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, tarjeta de residente permanente con fotografía / tarjeta de residente temporal, tarjeta de autorización para trabajar).

Modificaciones:

• Pagar $35.
• Presentar DUI vigente.
• Presentar acta de matrimonio para agregar el cónyuge.
• Presentar acta de divorcio para añadir el divorcio.
• Presentar acta de defunción para agregar como viudo.
• Para agregar «conocido por» se debe presentar partida de nacimiento marginada con los nombres por los que es conocido.
• Para agregar la profesión debe presentarse el titulo original y fotocopia.
• Para agregar el tipo de sangre debe presentarse el comprobante emitido por un laboratorio con sello de la Junta de Vigilancia.

El ministro de Hacienda, Gerson Posada, solicitó a la Asamblea Legislativa incorporar $2.1 millones para que el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), en el presupuesto estatal 2025, para que eche a andar un proyecto de equipamiento tecnológico especializado.

Según la iniciativa, el INCAF «ha determinado la necesidad de fortalecer el talento humano salvadoreño», para lo cual ha formulado el proyecto de inversión «Equipamiento tecnológico especializado para el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del INCAF, en el distrito de llopango, San Salvador Este, el cual tiene un costo de US$2,177,000».

La iniciativa explicó que el propósito del proyecto «no es otro» más que dotar al CDP en Ilopango de los equipos tecnológicos especializados para mejorar los servicios de capacitación y formación en «hidráulica, neumática, mantenimiento industrial, manejo de maquinaria pesada, electricidad y soldaduras«.

Según el INCAF, que funge en lugar del desaparecido Instituto de Formación Profesional (Insaforp), identificó «recursos disponibles en la cuenta de saldos de años anteriores» por $2,177,000, según acuerdo del Consejo del INCAF de la sesión ordinaria Noo2/2025, del 3 de abril de este año.

Para este año el INCAF tuvo una asignación de $25.7 millones, de los cuales utilizaría $19.9 millones para capacitación y formación a nivel nacional. En su último presupuesto, en 2024, el Insaforp contaba con $64.7 millones, de los cuales $51.4 millones se destinaban a formación profesional.

La iniciativa será conocida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que fue convocada para el día lunes 23 de junio.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de una «Ley de Tecnologías Robóticas», iniciativa que fue conocida este viernes por los diputados de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión, que acordaron llamar al recién nombrado director de Inteligencia Artificial, José Flamenco Rivas, un exfuncionario de la Agencia Nacional Bitcoin dirigida por la bitcoiner Stacy Herbert.

La institución competente para la aplicación de la Ley de Tecnologías Robóticas será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y para ello se creará una División de Robótica, que implementará la ley. La ley busca establecer incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías robóticas, además de lineamientos para su comercio, industria y la educación.

Los diputados decidieron llamar a la Comisión al director de ANIA, Mario José Flamenco Rivas, “para que dé información sobre la propuesta”.

“Me gustaría poder invitar al señor Mario José Flamenco Rivas, que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, para nuestra próxima reunión, para que nos pueda dar un poquito más de detalle, de información acerca de esta propuesta, ya que esta agencia va a estar a cargo de poder ejecutar este proyecto de ley, que de hecho en América Latina es de los primeros en especializarse, en un tema tan importante, como es la robótica”, propuso Dania González, presidenta de la Comisión.

Flamenco trabajó en la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC), cuya directora es Stacy Herbert, y habría trabajado con Jimmy Song, «educador de bitcoin». Fue nombrado por el presidente Nayib Bukele como nuevo director de la ANIA, según se conoció el 16 de junio pasado.

La mayoría de los diputados votaron a favor de la propuesta, menos la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió que se invitara a representantes de universidades e instituciones educativas como la Universidad Don Bosco y el Instituto Técnico Exal (Itexal). «Son pioneros en temas de robótica», indicó.

Rivas señaló que el proyecto de ley no contenía «nada que hable sobre la ética», excepto un artículo sobre no causar daño a las personas humanas. «Ojalá a la hora que venga el encargado de la ANIA pueda hablar sobre ese aspecto… Considero que la ética va de la mano en todo el tema de inteligencia artificial, tecnología y robótica”, señaló Rivas.

La diputada Dania González ignoró la propuesta de la diputada de Vamos y finalizó la Comisión.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala donará un vehículo que será utilizado al Ministerio de Relaciones Exteriores para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador (Conabúsqueda).

La donación, según la iniciativa, se da en el marco de la finalización del proyecto “Verdad, memoria y reparación para los desaparecidos” en Guatemala que era financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID).

Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración del pago de impuestos incluido el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), así como costos de bodegaje. La exoneración de impuestos fue aprobada con 60 votos de todos los partidos.

El vehículo es un pick up marca Honda línea Ridgeline, blanco, de cinco asientos, año 2024.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recriminó la falta de aprobación de una Ley de justicia transicional “para que todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado puedan encontrar verdad, justicia, reparación, así como garantías de no repetición”.

Ortiz añadió que no solo hay desaparecidos en el marco del conflicto armado sino desaparecidos en el marco de la violencia de las pandillas, en migración y también los capturados del régimen de excepción que eran inocentes.

“Es un flagelo aberrante que golpea la dignidad humana de la manera más grave y es nuestro deber tomar acciones”, dijo.

Ortiz también exhortó a aprobar leyes que apoyen a los familiares que buscan a sus desaparecidos, una ley de bancos de datos genéticos y la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada “que El Salvador no ha querido ratificar”.

“Eso está en manos de ustedes, colegas diputados, importante que El Salvador frente a este gran problema que data de décadas tome acciones urgentes, para que nunca ningún funcionario vuelva a decir que si no hay cuerpo no hay delito”.
Claudia Ortiz (Vamos).

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, no respondió a la diputada de Vamos. Aseguró que estos donativos “ayudan a poder cumplir con estos objetivos que el gobierno de Nayib Bukele tiene” y agradeció a la Fundación de Antropología Forense. “Ahora nuestra realidad es diferente”, aseguró, en referencia a la existencia de personas desaparecidas.

Un 28.5 % de los salvadoreños estaría «muy de acuerdo» y un 42.1 % estaría «de acuerdo» con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo presidencial, según la encuesta divulgada el jueves por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop).

Las personas entrevistadas que avalarían en algún nivel un tercer periodo presidencial para Bukele sumarían un 70.6 %.

Sin embargo, el 25.4 % de los salvadoreños respondieron que estarían en desacuerdo (14.7 %) o muy en desacuerdo (10.7 %).

Solo 2.4 % de la población se muestra indeciso ante la pregunta sobre la reelección para un tercer periodo consecutivo; la encuesta fue realizada mediante entrevistas personales a una muestra de 1,272 personas con un error de 2.75 %, más o menos, y un nivel de confianza del 95 %.

La misma encuesta indica que el 95 % de la población salvadoreña considera «muy o algo» importante que se respete la Constitución de la República: un 85.8 % dice que es «muy importante» y 9.2 %, que algo importante.

Según el estudio, Bukele obtuvo una nota de 8.15, tres décimas menos que hace un año, y 7.85 para su gobierno.

Las emociones predominantes sobre Bukele en la población son confianza (29.6 %) y esperanza (25.4 %); y la frase que definen los seis años de gobierno de Bukele es «un presidente que pone orden con mano dura», mencionada por un 54.3 % de los entrevistados.

La inscripción de Bukele en su candidatura presidencial para su segundo periodo 2024-2029 se basó en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el 3 de septiembre de 2021, la cual fue un argumento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la resolución de inscripción. El TSE, en ese entonces, rechazó los recursos presentados por Luis Parada, de Nuestro Tiempo, y por los abogados Enrique Anaya y José Marinero, que pedían al TSE rechazar la solicitud de inscripción por considerarla inconstitucional citando, entre otros, los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución.

En ese entonces, el TSE resolvió la inscripción de Bukele bajo el argumento de que la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021 indica que la prohibición de la reelección del artículo 152 de la Constitución está relacionada al «periodo inmediato anterior» y a la condición de «candidato».

El artículo 152 dice que «no podrán ser candidatos a Presidente» quien «haya desempeñado la Presidencia» «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al compartir su opinión sobre política, revela la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) presentada este 19 de junio.

De la población que teme expresar sus opiniones por consecuencias, el 48.3 % de la población dice que sería detenido o encarcelado, el 10.2 % prevé advertencias o amonestaciones, un 7.4 % prevé problemas laborales o podrían despedirlo, un 6.6 % cree que enfrentaría una denuncia o demanda, un 3.4 % prevé amenazas o persecución, y el 2.4 % señala que sería «acosado, intimidado» por las autoridades.

Al consultarles a las diputadas de oposición su valoración sobre estos datos, Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido Arena, dijo que todos han visto «lo que ha pasado en las últimas semanas con personas críticas».

«Se ha buscado la forma de perseguírseles, de inventárseles casos políticos y todo un aparataje estatal haciéndoles un tipo de bullying en las redes sociales y eso hace que la gente tenga un poco de temor al momento de expresar sus opiniones y muchas personas deciden quedarse calladas y no decir lo que realmente piensan», expresó.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, expresó su preocupación y señaló que no se puede canjear la libertad por la seguridad. «Es preocupante… Y es que aquí nos han querido poner a elegir entre seguridad y libertad, y ese dilema es un falso dilema», dijo. Aseguró que es posible tener seguridad y libertad con «un Estado capaz de hacer su trabajo».

«Si el Estado no es capaz de impartir justicia a criminales y a inocentes, si el Estado no es capaz de investigar a fondo delitos, si el Estado no es capaz de dar pronta y cumplida justicia, no es culpa de la gente que está viendo limitada su libertad de expresión y ese no es un secreto: mucha gente se autocensura por temor a represalias de quienes están en el poder, lo que es lamentable», agregó.

El Iudop explica en su encuesta que «la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2.1 % de la población salvadoreña expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país».

Pese a ese temor de opinar en política, según el mismo estudio el 24.6 % de los entrevistados respondió que, cuando piensa en el futuro de El Salvador, lo primero que siente es temor; pero el 73.6 % aún siente esperanza.

La Asamblea Legislativa ratificó ayer un préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que según el decreto de autorización se puede destinar a «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

El préstamo fue ratificado con dispensa de trámites con 55 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El contrato de préstamo se denomina «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador», pero la diputada Ortiz expresó su duda de que en realidad se destine a educación.

Ortiz señaló que en septiembre de 2025 el ministro de Hacienda prometió que el presupuesto para 2025 «no iba a incorporar deuda para gasto corriente» y que los préstamos serían destinados a obra pública.

«Este proyecto solo tiene el nombre bonito. Después dice que estos recursos se pueden destinar para atender prioridades estratégicas del gobierno, a saber cuáles son, obligaciones generales del Estado, pago de deuda, y transferencias varias, apoyo a la caja fiscal», advirtió.

Citó que el artículo 2 del decreto «no dice que se va a utilizar para educación», sino «para atender prioridades estratégicas del gobierno», lo que implica, afirmó, que el dinero se utilizaría para «lo que quiera» el gobierno. «Es muy probable que esto se vaya a gasto ordinario del gobierno», auguró.

«Si en la tercera vuelta, quizás la próxima semana, vemos en qué rubro del presupuesto se ingresan estos fondos y no va para educación, para mejorar escuelas, para apoyar a los docentes (…), entonces, ha sido una gran mentira y el gobierno sí se está endeudando para gasto ordinario, se los dejo como reto», planteó la diputada de oposición.

La «tercera vuelta» del préstamo es la reforma presupuestaria que será necesaria para realizar el desembolso y la incorporación de los fondos al presupuesto.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, respondió que para el gobierno es «prioridad estratégica» la educación.

«Está clarísimo que para este gobierno es una prioridad estratégica la educación, así como ha sido el tema de la salud, la seguridad y la infraestructura pública, esto busca impulsar acciones centradas en la mejora de la calidad educativa y se trabaja para cerrar brechas estructurales, tecnológicas y de infraestructura que tuvimos por años relegadas en este país», afirmó.

La Asamblea Legislativa también autorizó, «en primera vuelta», la firma de un contrato de crédito también por $75 millones del CAF que pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» pero cuyo nombre es «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) demandó este jueves que se garanticen los derechos del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien fue detenido el su00e1bado pasado en Georgia, Estados Unidos, mientras daba cobertura a una protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la APES manifestó su “profunda preocupación” por la captura del comunicador, arrestado en el condado de DeKalb, mientras ejercía su labor periodística en el marco de una manifestación del movimiento ‘No Kings’.

“El arresto ocurrió en un contexto de cobertura legítima y en el ejercicio de la libertad de expresión, reconocida universalmente. Exigimos que se respeten sus derechos”, declaró la organización.

La asociación expresó solidaridad con el periodista y su familia, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que velen por su seguridad, defensa y respeto a su integridad. Asimismo, advirtió que una posible deportación “sentaría un precedente negativo para la prensa hispana y el ejercicio periodístico” en Estados Unidos.

“El respeto al trabajo de los periodistas y de los medios independientes que informan sobre temas sensibles para la comunidad migrante debe ser una prioridad”, enfatizó la APES. También instó al Gobierno salvadoreño a proporcionar asistencia consular inmediata.

El miércoles, Guevara fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron fuentes oficiales. Su esposa, Miriam Guevara, aseguró a la agencia EFE que había conversado con él y que, a pesar de las circunstancias, se mantenía optimista.

Mario Guevara, ampliamente reconocido en la comunidad hispana de Georgia con mu00e1s de 782,000 seguidores en Facebook, fue detenido por la Policía de Doraville mientras transmitía en vivo. Aunque se identificó como periodista, fue acusado de tres cargos: caminar en una vía vehicular, obstrucción de agentes de seguridad y reunión ilícita.

Con una trayectoria que incluye trabajos como fotoperiodista en La Prensa Gráfica y como reportero de Mundo Hispánico en Atlanta, Guevara ha documentado en los últimos meses las operaciones de ICE en la región metropolitana de Atlanta a través de su canal digital.