Categoría: Politica

  • Vigentes políticas de actuación y manejo de datos personales de los salvadoreños

    Vigentes políticas de actuación y manejo de datos personales de los salvadoreños

    El 3 de septiembre inició la vigencia de las Políticas de protección de datos aprobadas por el director general de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), Eduardo Alexis Rodríguez Rodríguez.

    Estas políticas son de cumplimiento obligatorio “para todas las entidades públicas y privadas que recolecten, almacenen, procesen o transfieran datos personales en El Salvador”, pero también aplican a “operaciones internacionales vinculadas a ciudadanos salvadoreños”.

    Las políticas obligan a estas instituciones a que nombren un Delegado de Protección de Datos Personales, que será el responsable de la supervisión interna.

    Según la política, toda actuación sobre datos personales se regirá por la exactitud, corrección de inexactitudes sin demora, recopilación de datos lícita y transparente, la obtención explícita del titular para la recolección de sus datos, la recolección únicamente de datos necesarios y la transparencia con los titulares de los datos sobre el uso de sus datos, su almacenamiento y sus derechos sobre los mismos.

    La política busca no permitir los «accesos no autorizados» a estos datos y a conservarlos solo mientras «sean necesarios y eliminarlos cuando no se requieran».

    Entre las medidas concretas que plantea la política, destacan: implementar contraseñas seguras, autenticación en dos pasos, acceso restringido, cifrado de datos y restricción de acceso.

    Así mismo, se establecen medidas de seguridad para la «transferencia de datos», como contratos de confidencialidad y «acuerdos legales con terceros que tratan los datos».

    También obliga a realizar reportes a la ACE, Fiscalía General de la República y a titulares de los datos «en un máximo de 72 horas».

    Las políticas fueron emitidas el 2 de septiembre.

    La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), adscrita al Ministerio de Seguridad y Justicia, tiene un presupuesto programado de $12 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado hasta julio $302,632.28.

    De los $12 millones, $1.6 millones están destinados a remuneraciones, $580,000 a bienes y servicios, $9 millones a inversiones en activos fijos y $17,000 para «gastos financieros».

    Al analizar las transferencias hacia la ACE, según el Portal de Transparencia Fiscal, el mayor monto está programado para agosto, con un total de $9,799,891.47.

    La programación del presupuesto inició con $64,748 en mayo, $319,467.86 en junio y $321,942.67 en julio. También, se han programado $310,050 mensuales en septiembre, octubre y noviembre; y $563,800 en diciembre.

     

  • Cancillería asiste más de 270 repatriaciones de salvadoreños fallecidos y 385 procesos migratorios de privados de libertad

    Cancillería asiste más de 270 repatriaciones de salvadoreños fallecidos y 385 procesos migratorios de privados de libertad

    La Cancillería salvadoreña atendió la repatriación de 286 salvadoreños a su país, de los cuales 277, equivalentes a un 96 %, fallecieron en el extranjero, entre junio de 2024 y mayo de 2025,

    Doscientas ocho personas repatriadas eran mujeres y solo 69 hombres. El resto de las repatriaciones fueron gestiones humanitarias, entre localizaciones y retornos asistidos.

    La institución no informó el monto que destinó a las repatriaciones aunque sí indicó que las contribuciones proceden del proyecto “Asistencia humanitaria para salvadoreños fallecidos en el exterior, diáspora, personas migrantes y sus familias en condición de vulnerabilidad”.

    Por otro lado, la entidad reportó que durante el mismo periodo asistió a 385 salvadoreños privados de libertad en procesos migratorios, 200 hombres y 185 mujeres. Entre la asistencia brindada a los privados de libertad, está el acompañamiento consular, facilidades de comunicación con familiares y repatriación voluntaria.

    Cancillería proporcionó seguimiento jurídico a 47  privados de libertad, 46 mujeres y un hombre.

    Tanto las repatriaciones como los apoyos a los salvadoreños privados de libertad son organizadas por la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante de la Cancillería salvadoreña.

    A la baja

    En el período 2023-2024, Cancillería informó que había destinado $383,513.1 en apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad, niñez y repatriación de fallecidos. En ese momento, se atendieron 462 casos.

    La cantidad de repatriaciones atendidas se redujo en un 38 %. En el período 2022-2023 Relaciones Exteriores atendieron 274 casos con un financiamiento de $618,288.29.

  • Así fue la discusión entre Claudia Ortiz y William Soriano por la Ley de Energía Geotérmica

    Así fue la discusión entre Claudia Ortiz y William Soriano por la Ley de Energía Geotérmica

    Entre acusaciones de habilitar concesiones «a dedo», faltar a comisiones por «bailar en una tarima» y críticas por faltas de entendimiento de conceptos giró la discusión que protagonizaron ayer la diputada opositora Claudia Ortiz y el diputado oficialista William Soriano.

    La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos y tres en contra la nueva Ley de energía geotérmica.

    Ortiz pidió la palabra para advertir que los artículos 30, 31 y 39 «generan falta de transparencia y un potencial afectación al interés público, permítanme que les explique, colegas diputados, por qué estoy argumentando esto».

    «Estos artículos habilitan que sea una institución del Órgano Ejecutivo, es decir la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), quien al declarar unilateralmente que un proyecto es de interés nacional, declaratoria que se hace de forma arbitraria y que no necesariamente tienen que justificar técnicamente, se permite que la contratación de un proyecto de geotermia no pase por licitación pública, sino que se pueda hacer por contratación directa», indicó.

    Ortiz citó los artículos 120 y 234 de la Constitución de la República, que establecen condiciones para concesiones y licitación pública.

    “No es permitido delegue esta declaratoria de interés nacional a un órgano administrativo y lo establezca como una excepción al proceso de licitación sin ningún parámetro; en segundo lugar, no está permitido por nuestra Constitución que no se justifique técnicamente en la ley por qué no es posible hacer la licitación en estos casos, simplemente se declare de interés público y que ya no haya licitación pero no se dice por qué», reclamó.

    En la práctica, según Ortiz, estos artículos. también permiten que la contratación directa se convierta en «la regla general» cuando la Constitución requiere que sea excepcional.

    Ortiz advirtió que habrá “contratos entregados de dedo, sin competencia, sin auditorías, sin garantías, sin eficiencia, sin precio justo, entregados a empresas que no tienen la experiencia».

    La diputada propuso cambiar la redacción del artículo 32 para que «no quedara a discreción del director de Hidrocarburos y Minas la decisión de realizar licitaciones públicas».

    La propuesta no tuvo los votos de la bancada cian, pero sí motivó al diputado William Soriano a reclamarle a la diputada opositora no haber llegado a la Comisión por andar «bailando en una tarima», en referencia a la reciente visita de Ortiz a Estados Unidos y su participación en un evento público.

    “El día lunes, tuvimos una sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión en donde pudimos escuchar al director de la Dirección de Hidrocarburos y Minas y a su equipo técnico y tuvimos la oportunidad de hacer las preguntas; otros diputados no llegaron a la comisión porque andaban más ocupados bailando en una tarima en los Estados Unidos». William Soriano (Nuevas Ideas).

    Soriano procedió a leer parte del artículo 24 que requiere la aprobación legislativa a la concesión para la explotación de los recursos geotérmicos.

    “Gracias a Dios tengo estudios, una especialización sobre energía geotérmica que me permiten conocer un poco más sobre lo valioso de este recurso”, dijo. Luego, indicó que buscan facilitar que otros “inversionistas especializados traigan su capital y conocimiento a nuestro país, y las concesiones van a pasar por la Asamblea Legislativa al final, qué más transparencia que eso”.

    El diputado prometió que se asegurarán de que «las empresas más brillantes y más exitosas vengan al país a invertir».

    «Garantizando que las presentes y futuras generaciones tengan acceso a una generación de energía que no provengan de los combustibles fósiles y de las variaciones de los precios de estos por cualquier conflicto internacional. Eso estamos haciendo este día, garantizando que los salvadoreños al corto mediano y largo plazo tengan energía accesible, a precios accesibles, a precios que todas las familias salvadoreñas puedan pagar», prometió el diputado cian.

    La reacción de la diputada Ortiz no se hizo esperar, llamó “hijo” a Soriano y le sugirió que hable cuando pida suprimir la reserva de información a los viajes de sus colegas diputados, en referencia al reciente viaje a Austria de los diputados Edgardo Mulato y Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, junto con el vicepresidente Félix Ulloa.

    «Por alusión, hijo, tenga el valor de hablar cuando pida que le quiten la reserva de información a los viajes de sus colegas diputados y a de algunos colegas que al parecer están de viaje porque hoy no han venido y no veo que los esté criticando». Claudia Ortiz (Vamos).

    La diputada le cuestionó que, a pesar de que él estuvo en la Comisión, confunde los conceptos de concesión y licitación. «Son dos cosas diferentes», le expresó. Luego, les reclamó a sus colegas no haberla felicitado por su cumpleaños autodenominándose «su nana».

    «A ver, usted estuvo en la Comisión, colega diputado, y no ha entendido la diferencia entre licitación y concesión, son dos cosas diferentes. Incluso el mismo artículo 31 dice que se pueden otorgar concesiones sin licitación pública… Acá, lo que estamos queriendo garantizar es que la solicitud de concesión que llegue a la ‘transparente’ Asamblea Legislativa de El Salvador ya haya tenido previamente un proceso competitivo y suficientemente transparente, donde los mejores inversionistas puedan competir entre sí para darnos el mejor servicio de explotación de energía geotérmica. Además, quiero decirles que son las 6:15 y no han venido a desearle feliz cumpleaños a su nana (señalándose), muchas gracias», concluyó Ortiz.

    La reacción del presidente del Legislativo, Ernesto Castro, fue reírse. Procedió a cederle la palabra a la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien dijo: «Estamos en la discusión de la Ley de Energía Geotérmica en nuestro país que va a abrir las puertas a los inversionistas nacionales y extranjeros… Quiero hacer énfasis en el artículo número 24 que habla de la concesión para la explotación de recursos geotérmicos». «Es un proceso totalmente transparente… y estamos dejando las reglas sumamente claras de este juego», insistió.

    La Ley de Energía Geotérmica fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y aliados y tres votos en contra de Arena y Vamos.

  • TSE firma convenio con la Imprenta Nacional para publicaciones de leyes, reglamentos, acuerdos y documentos

    TSE firma convenio con la Imprenta Nacional para publicaciones de leyes, reglamentos, acuerdos y documentos

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó este jueves un convenio con la Imprenta Nacional para agilizar la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos y documentos en el Diario Oficial.

    La presidenta de la entidad electoral, Roxana Soriano, aseveró que la firma del convenio es «un esfuerzo que fortalece la institucionalidad democrática» que, al mismo tiempo, «garantiza certeza jurídica» tanto a los actores políticos como a la población.

    Con este acuerdo, la magistrada Soriano considera que brindan «acceso a información clara y confiable» porque la documentación electoral será publicada de «manera oportuna y transparente» en el Diario Oficial, el cual, hasta esta tarde, tiene un retraso de nueve días en su versión digital.

    Pese a su compromiso con la transparencia, en su portal de acceso a información pública la resolución más reciente data del 7 de abril de 2024, las cifras del registro electoral no se actualizan desde noviembre de 2023 y las últimas actas públicas de sesiones son de 2017.

    Le puede interesar: TSE niega cifras de inscripciones, cancelaciones y actualizaciones del registro electoral nacional y en el exterior

    Según las fotografías oficiales, la magistrada presidenta firmó el convenio en presencia de su suplente (propuestas por Nuevas Ideas), de los magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente. Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    El Tribunal estima que la firma de este convenio reafirma su compromiso «con la transparencia, la legalidad y la democracia» pues estarían permitiendo «el acceso a información oficial y verificado sobre las elecciones 2027».

    La más reciente publicación del Diario Oficial en su sitio web corresponde al martes 2 de septiembre de 2025, es decir, que tiene un retraso de nueve días.

    Los salvadoreños acudirán a las urnas el 28 de febrero de 2027 para elegir presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, junto a miembros del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. / TSE.
  • Gobierno propone exonerar de impuestos por 6 años a contratistas en programa de energía para 8,756 hogares

    Gobierno propone exonerar de impuestos por 6 años a contratistas en programa de energía para 8,756 hogares

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem envió una iniciativa a la Asamblea Legislativa en la que pide le aprueben disposiciones especiales y transitorias de exoneración de impuestos a contratistas y subcontratistas que participen en el “Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador«, que ejecuta la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).

    Estos beneficios tributarios tendrán una vigencia de seis años contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

    El proyecto de universalización de la energía eléctrica en El Salvador está siendo financiado con $93 millones, recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).

    Se pretende que este programa sea desarrollado en todo el territorio nacional y beneficie a 8,756 hogares que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica.

    La ministra propone que la CEL y personas naturales o jurídicas contratistas o subcontratistas en el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador» gocen de las exenciones tributarias del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios..

    La exención se aplicaría durante sus operaciones en el programa y se eximiría de impuestos y gravámenes a la importación e internación,  derechos arancelarios a la importación y del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. El beneficio no se extenderá a ningún otro sujeto que pudiera intervenir en la operación de importación.

    También, gozarán de la exención total del Impuesto sobre transferencia de bienes raíces por la adquisición de bienes raíces utilizados en el programa, exención que será aplicable solo a la CEL.

    Se eximirá toda clase de tributos por la obtención de licencias y permisos para construir redes de distribución de energía eléctrica y sistemas de generación de energía eléctrica con base en recursos renovables.

    Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar las gestiones, trámites y servicios, realizar los ajustes o modificaciones necesarias a las redes de distribución existentes, según lineamientos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para garantizar la conexión de los proyectos de extensión de red del programa.

    Para el control tributario, contratistas y subcontratistas deberán llevar registros de sus compras y ventas requeridas en los contratos.

    La iniciativa será conocida en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión convocada para el día viernes 12 de septiembre.

  • Dirección de Mercados requiere $1.3 millones para iniciar su funcionamiento en lo que resta de 2025

    Dirección de Mercados requiere $1.3 millones para iniciar su funcionamiento en lo que resta de 2025

    La Presidencia ha pedido a la Asamblea Legislativa modifique el Presupuesto General de la Nación para incorporar $1,342,045 al presupuesto especial de la Dirección de Mercados Nacionales inicie su funcionamiento para lo que resta del ejercicio fiscal del 2025.

    La iniciativa que llegó al Legislativo este 10 de septiembre detalla que el Consejo de Ministros ha conocido y aprobado por unanimidad una transferencia de recursos entre asignaciones presupuestarias del Ramo de Hacienda y de la Presidencia de la República por un monto de $500,000 del Fondo General, con el propósito de financiar parcialmente el presupuesto especial de la Dirección Nacional de Mercados, a fin que pueda disponer de las asignaciones presupuestarias para iniciar su funcionamiento institucional durante el presente ejercicio financiero fiscal de 2025.

    La otra parte que integra ese presupuesto especial que asciende a $842,045 proviene de recursos propios, en concepto de estimación de ingresos que provienen de arrendamientos y adjudicaciones de locales y puestos en los mercados nacionales.

    Lo aprobado en el Consejo de Ministros por $500,000 y lo integrado de recursos propios por $842,045 suman los $1,342,045.00 que la Presidencia pide sean incorporados al presupuesto especial de la Dirección de Mercados para su funcionamiento.

    Según la Presidencia, los $500,000 servirán para «garantizar la organización, administración y regulación de los mercados y locales comerciales ubicados en plazas, parques y espacios públicos, promoviendo su funcionamiento ordenado, eficiente y en beneficio de la población».

    El 26 de agosto, el presidente de la República lanzó la Dirección de Mercados Nacionales, en el acto de inauguración del nuevo Mercado San Miguelito.

  • Gobierno pide $10 millones para alimentación de privados de libertad

    Gobierno pide $10 millones para alimentación de privados de libertad

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, solicitó el miércoles a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $10 millones que serán incorporados al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para la línea de trabajo “Reclusión y Rehabilitación” de la “Administración del sistema penitenciario”.

    Según el considerando segundo del decreto, la Dirección General de Centros Penales requiere fondos para financiar “obligaciones” del servicio de alimentación de privados de libertad.

    “Actualmente la Dirección de Centros Penales del Viceministerio de Seguridad Pública y Justicia requiere recursos para financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad de sistema penitenciario hasta por el monto de los $10,000,000”, indicó la solicitud enviada por el ministro.

    Los fondos provienen de “asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente” de Hacienda que, según la solicitud, “no se va a utilizar en lo que resta de presente ejercicio fiscal” y pueden reasignarse.

    La solicitud será estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha programado reunirse el martes 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

  • Jefe de misión de la OIM finaliza trabajo en El Salvador y recibe condecoración

    Jefe de misión de la OIM finaliza trabajo en El Salvador y recibe condecoración

    El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Nicola Graviano, anunció el miércoles que ha finalizado su trabajo como representante del organismo internacional en El Salvador y recibió una condecoración de la Cancillería salvadoreña.

    Graviano indicó que en el marco de su despedida de El Salvador recibió ayer la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado de Comendador. El diplomático asumió como jefe de misión de la OIM en El Salvador en agosto de 2021.

    «Gracias por la confianza y por permitirnos avanzar juntos hacia soluciones humanas, innovadoras y sostenibles en migración». Nicola Graviano, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

    En ese sentido, aseguró que el reconocimiento no es solo personal «sino como un homenaje al trabajo colectivo que realizado por la OIM junto al gobierno salvadoreño. Agradeció también a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, «por su confianza y por haber promovido» la condecoración que recibió.

    «Este logro refleja el valor del trabajo conjunto en favor de las personas migrantes y sus comunidades» afirmó Graviano, quien anunció su salida del país a través de sus redes sociales. Asimismo, aseguró que se va del país «con gratitud y la certeza de que El Salvador tiene un lugar especial en mi corazón».

    En el último mes, también se han despedido de El Salvador la representante delFondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Neus Bernabéu, y el exembajador de la Unión Europea, Francois Roudié, quienes también recibieron esta condecoración.

  • Bukele devuelve Ley de Estabilidad Financiera con observaciones, que son aprobadas por Asamblea

    Bukele devuelve Ley de Estabilidad Financiera con observaciones, que son aprobadas por Asamblea

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, devolvió a la Asamblea Legislativa con observaciones la Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos, las cuales fueron aprobadas con dispensa de trámites con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

    Según el documento publicado, las observaciones fueron recibidas por la Asamblea Legislativa el 4 de diciembre de 2024. Estas fueron aprobadas este 10 de septiembre, a las 7:53 p.m., con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó que se sometiera a votación que las observaciones pasaran a ser discutidas en la comisión respectiva.

    «No puede ser que una lectura rápida de 40 observaciones, no haya tiempo para ser observaciones serias, responsables, en el seno de una comisión legislativa», afirmó. La petición de Lira solo fue respaldada por tres diputados.

    La Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos fue aprobada el viernes 22 de noviembre de 2024, en una sesión plenaria que inició un día antes. Desde entonces, la normativa no había sido publicada en el Diario Oficial ni tampoco habían sido publicadas sus observaciones presidenciales.

    Esta normativa de estabilidad financiera planteaba regulaciones sobre recuperación para bancos, sociedades de ahorro y crédito, y bancos cooperativos; la normativa iba a ser aplicable a cooperativas de ahorro y crédito gradualmente en un plazo de 18 meses y facultaba al Banco Central de Reserva (BCR) a que otorgara créditos de liquidez para prevenir crisis en instituciones del sistema financiero, facultaba al superintendente a que iniciara procesos de recuperación bajo causales que iban a ser aplicables a cooperativas «en el proceso de adaptación gradual».

    Las observaciones a la Ley de estabilidad financiera fueron aprobadas ayer casi a las 8:00 p.m. / Asamblea.

    Se suprime referencia a cooperativas

    Con las observaciones presidenciales, que ya fueron aprobadas anoche, se elimina de la Ley de Estabilidad Financiera toda referencia a bancos cooperativos o cooperativas de ahorro y crédito, así como el proyecto de Ley de Bancos Cooperativos, que también había sido aprobada en noviembre de 2024 y no ha completado su proceso de aprobación.

    Al comparar con el dictamen aprobado en aquella sesión plenaria que inició el 21 de noviembre de 2024, las observaciones suprimen del artículo 2 la disposición que permitía aplicar “a las asociaciones cooperativas o sociedades cooperativas de ahorro y crédito que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Bancos Cooperativos”.

    La observación presidencial suprimió a los bancos cooperativos de las entidades a las cuales se aplicaría la normativa y se aclara que se exceptúan de la aplicación a los bancos que no sean miembros del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).

    El artículo 11 originalmente autorizaba al Consejo Directivo del Banco Central de Reserva (BCR) a conceder financiamiento de liquidez a “bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito”; con las observaciones se suprime “bancos cooperativos” y se agrega que esta facultad para otorgar créditos de liquidez la condición de que sea “con recursos de organismos financieros internacionales o regionales, bancos centrales u otros estados, sociedades de ahorro y crédito y otros bancos”.

    Esta disposición regulada en el artículo 11, según su redacción, busca defender derechos de depositantes en caso de deterioro estructural de la liquidez de una o más instituciones, calamidad pública o con el fin de restablecer o prevenir la iliquidez.

    Así mismo, se eliminó del artículo 35 la disposición que facultaba a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a decretar la intervención de una cooperativa en proceso de adecuación gradual a petición de la Fiscalía.

    El artículo 38 pasó de titularse “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de una cooperativa” a “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de otros bancos”.

    Otras modificaciones son la eliminación de la cooperativa de ahorro y crédito de las definiciones en el artículo 3, la supresión del artículo 18 la referencia a bancos cooperativos y “las cooperativas que se encuentren en el proceso de adaptación gradual”, entre otras.

    En algunas disposiciones la referencia a bancos cooperativos fue sustituida por «otros bancos», definidos como «aquellas entidades bancarias reguladas conforme a las leyes especiales vigentes».

  • Podrán adjudicar sin licitación concesiones de explotación geotérmica a exploradores

    Podrán adjudicar sin licitación concesiones de explotación geotérmica a exploradores

    La nueva Ley de Energía Geotérmica permitirá a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) poder otorgar concesiones sin una licitación pública a los autorizados para exploración geotérmica que confirmen que efectivamente hay reservorio geotérmico y determine que la explotación es factible.

    Así lo establece la normativa aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa de El Salvador.

    La normativa aprobada ayer también permite que la DGEHM autorice exploraciones geotérmicas por tres años en áreas de hasta 50 kilómetros cuadrados. Estos exploradores geotérmicos tendrán derecho preferente a la explotación.

    También se permitirá la adjudicación directa cuando los proyectos geotérmicos sean declarados de interés nacional por la DGEHM, que lo decidirá así “cuando se justifique que su desarrollo es estratégico para la seguridad energética, el desarrollo económico y/o el bienestar nacional”.

    En estos casos de contratación directa, según la normativa, la DGEHM debe resolver las solicitudes de concesión dentro de un plazo de 20 días hábiles.

    Las adjudicaciones de concesiones de explotación geotérmica podrán ser hasta por 30 años y deberán pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que la DGEHM le envíe el contrato y el proyecto de ley de concesión, además de un informe que detalle el monto de la inversión, la forma de financiamiento y las fechas de construcción y operación.

    La Dirección abrirá a licitación pública las áreas que haya identificado con potencial geotérmico en el país.

    Las empresas concesionarias, que deberán pagar por la explotación una tarifa por área y megavatio generado, gozarán de incentivos fiscales durante los primeros 10 años, que incluye Impuesto sobre la Renta, aranceles e impuestos por la venta de certificados de energía renovable y otros relacionados.

    La ley también permite expropiaciones, exige a los concesionarios un Protocolo de Sostenibilidad a 50 años y establece multas desde los $2 millones hasta los $4.08 millones (de 5,000 a 10,000 salarios mínimos) por infracciones como explotar sin la respectiva concesión.