Los partidos de oposición Vamos y Arena no apoyaron las reformas que se aprobaron a la «Ley especial contra delitos informáticos y conexos». Las diputadas de ambos partidos expresaron dudas sobre cómo se aplicará la ley.
La reforma fue solicitada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham), cuyos representantes explicaron que busca fortalecer la confianza con los socios internacionales, en referencia a los call centers en donde empleados tienen acceso a datos personales de clientes de empresas que subcontratan sus servicios. La reforma, sin embargo, se aplica en general también a las personas que tengan acceso a bases de datos o sistemas informáticos de manera legítima.
«El problema con este tipo de iniciativas o de leyes, muchas veces, no es el texto de las iniciativas o de los decretos, es el contexto en el que estamos viviendo y qué instituciones son las que van a aplicar y con qué discrecionalidad, con qué intencionalidad van a aplicar esas leyes», opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.
Agregó que debido a cómo ha visto que se aplican otras normativas sujetas, a discreción o a uso del poder del gobierno actual, no tiene la certeza de que la reforma se aplique correctamente.
“Si bien una reforma en el texto puede estar bien estructurada, lo que podemos esperar en su aplicación, con la discrecionalidad que hemos visto que se usa del poder y de las instituciones, no nos deja del todo tranquilos que se use de la mejor manera”.
Claudia Ortiz (Vamos).
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que se han cometido muchos ilícitos vulnerando los datos de las personas, sin embargo, aunque “la intención es buena, el problema es que no sabemos cómo este gobierno puede utilizarlo”, comentó.
La reforma incrementa a 12 años de cárcel el castigo máximo para quienes tengan acceso a datos de manera legítima pero hagan uso indebido e ilegítimo de los mismos datos.
“Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados”, indica el decreto.
También, se sancionará “eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos”, establece la reforma aprobada este jueves.
