Categoría: Politica

Al menos 692 salvadoreños pidieron protección internacional en España de enero a noviembre de 2024, según consta en las bases de datos del Ministerio del Interior del gobierno español.

De acuerdo con datos recopilados por la Dirección General de Protección Internacional, en 11 meses, un total de 692 connacionales pidieron refugio y asilo en España, representando el 0.4 % de las peticiones totales que recibió la entidad.

El Ministerio del Interior procesó 155,984 solicitudes de protección de ciudadanos provenientes de 131 países. De Venezuela se recibieron 60,335 solicitudes y de Colombia, 37,901. Les sigue Perú, con 9,870.

En ese mismo período, el gobierno español registra que 311 solicitudes de salvadoreños obtuvieron el estatus de refugiados, pero otras 721 tuvieron resultados “desfavorables”, mientras que 19 fueron enviadas a archivo.

Además, otros seis salvadoreños lograron obtener protección subsidiaria y otras dos fueron calificadas como “razones humanitarias”. En total, 5,831 solicitantes de todo el mundo obtuvieron refugio en el país europeo.

Los hombres piden más protección en España

El informe divulgado por el gobierno español detalla que, de todas las solicitudes recibidas, al menos 90,085 fueron puestas por hombres y otras 65,899, por mujeres.

Por otro lado, 79,989 solicitantes tienen entre los 18 a 34 años; otros 45,732 están entre los 35 y 64 años; y 21,754 tienen edades entre 0 y 13 años.

Al menos 146,536 de los solicitantes interpusieron su petición de protección cuando ya se encontraban en territorio español, otros 6,922 lo hicieron en puestos fronterizos; 1,735 en embajadas o consulados y 791 en el Centro de Internamiento de Extranjería.

Nueve de cada diez salvadoreños ven algún nivel de peligro en vivir cerca de una mina según el estudio de opinión pública más reciente del Iudop-UCA, ya que 78.8 % sostiene que es muy peligroso, un 11.3 % cree que es algo peligroso y un 4.8 % indica que es poco peligroso.

Solo un 2 % sostiene que no es «nada peligroso» y el 91.9 % dice que no le gustaría trabajar en una mina.

La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reiteró que seis de cada diez salvadoreños no creen que El Salvador sea apropiado para practicar la minería metálica, cuya prohibición está levantada en el país desde el 7 de enero de 2025.

Solo un 1.7 % de los salvadoreños dicen, según la investigación, que la minería metálica no causará «ningún» impacto sobre el medio ambiente y un 1.2 % respondió que «si lo hacen bien no habría impacto». Un 28.8 % responde que no sabe.

El resto enumera una serie de impactos: contaminación de agua (29.9 %), del medio ambiente (15.6 %), deforestación, aumento de enfermedades, contaminación de la tierra y el aire, deterioro de la superficie de los suelos, destrucción de flora y fauna.

Seis de cada diez salvadoreños afirman que la mayor parte de la riqueza de la minería le quedará al gobierno y tres de cada diez, que a las empresas. Solo 0.6 % respondieron que le quedará a la población o al país.

Un 54.4 % de la población, un poco más de la mitad, dijo que conoce que químicos como el cianuro, el amoniaco, el mercurio y otros son utilizados en la minería para extraer oro.

La Ley General de la Minería Metálica fue aprobada el lunes 23 de diciembre de 2024 en la última sesión plenaria del año, inició su vigencia el 7 de enero de 2025, 15 días después de que fuera publicada en el Diario Oficial. Fue sancionada por el presidente Nayib Bukele el mismo día de su aprobación.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es calificado con un promedio de 8.13 en una escala del 0 al 10, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) realizada del 5 al 17 de diciembre de 2024 y presentada este jueves.

La nota más frecuente otorgada al mandatario es 9.

La nota es menor al promedio de 8.46 obtenido en la encuesta de evaluación al quinto año de gobierno, realizada del 20 de mayo al 4 de junio de 2024. En la encuesta realizada del 16 al 24 de marzo de 2024, el presidente logró un promedio de nota de 8.68.

El estudio también encontró que un 56.1 % de los entrevistados expresó tener mucha confianza en el presidente, un 20.7 % dijo que tiene «alguna» confianza, un 14.6 % le tiene «poca» confianza y un 8.5 % de la población le tiene «ninguna» confianza.

En la investigación, los entrevistadores preguntaron a la población cuánta corrupción cree que hay en el presidente de la República y en las distintas instituciones estatales analizadas.

Un 10 % respondió que «mucha», un 15.4 % que «alguna», un 23.3 % dijo que «poca» y 41.8 % contestó que ninguna. Un 9.6 % no respondió o respondió que no sabía.

El presidente tiene la mejor notas de las instituciones evaluadas por la encuesta, con el promedio de 8.13, en una escala del 0 al 10, seguido de la Fuerza Armada, con 7.93, la Policía Nacional Civil (PNC), con 7.85, el Gobierno Central, con 7.7, las iglesias evangélicas, con 6.96, y el sistema penitenciario, con 6.85. En los peores puestos están los partidos políticos, con 4.91, alcaldías, con 5.27, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 5.95, los tres que no superan la nota de 6.

El Salvador se sumó a una declaración firmada por 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, que rechazaron el jueves la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.

Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay «en el marco de la OEA emitieron una Declaración Conjunta, en la que rechazaron la investidura de Maduro y exigen el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela».

El gobierno de El Salvador ha denunciado el fraude electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela y el presidente Nayib Bukele ha dicho que no restablecerá relaciones con el régimen de Maduro. Esta semana se conoció que el mandatario salvadoreño conversó con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a quien ofreció respaldo en su lucha.

Las 14 naciones resolvieron «RECHAZAR el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral».

Maduro, de 62 años, juró el pasado viernes para un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031).

Los países exigieron «al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales».

La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro ganador de los comicios con 52% de los votos, pero a la fecha sigue sin publicar el escrutinio detallado, como manda la ley. La oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 70% del electorado.

Los 14 países también reclamaron la liberación de «todas las personas detenidas arbitrariamente» y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.

Entre el 1 y 11 de enero, 75 personas fueron detenidas por «razones políticas» en los días previos a la investidura, según la ONG Foro Penal.

El grupo de países de las Américas además instó a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios para abordar la crisis multidimensional en Venezuela.

Asimismo, urgieron al régimen de Maduro respeto el derecho internacional «cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano».

En marzo, seis dirigentes de la oposición venezolana se refugiaron en la residencia del embajador argentino en Caracas. Uno de ellos abandonó el lugar en diciembre para ponerse a órdenes de las autoridades, que le otorgaron libertad condicional.

La legación se encuentra desde agosto sin personal diplomático, tras la ruptura de relaciones como respuesta a los cuestionamientos del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la reelección de Maduro.

Este viernes 17 de enero inicia el proceso de reinscripción de salvadoreños para continuar protegidos en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés.

Estos son los documentos que debe presentar en los consulados salvadoreños para completar el proceso.

Si desea completar la reinscripción del TPS en un consulado salvadoreño, puede hacer una cita en el https://portalcitas.rree.gob.sv/portal habilitado por Cancillería o consultar al consulado virtual (503) 7070-1071.

La reinscripción de beneficiarios del TPS estará habilitada por 60 días que inician el 17 de enero y culminan el 18 de marzo de 2025. El llenado de formularios en los 28 consulados y en la embajada salvadoreña es gratuito.

Estos son los documentos requeridos:

• Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
• En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
• Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
• Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
• Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Serviccio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
• Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
• Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
• Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

Al respecto, la embajadora de El Salvador en Washington D.C., Milena Mayorga, recordó a los salvadoreños amparados en el TPS que «esta no es una extensión automática», por ello, deben reinscribirse «para seguir gozando del estatus».

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró ayer que en el último proceso de reinscripción, de los 234,000 salvadoreños beneficiarios del TPS, solo 137,000 completaron su registro para la ampliación anunciada por el gobierno norteamericano.

La extensión del TPS iniciará el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Según Cancillería, los salvadoreños amparados en el TPS no serían «elegibles para las deportaciones» anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El 17 de enero inicia la reinscripción al TPS. Te esperamos en los consulados y en la embajada. pic.twitter.com/dZOYpT4X7q

— Milena Mayorga (@MilenaMayorga) January 16, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana la planificación de las elecciones municipales y legislativas de 2027, anunció la institución en su cuenta de X, en donde mostraron imágenes de una reunión que la magistrada presidenta, Roxana Soriano, sostuvo con la Comisión de Trabajo Institucional, conformada en su mayoría por nuevos técnicos contratados por el organismo colegiado.

Para las elecciones de 2027, de mantenerse las reglas electorales actuales, los salvadoreños deberán elegir 44 concejos municipales y 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

Según la institución, esta primera reunión los ha encaminado «a la organización, desarrollo y vigilancia» del futuro proceso electoral dirigido por un equipo técnico casi nuevo en su totalidad luego del despido de jefes de unidades y departamentos del TSE.

El TSE informó en sus redes sociales que han comenzado con el desarrollo de:

• El plan estratégico institucional, en el que se plasma la metodología de trabajo de la institución.
• Calendario electoral, en el que se detallan las actividades y plazos para desarrollar cada acción del próximo evento electoral.
• Plan General de Elecciones (Plagel), en el que se detallan las responsabilidades de cada uno de los programas conformados para ejecutar las elecciones.

En las fotografías se puede observar al nuevo equipo de técnicos que asumieron sus funciones a propuesta de Soriano, quien fue propuesta para el cargo por Nuevas Ideas. El único técnico conocido es Roberto Mora Ruiz, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad.

En el calendario electoral de las elecciones de 2024, la primera actividad establecida fue la «divulgación institucional de información sobre la suspensión de modificación de residencia», pues el Código Electoral establece que, un año antes de las elecciones, se suspende la inscripción de cambios de residencia en el registro electoral.

| Iniciamos con la planificación de las #Elecciones2027. Para ello, nuestra Magistrada Presidente Roxana Soriano se reunió con la Comisión de Trabajo Institucional con quienes abordó:

El Plan Estratégico Institucional que contempla la visión de eficiencia y… pic.twitter.com/TLvYgvTQxu

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) January 16, 2025

Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, se firmaron el 16 de enero de 1992, hace 33 años, entre el gobierno salvadoreño bajo el mandato de Félix Cristiani, de Arena, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Al consultarte a la diputada Marcela Villatoro, de Arena, su opinión su opinión sobre si El Salvador ha avanzado o se ha estancado en democracia, luego más de tres décadas después, ella se enfoca en que los Acuerdos de Paz son parte importante de la historia de El Salvador y no se pueden dejar de lado.

“Los Acuerdos de Paz es algo que en definitiva no podemos olvidar y es algo que nuestra historia nos ha enseñado a todos los salvadoreños, cuando el país se vio inmerso en una guerra que cada quien tenía sus posiciones del porqué había tomado determinado tipo de bando, al final se logró consensuar con todas las aristas para que el país tuviera paz, esa paz que nos costó muchísimos años y muchas vidas, por eso, es algo que nadie de nosotros lo debe olvidar, porque es parte de nuestra historia”, expuso.

«Estamos viendo nuevamente aquel odio»

La legisladora cuestiona que actualmente se estén dando situaciones “de odio” que en aquel momento también originaron la guerra.

“Es lamentable que a la fecha se esté haciendo de lado esta parte de la historia y se esté tratando de olvidarla; y nos estamos viendo nosotros nuevamente y es aquel odio que se está dando entre salvadoreños y es algo que fue muy grave y ahora podemos ver que se sigue repitiendo”, dijo.

El actual presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido férreo crítico de los Acuerdos de Paz y, al contrario de conmemorarlos, habló en 2021 de “un grupúsculo de aprovechados” que se «lucraron» de «muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz”.

La diputada de Arena exhortó que es necesario se respeten los derechos humanos de todos los salvadoreños y que cada uno recuerde el costo de esos acuerdos. “Ojalá que se respeten los derechos humanos de los salvadoreños, que fue una de las razones por las que también se dio la guerra; y ojalá que recordemos todos lo que nos costó la paz y que luchemos por mantenerla”, finalizó.

Con los Acuerdos de Paz se suprimieron los cuerpos de seguridad utilizados para perseguir a los opositores, como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, dio nuevas funciones a la Fuerza Armada y creó la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

En el primer mandato de Bukele, en 2021, ordenó duplicar a los elementos de la Fuerza Armada, en 2022 implementó un régimen de excepción como respuesta a la ola de violencia de las pandillas, que sigue ejecutándose a la fecha, pero que las organizaciones sociales critican por detenciones de personas inocentes dentro de los capturados.

El año 2024 cerró con 45,362 retenciones de salvadoreños con estatus migratorio irregular en todo el territorio estadounidense, un 33.2 % menos de las 67,905 reportadas en el año 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Durante 2024 Estados Unidos ha realizado el doble de retenciones de salvadoreños que hizo en el año pandémico 2020 pero la mitad de las que ejecutó en 2021.

La tendencia a la baja inició en 2022, año en el cual la detección de migrantes salvadoreños disminuyó un 26.6 %, con 86,018 encuentros de salvadoreños; y continuó en 2023, con una baja del 21.1 %, a los 67,905 encuentros.

Un año atrás se registró una alza de más del 400 % con más de 117,000 retenciones de salvadoreños respecto a las escasos 21,000 realizados durante 2020.

Solo en la frontera sur estadounidense, si cada retención corresponde a un solo salvadoreño, esto implicaría que en un quinquenio han sido detenidos 330,786 salvadoreños.

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Un total de 42,047 retenciones fueron reportadas al cierre de 2024 por la CBP, un promedio de 3,500 encuentros mensuales. Es decir, un 93 % de las detenciones de salvadoreños se realizaron en la frontera sur de los Estados Unidos.

A diferencia del año 2023, cuando aumentaron las detenciones de migrantes de todas las nacionalidades respecto al año 2022, el año 2024 marcó una baja.

En 2024, las retenciones de migrantes de todas las nacionalidades fueron 895,691 menos que 2023, un 35.2 %. En 2023, aunque los encuentros de salvadoreños bajaron en un 21 % no ocurrió una disminución de detecciones del resto de migrantes, ya que incluso subieron los encuentros en 113,775 o un 5 %.

En el 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, este 16 de enero, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestiona que “no ha habido un cambio sustancial entre El Salvador antes de la guerra y hoy”.

Según la diputada Ortiz, la situación que vivió El Salvador durante más de una década, con detenciones y desapariciones de inocentes, militarismo, temor y autocensura, es «similar» a lo que está viviendo en la actualidad.

“El Salvador sigue teniendo personas que han sido detenidas y que han sido desaparecidas siendo inocentes; El Salvador tiene gente exiliada por sus opiniones políticas; El Salvador vive en una sociedad militarizada; El Salvador vive temor en su población que se autocensura por temor a dar su opinión política, eso, a 33 años, parece que no ha habido un cambio muy sustancial entre El Salvador antes de la guerra y hoy”, cuestionó la legisladora.

El Salvador vive bajo un régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 como medida para parar una ola de homicidios que sumaron más de 80 en tres días cometidos por pandillas, un fenómeno de violencia que se generó después de los Acuerdos de Paz.

Según el gobierno, desde su implementación han capturado a 84,260 personas, presuntos pandilleros, sin embargo, Socorro Jurídico lleva un registro de 354 muertes en centros penitenciarios, de los cuales asegura que el 94 % “no tenían vínculos con pandillas”.

Sugiere agenda de país

Ortiz aprovechó para hablar de una propuesta de paz que promueve su partido, basada en temas que afectan a la población. “¿Cuál es nuestra propuesta para que exista una verdadera paz?: la paz se logra a través de la justicia, a través de que el Estado permita que haya una vida digna para la gente. Si queremos realmente solventar aquellos temas que fueron las causas de la guerra, tenemos que abordar temas como agua, soberanía alimentaria, vivienda, salud, trabajo, educación, justicia, inclusión, esos temas”, detalló.

La legisladora sugirió trabajar una agenda de país en la que todos los sectores se involucren para una paz duradera y no cíclica. “Si logramos una agenda de trabajo como nación, vamos a poder lograr una paz más duradera y que no sea cíclica de entre relativa paz y luego violencia, porque la pobreza, la exclusión, el autoritarismo genera violencia en la sociedad”, cuestionó la diputada de Vamos.

Los salvadoreños que se encuentran amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) no serían «elegibles para las deportaciones» masivas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró la viceministra de Diálogo y Movilidad Humana, Cindy Portal.

Portal aseguró en Canal 21 que el presidente Trump, al hablar de deportaciones masivas, se refiere a las expulsiones de «aquellos malos residentes» que «llegan a incumplir las leyes o a irrumpir el orden social y la paz nacional».

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Aunque, según una entrevista ofrecida por el político norteamericano a la NBC News, la ola de deportaciones iniciará con los criminales convictos pero se extenderá a otros sectores paulatinamente.

«Si estas personas gozan de un estatus de protección, estas personas no son elegibles para deportaciones porque están bajo un estatus de protección».
Cindy Portal, viceministra de Diálogo y Movilidad Humana.

«Estamos empezando con los criminales y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás y veremos cómo va», dijo el magnate en la entrevista.

Trump aseguró en esa entrevista que, en el caso de las familias con estatus migratorios mixtos –unos miembros legales y otros ilegales– al no querer separar a las familias, tendrá «que enviarlos a todos de regreso» a sus países de origen.

Sin embargo, la viceministra aseguró que están «abogando desde siempre» para obtener una «solución migratoria integral, justa pero sobre todo permanente».

Por ello, han sostenido reuniones «de alto nivel» para negociar posibles medidas para los salvadoreños con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

Inicialmente, los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.