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Un grupo de expertas de la «Organización de Naciones Unidas (ONU)» exigió el viernes al gobierno que continúe «garantizando que la defensora de derechos humanos u003cstrongu003eRuth Lópezu003c/strongu003e reciba todas las salvaguardias legales fundamentales y las garantías del debido proceso mientras se encuentra detenida» y advirtió que en su caso ha habido «desaparición forzada».

Las expertas advirtieron, en un comunicado, que las autoridades salvadoreñas «no informaron a su familia ni a sus representantes legales sobre su suerte o paradero hasta el 20 de mayo de 2025» y que por ello fue sometida «a una desaparición forzada hasta ese momento».

u003cstrongu003eAclararon que este es un caso de «desaparición forzada», ya que esto no depende «de la duración de la detención o del ocultamiento».u003c/strongu003e

«La desaparición forzada de defensores y defensoras de derechos humanos es una estrategia que a menudo se utiliza para sembrar el terror, genera un efecto paralizante en la sociedad, disuadiendo a las personas de actuar en defensa del interés público por temor», señalaron las personas expertas de la ONU.

López, u003cstrongu003e jefa de Justicia y Anticorrupción de Cristosalu003c/strongu003e, fue detenida el 18 de mayo de 2025 por la noche y cumple 15 días de detención la noche del próximo lunes 2 de junio.

La u003cstrongu003eFiscalía General de la República (FGR) de El Salvador u003c/strongu003e en X la acusó de peculado en su labor de asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de Salvador Su00e1nchez Cerén, expresidente de la República.

Las diputadas opositoras Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, criticaron el primer año del segundo mandato del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señalando opacidad, falta de transparencia, falta de solución a la crisis económica y a la situación del sistema de salud, y malas prácticas en las instituciones del Estado.

“Este primer año de su segunda reelección inconstitucional ha sido ampliamente criticado por su opacidad y ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la fiscalización de la administración pública, una constante represión a medios de comunicación, persecución a líderes territoriales, defensores de derechos humanos, inseguridad jurídica», expresó la diputada de Arena.

El mayor desafío: economía

La legisladora cree que «sobre todo» faltan soluciones para la crisis económica y el estado del sistema de salud del país, que es lo que considera «la población más ha exigido” en el sexto año de gobierno de Bukele.

La diputada Ortiz también cuestionó que el anuncio que hizo Bukele hace un año a los salvadoreños, sobre «la medicina amarga» para curar el mal estado de la crisis económica, sigue sin solución.

“Hace un año se anunció que se iba a curar la economía con medicina amarga y la medicina amarga la ha tenido el pueblo, pero la cura a la economía no se ha visto. Sigue siendo el tema económico el gran desafío para el pueblo de El Salvador y sobre todo para el pueblo salvadoreño que sortea día a día las dificultades de llegar a fin de mes, las dificultades de poder comprar alimentos, las dificultades de encontrar un empleo formal, un empleo digno con suficiente ingreso”, dijo Ortiz.

Falta de transparencia y «arrestos arbitrarios»

La legisladora de Arena señaló falta de transparencia, «concesiones irregulares» en el Estado y «arrestos arbitrarios», en referencia a la detención de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal capturada la noche del domingo 18 de mayo a quien la Fiscalía acusa, según su cuenta de X, del delito de peculado.

“La reserva de información, bloqueo a auditorías, manejo discrecional de fondos públicos, concesiones irregulares entre otros, son prácticas de secretismo que han sido una constante desde el primer mandato y solo ha venido en aumento. Lo que implica un retroceso en tema de transparencia, donde los organismos particulares son los que se encuentran denunciando este tipo de prácticas y por los que han sido últimamente atacados e incluso con arrestos arbitrarios”, expresó la también jefa de fracción de Arena.

Ven deficiencia en DOM y falta de obras

Otra de las observaciones que hacen ambas legisladoras de oposición es la deficiencia en el trabajo de las instituciones públicas como la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

“No logran cubrir las necesidades a nivel nacional, así mismo, no se le da prioridad en orden de necesidades, pues no sabemos si realizan planificación en la atención de los servicios que se brindan», dijo la diputada Villatoro.

«Las instituciones no cuentan con planes bien estructurados y técnicos, que logren traducirse en mejoras en las atenciones de los ciudadanos…Pareciera que solo se van tapando los problemas superficiales sin proyección, sin buena administración, ni transparencia».

Marcela Villatoro (Arena).

Villatoro aseguró que en el área de salud ven «desabastecimiento en medicamentos, fuga de especialistas, falta de equipo médico, lo que ocasiona que la población tenga un pésimo servicio en el área de salud».

Por su parte, la diputada de Vamos relató que, durante sus visitas al territorio, una de las constantes quejas de las ciudadanía es el mal estado de las escuelas, las calles y que ni las alcaldías, ni las instituciones como la DOM les responden.

“La gente en el territorio nos dice que en las escuelas hay deficiencias graves y el mayor financista del sistema educativo de El Salvador no son los organismos multilaterales, ni el gobierno, son las familias salvadoreñas», indicó.

«Son los que pagan para que en las escuelas haya luz eléctrica, agua potable, los refrigerios escolares, para quien haga la limpieza, son los padres de familia los que están subsidiando al Estado, prácticamente».

Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz aseguró que una alcaldía le recomendó a la comunidad que hicieran rifas para que recaudar fondos y solventar ellos mismos sus problemas porque, si se le pide a la DOM, «iba a ser muy tardado».

Según la encuesta Cid Gallup, un 73 % de la población salvadoreña cree que el país va por rumbo correcto, 14 puntos abajo de la proporción del 87 % de hace un año.

La Iglesia Católica salvadoreña, representada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), felicitó en su reciente carta pastoral los esfuerzos alcanzados contra la violencia por el gobierno y le pidió expresamente eliminar el régimen de excepción porque ya no lo considera necesario.

En un documento de 29 páginas, publicado el jueves 29 de mayo y firmado por los obispos de la CEDES, aseguran que su misión es escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio y que por ello manifestan su preocupación por «ciertos hechos» en El Salvador.

En su carta, la CEDES hace un fuerte llamado a «todos los funcionarios del Estado«, a quienes les indica «que la política es servicio al pueblo» y no «el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis», citando al Papa Francisco, «hacer política no puede reducirse a técnicas y recursos humanos y capacidad de diálogo y persuasión, esto no sirve solo».

En ese sentido, advierte que piden «la derogación del estado de excepción».

«Aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia y se consideró exitoso por sus resultados. Pero ha pasado el tiempo y consideramos que ya no es necesario, ahora, se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna», aseveró la Iglesia en su carta pastoral.

Señala que el pueblo debe optar por el bien porque es bueno para él pero no por coerción, «no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción», indicó.

En su más reciente solicitud de prórroga, el gobierno de El Salvador argumentó que aún hay presencia de pandillas en el territorio salvadoreño. Relató que en mayo de 2025 «se ha registrado una variedad de eventos delictivos que generaron significativas detenciones por ejemplo la captura de un cabecilla de la MS-13 fundador de una de las clicas en Texas Estados Unidos en el departamento de Sonsonate, la captura en el Aeropuerto Internacional de Salvador de cinco miembros de la MS».

El régimen de excepción, cuya prórroga 39 fue aprobada el jueves, lleva 86,400 personas capturadas calificadas de terroristas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en su solicitud de prórroga enviada a la Asamblea Legislativa. Mientras el gobierno destaca la disminución de homicidios, las organizaciones de derechos humanos, como Socorro Jurídico Humanitario, Observatorio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Cristosal, señalan que ha provocado más de 400 muertes en centros penales, capturas arbitrarias y torturas.

Iglesia hace otros llamados al Gobierno

En la carta pastoral, la representación de la Iglesia Católica en El Salvador hace otros llamados al gobierno salvadoreño, referidos a no perseguir ambientalistas ni defensores de derechos humanos, establecer una política familiar, un aumento al salario mínimo en el sector agrícola, el subsidio a la canasta básica, el respeto al derecho de la migración, estudiar bien los casos de los prisioneros para que las personas que son inocentes salgan «lo más pronto posible» de la cárcel y pide priorizar la educación. En general, hace un llamado a escuchar al pueblo «en sus peticiones y sus necesidades», fomentar el diálogo y la escucha, sumando a las fuerzas vivas sin coaccionarlas, procurar el bien común y tener una «actitud positiva unificando a la nación», haciendo «uso de un lenguaje propositivo, respetuoso e incluyendo».

También, manifiesta su preocupación por la educación de los niños y jóvenes en el país.

Advierte que son necesarios los espacios de «sano esparcimientos» como escuelas de arte, deportes, fútbol, básquetbol, y pidió que «se invierta tiempo, atención y los recursos necesarios», con talleres, para zonas en donde antes había violencia para que «la triste historia de la violencia vivida no se repita». La Dirección de Integración desarrolla «festivales» que se trasladan cada fin de semana a un diferente lugar.

Así mismo, la Iglesia advirtió que «la pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, a la violencia, al odio de clases y por ende a la criminalización, sino es que a la lucha de clases».

En su Carta Pastoral emitida el jueves, la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) exhortó a «escuchar la voz de los más pobres, de los más vulnerables», de los despedidos o despojados de sus puestos de venta informal, y se pronunció sobre temas cruciales de la realidad salvadoreña.

«Urge que se les presenten a todas estas personas alternativas para que puedan salir adelante con el sostenimiento de sus familias», dijo.

Aclaró que estas demandas no las realiza por «contradecir a las autoridades nacionales» ni por «algún interés ideológico partidista».

En su carta pastoral, la Iglesia Católica exhortó a escuchar «al pueblo en sus peticiones y necesidades», a fomentar el diálogo la escucha, sumar a «todas las fuerzas vivas» «por su propia voluntad y no coaccionados», y procurar el bien común con un lenguaje propositivo, respetuoso e inclusivo.

«Creemos que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa político-social. Es cometido de las autoridades lograr que este pueblo se convierta en actor y constructor de su propia historia».
Conferencia Episcopal de El Salvador.

También, hace demandas específicas: pidió derogar el estado de excepción para permitir a la población «ejercer su libertad sin presión alguna», «sin represión», y recordó que el político debe servir al pueblo y no a «minorías sobre todo oligárquicas», aunque felicitan «una vez más» por los «esfuerzos y logros alcanzados».

Así mismo, pidió revisar todos los casos de las personas detenidos para que «los que son inocentes salgan de ahí lo más pronto posible».

Consideró que el aumento al salario mínimo es insuficiente y urgió «invertir en el agro permitiendo su tecnificación», subsidiar a los pequeños y microagricultores, y aumentar el salario mínimo en el sector agrícola. Además, exhortó a la creación de una Ley de Seguridad Alimentaria y al subsidio a la canasta básica.

La Conferencia Episcopal también insistió en derogar la Ley de la Minería Metálica y escuchar las voces de los ambientalistas, «evitando su persecución y encarcelamiento».

«No es justo que se les enjuició y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente. Hay un precedente muy lamentable, el asesinato de los ambientalistas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorte con su hijo en el vientre».
Conferencia Episcopal de El Salvador.

La Cedes también exhortó al gobierno de El Salvador no promocionar al país como «una gran cárcel internacional» y «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

La Carta Pastoral fue publicada el jueves 29, y firmada por el presidente de la CEDES, monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, así como los obispos de San Vicente, monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, vicepresidente de la CEDES, el obispo de Santiago de María, monseñor William Iraheta, el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Óscar Álvarez Orellana, el obispo de Zacatecoluca, monseñor Elías Bolaños; el obispo de Santa Ana, monseñor Miguel Moran Aquino; el de San Miguel, Fabio Colindres; el de Sonsonate, Constantino Barrera; el de Chalatenango, Oswaldo Escobar; el obispo del Ordinariato Militar, monseñor Reinaldo Sorto Martínez; el obispo auxiliar emérito, cardenal Gregorio Rosa Chávez; y el obispo emérito de Chalatenango, monseñor Luis Morao.

Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitieron este viernes un dictamen favorable para reformar el Código Municipal con el fin de eliminar la solvencia de pago de impuestos municipales como requisito para inscribir sociedades en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

El artículo 100 del Código Municipal actualmente exige la presentación de «la solvencia de impuestos municipales de los socios o de la sociedad» para su constitución como sociedad mercantil. Con la reforma, la solvencia de impuestos, tasas o contribuciones municipales seguirá siendo exigida para trámites de «modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades».

«Uno de los requisitos que eran quizás de los que tomaban más tiempo para poder finalizar el registro de su empresa era la solvencia municipal, requisito que gracias a esta reforma quedaría totalmente eliminado, siendo así que la formalización de una SAS puede hacerse en un par de horas, ya que no todas las municipalidades tienen esa agilidad de brindar de manera rápida».

Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

El requisito de la presentación de la solvencia municipal «quedaría totalmente eliminado» según Dania González, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión, aunque la lectura del proyecto de decreto no fue transmitida por la Asamblea Legislativa.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, dijo que ellos están «para apoyar al empresario en acelerar los procesos para que ellos rápidamente puedan desarrollar su actividad económica».

«Que mediante esta reforma nosotros podamos también eliminar el requisito de presentación de las solvencias municipales de sus otorgantes», reiteró.

Argumentó que servirá «para acelerar un procedimiento tan básico como es la inscripción de un negocio».

La diputada Gonzálz agregó que con el decreto transitorio para que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se inscriban de forma gratuita, desde febrero de 2024, se registraron 2,268 sociedades bajo esta modalidad hasta enero de 2025. De ese total, 35 % se realizó en línea en creaempresa.gob.sv.

Polémica por votación de proyecto distinto

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que se hizo un lectura distinta al proyecto distribuido entre los diputados.

La diputada Dania González le respondió que «pronto» le harían llegar el texto del dictamen a ser aprobado. Luego de que le fuera entregado, Gonzálz sometió a votación el dictamen y proyecto de decreto leídos.

Después de la aprobación del dictamen, por mayoría, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, pidió la palabra para explicar que no dio su voto porque no tuvo acceso al documento de la reforma con tiempo prudencial: «Que se haga constar en acta que se hizo la votación mientras yo estaba comparando ambos textos, por lo cual no puedo emitir mi voto con la información suficiente, para poderlo hacer de manera responsable, muchas gracias», dijo Ortiz.

«Se toma nota, diputada», respondió Gonzálz, quien continuó con el desarrollo de la agenda de la sesión y la finalizó.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa a 10 deportistas originarios de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Cuba y Nicaragua, especializados en disciplinas como natación, fútbol, kickboxing, basquetbol, gimnasia, lucha, karate do y voleibol de sala y de playa.

Para estos 10 atletas el Gobierno pide que los diputados la nacionalidad salvadoreña por naturalización. La solicitud fue recibida el miércoles 28 de mayo, a las 11:08 de la mañana.

1. Filippo Giuseppe Pilenga, nacido en Caxias do Sul, Río Grande do Sul, Brasil, el 4 de julio de 2007, nadador federado en la Federación Salvadoreña de Natación, ha participado en Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos.

2. Zander Knight Tidwell, nacido en California, Estados Unidos, el 10 de enero de 2007, futbolista, ha participado en competencias en México, Estados Unidos, España y Guatemala, participado en clínicas deportivas, talleres y eventos comunitarias. “La Federación Salvadoreña de Fútbol Sub 20 considera” que “puede contribuir significativamente al desarrollo del deporte en nuestro país”.

3. Pablo Andrés de León Donis, atleta de kickboxing, nacido en Guatemala el 19 de marzo de 1995, 10 años de pertenencia federativa, trayectoria regional.

4. Cooper Alejandro Tidwell, nacido en Lima, Perú, el 15 de enero de 2010, basquetbolista, ha participado en torneos de desarrollo federado y junio NBA.

5. Kayla Angelina Estrada Coll, gimnasta, nacida en Guatemala el 23 de marzo de 2015, ha participado en campeonatos centroamericanos de clubes con medallas de plata y oro en 2022, 2023, 2024 y 2025 en categoría infantil niveles 2 y 4. Parte del proceso de formación de la Federación Salvadoreña de Gimnasia (FSG), categoría UPAG 1 (10 años).

6. Kevin Francisco Alemán Gómez, nacido en Ciego de Ávila, Cuba, el 24 de mayo de 2006, luchador con medallas de oro, plata y bronce en Cuba, participó en el Campeonato Nacional U23 en 2024 y obtuvo oro.

7. Montavious Charles Marc, nacido en Florida, Estados Unidos, el 22 de junio de 1990, baloncestista.

8. Brandi Danielle Harvey-Carr, baloncestista, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de septiembre de 1994.

9. Marcia Yessenia Pérez Morales, nacida en Escuintla, Guatemala, el 9 de abril de 1998, karate do. Ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en campeonatos internacionales.

10. Larissa Milagros Rodríguez Díaz, nacida en Estelí, Nicaragua, el 11 de noviembre de 2010, voleibol de sala y de playa, convocada a la Selección Nacional U17 que participará en los Juegos Deportivos Centroamericanos.

La solicitud será estudiada en una comisión de trabajo por los diputados. La asignación de la comisión se realizará después de la sesión plenaria solemne del 1 de junio a las 8:00 de la noche, en donde se espera que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dé su informe de labores de su sexto año de gobierno.

Los diputados facultaron al Órgano Ejecutivo en el Ministerio de Hacienda para que respalde un préstamo del Banco Mundial a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $150 millones para financiar el “Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador”.

La construcción de una central geotérmica en el distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel, con ocho pozos profundos, un sistema de tuberías de acero para recopilar el vapor de los pozos hacia la central, la conexión de la central a la subestación.

El programa, en segundo lugar, promete incluir programas sociales y la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica que promete capacitar a “estudiantes y profesionales” en industria geotérmica y sectores afines.

El préstamo tendrá un plazo de pago de 30 años con hasta seis años de gracia que deberá ser pagado en cuotas semestrales, consecutivas, si es posible iguales, hasta la total cancelación del mismo.

Por el préstamo, la CEL deberá pagar 0.25 % del monto total del préstamo como comisión inicial del préstamo y otro 0.25 % cada año sobre el saldo no desembolsado del préstamo.

La tasa de interés es una tasa de referencia más el margen variable o la tasa que pueda aplicar después de una conversión.

La energía geotérmica es aproximadamente el 21.8 % del total de energía producida en El Salvador, con una capacidad instalada de 204.4 MW. LaGeo, una empresa estatal, investiga nuevos campos geotérmicos en los municipios de Tepetitán, en San Vicente, y Chinameca, en San Miguel. El Salvador tiene actualmente centrales geotérmicas en Ahuachapán y Berlín.

La Asamblea Legislativa reformó ayer la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) para facultar al superintendente dictar la política farmacéutica, permitir a la institución vender servicios de control de calidad y reducir el plazo para que personal que haya salido de la institución pueda trabajar en entes regulados, como las farmacéuticas.

La ley actual establece que el personal de la Superintendencia no podrá laborar en los dos años posteriores al cese de sus funciones en la institución “para personas naturales o jurídicas, privadas, que sean objeto de regulación por la Superintendencia”.

La reforma redujo este plazo a un año.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria es la autoridad del Estado responsable de regular, vigilar o autorizar la comercialización de productos farmacéuticos, medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, cosméticos e higiénicos, alimentos para regímenes especiales, bebidas para uso humano, alcohol etílico potable y no potable, tabaco, dispositivos de liberación de nicotina y de las sustancias y productos químicos.

Además, la reforma facultó al superintendente de la SRS a que emita la política farmacéutica y cualquier otra política relacionada a la ley.

En tercer lugar, la reforma permitió que la SRS pueda realizar pruebas de control de calidad a productos regulados a cambio de tarifas, a solicitud de personas o entidades nacionales o extranjeras. Organismos internacionales que dan ayuda humanitaria y promueven el desarrollo en El Salvador estarán exentos de dichas tarifas.

La ley ya establecía que la institución percibiría los ingresos por tarifas de los servicios prestados, pero no facultaba expresamente a la SRS de prestar servicios de “control de calidad a productos objeto de su regulación para otros fines no previstos en esta ley.”

El objeto de la ley es regular, vigilar y otorgar el registro sanitario, reconocimiento del registro, autorización de comercialización, de los productos regulados antes mencionados.

La reforma fue aprobada por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, luego de rechazar la reducción del plazo para que exempleados de la SRS puedan laborar en un ente regulado por la entidad.

El Ministerio de Hacienda transferirá un total de $43 millones a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para entregar bonos de $75 a productores agrícolas, suplir los agromercados con $10 millones y adquirir inmuebles para derechos de vía con $3 millones.

Los fondos saldrán, según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, «asignaciones disponibles dentro del presupuesto del Ramo de Hacienda» que «no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal». No detalla a qué unidad estaban asignados los fondos.

¿Cuánto presupuesto tenían programado?

Un total de $30 millones irán al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA) para el bono agrícola.

En el presupuesto general del Estado 2025 el CDCA inició con un presupuesto de $6 millones de los cuales se han devengado $353,272.37, según el Portal de Transparencia Fiscal. Hasta marzo, el presupuesto del CDCA se había modificado a $23 millones para todo el año 2025.

De la reforma, otros $10 millones de Hacienda serán reorientados a la línea de trabajo de «Abastecimiento y Seguridad Alimentaria» de la unidad presupuestaria «Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento», que inició el año 2025 con un presupuesto de $22.9 millones y que hasta marzo modificó a $24.4 millones de los cuales ha devengado $5.3 millones.

La reforma presupuestaria fue aprobada con 58 votos, incluido el de Vamos.

Destino de los $43 millones reorientados

-$30 millones para que el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA) ejecute el Programa de Paquetes Agrícolas denominado «Bono Agrícola (BAG)».

-$10 millones para fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados.

-$3 millones para que el MOPT adquiera inmuebles afectados por proyectos y obras de inversión (derechos de vía).

Seis días antes de la reforma un grupo de agricultores aglutinados en la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (Confras) divulgaron su preocupación por el atraso en la entrega del bono agrícola, ya que revelaron que muchos ya comenzaron los preparativos de la siembra del ciclo agrícola 2025-2026.

«Muchos productores lo están esperando, muchos de ellos se han comunicado, ahora le estamos dando una respuesta favorable en la cual ellos van a poder ser beneficiados de esta tarjeta y obtener el kit que ellos necesitan». Norma Lobo (Nuevas Ideas).

“Muchos ya están esperando los paquetes agrícolas”. Reynaldo López Cardoza (Nuevas Ideas).

En mayo de 2024, el MAG reportó la entrega de tarjetas intransferibles o bonos agrícolas a «más de medio millón de productores de subsistencia» para adquirir insumos en cualquiera de los agroservicios autorizados por el MAG en un plazo máximo de 60 días. Un monto de $30 millones cubre bonos agrícolas de $75 para 400,000 personas.

En un programa de radio, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, aseguró que las relaciones entre su país y El Salvador están «en un nivel excelente» con interés de impulsar la cooperación y el intercambio en «diversos sectores».

Además de anunciar avances en tres proyectos que el país asiático desarrolla en El Salvador e informar que ya hay un agregado militar en la Embajada china desde agosto de 2024 para establecer «canales de contacto», el embajador reveló que «hay discusiones, hay diálogos entre la parte salvadoreña y empresas chinas en ferrocarril o metros».

“En un nivel excelente (relaciones China-El Salvador), ambas partes tienen mucho interés de impulsar la cooperación, el intercambio en diversos sectores”.
Zhang Yanhui, embajador chino en El Salvador, en La Tribu.

Ante la pregunta si no hay celos cuando El Salvador se acerca a Estados Unidos, el diplomático respondió: «Cada quien tiene su derecho de decidir». «Somos miembros de una misma familia, estamos en el mismo barco. Necesitamos tener intercambios comerciales, turismo, cultural, todo, eso va a beneficiar a todos”, indicó.

«La empresa china también tiene mucho interés de apoyar, eso depende de las siguientes coordinaciones o de negociaciones, si puede llegar a un consenso, también es importante”, indicó, sobre las pláticas con empresas chinas especializadas en metros o ferrocarriles.

“China ahora tiene un kilometraje de 160,000 kilómetros de ferrocarril, casi 50,000 kilómetros de tren de alta velocidad, casi todas las ciudades con una población de 200,000, puede avanzar de una ciudad a otra, en una velocidad de 350 kilómetros por hora”, destacó.

El 16 de diciembre de 2024, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep) aprobó un préstamo de $4.6 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para un estudio de la construcción de fases del Tren del Pacífico que pasarían por el Sitio del Niño, San Juan Opico (La Libertad), San Salvador y La Unión, «Línea Oriente», a cargo de la empresa Deloitte Consulting, S.A. de C.V.

En noviembre de 2024, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo que una misión coreana les entregó un estudio de factibilidad del Tren del Pacífico, una promesa de campaña del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 13 de enero de 2019, en la presentación del Plan Cuscatlán, donde dijo que el tren llevaría personas de Ahuachapán a La Unión «en una hora y media» y que conectaría también con Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le «planteó» al presidente Bukele «estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región» según su portavoz Tammy Bruce.

Los gobiernos de China Popular y de El Salvador, durante la gestión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018 tras romper relaciones con Taiwán.