Categoría: Politica

Un estudio del Diu00e1logo Interamericano (DIA), tanque de pensamiento estadounidense sobre relaciones internacionales con sede en Washington, indica que no hay una relación directa entre la cantidad de «encuentros» fronterizos y la cantidad de deportaciones de migrantes que realizan las autoridades de Estados Unidos.nnEl estudio, firmado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diu00e1logo Interamericano, señala que entre ambas variables se da una relación que ha variado entre el 3 % y el 100 % en los últimos 20 años.nn»No hay una relación entre las deportaciones y los encuentros fronterizos, que es, un incremento en las deportaciones no se da cuando o después de que los encuentros fronterizos hayan aumentado también», indica la investigación. Un ejemplo son las cifras salvadoreñas [gru00e1fica abajo].nnLos encuentros fronterizos son las retenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) a las personas que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos o a migrantes indocumentados que encuentren dentro del territorio estadounidense.nnDe enero a noviembre de 2024, la CBP ha reportado mu00e1s de 40,000 salvadoreños migrantes encontrados, 31 % menos que los 61,255 detectados en todo 2023, una disminución que, según la investigación, no debería implicar una baja en las deportaciones.nnEfectivamente, durante los dos últimos años, Estados Unidos ha duplicado las deportaciones de salvadoreños, ya que pasó de deportar 7,231 en el año fiscal 2022 a deportar 15,284 en el año fiscal 2024, según un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicado el 19 de diciembre pasado. En 2023, deportó 8,310 salvadoreños. Las cifras únicamente son superadas por las 18,981 deportaciones registradas en 2019.nnDurante los últimos siete años han sido deportados 80,713 salvadoreños. Orozco ha calculado que durante el gobierno de Donald Trump, que inicia su gestión el 20 de enero, habru00e1 un promedio anual de 14,000 deportaciones de salvadoreños.nn!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo sentirse satisfecho con el trabajo que está desarrollando la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en el caso del fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L., ya que habilitó la capa de $30,000 en la devolución de fondos a los afectados.

Como lo dije la vez anterior, la Superintendencia ha estado trabajando en ese tema, el gobierno ha estado trabajando en ese tema y nosotros nos sentimos, de alguna manera, satisfechos, que hasta los de $30,000 ellos pueden retirar sus ahorros y con esto están cubriendo, lo dijo la Superintendencia, el 80 % de los ahorrantes, lo cual es un porcentaje, ya bien alto”.

El legislador dice que, aunque lamenta lo sucedido en la cooperativa, fueron decisiones «personales» que tomaron los socios al depositar sus ahorros en COSAVI.

“Esperamos que venga la otra capa para cubrir ya ese 20 % que hace falta. Yo lamento mucho… Imaginate tener $1 millón y depositarlo ahí, yo sé que fueron decisiones personales y financieras porque seguramente les daban más intereses”, señaló Castro.

El presidente de la Asamblea confía en que muy pronto culminarán la entrega del 100 % del dinero a los afectados. “Lo que observamos con hechos y con resultados es que le están cumpliendo al 80 % de los ahorrantes… Vamos a continuar con ese 20 % que falta, ya es un porcentaje mínimo… Vamos a estar atentos y estamos confiados de que van a cumplir con el 100 %”, aseguró.

Sin embargo, los afectados del fraude aseguraron, el pasado 7 de enero, que, aunque la capa de devolución de fondos esté por los $30,000, los socios no están recibiendo sus fondos, ya que, si no se le ha vencido el plazo, no les devuelven los fondos. Se le expuso a Castro este punto y esto respondió:

“Yo entiendo, pero quiero que entiendan que nosotros no somos Superintendencia del Sistema Financiero, nosotros no regulamos de esta manera los entes privados. COSAVI era un ente privado en donde se tomaron contratos particulares”.

Arena acusa a SSF de mentir. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestiona duramente el trabajo de la SSF y asegura que no es cierta la afirmación de la superintendente, Evelyn Gracias, quien aseveró que ya se ha atendido al 80.5 % de los ahorrantes.

“Ahorita van por la capa de los $30,000, la superintendente dijo que era el 80 % de los ahorrantes, cosa que es mentira. Hay personas que, un día antes que la Superintendencia tomara la decisión de cerrar COSAVI, habían puesto $1 millón y, ya estando intervenida, la Superintendencia lo sabía. Aquí ha sido una clara incompetencia de la Superintendencia que no ha hecho su labor”, cuestionó Villatoro.

La diputada reiteró que los afectados son personas que confiaron y depositaron el ahorro de «toda su vida de trabajo» y que ahora «no le están pidiendo un favor al gobierno» sino que «les devuelvan sus ahorros».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz cuestionó que los órganos del Estado no estén escuchando a los afectados de COSAVI luego de que no encontraran respuestas en los órganos Ejecutivo y Judicial; y dijo que “hay mucho que indagar”.

“Cuando la justicia no asegura los derechos fundamentales de la población…, la Asamblea tiene que escuchar, tiene que implementar mecanismos de control al Ejecutivo, para presionar que el Ejecutivo ejerza su autoridad frente a instituciones como estas financieras”.

La diputada ve positivo que los afectados COSAVI enviaran una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar que “incluya al caso COSAVI como indicador de cumplimiento en materia de Estado de Derecho, transparencia y combate a la corrupción». Los afectados pidieron que el caso sea resuelto por las autoridades del Estado salvadoreño como «prerrequisito para hacer los desembolsos que se llevarán a cabo en el acuerdo entre el FMI y el gobierno del presidente Nayib Bukele” por $1,400 millones.

El 9 de mayo de 2024, dos meses después de que la cooperativa fuera intervenida, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investigaba a 32 personas, incluyendo a ocho directivos de Cosavi, entre ellos, al entonces gerente de la cooperativa, el fallecido Manuel Alberto Coto Barrientos, por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que se presume asciende, según la FGR, a $35 millones. Luego de su intervención, según los afectados, Cosavi siguió captando fondos de los socios.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseveró que serán los resultados de los estudios de minería que se realicen en El Salvador «los que se tomarán en cuenta para tomar decisiones», ante la pregunta si estos podrían hacer retroceder la decisión de realizar prácticas de minería en el país.

Soriano habló este miércoles, antes de la sesión plenaria, para aclarar un video que se viralizó en redes sociales en el cual aparece el diputado mientras expresa su claro rechazo a la contaminación en la mina de San Sebastián, La Unión.

El diputado reiteró su rechazo a esta contaminación pero aseguró que cree en una minería «responsable» y que «respete al medio ambiente».

«Es un video que hice hace, creo que dos años. En ese video yo expuse una situación que había sucedido con la minería, que habían permitido en décadas anteriores y ese video lo editaron, lo sacaron de contexto y lo utilizaron en las redes sociales: Yo me opuse rotundamente a ese tipo de minería, claro que sí y lo sigo haciendo, esa minería que dejó daños en Santa Rosa de Lima y algunos lugares del país”.

William Soriano (Nuevas Ideas).

Así, defendió la Ley General de la Minería aprobada el 23 de diciembre de 2024 y, aunque admitió que no se tienen estudios, reiteró que ahora la ley permite que se hagan. «Ahora te permite la ley hacer los estudios, para saber qué zonas vas a explotar, de qué forma lo vas a hacer», dijo.

¿Se podría retroceder si los estudios dicen que no es viable?, se le preguntó. “Los estudios van a arrojar resultados y los resultados son los que se tomarán en cuenta para tomar decisiones, como en todos los procesos naturales de implementar un proyecto”, respondió Soriano.

El 2 de diciembre, el presidente Nayib Bukele afirmó que tenían estudios que habían detectado al menos 18 tipos de elementos, algunos metálicos en tierras salvadoreñas. «Según nuestros estudios iniciales hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial, como litio, cobalto y niquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable”, dijo.

Sin embargo, el 21 de diciembre, el director de Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, dijo: «No estamos habilitados para eso, para poder hacer esos estudios, los vamos a hacer de esa manera, por eso se incluyen dentro de la Ley al Ministerio de Medio Ambiente y la ASA (Autoridad Salvadoreña del Agua), para hacer todo esto en conjunto bajo la coordinación de la Dirección.”

Ante una pregunta sobre el uso indispensable del cianuro en toda extracción minera, algo sostenido por los ambientalistas, Soriano respondió: “¿Y por qué los demás países lo realizan?, todos los demás países lo realizan”, aseguró. Agregó que “se pueden hacer procesos geoquímicos, geofísicos, para eso es la tecnología, para esos son los estudios y yo creo que sí es posible”.

El diputado William Soriano, quien es secretario de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, fue uno de los diputados que dio su voto, el 21 de diciembre, para dictaminar favorable el proyecto de Ley de Minería Metálica y derogar la prohibición de la minería en el país.

La Asamblea Legislativa otorgó las primeras 150 becas universitarias a estudiantes de escasos recursos que aplicaron al programa de becas «Dagoberto Gutiérrez» y hará entrega de las mismas en un acto público en el Centro Cívico Cultural Legislativo, ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II, en el distrito de San Salvador.

«Son 150 becas las que se van a otorgar, a los que cumplieron los requisitos. Recibimos muchísimas solicitudes, de las cuales tenemos un Comité que estuvimos viendo todo eso, al final sacamos 150, fueron los que tenían mejores calificaciones, los que cumplían con todos los requisitos que habíamos puesto», dijo el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

La selección fue decidida por «un Comité» que se conformó en el legislativo. No detalló quiénes conformaron el comité.

Las becas serán entregadas este sábado 11 de enero a las 10:00 a.m. en un evento abierto al público, afirmó el funcionario.

El diputado dijo que uno de los requisitos que se tomaron en cuenta es que los aspirantes residieran en comunidades «estigmatizadas, y obviamente necesitados económicamente en sus hogares». «Así que estamos contentos de esa decisión que se tomó aquí en este Órgano Legislativo», indicó.

El Ministerio de Educación no ha intervenido en el proceso de estas becas, aseguró Castro. «Nosotros lo hemos hecho como Órgano de Estado. Los requisitos los compartimos en su momento con ustedes y basados en eso hemos otorgado las primeras 150 becas», dijo.

La convocatoria de esta primera edición de becas «Dagoberto Gutiérrez» fue lanzada el 15 de noviembre pasado y, aunque se desconoce la cantidad de aspirantes, serán 150 quienes las reciban oficialmente el sábado.

La elección del presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sigue pendiente, luego de casi cuatro meses de acefalía; sin embargo, Nuevas Ideas promete que la elección se realizará a más tardar en enero de 2025.

«La Corte de Cuentas es algo que ya lo vamos a definir y esperaría que sea en este mes de enero, que ya no pase… Sin embargo, tenemos nosotros que elegir, ya hicimos el proceso en la Comisión Política, ya pasamos las entrevistas, ya vimos todos los perfiles y, basados en eso, que es a lo que nosotros estamos obligados, vamos a tomar una decisión y, sí, yo espero que en este mes de enero solventemos ese tema», dijo el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Política | «Hay que esperar», dice diputado William Soriano (Nuevas Ideas), sobre elección de presidente de Corte de Cuentas. Arena y Vamos reclaman atraso en elección.

Video: @Jessmonic

A pesar de que han pasado más de tres meses que la CCR ha pasado acéfala, Castro dijo que la institución «ha tenido estabilidad, ha tenido la gobernabilidad interna».

Por su parte, el diputado William Soriano, también de Nuevas Ideas, se limitó a decir que se hará una elección «como mandata el proceso, solo hay que esperar».

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestiona tanta tardanza para elegir al titular de la entidad fiscalizadora y señala que el problema es que el objetivo de la CCR es velar por el buen uso de los fondos públicos, pero no tiene cabeza.

«Yo no entiendo por qué es que no se elige, es un problema porque es la Corte de Cuentas la que le revisas las costillas a todos los funcionarios públicos y hasta el momento se encuentra acéfala y, al final, es un daño que se le está causando a la población salvadoreña y lo que no se está haciendo es transparentar el uso de los fondos públicos», dijo Marcela Villatoro (Arena).

«Quizá están buscando una persona afín»

Para la diputada de Arena, la única razón de esta tardanza puede ser que buscan a alguien afín al partido de Nuevas Ideas dentro de los 11 candidatos y no lo encuentran; y sugiere que, si no hay personas idóneas, que abran nuevamente la convocatoria para el proceso de elección.

«Ya pasaron varios meses y seguimos en la espera, yo no entiendo por qué no se elige si ellos tienen a la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, no entiendo cuál es el retraso, ¿será porque no encuentran a ninguna persona idónea?, si no la encuentran, entonces que permitan que se abra nuevamente la convocatoria, quizás están buscando a una persona que sea afín a ellos», aseveró la legisladora tricolor.

«Candidatos «carecen de independencia»»

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos cuestionó en primer lugar que el proceso no ha sido transparente.

«Estos procesos de elección de segundo grado carecen de mucha transparencia en cuanto a criterios se están usando para elegir y, aunque digan que el pleno va a elegir, pero no es transparente, ¿y por qué digo que no hay transparencia?, pues la calidad de entrevistas deja mucho qué desear, si hubiese transparencia en esos criterios, entonces, sí sería transparente», dijo Claudia Ortiz (Vamos).

En segundo lugar, la diputada de Vamos aseveró que para ella ninguno de los 11 candidatos entrevistados le parece idóneo, ya que «carecen de independencia».

La CCR está sin titular desde que la Asamblea Legislativa decidió aprobar y juramentar a Roxana Soriano, quien era la titular de la entidad fiscalizadora, como presidente del Tribunal Supremo Electoral.

El presidente de la república, Nayib Bukele, observó las disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego aprobadas el 16 de octubre de 2024, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Legislativo, Ernesto Castro.

“Sí, nosotros la tenemos ahí, ha sido observada y nosotros la vamos a ver en su momento”, aseguró el diputado presidente, sobre este decreto que permitirá la legalización de armas que por diferentes razones no se encuentren matriculadas en el registro del Ministerio de la Defensa Nacional, siempre y cuando no hayan sido utilizadas para fines delictivos.

Al consultarle sobre qué tipo de observaciones le hizo el presidente Bukele al decreto, respondió que sí las habían visto, pero que no podía dar detalle en ese momento.

“Sí, pero ahorita no tengo el detalle de eso, en su momento, lo vamos a ver», se limitó a decir el diputado.

Política | Decreto para legalizar armas fue observado por el presidente Nayib Bukele, informa diputado Ernesto Castro, presidente de @AsambleaSV, quien además, informó que entregarán 150 becas el sábado.

Video: @Jessmonic https://t.co/ff0z1Wsnut

Las disposiciones aprobadas abrían un periodo de 90 días para facilitar el registro de armas de fuego que aún no hayan sido matriculadas en el Ministerio de la Defensa Nacional y para captar armas de fuego, artesanales o hechizas.

Durante este plazo el decreto iba a permitir la devolución voluntaria para su destrucción de armas artesanales o hechizas y prometía no ejercer la acción penal a las personas beneficiadas o que avisen de la ubicación de armas de fuego, de fabricación artesanal o hechiza.

El decreto transitorio también establecía que no podían aplicar al beneficio las personas procesadas o que cumplan condenas por delitos cometidos con armas de fuego, agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado.

Según la Constitución de la República, si el presidente devuelve un decreto con observaciones, la Asamblea «las considerará y resolverá lo que crea conveniente» y posteriormente «enviará (el decreto) al presidente», quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Sin embargo, la norma constitucional no establece un plazo para resolver sobre las observaciones presidenciales.

Las observaciones suelen ser conocidas por el pleno legislativo, luego de que la junta directiva las agende en una sesión plenaria, para que luego sean trasladadas a estudio en la comisión de trabajo correspondiente.

Las observaciones presidenciales realizadas a la reforma Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada el 25 de enero de 2023 –y que fueron recibidas por el pleno legislativo el 29 de abril de 2024– nunca fueron conocidas públicamente ni aprobadas. Pasaron a estudio de la entonces Comisión de Obras Públicas. En su lugar, el gobierno envió un nuevo proyecto de reformas aprobado el pasado 20 de diciembre de 2024 y que ya está vigente.

Los 60 diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron del pago de impuestos la donación de dos vehículos por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en San Salvador.

La exoneración, solicitada al pleno por el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), eximirá a la alcaldía municipal de Sonsonate Este –conformado por los distritos de Izalco, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Caluco y Cuisnahuat– del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje en la importación de dos pick ups Nissan Frontier, color blanco, del año 2025.

«La Embajada de los Estados Unidos, que apoya muchísimo a las alcaldías, le queremos dar las gracias por este importante donativo», dijo Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas por Sonsonate.

Los vehículos servirán para el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

La exención incluye Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.

Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, agradecieron a Estados Unidos. «Sin lugar a dudas se van a seguir fortaleciendo en los años o meses próximos», dijo Raúl Chamagua sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. «Esta amistad de larga data se va a seguir fortaleciendo con el paso del tiempo», exclamó el diputado cian.

«Estamos dispuestos a sumarnos y a ser ese puente de enlace entre las instituciones de gobierno y en este caso con la Embajada de EE.UU., que en muchas ocasiones ha demostrado su buena voluntad». Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, exhortó a la Embajada de Estados Unidos a ayudar a otras municipalidades y departamentos, por la pobreza que sufren. «De verdad, se lo digo, embajador», afirmó.

Quiero hacer el llamado al embajador… para que también pueda poner sus buenos oficios y colaborar con los demás departamentos, hay departamentos pobres pero hay otros que de verdad son más pobres y que no tienen cómo salir adelante». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Los legisladores también felicitaron al alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, por la gestión de esta ayuda.

En una sesión plenaria de una hora, el lunes la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el “Acuerdo sobre transporte aéreo” firmado por los cancilleres de El Salvador y Costa Rica durante la visita que realizó en noviembre pasado el presidente Nayib Bukele al vecino país.

La sesión plenaria se abrió con 49 diputados presentes y el pleno acordó, con 48 votos, llamar a diputados suplentes para sustituir a 10 diputados: Suecy Callejas, Caleb Navarro, Felipe Interiano, Eduardo Amaya, Estuardo Rodríguez, Mauricio Ortiz, Helen Jovel, Salvador Chacón, Maricela de Guardado y Johathan Hernández.

El “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 11 de noviembre de 2024, que consta de preámbulo, 29 artículos y un anexo, no fue leído en el pleno ni publicado en el sitio web de la legislatura.

Fue el primer punto de agenda: fue ratificado con 59 votos: 53 votos de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 de Vamos y 1 del PDC, según el conteo público y oficial de la Asamblea Legislativa.

Según el dictamen, las partes se comprometen a respetar convenios sobre infracciones contra la seguridad de las aeronaves (Tokio, 1963; La Haya, 1970; Montreal, 1971 y 1988; Palermo, 2000) o cualquier otra convención multilateral o sus modificaciones ratificadas por ambas partes, así como deberán exigir que los operadores de aeropuertos en su territorio respeten las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El acuerdo pretende el más alto grado de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales y reafirmar la grave preocupación de ambos Estados por los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

También, busca impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

«Los aspectos más importantes es cuidar la vida, la seguridad de todos los pasajeros, no permitir que ningún pasajero o una persona extraña pueda ingresar a abordar un avión con cualquier armamento o equipo, o se le ocurra documentar un equipaje con cargamento o municiones». Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

Este es el décimo sexto acuerdo de transporte aéreo ratificado por El Salvador según Cancillería; sin embargo, Nuevas Ideas aseguró que los anteriores gobiernos engavetaban los acuerdos.

«Desde 2021 hemos venido ratificando acuerdos en beneficio de la población salvadoreña, muchas veces antes se quedaban literalmente engavetados». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

Al referirse al acuerdo de transporte aéreo, la diputada Ana Figueroa, del partido oficial, se refirió a la seguridad interna de El Salvador: «En un mundo moderno, es vital que establezcamos marcos normativos que salvaguarden la seguridad de la población, nosotros ya sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ha implementado estas políticas de seguridad nacional pero obviamente necesitamos cuidar adonde sea que ellos se encuentren».

Más de 10,000 salvadoreños radicados en el extranjero tramitaron su Documento Único de Identidad (DUI) durante diciembre de 2024, de acuerdo a los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, una cantidad 13 % menor que el mes anterior.

Según los datos de la Dirección del Servicio Exterior publicados en el Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería, solo en diciembre de 2024, al menos 10,185 connacionales emitieron su DUI en las representaciones consulares en el exterior.

Solo en noviembre de 2024, Cancillería reportó la emisión de 11,756 duis en el exterior y, para diciembre del mismo año, se emitieron 10,185 o sea 1,571 menos, lo que representa una disminución del 13 % en las emisiones de duis en el último mes.

Diciembre fue el quinto mes con más emisiones de duis durante 2024, según los datos de Cancillería. Lo superó enero con 13,511; le siguió julio con 11,770; luego noviembre con 11,756 duis; después febrero con 11,671 y finalmente diciembre con 10,185 documentos emitidos.

Por otro lado, Cancillería no ha actualizado la cantidad de duis entregados en el exterior en los primeros siete días de 2025. Solo ha reportado la emisión de 1,939 pasaportes salvadoreños.

El trámite del DUI tiene un costo de $10.31 para los salvadoreños en el territorio nacional y en el exterior tiene un costo de $35.

Los datos estadísticos de la institución no detallan los centros de servicios donde se han entregado los documentos, solo muestra la cantidad mensual de duis o pasaportes entregados a los connacionales.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró este miércoles que no solo se debería auditar los fondos recibidos por el partido político durante los últimos 20 años, sino también al Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) actual.

El martes 7 de enero, el presidente del Coena, Carlos García Saade, anunció una auditoría financiera con un equipo externo para conocer el destino de los $72 millones que el partido político han recibido en los últimos 10 años luego de que descubrieran que parte de la deuda de más de $7 millones que dejaron dirigencias anteriores «es una deuda ficticia». «Empezamos a ver cosas extrañas», dijo.

Política | «No solo que se haga con los Coenas anteriores, sino con el Coena actual», responde la diputada Marcela Villatoro, sobre la auditoría que anunció Arena a $72 millones de financiamiento recibido por el partido político.

«Toda búsqueda de transparencia es bueno, es la forma de que la gente conozca dónde han ido estos fondos, al final, son fondos de la deuda (política), que son fondos públicos y la gente debe conocer cuál es el destino de ellos», dijo Villatoro.

La diputada de Arena dijo que toda búsqueda de transparencia es buena para que la gente conozca dónde van a parar los fondos que ha recibido el partido de derecha.

Según Acción Ciudadana, los partidos políticos han recibido $160 millones en financiamiento público y privado durante las últimas dos décadas, de los cuales solo Arena ha recibido al menos $72.6 millones, más de la mitad del total.