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El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), aseveró este martes que la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo en El Salvador “no ayuda a consolidar la imagen de un país con certidumbre jurídica”, ya que la versión salvadoreña se parece a las versiones aprobadas en “dictaduras como Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

“La imagen internacional es que este tipo de leyes la tienen dictaduras, eso no ayuda a la imagen que El Salvador está tratando de promover”, fueron sus palabras, en el programa “Las cosas como son”.

El analista sostuvo que “hubiera sido mejor revisar realmente quiénes están funcionando como de verdad grupos de desestabilización política y atacar ahí”, pero insistió en que la normativa afectará la marca país que el país ha construido con la seguridad. “Eso es lo triste de esto”, dijo.

Según Acevedo “es cierto que hay países democráticos” como Alemania y Canadá que “cobran un impuesto a fondos del exterior que vienen a financiar actividades políticas internas” que se regula en leyes de impuesto sobre la renta. Pero advirtió que son otros países que han usado estas leyes como “un instrumento para controlar a la oposición bajo el argumento de que desestabilizan”. Por ello, para Acevedo, la ley aprobada en El Salvador no deviene de “un referente de un país democrático ni siquiera la de Estados Unidos”.

El expresidente del BCR ve consecuencias económicas de la normativa a raíz de la imagen de país. “La nueva imagen que está construyendo el país se empaña y eso tiene consecuencias en la inversión extranjera directa, yo creo que sí (se vería afectada), este tipo de leyes no lanza la señal de que haya una buena institucionalidad democrática. A la inversión extranjera la certidumbre jurídica, no ayuda a consolidar la imagen de un país con certidumbre jurídica”.

“Lo que estás haciendo con una mano, con la otra lo estás empañando”, expresó.

“Un gobierno poco tolerante a la crítica es que te dice prácticamente cualquier actividad de sociedad te desestabiliza, ese tipo de cosas no la tiene ninguna disposición en países democráticos, eso lo tiene justamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, dictaduras”.
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA) de 1938 obliga a “agentes de un principal extranjero” se registren ante el Departamento de Justicia y presente informes sobre la naturaleza de sus actividades, relaciones contractuales, ingresos y gastos, y la distribución de materiales informativos, aunque no prohíbe actividad política o de lobby en nombre de extranjeros.

La Corte Suprema de Justicia y distintos despachos jurídicos anunciaron el fallecimiento del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Dr. José Enrique Argumedo, este lunes en la tarde.

Nació en 1939, fue juez desde 1980 a 1986. En 1994 fue elegido como magistrado de la Sala de lo Constitucional, la primera conformación posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz. Posteriormente ejerció como Superintendente de Competencia y como presidente del Centro Nacional de Registros.

El departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) externó sus condolencias al describir el legado docente que deja en ese recinto académico.

«El Dr. Argumedo fue Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas en distintos periodos. Su vínculo con nuestro Departamento inició en 1988, convirtiéndose en uno de los pioneros en la enseñanza del Derecho en la UCA», dice la publicación que entre sus legados destaca el programa «Ventana Jurídica» que aún está al aire en la emisora universitaria.

Argumedo también se desempeñó como columnista de periódicos salvadoreños, entre ellos, Diario El Mundo.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) emitió la noche del lunes un comunicado en el cual rechazan la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo.

La normativa, que faculta el control de las finanzas y las actividades sobre las organizaciones que reciben fondos extranjeros, es destacada como positiva por el gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa debido a que crea un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas del extranjero, con ciertas exclusiones que serán decididas por el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

En el comunicado titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», el CSU de la UES expresó su «preocupación» sobre acontecimientos que, indica, «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales».

Consideró que la Ley de Agentes Extranjeros «constituye una clara restricción o limitación al derecho ciudadano a la solidaridad internacional y al de asociarse libremente» y que «impactará negativamente» a la población.

«Decreto que es constitutivo de una amenaza vedada en contra de la existencia de las mismas organizaciones, ya que su inscripción o vigencia queda a discreción de los funcionarios del gobierno», indicó en el comunicado.

La máxima autoridad de la UES agregó que en la ley «se encuentran disposiciones penales en blanco que discrecionalmente podrán activarse» en contra de las organizaciones no gubernamentales.

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La UES, que también consideró que habrá repercusiones «en las necesidades básicas de las comunidades que no son atendidas por el Estado», reiteró su preocupación por las recientes detenciones «de varios actores sociales, profesionales y empresarios» y el «cada vez más frecuente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública» en las manifestaciones.

El 22 de mayo, la UES condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

Esta vez, el Consejo Superior Universitario agrega la preocupación de las detenciones de «empresarios», en referencia a los 16 transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas.

Comunicado oficial del Consejo Superior de la UES

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, ante el incremento de acciones punitivas impulsadas por el Gobierno, manifiesta públicamente su posición a través del siguiente comunicado pic.twitter.com/IXygSctZbo

— Universidad de El Salvador – UES (@UESoficial) May 27, 2025

La empresa pública Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) destinará un préstamo de $150 millones que le otorgará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial, en el cual el Estado salvadoreño será el garante, en desarrollar una planta geotérmica, construir pozos y crear un Centro de Excelencia Geotérmica.

En el Centro de Excelencia Geotérmica, explicó el Ministerio de Hacienda a los diputados, capacitarán a estudiantes y profesionales sobre la energía geotérmica.

Los diputados aprobaron un dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda pueda firmar un contrato de garantía que respalde el crédito.

El proyecto tiene cuatro componentes:

1. Perforación de pozos para confirmar los recursos geotérmicos.

Se perforarían «hasta 8 pozos profundos de tamaño estándar en el campo geotérmico de Chinameca». Los pozos servirán, según Hacienda, para confirmar la extensión de la capacidad geotérmica de las zonas de producción y aumentar la producción de vapor, e «integrar o devolver el agua geotérmica a la zona profunda del campo».

2. Inversión en capacidad de generación de energía eléctrica geotérmica

Hacienda indicó que se construiría «una central geotérmica en el Campo Geotérmico de Chinameca de hasta 25 megavatios eléctricos (Central Eléctrica de Chinameca)», un sistema de recopilación de vapor o red de tuberías de acero para transportar el vapor desde los pozos hacia la central eléctrica de Chinameca, y la conexión de la central a la subestación eléctrica «a fin de conectar la planta a la red nacional de transmisión eléctrica».

3. Programas sociales y ambientales y apoyo al Centro de Excelencia en Geotermia

Con los fondos del préstamo, buscan apoyar «programas sociales e inversiones que generen oportunidades económicas locales en las comunidades cercanas a la central», así como realizar «estudios para respaldar la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica para capacitar a estudiantes y profesionales en temática relacionada a la industria geotérmica y otros sectores afines».

Este componente también incluye «actividades de divulgación para concientizar sobre las aplicaciones potenciales del calor geotérmico para actividades productivas».

4. Asistencia técnica y apoyo a la implementación de proyectos

Los fondos del préstamo también incluyen «la contratación de personal experto para brindar asistencia técnica y apoyar las tareas de gestión y supervisión del proyecto y la auditoría externa».

Con los fondos, la CEL busca un mayor desarrollo de la capacidad de energía renovable en el campo de Chinameca en el futuro, facilitar el uso de la energía geotérmica para usos productivos, el suministro de electricidad más resiliente y sostenible a precios más bajos y más estables, y el aumento de potencial para el suministro de energía limpia.

La garantía de los fondos se aprobaría en la sesión plenaria del jueves.

El coordinador del Estado de la Región 2024, Alberto Mora, explicó que la región de Centroamérica y República Dominicana se enfrenta a dos grandes disyuntivas referidas a la democracia y a la integración regional para enfrentar desafíos sobre el narcotráfico, crimen organizado, cambio climático y otros para lograr «hacer eco» en espacios internacionales.

“O fortalecemos la democracia y apostamos por el uso de las herramientas que la democracia nos ofrece para lograr reconciliar estas expectativas de la gente con el quehacer del Estado, o profundizamos la deriva autocrática y el deterioro de los derechos y libertades fundamentales para la población. Esta es una disyuntiva», resumió la primera disyuntiva, en una entrevista de Telecorporación Salvadoreña.

Se basó en que en la región hay una «deriva autoritaria» que «ha coincidido con actitudes de la población que no son favorables a la democracia”, lo cual se debe a que la población no ha visto mejoras significativas en sus condiciones de vida y está «claramente descontenta» con los beneficios del Estado y de las políticas públicas.

“La democracia tiene en la base la búsqueda del bien común y, cuando eso no se logra, el sistema se erosiona y pierde legitimidad de cara a la luz de las necesidades y de las expectativas de la población”, indicó.

Planteó que si la deriva autocrática no coincidiera con actitudes de la población habría un contrapeso, pero advirtió que la mayoría de la población «se ubica en posiciones “ambivalentes o escépticas”, que apoyan la democracia pero respaldarían la concentración de poder a una persona fuerte con tal de que le resuelva los problemas.

La segunda disyuntiva tiene que ver con la integración regional.

“La disyuntiva es: fortalecer el proceso de integración regional», o, en contraposición, «que cada país pueda por separado gestionar su relación con las grandes potencias y hacer frente a este contexto internacional de manera desarticulada y profundizar la desarticulación regional que pudiéramos tener”.

Mora señaló que la región está en su «peor momento del proceso de integración regional desde 1991» y que es necesaria una «acción coordinada, conjunta», no solo para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el cambio climático, «sino para hacer eco en espacios internacionales», ante realidades como el recorte de la cooperación y la volatilidad en las condiciones para el comercio, situaciones que ponen a países a los países de Centroamérica en una situación vulnerable.

El coordinador de Estado de la Región reiteró que el informe Estado de la Región detectó los retrocesos más significativos en Nicaragua y en El Salvador. «En Nicaragua en materia institucional y política se encuentra hoy en una situación como la que vivía en el momento de la dictadura somocista», expresó.

“¿Por qué es importante en una democracia? Porque la independencia entre los poderes del Estado lo que permite es el riesgo de abuso del poder. Cuando en los países esto no existe, las posibilidades de intromisión indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial, en la administración de justicia, en el Congreso y demás instituciones de control, es muy alto y en algunos casos como Nicaragua, es un control absoluto del Estado. Y ello ha ido acompañado de una restricción importante en las libertades y derecho de la ciudadanía, fundamentalmente en el ejercicio de la libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de asociación”, indicó.

En el caso de El Salvador, dijo, «es un país donde los principales retrocesos durante los últimos años han sido en materia político institucional». «De acuerdo a indicadores de The Economist y Variedades de la Democracia, El Salvador es hoy una dictadura, es una autocracia y ello ha implicado la limitación de libertades, la libertad de expresión y el régimen de excepción ha implicado limitaciones en las libertades y derechos», señaló.

Mora también hizo ver la afectación del cambio climático en la región: «La afectación que ya están teniendo como producto del cambio climático, sequías pero también las lluvias intensas es algo que está poniendo en grave riesgo no solo la infraestructura sino también la producción de energía hidroeléctrica y la agricultura, que es significativa en territorios rurales e indígenas donde desarrolla con el propósito de autoconsumo y acá el riesgo de inseguridad alimentaria nutricional para la población en esos territorios».

El congresista estadounidense Glenn Ivey, demócrata, se refirió el lunes a la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal arrestada el domingo 18 de mayo al ser acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

«Es coincidente que ella fuera arrestada pocos días antes de nuestra llegada. Pero es importante asegurarse de que se respeten sus derechos y también los derechos de otras personas», afirmó durante una conferencia de prensa en la cual lamentó no haberse reunido con el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado a El Salvador y quien estaría en la penitenciaría de Santa Ana.

Chris Newman, abogado de Ábrego García e integrante de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, manifestó que monitorearán también caso de Ruth López. «Viendo lo que pasa y ella debe recibir sus derechos», indicó.

El congresista de Maryland, quien visitó El Salvador del viernes al lunes, destacó que, además de Ábrego, «hay al menos 50 venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos a El Salvador y están en prisión aquí (en El Salvador) bajo un contrato con Estados Unidos» sin que tuvieran un estatus ilegal, citando el hallazgo de un estudio de CATO Institute.

Desde marzo, Estados Unidos ha deportado a 266 venezolanos y 23 salvadoreños a El Salvador, que inmediatamente fueron recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«Tenían derecho a estar allí (Estados Unidos), así que no estaban violando ninguna ley al estar en Estados Unidos, no habían cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Venezuela. Así que están detenidos incluso cuando no han cometido ningún delito, no han violado ninguna ley, ni hecho nada ilegal, y están siendo retenidos indefinidamente. Así que estamos presionando también en ese caso, que también está en los tribunales en Estados Unidos», indicó sobre la investigación de CATO Institute.

Según el congresista, «todos deberían tener el derecho a recibir visitas cuando están en la cárcel» de familias y abogados. Recordó que cuando él era fiscal los detenidos podían comunicarse con sus abogados y familias aunque las conversaciones eran grabadas para asegurarse de que no se facilitara una actividad delictiva.

Advirtió que los procesos o caso penales contra dichos detenidos «no están en El Salvador sino en Estados Unidos».

El abogado de Ábrego García manifestó que, para él su cliente no es «deportado», ya que, de lo contrario, estaría libre.

«Quiero aclarar algo, Kilmar García no es un deportado. Si fuera deportado estaría aquí sentado con nosotros. Está encarcelado, secuestrado bajo quién sabe qué tipo de ley, qué tipo de acusación».
Chris Newman, abogado de Kilmar Ábrego García.

Insistió en que quieren la prueba de vida de Ábrego García. «No hemos escuchado nada de él desde el 17 de este mes. Queremos saber dónde está. No sabemos si todavía está en Santa Ana o si está en otro lugar. Queremos acceso al señor Ábrego García para que él pueda recibir servicios legales», indicó.

Públicamente Ábrego García ha sido acusado públicamente por la Casa Blanca y la Fiscalía estadounidense de ser miembro de la pandilla MS-13, a raíz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo fichó como miembro de la MS-13.

La Corte Suprema ha frenado las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador tras una demanda.

El salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien acompañó al congresista Ivey, manifestó que «sea de Venezuela, de Haití de El Salvador, sea de donde sea, todo mundo debe tener el derecho básico de una audiencia de vida».

«Yo sé que van a haber personas que van a decir 'Oh, ahí están los defensores de los pandilleros'. Así van a decir de nosotros. Quiero aclarar bien, aquí estamos defendiendo los derechos de los inocentes».
Jaime Contreras, vicepresidente de SEIU, quien acompañó al congresista en El Salvador.

El congresista demócrata del estado de Maryland, Glenn Ivey, finalizó este lunes su visita a El Salvador sin poderse reunir con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posteriormente un centro penal de Santa Ana.

“Vamos a mantener la presión hasta que eso suceda”, había insistido antes de iniciar su viaje en medios de comunicación estadounidenses.

Políticos demócratas estadounidenses buscan presionar a la administración Trump para que cumpla con órdenes judiciales de la Corte Suprema y del Cuarto Circuito de Apelaciones, de hacer los esfuerzos por retornar a Ábrego García a Maryland, Estados Unidos luego de haber sido deportado por error.

Ellos reclaman que Ábrego García y otros deportados no han enfrentado una audiencia ante un tribunal para estar presos en El Salvador.

Por el caso de Kilmar Ábrego, que se ha convertido en el símbolo de esta polémica, han realizado visitas a El Salvador los congresistas demócratas Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter, y el senador Chris Van Hollen (Maryland), quien sí logró reunirse con Ábrego García luego de que el gobierno accediera a trasladarlo al hotel donde se encontraba el senador.

Este lunes, el congresista Ivey manifestó que hoy fueron a la prisión de Santa Ana y que en el lugar le hablaron a la gente de la puerta.

“No nos abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que volver a San Salvador. Es ridículo”, expresó.

El funcionario se quejó de que su visita ya había sido anunciada a través de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, con quien se reunió una semana atrás, y que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan.

Según el congresista, gestionaron reuniones con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con varios funcionarios salvadoreños, “dentro de los ministerios”, pero tampoco se logró.

Ivey dijo que fue fiscal en Estados Unidos, que todas las personas “deberían tener derecho a recibir visitar cuando están en prisión”, y que la “única disposición era que, al comunicarse con las familias, las conversaciones se grababan para evitar cualquier actividad delictiva”.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen de reforma a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que faculta al superintendente de Regulación Sanitaria a crear la política nacional farmacéutica en El Salvador y para incluir la Defensoría del Consumidor en el Consejo de la Superintendencia.

Jessica Durán, secretaria general de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sugirió algunos cambios para agregar en su facultad de efectuar “pruebas de control de calidad a productos objeto de regulación” la frase: “siempre y cuando no incluyan experimentación con animales y humanos”.

“Resulta necesario ya que fortalece las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y eso nos permite continuar dando servicios de manera óptima”.
Jessica Durán, secretaria general de la SRS.

Con la reforma se genera la competencia legal para que El Salvador cuente con un “hub” o análisis de control de calidad para los países de la región.

La reforma agrega la obligación de colaborar con la Superintendencia para “toda persona natural o jurídica, pública o privada” y facultar al superintendente “la fijación de remuneraciones, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios. De esta disposición se suprimieron “las dietas”.

La reforma establece la Superintendencia tendrá 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno. La secretaria argumentó que es necesario tener un “plazo razonable”, ya que se requiere “un tiempo de implementación”. Argumentó que el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas daba tres años a las instituciones pero que la Superintendencia inició labores el 7 de agosto de 2024 y “ya había transcurrido un año y cinco meses”.

Después de su exposición, el diputado presidente de la Comisión, Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, comentó que tiene estanques de «tipalia» y que consideraba que, «para poder exportar, esto va a ser mucho más práctico, más fácil, no va a ser como otros años atrás, que esto era bien tedioso».

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó este lunes, en un comunicado oficial, su respaldo a Nicolás Maduro, gobernante del régimen de Venezuela, luego de las elecciones legislativas del domingo en donde hubo baja participación electoral.

Venezuela desarrolló el domingo 25 de mayo elecciones de 285 diputaciones de la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años, desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2031, además de 260 legisladores regionales y 24 gobernadores.

La principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, lo consideró una derrota para el régimen de Maduro. Ella había exhortado a vaciar las calles a dejarlos “solos” por considerar ilegítimas las elecciones y, mientras el organismo electoral del oficialismo venezolano dice que la participación fue 42.6 %, la oposición señaló que más del 85 % de los venezolanos no votaron.

En el comunicado, el FMLN expresa que respaldan a las “instituciones legítimas del Estado venezolano”.

Según el FMLN, en estas elecciones se ratificó “el camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista”. “Acompañamos esta nueva victoria, que es también un triunfo de los pueblos que resistimos y de quienes creemos en un mundo multipolar, sin hegemonismos ni dominación extranjera”, indicó el partido de izquierda.

Estas son las primeras realizadas luego de los polémicos comicios del 28 de junio de 2024 de los que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no presenta actas electorales.

También, se dan luego de una tensión política y electoral que acompaña arrestos de decenas de opositores.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reciben este lunes la presentación de los 46 programas que componen el Plan General de Elecciones de 2027, conocido como Plagel 2027, informó la institución en redes sociales.

El TSE explicó que este es el tercer documento en torno al próximo proceso electoral, después del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el calendario electoral.

Los magistrados aún no han aprobado el Plan. La presentación del documento a los magistrados “permitirá un análisis detallado de cada programa para su posterior aprobación”, indicó el TSE.

Las elecciones de diputados y alcaldes para el periodo 2027-2030 se realizarán el 28 de febrero de 2027.

La comisión que elaboró el PLAGEL está conformada por jefes técnicos, entre ellos Ignacio Villagrán, jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), quien fue calificado como inexperto por el exmagistrado Guillermo Wellman y el principal señalado de las fallas en las elecciones de 2024.

En junio próximo, el TSE iniciará la redacción de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y las empresas auditoras del mismo. En 2024, la formulación de los términos de referencia y consiguiente cambio en los mismos generó polémica sobre la contratación.