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La comunidad LGTBI de El Salvador reiteró este sábado su llamado a erradicar todos los tipos de discriminación, en momentos en que en el país centroamericano «existe un retroceso» en la garantía de derechos humanos, expresó.

Alrededor de 100 personas se concentraron en el parque Cuscatlán, en San Salvador, para movilizarse hasta la plaza Salvador del Mundo en el marco del Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.

La marcha, que estuvo bajo la vigilancia de agentes de la Unidad del Mantenimiento de Orden (OMU), concluyó sin altercados y con múltiples exigencias al Gobierno salvadoreño.

Aranza Santos, una mujer trans integrante de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, reclamó derechos en los «contextos adversos que se están viviendo» porque es «una obligación que todos los ciudadanos tenemos, aunque se nos estigmatice».

«No le hablamos a un gobierno, porque lamentablemente todos los gobiernos hasta el actual, no nos han dado una respuesta, una respuesta clara, una respuesta que venga a erradicar todos aquellos tipos de discriminación, estigma y violencia hacia la población LGTBI en El Salvador», dijo en declaraciones a EFE.

Hizo un llamado a la comunidad internacional a «que esté observando todos los cambios abruptos que hay en temas de seguridad pública hacia las personas LGTBI en El Salvador».

«En el contexto que nos encontramos todas las luchas son necesarias. Nos sumamos porque todo lo que está pasando a nivel nacional es un contexto transversal. Nos está afectando el tema de la ley de minería, las personas desaparecidas, la pobreza (…) todos estos temas nos atraviesan como personas LGTBIQ+», manifestó Santos.

Organizaciones de mujeres trans y que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador advirtieron el viernes que la Ley de Agentes Extranjeros, propuesta por el presidente Nayib Bukele, «provocará» una «cacería de brujas» contra miembros de oenegés de la sociedad civil.

El presidente Bukele anunció esta semana que enviaría a la Asamblea Legislativa una Ley de Agentes Extranjeros para poner un impuesto del 30 % a las donaciones de las organizaciones sociales.

Una ley similar fue propuesta en 2021, la cual no se llegó a aprobar, pero el impuesto para las ONG era del 40 % a sus ingresos.

El gobierno salvadoreño a través de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) ofrecerá 30 becas para empleados públicos para que cursen una maestría en políticas públicas con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

La Vicepresidencia de la República informó el viernes que el vicemandatario salvadoreño, Félix Ulloa, firmó un acuerdo con el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra, para concretar la implementación de «programas de formación» con dicha institución.

Como parte del acuerdo, el gobierno ofrecerá 30 becas completas para que «profesionales del sector público» se capaciten sobre políticas públicas, ante la necesidad de tener profesionales «con habilidades y conocimientos de vanguardia para enfrentar los desafíos actuales del país».

La maestría estaría capacitando a los empelados públicos en el desarrollo de competencias transdisciplinarias; formulación, implementación y evaluación de políticas públicas; promoción del uso de tecnologías; toma de decisiones informadas; análisis cuantitativo y cualitativo; economía aplicada y prospectiva estratégica.

El acuerdo también incluye que el Tecnológico de Monterrey dé acompañamiento en el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE), además de programas de intercambio y pasantías para estudiantes nacionales. Asimismo, se permitiría a El Salvador el uso de tres herramientas de inteligencia artificial que ha desarrollado el Tecnológico.

La Vicepresidencia aseguró que durante la visita del presidente Ulloa, se «establecieron importantes líneas de acción» para que la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública sea «un referente en formación» de la gestión pública.

El Salvador y República Dominicana firmaron el viernes un acuerdo que les permite compartir perfiles delictivos de potenciales delincuentes que pretendan huir desde El Salvador hacia la isla caribeña de República Dominicana para evitar condenas por sus delitos.

La ministra del Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, reveló el viernes que firmó un acuerdo de entendimiento con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para compartir perfiles delictivos entre ambas naciones.

La ministra Raful explicó que la importancia de este convenio es que les permitirá conocer el perfil de las personas que El Salvador ha señalado con advertencias de «estar en conflicto con la ley» o de atentar contra la seguridad de otras naciones.

«Nosotros acabamos de firmar en estos momentos un acuerdo de entendimiento con el ministro Villatoro… sobre todo en materia de perfiles delictivos. Para nosotros en República Dominicana poder tener un mayor conocimiento acerca de los perfiles…(que) la República de El Salvador, ha señalado como personas que pueden atentar o pueden o están en conflicto con la ley y pueden a intentar contra la seguridad de otro país».

Faride Raful, ministra del Interior y Policía de República Dominicana.

La ministra señaló que ciertos grupos delincuenciales buscan «eludir la persecución de sus crímenes» migrando a otras naciones para esconderse de las autoridades correspondientes y aseguró que con este acuerdo se permitirá que puedan alertar al gobierno cuando ingresen personas que sean buscadas por la justicia salvadoreña.

Con la firma de este acuerdo podrían «notificar inmediatamente a las autoridades» salvadoreñas sobre algún prófugo que pretenda esconderse en la isla y que sus crímenes sean juzgados en el lugar correspondiente.

La funcionaria dominicana aseguró a medios de comunicación salvadoreños que el gobierno está contemplando reformas a varios de sus instrumentos normativos, en ese sentido, indicó que en los próximos días se presentará una nueva ley de policía.

En ese sentido, Raful afirmó que el gobierno salvadoreño no ha ofrecido su ayuda para asesorarlos sobre posibles reformas a implementar aunque aseveró que están «abiertos» a ver de qué otras formas pueden seguir colaborando bilateralmente.

La ministra Raful se reunió el viernes con el ministro Villatoro; con el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy y con el fiscal general, Rodolfo Delgado. Además, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La Dirección de Integración, una entidad estatal que busca implementar programas sociales para disminuir y prevenir la violencia y la pobreza en El Salvador, contratará una empresa que le provea de profesionales como médicos, abogados, docentes y fisioterapistas.

La Dirección de Integración es una institución descentralizada del Estado que fue creada para trabajar con «diferentes actores de la sociedad» como niños, jóvenes y adultos mayores para lograr una «mejor integración en la sociedad».

Ahora está buscando la contratación de servicios profesionales para fortalecer la fase 6 del Plan Control Territorial por hasta $2,233,578.90, según la oferta de compra promovida en la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros).

La Dirección contratará el servicio completo pero tiene la libertad de contratar individualmente cada ítem con diferentes proveedores del servicio.

Los servicios requerirán la contratación de profesionales en cada área, destinando los mayores presupuestos a arte y cultura, por $509,119.59; y escuelas integradoras, $289,825.20.

La contratación del servicio de docentes suma $129,286, y la contratación de médicos, abogados y trabajadores sociales suma $96,163.20, los menores montos.

La Dirección también busca contratar técnicos de territorio por $289,825.20, técnicos de programa por $264,287.42 y personal del área deportiva, por $169,999.62. Así mismo, motoristas, por $232,000.

La Dirección despliega el personal para realizar actividades en diferentes comunidades del país, esto incluye dar consultas de medicina general, psicología, trabajo social, asesoría legal, optometría, llevar actividades de arte, cultura y deporte, actividades de Lenguaje, Matemáticas e Historia de El Salvador, capacitación laboral y en tecnología. La Dirección ha agrupado estas actividades en programas con diferentes nombres, como Ferias Integra, Festival Integrador, Mundo del Arte y Entretenimiento, Escuelas Integradoras, entre otros.

Así, la Dirección ha detallado que requiere para estos programas «la contratación de los siguientes profesionales»: profesionales para el área de salud, asesoría legal y trabajo social, como en medicina general, enfermería, masajistas clínicos, fisioterapeutas, abogados y trabajadores sociales.

A estos se suman maestros de artes plásticas, música, canto, danza; docentes de lenguaje, inglés, matemática e historia de El Salvador, árbitros, profesores de fútbol, baloncesto, profesores de karate, informática, artes visuales, deporte, inglés, entre otros.

Sin embargo, la contratación no será directa, ya que esta oficina está buscando contratar a una empresa «en la gestión de servicios integrales» que provea este personal en las zonas occidental, central, paracentral y oriental del país, abarcando los 44 municipios y los 262 distritos de El Salvador.

La Dirección posee un presupuesto anual de $16.2 millones.

Nueve organizaciones entre ellas Amnistía Internacional pidieron al gobierno salvadoreño liberar «inmediatamente» a las personas detenidas «solo por ejercer sus derechos» a manifestarse, investigar la muerte del empresario de transporte que se encontraba detenido y desistir de cualquier intento legislativo por sancionar a las organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones que firmaron el pronunciamiento son, además de Amnistía Internacional: Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IM-Defensora, Latin American Working Group (LAWG), OMCT, PRODESC, Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

En el comunicado, las organizaciones aseguran que 16 transportistas han sido detenidos detenidos por el gobierno de El Salvador «sin una base fáctica clara o sustento legal» y advierten que la muerte de uno de los transportistas detenidos ocurrió en el contexto de «denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura» durante el régimen de excepción, por lo que piden investigarla.

El pronunciamiento critica el despliegue por primera vez de la Policía Militar para «reprimir» la protesta de 300 familias de la comunidad El Bosque, en el municipio de Santa Tecla, con la captura del ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, a quienes las organizaciones internacionales pidieron liberar.

Puede leer: ¿Qué dijo Nayib Bukele sobre la cooperativa El Bosque, PROYIN y el pago de la deuda?

«La instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población. Gobernar no debe ser sinónimo de reprimir», manifestaron.

Según Amnistía Internacional, la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros sería «un grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos» así como implicaría afectar el derecho a la libertad de asociación.

«Todas estas son áreas (espacio cívico, derecho a la libertad de asociación, derechos económicos y sociales) en los que los gobiernos deben enfocarse y en las que el presidente Bukele en particular pretende erigirse como un buen ejemplo en la región, pero, en su lugar, hace justamente todo lo contrario”.
Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.

El 12 de mayo se conoció que Roberto Jaco, uno de los 16 transportistas detenidos por presuntamente negarse a prestar servicio de transporte gratuito ordenado por el gobierno, murió mientras estaba en las bartolinas del 911 de Santa Ana, informaron dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte.

Así mismo, el gobierno ordenó la captura de dos personas vinculadas a la manifestación cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele contra el desalojo de habitantes asociados a la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, contra una orden de desalojo debido a un reclamo del propietario de PROYIN, S.A. de C.V., quien supuestamente les prestó servicios. Como respuesta, el presidente Bukele prometió la aprobación de un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales para resolver la situación de la comunidad El Bosque.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) habilitará este sábado trámites para obtener o renovar Documentos Únicos de Identidad (DUI) en 17 ciudades de Estados Unidos y en una ciudad de Italia.

Además, la próxima semana se realizarán dos ferias de identidad en Bélgica y Alemania.

En Bruselas, Bélgica, se realizarán otras jornadas los días 19 y 20 de mayo de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la dirección siguiente: Rue de la Science 14A, 1040 Etterbeek.

Además, en Berlín, Alemania, se anunció que realizarán trámites los días 22 y 23 de mayo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el Hessische StraBe 11 10115, Berlín.

Los salvadoreños pueden realizar cuatro trámites: emisiones por primera vez, renovaciones, reposiciones y actualizaciones de información. En el exterior, el trámite del DUI tiene un costo de $35.

Las ciudades con trámites habilitados para DUI este sábado 17 de mayo son:

• Omaha, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el 11422 Miracle Hills Drive, Suite 205.
• Indianápolis, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el centro de Avivamiento de Casa de Dios y Luz para las Naciones, 2447 W 14th St. Indianápolis, IN 46222.
• Bowling Green, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 707 East Main Ave, Bowling Green.
• San Bernardino, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 3505 Highland ave Ste C. Highland.
• Chambersburg, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el 230 Mt. Moriah St. Chanbersburg 17201.
• Conway, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en el 259 Landmark Rd. Conway SC 29527.
• Reno, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el 1155 W 4th St. 222 Reno.
• Central Falls, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 580 Broad St. Central Falls.
• Homestead, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 29264 SW 159 th Ct. Homestead 33033.
• Olympia, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 2903 Pacific ave. SE 104 Olympia, WA 98501.
• Woodbrige, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el 14517 Potomac, Mills Road.
• Los Ángeles, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el 3250 Wilshire Blvd. 550.
• Dallas, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el 76010 N Stemmons Fwy, suit 400, Dallas, 75247.
• San Francisco, Estados Unidos. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el 500 Golden Gate ave, San Francisco, 94102.
• Doral, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el 8550 NW 33rd St. sUITE 100, Doral 33122.
• Saint Paul, Estados Unidos. De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el 60 plato Blvd. East, suite 150, Saint Paul 55107.
• Aurora, Estados Unidos.De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el 1450 Havana Suite 110 Aurora, Colorado 80012.
• Milán, Italia.De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Piazza Santa Maria Beltrade, 2, 20123 Milano.

El congresista demócrata Robert García cuestionó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre el cumplimiento del debido proceso para Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano deportado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

“Es una pregunta que es mejor hacerle al presidente y al gobierno de El Salvador”, respondió Noem a la pregunta del congresista de California a la pregunta sobre el estado físico actual del venezolano.

El cuestionamiento se dio en una audiencia celebrada el 14 de mayo en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

García primero se refirió al compromiso con la Constitución estadounidense y señaló que ninguna persona debe ser privada de la vida, de la libertad o la propiedad sin un debido proceso de ley. La secretaria estuvo de acuerdo.

Mencionó que quizás al gobierno “no le gusten” los tatuajes o cómo vota alguien pero que “si no puedes ver a un juez, nadie te puede proteger”. “Y aparentemente ni siquiera la Corte Suprema importa realmente cuando se trata del caso de Kilmar García”, expresó. El video fue publicado por el político demócrata en su cuenta de X.

El CECOT

“Pero recordemos que no solo estamos deportando personas, estamos enviando a algunas de ellas a encerrarse en una de las prisiones más peligrosas del mundo”, le expresó, en referencia al CECOT.

Luego, le mencionó el caso de Andry Hernández Romero. “El gobierno de EEUU le dio su cita de asilo, él viene a su cita, pasa una entrevista de miedo increíble. Él solicitó asilo, eso fue legal y luego lo enviamos a una prisión peligrosa fuera de la frontera sin el debido proceso. Hay afirmaciones sobre sus tatuajes, tiene los nombres de sus padres en sus tatuajes y dos coronas que se relacionan con un festival en su ciudad natal”, relató.

Relató que solicitó al embajador de EE.UU. en El Salvador, William Duncan, una prueba de vida de Andry: “No ha tenido acceso a abogados ni a familiares desde que fue secuestrado hace más de un mes. Nadie sabe si está vivo. Su madre solo quiere saber si está vivo. ¿Podemos hacerle una prueba de vida a Andry solo para ver si está vivo?”, le preguntó. La secretaria Noem le respondió que el gobierno estadounidense usa las herramientas que el Congreso les dio para aplicar el debido proceso.

“Señor congresista, estamos utilizando las herramientas que el Congreso nos ha dado para aplicar el debido proceso a los individuos. Así que estamos haciendo eso para cada persona y nos estamos asegurando de seguir lo que nos ha dado en cuanto a orientación y cómo deben implementarse las cosas”, indicó la secretaria de Seguridad Nacional de Trump.

El congresista demócrata insistió: “¿Te comprometerías a avisarle a su madre, de madre a madre, si Andry está vivo?”. “¿Podemos revisarlo y hacerle un chequeo de bienestar?”

La secretaria Noem le respondió: “Nuestras solicitudes de asilo son diferentes a la concesión de asilo y no conozco los detalles de este caso individual, este individuo está en El Salvador y la mejor manera de apelar esto sería dirigirse al presidente y al gobierno de El Salvador”. Le reiteró que no está bajo su jurisdicción.

El congresista se volvió a referir al CECOT, la megacárcel que construyó el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: “Usted ha dicho que CECOT en El Salvador es una de las herramientas de la caja de herramientas que ustedes tienen… ¿Te comprometerías al menos a buscar y preguntarle a El Salvador si está vivo?”.

“Esta es una pregunta que es mejor hacerle al presidente y al gobierno de El Salvador”, respondió la secretaria Noem.

El congresista calificó de “vergonzoso” no preguntar si Hernández Romero está vivo.

El 21 de abril pasado, García visitó El Salvador en un grupo de cuatro congresistas demócratas que pidieron a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador “pruebas de vida” del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Hernández Romero, ambos deportados el 15 de marzo de Estados Unidos a El Salvador.

El tema se ha vuelto una controversia en los Estados Unidos, ya que la administración Trump arrancó con órdenes ejecutivas contra la migración irregular en los Estados Unidos y declarando organizaciones terroristas a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13.

Además, la Secretaría de Seguridad Nacional ha promocionado el CECOT como el lugar en donde podrían terminar los migrantes irregulares que llegan a delinquir a los Estados Unidos.

«Ahora permítanme darle un mensaje claro al mundo de parte del presidente Trump: Si eres un extranjero criminal considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos ni lo pienses. Si vienes aquí a violar nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos», indica la funcionaria estadounidense en un video publicitario divulgado en YouTube.

El 8 de abril, Noem aseguró que continuarán usando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar masivamente a personas que consideren miembros de organizaciones terroristas.

Luego de su visita al CECOT, Noem escribió en X: «Recorrí el CECOT, Centro de Contención del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña».

La nueva representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres en El Salvador, Lourdes González-Prieto, presentó el miércoles sus cartas credenciales ante la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

González-Prieto viene a sustituir en el cargo a Miriam Bandes, quien fue transferida a otra oficina regional.

La cuenta oficial de ONU Mujeres informó que González-Prieto entregó sus credenciales a Hill Tinoco, quien sostuvo que El Salvador «está creciendo y las mujeres no se van a quedar atrás».

Mientras tanto, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, Raúl Salazar, aseguró que la integración de González-Prieto renueva el impulso por «la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres».

«El país está creciendo y las mujeres no se van a quedar atrás».

Alexandra Hill Tinoco, canciller.

González-Prieto se describe a sí misma en sus redes sociales como creyente de la democracia y de los derechos humanos, se califica como feminista y «convencida de la igualdad entre todas las personas» y se declara «comprometida con la promoción y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y niñas».

Ha trabajado como directora país para El Salvador y Guatemala en la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), ha laborado con la organización IDEA Internacional, fue directora de Asuntos Políticos Internacionales del Instituto Federal Electoral de México y ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En marzo de este año, ONU Mujeres de El Salvador hizo oficial que la entonces representante Miriam Bandes sería asignada a otra oficina de la región, por lo que dejaría su cargo en El Salvador.

La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) le entregó un reconocimiento por su apoyo. Ese mismo mes, González-Prieto hizo público que asumiría el cargo que dejaba Bandes.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó este viernes que ella y su equipo se reunieron con las familias de la Cooperativa El Bosque para trabajar en la problemática que rodea a las familias amenazadas por un desalojo ordenado por un tribunal laboral debido a una demanda de Luis Antonio Palomo Urbina, propietario de Proyin, S.A. de C.V.

«Nos reunimos con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un mensaje de apoyo y tranquilidad. Hemos formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de la mano con otras instituciones y con las familias», publicó Sol.

Son unas 300 familias de la Cooperativa El Bosque, en el Triunfo, en Santa Tecla, que el pasado 7 de mayo recibieron notificación de desalojo de sus viviendas si no se retiran el 22 de mayo a las 9:00 de la mañana por orden del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

Las familias acusan de estafa a Palomo Urbina, con quien firmaron un contrato con el cual buscaban resolver una deuda que arrastraban con el Banco Agrícola que finalmente fue pagada por la alcaldía de Santa Tecla a cambio de tierras.

«No es un caso fácil porque, como lo explicó nuestro Presidente Nayib Bukele, hay una serie de antecedentes y como muchas familias en el país fueron víctimas de un sistema de corrupción. Este es uno de los muchos casos que atenderemos y le daremos seguimiento», señaló la funcionaria.

El lunes 12 de mayo por la noche, un grupo de habitantes de la cooperativa El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad Sur, se manifestaban frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia presidencial, para exigir que el Gobierno interceda ante la orden de desalojo.

Bukele subrayó en un largo hilo en X que el caso «ya fue judicializado en 2008 con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor» y que «la persona que ganó el juicio», en referencia a Luis Antonio Palomo Urbina, «incluso fue acusada de estafa por el fiscal actual pero el acreedor volvió a ganar en todas las instancias penales».

Este 15 de mayo por la noche, Bukele publicó que la problemática de El Bosque no es la única en el país.

«Lastimosamente, sabemos que este caso de la comunidad El Bosque no es el único en nuestro país y nuestro deber como Gobierno es trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones para acceder a una vivienda, sin importar su situación. Sin embargo, no podemos solucionar los problemas basados en quién «grita» más fuerte», dijo.

El mandatario aprovechó para arremeter contra las oenegés a quien acusa de manipular a «gente humilde» y recalcó que impondrá impuestos a las ONG para resolver el problema entre la cooperativa El Bosque y Palomo Urbina.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró la noche del jueves que creará el impuesto a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para solucionar “de una vez por todas” el problema de desalojo que enfrenta la comunidad de la cooperativa El Bosque, que se enfrenta a una orden de desalojo del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla a favor de Proyin, S.A. de C.V.

«En este caso en específico y ya que las ONGs aseguran que están trabajando para ayudarles, vamos a poner un impuesto a las ONGs y con lo que recaudemos, solucionaremos de una vez por todas la situación de esta comunidad, y así las ONG podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente», expresó, sin detallar si la tasa del nuevo impuesto se mantendría en 30 %.

El martes 13 de mayo, Bukele anunció que revivirá la Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30 % a las ONG.

En un largo hilo en X sobre el inminente desalojo de la cooperativa El Bosque, cuyo presidente fue arrestado, Buekel acusó a los partidos FMLN y Arena de estafar a la cooperativa El Bosque por un acuerdo en el cual la alcaldía de Santa Tecla pagó una deuda de $366,613 que la cooperativa tenía con el Banco Agrícola a cambio de 197.07 manzanas de tierra.

El mandatario mencionó un Convenio de Cooperación Mutua firmado por el exalcalde Óscar Ortiz, del FMLN, y señaló que en la gestión del exalcalde Roberto d’Aubuisson, el 21 de octubre de 2013, la alcaldía de Santa Tecla “pagó los $366,613 al Banco Agrícola saldando por completo la deuda”. Lo calificó de “negociazo” ya que durante la gestión de Arena la alcaldía tecleña les exigió más tierra a la cooperativa porque “se tardaron en trasladar la propiedad”.

También, se refirió al conflicto que la cooperativa ha tenido con Luis Antonio Palomo Urbina, abogado y propietario de LM Lotificaciones, ahora Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (Proyin), a quien la cooperativa acusó de estafa y citó la resolución del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla que favorece a PROYIN en el caso y que ha desenlazado el desalojo de la cooperativa: “El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa, pago de $131,342 en concepto de capital, 12 % de interés anual acumulado desde el 1 de enero de 2008, 3 % de interés moratorio mensual, costas judiciales, autorización de transe o remate sobre los bienes si no se cumple el pago”, detalló el mandatario.

El lunes 12 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presidente de la cooperativa El Bosque y su asesor jurídico luego de una manifestación cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele contra el desalojo de la cooperativa, debido a que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla ordenó el desalojo por la deuda con PROYIN. Tienen como fecha límite el 22 de mayo.