Categoría: Politica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a los partidos FMLN y Arena de estafar a la cooperativa El Bosque debido a un acuerdo en el cual la alcaldía de Santa Tecla pagó la deuda que la cooperativa tenía con el Banco Agrícola a cambio de 197.07 manzanas de tierra.

El mandatario mencionó un Convenio de Cooperación Mutua firmado por el exalcalde Óscar Ortiz, del FMLN, y señaló que en la gestión del exalcalde Roberto d’Aubuisson, el 21 de octubre de 2013, la alcaldía de Santa Tecla «pagó los $366,613 al Banco Agrícola saldando por completo la deuda».

Lo calificó de «negociazo» ya que durante la gestión de Arena la alcaldía tecleña exigió más tierra a la cooperativa porque «se tardaron en trasladar la propiedad», señaló.

Bukele explicó que la cooperativa El Bosque había adquirido un préstamo con el Banco Agrícola para cultivar café pero no pudieron pagarlo por una plaga y la caída de los precios.

«La alcaldía de Santa Tecla se quedó con el 51.4 % de las tierras mientras que la cooperativa se quedaba luchando por retener el 46.8 % que aún le quedaba», expresó, sobre el señalamiento a ambos partidos de oposición.

¿Qué dijo Bukele sobre PROYIN?

El presidente también se refirió al conflicto que la cooperativa ha tenido con Luis Antonio Palomo Urbina, abogado y propietario de LM Lotificaciones, ahora Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (Proyin), a quien la cooperativa acusó de estafa, delito del que fue absuelto en 2022.

Bukele reveló que el Banco Agrícola «citó –a la cooperativa– a una reunión para llegar a un acuerdo» para pagar la deuda y que «ahí les presentaron a Luis Palomo».

«Les ofreció una salida técnica y con posibilidad de ganar dinero: medir, lotificar, vender y pagar», expresó el presidente de El Salvador en X.

El mandatario señaló que «firmaron un contrato formal para servicios de medición, parcelación y trámites» y que en el contrato con PROYIN se «especifica que la cooperativa pagaría a Palomo un porcentaje de los servicios» en efectivo y otro «mediante traspaso a favor de la sociedad».

Cuando relató el acuerdo con la alcaldía de Santa Tecla, el presidente advirtió que «el juicio con PROYIN no fue parte del trato». «Quedó pendiente», indicó el mandatario.

El gobernante también citó la resolución del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla que favorece a PROYIN en el caso y que ha desenlazado la orden judicial de desalojo de la cooperativa: «El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa, pago de $131,342 en concepto de capital, 12 % de interés anual acumulado desde el 1 de enero de 2008, 3 % de interés moratorio mensual, costas judiciales, autorización de transe o remate sobre los bienes si no se cumple el pago», detalló el mandatario.

El lunes 12 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presidente de la cooperativa El Bosque y su asesor jurídico luego de una manifestación cerca de la residencia del presidente contra el desalojo ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que resolvió a favor de PROYIN. Las familias tienen hasta el 22 de mayo para desalojar. El martes 13, Bukele anunció que revivirá la Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30 % a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para solucionar el problema de esta cooperativa.

Este jueves 15 de mayo, Bukele reiteró que crearán un impuesto a las ONG para solucionar «de una vez por todas» el problema de desalojo que enfrenta la comunidad de la cooperativa El Bosque.

Un ejemplo de cómo funcionan las ONGs, la política tradicional y las reformas agrarias en Latinoamérica:

¿Cómo se pierden 384 manzanas de tierra?

¿A la fuerza? No. ⁰¿Con balas? No.

Empiezo … pic.twitter.com/pzvrQZD6N3

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2025

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, prometió al senador demócrata Chris Van Hollen que cuando haya una resolución definitiva sobre la situación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por Estados Unidos y recluido en El Salvador, y otros casos, el Gobierno de El Salvador «por supuesto» seguirá las instrucciones.

«La pelota está en su Corte», le dijo Ulloa al congresista estadounidense, a quien le explicó que no pueden liberar al salvadoreño porque no hay una resolución definitiva sobre el caso pero le prometió que cumplirán «la ley» cuando esté resuelto.

La conversación fue divulgada por el senador a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

«Cuando ustedes resuelvan el problema, solo vengan aquí y seguiremos la ley. En el fondo, este un problema que tiene que resolverse en los EE. UU. No podemos expresar ninguna opinión sobre el caso porque depende de ustedes», indicó, casi al final de un fragmento de la reunión que sostuvieron ambos funcionarios el 16 de abril en San Salvador.

«La pelota está en su Corte»

«Como el presidente Bukele lo dijo, El Salvador no está habilitado para tomar alguna acción sobre el caso porque el caso está en Estados Unidos y usualmente no expresamos alguna opinión sobre relaciones domésticas», pronunció Ulloa en inglés durante la reunión que sostuvo el 16 de abril con el congresista demócrata Chris Van Hollen, quien visitó El Salvador.

La situación está en las instituciones de los Estados Unidos, las instituciones, la Corte Suprema, administración. La pelota está en su Corte (estadounidense). Una vez el caso se resuelva definitivamente y haya instrucciones claras respecto a este caso o cualquier otro de los casos, el gobierno de El Salvador aplicará nuestros principios porque estamos tratando de construir un Estado de Derecho, por supuesto que actuaremos en consecuencia».
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

En la reunión, el vicepresidente Ulloa insistió que «hasta ahora» el caso «no está resuelto» en Estados Unidos, por lo que reiteró: «Una vez solucionado ese problema allá, estamos dispuestos a seguir lo que se nos indique de acuerdo a nuestros principios y a la ley porque tratamos de seguir la ley en cualquier acción particular. En este momento no podemos tomar ninguna medida porque el caso todavía está en la situación de los Estados Unidos».

«No calificamos»

Mientras, el congresista le dijo a Ulloa que el salvadoreño fue ilegalmente secuestrado y le preguntó a Ulloa si tenía cargos bajo las leyes salvadoreñas. El vicepresidente no le respondió, pero le comentó que no podían trasladar al salvadoreño a los Estados Unidos sin pasaporte y sin una visa estadounidense.

Van Hollen le preguntó si tenían evidencia de que Ábrego ha cometido un crimen. «¿Cómo podríamos tenerla?», le respondió Ulloa. «Pero justo usted dice que esta es una prisión para lo peor de lo peor, ¿correcto?, estos son para los criminales empedernidos, ¿es él un criminal empederdino?», le cuestionó Van Hollen.

«Nosotros no calificamos personas que están ahí, solo las tomamos… Exacto, eso (porque el gobierno de EE.UU. está pagando para mantenerlos ahí)», respondió Ulloa, sobre la calidad criminal o no del salvadoreño, aunque le dijo que si él cree que no es un criminal «es cosa suya» ya que no quiere involucrarse en asuntos internos de EE.UU.

El fragmento de la reunión fue publicado ayer por el congresista Van Hollen, quien en abril visitó El Salvador para pedir una reunión con Ábrego García, deportado el 15 de marzo por Estados Unidos y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El salvadoreño, quien después fue llevado por el gobierno salvadoreño a una reunión con el congresista y fue trasladado a un penal de Santa Ana, ha sido el centro de una controversia estadounidense luego de que la Corte Suprema de EE.UU. ordenara al gobierno estadounidense facilitar su retorno ya que una orden judicial «prohibía su deportación a El Salvador».

The VP of El Salvador repeatedly told me «the ball is in your court» when it comes to bringing Abrego Garcia home — making clear Trump is violating a 9-0 SCOTUS ruling to “facilitate” his return.

I said this in my recent letter to Trump, and here's the video to back it up: pic.twitter.com/kexLUq9r1a

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 15, 2025

El miércoles 7 de mayo, inició la vigencia de las reformas a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas», que ordena a los burós de crédito, como se conocen a las agencias que guardan la información sobre el récord crediticio de cada persona en El Salvador, almacenar los datos crediticios de los salvadoreños en la nube.

Las reformas fueron publicadas el 29 de abril en el Diario Oficial y por ello están vigentes desde el pasado miércoles 7 de mayo.

Sobre su carácter opcional u obligatorio, hubo una controversia en la Asamblea Legislativa entre quienes aseguraban que se traba de una disposición voluntaria y quienes afirmaron que se trataba de una medida opcional para cada buró de crédito.

Mientras Daysi Mineros, superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dijo en marzo que el uso de «no es obligatorio», la diputada Claudia Ortiz aseguró que se mantienen dudas sobre el carácter opcional por la redacción de la reforma.

Sin embargo, la reforma se incluyó entre los «deberes» de las agencias de información de datos, regulados en el artículo 17 de la normativa, que indica «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

El nuevo deber de las agencias de información de datos fue incluido en el literal «n» del artículo 17: «Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo».

La disposición detalla que este uso de almacenamiento en la nube «también será permitido en el territorio nacional», es decir, fuera o dentro del país.

El mismo literal «n» que incluye el nuevo deber de las agencias establece que el BCR debe emitir normas técnicas «para garantizar estándares de ciberseguridad y protección de datos» sin dar un plazo específico para emitirlas.

En El Salvador, hay tres agencias autorizadas para guardar el récord crediticio de los salvadoreños: Equifax, TranUnion e Infored.

El concejo municipal de La Libertad Sur, integrado por los distritos de Santa Tecla y Comasagua, aprobó el pasado 12 de marzo, una Política Anticorrupción, según una publicación del Diario Oficial del 5 de mayo.

Esta aprobación la hizo la municipalidad un mes después de que la Asamblea Legislativa aprobara una Ley Anticorrupción, la cual creó un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta Política Anticorrupción de La Libertad Sur es de «obligatorio cumplimiento» para el concejo, el alcalde y todos los servidores públicos municipales y sus entes descentralizados.

Indica que todo servidor público deberá firmar una «declaración de compromiso» con la ética y transparencia y combate a la corrupción, la negativa de hacerlo será motivo de pérdida de confianza y generará las sanciones correspondientes.

Esta política es aplicable a todos los proveedores, socios de negocio, aliados estratégicos, usuarios, clientes y terceros interesados.

También, la municipalidad deberá implementar una función antisoborno y un canal de denuncias para recibir, gestionar e investigar toda denuncia fundada sobre actos de corrupción y delitos asociados. Los servidores públicos, proveedores, socios de negocio, aliados estratégicos, usuarios, clientes y terceros interesados podrán hacer denuncias incluso anónimas.

La Política también incluye un programa de integridad municipal para establecer políticas sobre conflictos de intereses, debida diligencia, obsequios y hospitalidades, y otras necesarias para el sistema de gestión antisoborno; e implementará un sistema transversal de cumplimiento penal para la gestión de riesgos de delitos de corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos asociados.

Esta política entrará en vigencia el 28 de mayo próximo.

En Senado de los Estados Unidos rechazó una propuesta demócrata en el Senado de Estados Unidos para que el gobierno estadounidense les rinda un informe sobre las prácticas de derechos humanos en El Salvador, según la ley de Asistencia Extranjera de 1961, informaron diversos medios de comunicación.

Votaron a favor 45 senadores demócratas y votaron en contra 50 senadores republicanos. No votaron cinco, tres republicanos, un demócrata y un independiente, Bernie Sanders. La votación se registró a la 1:44 p.m. de Washington.

La propuesta de resolución fue presentada por el senador demócrata Tim Kaine (Virginia) y respaldada por otros 12 senadores, entre ellos Chris Van Hollen, quien visitó recientemente El Salvador para exigir la liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego tras una orden de la Corte Suprema estadounidense.

“El Senado solicita que el secretario de Estado, a más tardar 30 días después de la fecha de adopción de esta resolución, presente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes… una declaración sobre las prácticas de derechos humanos de El Salvador”, reza la iniciativa remitida el 1 de mayo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El informe que exigían los demócratas al gobierno debía contener información creíble sobre presuntas violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos por gobierno de El Salvador, como tortura y tratos inhumanos a detenidos incluidos extranjeros, desapariciones forzadas, represión internacional, negación del debido proceso a residentes salvadoreños, evaluación de la independencia judicial y trato a extranjeros detenidos o encarcelados en El Salvador.

Así mismo, se requería al Departamento de Estado una evaluación de las condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) sobre denuncias de tortura y violaciones a derechos humanos.

El proyecto de resolución pretendía que el Departamento de Estado informara sobre las acciones del gobierno estadounidense para cumplir órdenes judiciales de liberación de estadounidenses recluidos en El Salvador o para facilitar su detención, tortura o desapariciones forzadas.

Los senadores que respaldaron la iniciativa para investigar los derechos humanos en El Salvador, las condiciones del Cecot y las acciones del gobierno estadounidense al respecto son: Tim Kaine (Virginia), autor del proyecto, y Chris Van Hollen (Maryland), Charles Schumer (Nueva York), Alex Padilla (California), Adam Schiff (California), Richard Durbin (Illinois), John HickenLooper (Colorado), Christopher Coons (Delaware), Brian Schatz (Hawái), Jeanne Shaheen (New Hampshire), Jon Ossoff (Georgia), Jeff Merkley (Oregon), Cory Booker (New Jersey), Elizabeth Warren (Massachusetts).

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa que lo autorice a suscribir un contrato de crédito con el Deutsche Bank, S.A.E.U., hasta por $71,847,393.66, para construir una

planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama

y ampliar el sistema de alcantarillado sanitario en el Puerto de La Libertad, municipio de La Libertad Costa, departamento de La Libertad.

Según el proyecto, los fondos se necesitan para renovar la red de saneamiento «en el núcleo urbano» del Puerto de La Libertad, construir una nueva red de saneamiento, que recoja las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo para dirigirla a una planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama, «con lo cual se estará contribuyendo con la limpieza y recuperación del mismo».

Siguiendo la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública para el proceso de Contratación, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) determinó que las ofertas técnica y económica presentadas por la

Sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.

cumplen con los criterios y puntajes establecidos por dicho Ministerio.

El préstamo incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador (Póliza de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). El Salvador, por intermedio del MOPT, aportará recursos por un monto de hasta $2,165,490.51.

El plazo total y amortización del préstamo será hasta 10 años con seis meses; la amortización del préstamo se realizará en 16 cuotas semestrales, iguales y consecutivas.

La iniciativa será conocida el lunes 19 de mayo, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

La empresa Dongbu Corporation, que construye el viaducto y la ampliación de la carrretera Panamericana tramo Los Chorros, publicó en el sitio buscojobs siete ofertas de empleo para personal de construcción en jornada laboral completa en niveles de «supervisor» y «empleado».

Las plazas que presentan como vacantes son dos ingenieros residentes de construcción de puentes, dos auxiliares de construcción, dos ingenieros junior y un especialista en carpintería de obra en construcción, todas las plazas aparecen como activas.

Para los ingenieros residentes y los ingenieros junior la empresa requiere experiencia y el título de ingeniería civil.

Según las ofertas, el nivel jerárquico de las plazas para los dos ingenieros residentes requeridas es supervisor, y ofrecen dos rangos salariales: uno entre $2,300 hasta $2,700 y entre $2,000 y $2,700.

Para ingeniero residente en nivel jerárquico de supervisor, la empresa requiere 10 años de experiencia como residente encargado de la construcción de puentes, conocimiento en especificaciones técnicas de puentes, dominio en el cálculo de materiales (concreto, acero de refuerzo, madera), estimaciones para cobros, requisiciones de materiales y programación semanal de obra, coordinación de equipos de trabajo en obra y control de calidad, habilidad para coordinar trabajos de topografía, gestionar subcontratistas y asegurar el suministro de materiales a obra.

Para la categoría de ingeniero junior, se ofrecen rangos sariales $900 y $1,000; y entre $1,000 y $1,200, y se requiere un título de ingeniero civil con dos años de experiencia, conocimiento en cálculo de materiales, experiencia en requisición de materiales, capacidad para generar información técnica para topógrafos y de preferencia que hable inglés.

Para auxiliar en construcción, se exigen cinco años en proyectos de construcción, estudios completos de secundaria, experiencia en «trabajos en altura», «compromiso con las medida de seguridad ocupacional y trabajo en equipo». Para este cargo, se ofrece un salario de $450 mensuales y viáticos de $50 adicionales; para una plaza se pide estudios de secundaria y para otra, técnico profesional incompleto.

Y para el cargo de especialista en carpintería de obra en construcción, se ofrece un salario de $850 con viáticos por $200, y se requiere un grado mínimo de técnico profesional incompleto con cinco años de experiencia como carpintero en proyectos de construcción y conocimientos de sistemas de encofrado.

El pasado 11 de abril, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) también lanzó una oferta de contratación de servicios de una asesoría técnica en seguridad y salud ocupacional para el proyecto de construcción del viaducto y ampliación de la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros, asesoría que será financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El 13 de diciembre pasado, tres trabajadores murieron tras un colapso en una estructura de hierro durante los trabajos en el proyecto. Desde el 26 de abril, la zona ha sufrido deslizamientos y estaría cerrada hasta el 5 de mayo por los trabajos de rehabilitación en los taludes colapsados.

En Los Chorros se construyen tres fases del proyecto de 14.7 kilómetros de longitud: 4.79 kilómetros de ampliación de la carretera a ocho carriles desde la salida de Santa Tecla hasta El Poliedro; 1 kilómetro del viaducto en el costado suroeste de ocho carriles desde El Poliedro hasta el acceso al distrito de Colón; y, tercero, 8.95 kilómetros de ampliación hasta ocho carriles desde el viaducto hasta el desvío a San Juan Opico en la rotonda del bypass Claudia Lars, y seis carriles desde el intercambiador de La Cuchilla.

El gobierno suscribió un contrato con la empresa de Corea del Sur Dongbu Corporation para la construcción del proyecto el 20 de mayo de 2022.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no actualiza ni publica información que está obligado a divulgar según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) según los resultados del estudio del Centro de Monitoreo de la Acción Ciudadana (AC) presentado este jueves.

La AC concluye que el TSE tiene un bajo nivel de transparencia y que las nuevas autoridades del TSE no están cumpliendo con lo exigido por la LAIP.

La LAIP obliga a las instituciones del Estado a publicar en su sitio web informaciones como su presupuesto, viajes de funcionarios, las actas de consejos o directivas, sus asesores, ofertantes y contratistas, así como un índice de la información reservada.

Sin embargo, la AC detalla que la mayor parte de información no se publica y algunas que prometen estar actualizadas hasta 2017 o 2024 solo aparentan la divulgación, ya que al ingresar a los enlaces no se encuentra.

La organización no gubernamental indica que «el bajo nivel de transparencia del TSE» había sido señalado antes pero que ahora hay una «total inexistencia de información» y advierte una posible opacidad que podría perjudicar el proceso de elecciones de diputados y alcaldes del 28 de febrero de 2027.

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Diario El Mundo hizo un ejercicio para verificar si algunas de estas informaciones estaban divulgadas y actualizadas en el Portal de Transparencia del TSE, en donde se encuentra el respectivo listado de «Información Oficiosa del TSE», que incluye las actas de las sesiones de los magistrados del TSE, e información relacionada al «Marco Presupuestario» que incluye la información de viajes, contrataciones, adjudicaciones.

Aparentemente las actas están actualizadas hasta el año 2017 pero al descargar el acta pública más reciente no se descarga el archivo.

De la misma manera, de manera aparente los viajes del TSE están actualizados hasta septiembre de 2024 pero los enlaces están rotos, ya que al ingresar a «Misiones internacionales TSE julio a septiembre 2024» aparece el mensaje: «File not found on server» (archivo no encontrado en servidor).

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador recordó que las personas que sean víctimas de un fraude en la obtención de su visa estadounidense pueden denunciarlo al número de Whatsapp 7507-4606 o al correo denunciasv@state.gov.

En redes sociales recordó que el único sitio o enlace en donde puede realizarse una solicitud de visa a Estados Unidos es ais.usvisa-info.com.

Este ese el nuevo canal habilitado y anunciado por la oficina diplomática estadounidense.

Así mismo, la Embajada recordó que el gobierno estadounidense está “tomando acciones contra entidades que se aprovechan de los migrantes haciéndoles falsas promesas de facilitar cruces fronterizos ilegales”.

Anteriormente, la Embajada de EEUU ha informado sobre la manera de identificar un fraude de visas de trabajo temporal: oferta laboral en redes sociales, pagos a cuentas bancarias personales, inicio del proceso sin pasaporte vigente y ofertas sin contrato de trabajo.

El 10 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que el fraude con visas y pasaportes “está regularmente conectado con crímenes más graves como la trata de personas y el narcotráfico”. La USCIS de Estados Unidos informó el 6 de mayo que, junto al ICE, detectó un “sospechoso de un esquema internacional de trata de personas y fraude de visas” y fue detenido en Houston, Texas.

La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que subió a $550 mensuales el monto exento de Impuesto sobre la Renta inició su vigencia el pasado jueves 8 de mayo de 2025, ocho días luego de su publicación en el Diario Oficial del viernes 30 de abril, el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa.

La edición del Diario Oficial se conoció públicamente hasta ayer, 14 de mayo, que se divulgó a través del sitio imprentanacional.gob.sv.

El mismo 30 de abril, el Ministerio de Hacienda aprobó el decreto número 10 con las nuevas tablas de retención del impuesto atendiendo la reforma aprobada.

Los montos de retención, realizados a los salarios de los trabajadores, son emitidos por el Ministerio de Hacienda y aprobados por el presidente de la República, según tablas reguladas por decreto ejecutivo como lo ordena el artículo 65 de la ley.

Las modificaciones se dan en los montos de ingresos de los dos primeros tramos, sin cambiar los porcentajes y cuotas fijas de retención aplicadas.

Así, la tabla de retención mensual detalla que para el primer tramo de ingresos o remuneraciones de $0.01 hasta $550 mensuales, no habrá retención.

Con el nuevo monto exento, en la tabla de retención, se modifica el monto mínimo de ingresos del segundo tramo, ya que era de $472.01 mensuales y ahora será de $550.01 mensuales, siempre hasta $895.24 mensuales. Para este tramo –de $500.01 a $895.24 de ingresos– se retendrá un 10 % sobre el exceso $550 más una cuota fija de $17.67.

Los siguientes dos tramos de retención de renta no se modifican, ya que se aplica 20 % sobre el exceso de $895.24 más una cuota fija de $60 a quienes perciban un ingreso entre $895.25 a $2,038.10 mensuales.

El cuarto tramo para ingresos superiores a $2,038.11 mensuales también sigue sin cambios, a los cuales se retiene un 30 % sobre el exceso de $2,038.10 más una cuota fija de $288.57, por cada mes.

La exención quincenal se dará hasta un monto de $275 que no tendrá retención y semanal, hasta $137.50.

Para el recálculo de retención a junio (seis meses), se detalla un primer tramo de ingresos de $0.01 a $3,300 sin retención, y un segundo tramo de ingresos de $3,300.01 a $5,371.44, se aplica un 10 % sobre el exceso de $3,300 más una cuota fija de $106.20.

Para el recálculo de retención a diciembre (12 meses), se detalla un primer tramo de ingresos de $0.01 a $6,600 sin retención, y un segundo tramo de ingresos de $6,600.01 a $10,742.86, se aplica un 10 % sobre el exceso de $6,600 más una cuota fija de $212.12.

El decreto de Hacienda establece, además, que «las personas naturales domiciliadas en el país que hayan sido sujetos de retención presentarán sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta en línea, por medio de internet, en el sitio web del Ministerio de Hacienda utilizando los aplicativos informáticos que para tal efecto disponga la Dirección General de Impuestos Internos». El decreto de Hacienda sustituye las tablas de retención aprobadas durante el gobierno Salvador Sánchez Cerén y vigentes desde 2015.