Diputados de oposición de El Salvador rechazaron este martes la captura al menos líderes de la cooperativa El Bosque y su asesor jurídico que dirigían una manifestación pacífica cerca de la residencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele contra el desalojo de unas 300 familias.
La concentración se desarrollaba frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, luego de una orden del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla para el desalojo de 300 familias fechado el 22 de mayo contra la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque de Responsabilidad Limitada, ubicada en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, condenó las acciones y las calificó de violencia desproporcionada, represión y abuso de poder; y anunció que tomarán acciones nacionales e internacionales, algo que fue confirmado por la diputada Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.
El diputado Francisco Lira, también de Arena, advirtió que en El Salvador ahora se le están cerrando espacios a la población que protesta y, en su lugar, les «dan garrote». Argumentó que era una protesta pacífica por «el clamor de más de 300 familias que temen perder lo único que tienen, su hogar». «¿Esta es la libertad y la democracia que prometieron?», cuestionó.
«En una dictadura, protestar es un crimen. Reprimir al pobre no es justicia. Esta noche se mostró la verdadera cara de este gobierno. Muchos de ellos votaron por Nuevas Ideas. Lastimosamente en vez de colocar mesa de diálogo, se están cerrando espacios. Es grave, cierran espacio y le dan garrote a nuestra gente».
Francisco Lira, diputado de Arena.
«La protesta pacífica no es delito. El país necesita reformas urgentes, no represión. Nada justifica el uso de cuerpos de seguridad y «Policía Militar» para reprimir y capturar a personas que pacíficamente estaban exigiendo sus derechos. ¡Que cese a la represión a las familias de la Cooperativa El Bosque».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
A las 5:37 a.m. de este martes, Marcela Villatoro, diputada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), manifestó que, si una persona es «pobre y pide una vivienda digna, le tiran la Policía» y, si una persona es rica «hasta el IVA le quitan para construir apartamentos de más de 35 pisos». «Así es el nuevo El Salvador donde el pobre estorba», manifestó.
Las capturas
La noche del lunes, un grupo de 150 a 200 policías cercó una concentración de miembros de unas 30 familias de la cooperativa El Bosque que se manifestaban, para que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, intercediera ante una orden de desalojo contra la cooperativa El Bosque.
El martes, se confirmó la captura del pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque; y del asesor jurídico de la cooperativa, Alejandro Henríquez, también miembro del Foro del Agua, que fue capturado por el delito de «desórdenes públicos».
Este martes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) aseguró que hubo presencia policial en la cooperativa. «Fue hasta que nosotros vinimos que se retiraron, en este país los derechos humanos están siendo violentados una y otra vez. Cuando una familia se decide a organizarse, salir y manifestarse… Esa línea se ha pasado», dijo Ingrid Escobar, representante del SJH. Esta organización informó que permanecerá hasta el 22 de mayo, fecha de la orden de desalojo, en la cooperativa El Bosque.
La mañana de este martes, la organización Amnistía Internacional activó una alerta por el uso de Policía Militar, «una fuerza sin facultades para tareas de orden y seguridad pública». «Reprimir la protesta social es una práctica autoritaria y su criminalización pone en riesgo a quienes alzan la voz frente a la justicia. La represión no puede ser la respuesta del Estado ante demandas legítimas», manifestó la organización internacional.
También, estudiantes salvadoreños en México organizaban un plantón para solidarizarse con Alejandro Henríquez, quien también es militante de la organización ambientalista Reverdes.
El gobierno y la PNC no se han pronunciado. El medio digital «La Capital News» aseguró que las «protestas de comunidad El Bosque es un tema politizado» y que «el FMLN ha organizado una serie de sucesos con tal de poner un tema sobre la mesa a causa de falta de atención política». «La comunidad adeuda a la cooperativa El Bosque más de $800 mil dólares, por lo que los dueños solicitan el pago por las tierras hipotecadas», indicó.
El desalojo se habría originado de una mora crediticia de la cooperativa El Bosque y el contrato que firmaron con Luis Antonio Palomo Urbina, quien según los cooperativas trabajó seis años en las tierras de la cooperativa. Según un reportaje de Audiovisuales UCA, Palomo demandó a la cooperativa por más de $131,000 por la supuesta medición de los terrenos de los cuales no entregó resultados. Los pagarés que firmó la cooperativa con la sociedad Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (Proyin) ascienden a $81,342 y de $50,000, sin haber amortizado a la deuda. El mismo reportaje revela que en 2007 la cooperativa demandó por estafa a Palomo Urbina, quien ganó la demanda, y que la alcaldía de Santa Tecla pagó la deuda con el Bancoagrícola a cambio de tierras pero en 2014 Palomo puso un demanda de embargo que derivaron en un proceso de subasta pública en 2020, cuando la cooperativa lo demandó por lavado de dinero y una demanda de amparo. En 2022, un juez de sentencia absolvió a Palomo Urbina.
