La Asamblea Legislativa de El Salvador aún no aprueba una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, compromiso asumido por el gobierno salvadoreño en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el financiamiento de $1,400 millones, aprobado en febrero.
El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19.
El punto 21 de las “Políticas bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo», se estableció que el programa tendría «mayores avances» con la «ii) aprobación por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal (FSRL, 9 de mayo de 2025)», la cual tendría «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».
El proyecto, en marzo, se encontraba «en desarrollo con asistencia técnica» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este compromiso de El Salvador con el FMI también aparece en tabla 13 sobre «Acciones prioritarias y estructurales»: «Aprobación por el Parlamento de una nueva FSRL» y detalla que la nueva normativa tendrá: «reglas fiscales, cláusulas de escape claras, una vía de transición coherente con los objetivos del programa y normas para mejorar la credibilidad presupuestaria» con informes anuales sobre gasto fiscal. El plazo en este caso se establecía bajo la condición de «primera revisión».
El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal no puede ignorarse porque es un objetivo estructural que sirve de base para cumplir otros objetivos fiscales. «Es como un ancla, es un hito que contribuye a que otros se vayan dando, por eso no creo que es soslayable», respondió, ante la pregunta sobre si el incumplimiento arriesga el acuerdo con el FMI.
En un acuerdo donde el tema fiscal es fundamental, creo que no es soslayable (la Ley de Responsabilidad Fiscal)… Es una meta u objetivo estructural, es clave y en caso extremo habría una prórroga o un compás de espera al organismo.
Rommel Rodríguez, economista de la Funde.
El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), advierte que al FMI no le suelen gustar los incumplimientos en los acuerdos, excepto una buena excusa.
«Al FMI no le suelen gustar los incumplimientos a no ser que haya una buena excusa. Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena».
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.
Para Acevedo, esta ley se debería «aprobar cuanto antes, para no empezar a hacer un papelón ante el FMI a las primeras de cambio».
Este lunes, las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, dijeron no haber recibido, por el momento, ningún borrador o solicitud de proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.
«Al momento la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni discutido una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Es muy importante que el Gobierno de El Salvador cumpla el Programa definido por el Fondo para generar cambios que hagan más sostenibles nuestras finanzas públicas».
Claudia Ortiz (Vamos).
La diputada de Vamos consideró que el ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), al que se ha comprometido el gobierno con el FMI, «es enorme» porque un país «con tantas necesidades y sin crecimiento económico significativo como el nuestro». Recriminó el recorte de presupuesto en Educación y Salud, y los despidos en el Estado.
«Y los que negociaron el Acuerdo, ¿van a ajustarse el cinturón también? Tienen que ponerse a trabajar y tomar esto en serio», cuestionó sobre los recortes en el Estado.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que se debería aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para cuidar el dinero público. «La Ley de responsabilidad fiscal es importante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, es necesaria para controlar el déficit fiscal, la transparencia, estudiar metas fiscales así como planificar el futuro de las finanzas; esto buscando el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad fiscal, es por ello la importancia de contar con esta herramienta jurídica a modo de no endeudar al país más de lo que las finanzas lo permiten».
Debería haberse aprobado no porque el FMI lo pide sino como una obligación de saneamiento y de cuido del dinero público. Hasta este día no tenemos ningún documento para aprobación pero debe hacerse lo más pronto posible.
Marcela Villatoro (Arena).
El acuerdo entre el gobierno de El Salvador con el FMI también incluyó otros compromisos relacionados a la sostenibilidad fiscal, como una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025 y un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025.
El acuerdo con el FMI para un programa por $1,400 millones inicia un desembolso inmediato de $113 millones e incluye un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.
