La presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, la activista de derechos humanos Kerry Kennedy, informó este lunes que el Gobierno salvadoreño no les permitió reunirse con sus clientes, 10 ciudadanos venezolanos deportados de Estados Unidos y que ahora están recluidos en El Salvador, en el Centro del Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
«Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y trasladados aquí a El Salvador junto con otros 250 migrantes venezolanos, hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar Ábrego García y para documentar la situación de derechos humanos. A pesar del derecho que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Nayib Bukele, no respetó estos derechos, y nos negó a nosotras, sus abogadas, acceso a sus clientes», expresó.
Las representantes de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos también visitaron El Salvador para conocer la situación de derechos humanos especialmente relacionados al régimen de excepción vigente durante la presidencia de Nayib Bukele. La titular de la fundación informó que regresarán a los Estados Unidos, Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para «denunciar todo lo que hemos documentado».
Por su parte, Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina de la fundación, dijo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se ha pronunciado de graves violaciones de derechos en los últimos tres años y que conocen que estos también se cometen en los penales de Mariona (La Esperanza), Izalco y Apanteos.
«Un inodoro para 250 personas, poniendo yodo en la comida de los hombres, no hay atención de salud adecuada, han capturado gente por tener un tatuaje de autismo, un maquillista venezolano capturado por su corona de competencia de belleza, un joven por un tatuaje de una rosa y el nombre de su madre», indicó Roby.
Por ello, la administración Trump decidió pactar con el presidente Bukele donde pueden ser enviados al margen de la protección de la ley».
Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy, en El Salvador.
Las representantes de la Fundación se reunieron con familiares de los detenidos durante el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, que para el gobierno ha implicado una disminución de homicidios y más de 85,000 capturas, pero que para las organizaciones ha implicado más de 6,500 denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas detenidas.
«Nos contaron que les dieron una dieta de hambre, les negaban el agua, la comida, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, les negaron el acceso a las familias y les negaron el acceso a abogados. Varios de ellos nos contaron que estuvieron enjaulados en celdas minúsculas equipadas con apenas 50 catres pero con prisioneros hasta 250 hombres», relató, en la conferencia de prensa.
Según la representante, los familiares también han denunciado malos tratos y torturas, golpes, y muertes en los centros penales. «Sin duda no podemos permanecer callados y nos aseguraremos estas historias con nosotros y mostrar al mundo lo que hemos presenciado aquí. Enfrentamos, como dijo una mujer, un monstruo que no le importa rompernos el corazón en mil pedazos. Mis oraciones especiales van dirigidos para aquellos detenidos que no les apoyan y que les apodan 'los rusos», expresó. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, quien estaba presente en la conferencia de prensa aseguró que ya contabilizan 393 muertes en centros penales.
«Rol ejecutor» en «campaña de terror» dice Cristosal
El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, aseguró que están preocupados después de haber tenido conversaciones con familias de migrantes en los Estados Unidos. «Sabemos que la amenaza más fuerte en esa campaña de terror es la amenaza de terminar desaparecido en el Cecot en El Salvador. Nos da mucha tristeza que el presidente Bukele ha buscado construir una relación de confianza y cercanía con el gobierno de Estados Unidos, no para defender derechos de la población migración migrante, de todos en América Latina», dijo.
«El gobierno de El Salvador ha asumido un rol de ejecutor de la parte coercitiva de una campaña de terror en contra de la población migrante en los Estados Unidos. Lo que ofrece El Salvador es la posibilidad de detener personas de manera indefinida, libre de algún tipo de restricción como el Estado de Derecho u órdenes de cortes sin el más mínimo respeto a derechos humanos».
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Recordó que recibieron denuncias de 139 de familiares de venezolanos y un caso salvadoreño, de los cuales 40 % tenía algún tipo de protección migratoria y el 90 % no tenía antecedentes penales. «Se encuentran en un agujero negro judicial», opinó. Reveló que Cristosal ya presentó 39 recursos de hábeas corpus pero que saben que solo hay resuelto un 1 % de 7,200 habeas corpus.
