Categoría: Politica

El concejo de San Salvador Centro perdonará los intereses que se hayan generado por la mora en deudas adquiridas por el impago de tasas o impuestos a la alcaldía de San Salvador Centro por parte de los propietarios de inmuebles que sean afectados por la construcción de la planta de biogás en el río Acelhuate.

La vigencia legal de la amnistía inició el 28 de junio y finalizará hasta que el último inmueble necesario para el proyecto sea adquirido por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La «Ordenanza especial de dispensa de intereses moratorios por pago de tributos aplicados a la propiedad inmobiliaria, del municipio de San Salvador Centro, donde se ejecutará el proyecto de utilidad pública ‘Instalación de una plata de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate», aprobada el 14 de mayo, inició su vigencia el 28 de junio de 2025, ocho días después de su publicación.

Los beneficiados deberán pagar un 30 % del total como prima y podrán gozar de un plan de pago de hasta seis meses. Para aplicar, deben llegar a los Puntos de Atención Empresarial (PAE), oficina o ventanilla de atención al público, en cualquiera de los distritos de San Salvador Centro (Mejicanos, Ayutuxtepeque, San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado).

No aplicarán los contribuyentes que tengan procesos judiciales de cobros de tributos municipales, intereses o multas.

En octubre de 2024, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que había comprado ya un 80 % de las tierras que se utilizarían en la planta de biogás que será construida entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

Sin embargo, la ordenanza cita que la Ley de la CEL declara de utilidad pública los inmuebles que requiera para sus propósitos y la «necesaria» «expropiación de los inmuebles que deban ser inundados por los embalses, de los que tenga que utilizarse para establecer, servir o atender las presas, plantas, colectores» según el artículo 13 de la normativa.

La CEL no ha informado cuántos inmuebles serán afectados con la construcción de la planta de biogás.

El proyecto de la planta de biogás ha tenido un financiamiento de $414,853.82 de junio a diciembre de 2023 y de $1,458,575.17 de enero a marzo de 2024. La CEL estimó en junio de 2024 que finalizarían el proyecto el 1 de octubre de 2026. Según la memoria de labores, «se realizó la adquisición de terrenos para la construcción de la planta de generación en proceso para la obtención de permiso ambiental».

El Salvador participó en en la I Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que tuvo lugar en Sevilla, España. Este fue un encuentro de alto nivel, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien calificó la reunión como «un foro privilegiado de diálogo político», en el que, según informó la Cancillería de El Salvador, se abordaron desafíos de la región.

El encuentro representa «un foro privilegiado de diálogo político, concertación política, solidaridad y cooperación basado en afinidades históricas y culturales compartidas», aseveró Álbares. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, junto con los cancilleres iberoamericanos que asistieron al foro, adoptaron por consenso la Declaración de Sevilla.

El documento reafirma «el sistema de Cumbres y la importancia de una planificación de la cooperación iberoamericana más estratégica y concertada sobre la base de los principios de participación inclusiva y horizontal entre sus miembros y el consenso en la toma de decisiones».

El Salvador estuvo representado por su canciller, Alexandra Hill, quien según informó la Cancillería «hizo referencia al compromiso de El Salvador con Iberoamérica a partir de las iniciativas que buscan promover el desarrollo, a través de acciones concretas, con un compromiso mutuo y la búsqueda de resultados tangibles para nuestras comunidades».

La Cancillería aseguró que «El Salvador forma parte de estos esfuerzos de cooperación enfocados en el sector cultural y en el desarrollo del país, mediante los programas: Iberbibliotecas, Ibercultura Viva, Iberescenas e Ibermedia».

La organización Amnistía Internacional declaró ayer a la abogada Ruth Eleonora López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez como personas «presas de conciencia», un estatus que otorga a personas que fueron privadas de libertad «específicamente por sus ideas, ejercer sus derechos» sin violencia y sin haber incitado al odio.

En un nuevo comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, ana Piquer, consideró que El Salvador «atraviesa un punto de quiebre». «La comunidad internacional debe actuar con firmeza», exhortó.

Según, Piquer, el gobierno busca consolidar «el silenciamento sistemático de la disidencia» a través de «procesos opacos y nuevas normativas», mediante una «arquitectura institucional y normativa» para criminalizar la pobreza y la disidencia.

La entidad urgió a las autoridades salvadoreñas «liberar de forma inmediata e incondicional» a estas personas y dejar de usar indebidamente el sistema penal «para perseguir a quienes ejercen pacíficamente sus derechos» y exigió la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, el régimen de excepción y la restitución del debido proceso y la independencia judicial. «Ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal», indicó.

López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue capturada el 18 de mayo de 2025, bajo la acusación inicial de peculado en X y de enriquecimiento ilícito en el proceso formal; su caso ha sido declarado bajo reserva. Henríquez y Pérez fueron arrestados luego de su participación en una protesta contra un desalojo a la comunidad El Bosque. Fueron acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que las tres detenciones «orman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública» y lo considera como «clara señal de alerta» del desmantelamiento del espacio cívico en El Salvador.

El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) aseguró este miércoles que espera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea prorrogado nuevamente en 2026 para los salvadoreños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió la semana pasada a «echar un vistazo» al TPS salvadoreño.

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El director ejecutivo de INSAMI, Jizi Moza, dijo a medios de comunicación que espera que el TPS siga vigente hasta septiembre de 2026 y que pueda haber una nueva prórroga. El TPS estaría vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, según la última prórroga que concedió el expresidente Joe Biden.

«Nosotros vemos que en armonía del actual gobierno salvadoreño con el gobierno de Estados Unidos es que no se ha ejercido lo del TPS, esperamos que se venza en 2026 y esperamos que pueda haber otra prórroga para el TPS».
Jizi Moza, director ejecutivo de INSAMI.

Moza indicó que los migrantes salvadoreños no están siendo la excepción en las redadas contra migrantes y que se captura por igual a todos los que se encuentran sin documentos o con órdenes de deportación.

«No hemos visto así que nos han reportado que cuando son las redadas les preguntan ‘mire, usted es salvadoreño’ no, las redadas son redadas», afirmó ante preguntas de si las deportaciones contra salvadoreños han parado por las buenas relaciones el gobierno salvadoreño con el estadounidense.

La semana pasada, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros y el magnate respondió «echaremos un vistazo». Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.

La deportación de salvadoreños vía aérea cayó 26 % en el primer trimestre de 2025, en relación al mismo período del año pasado, según los datos del portal de transparencia de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). La mayoría de los deportados proceden de Estados Unidos.

Los datos estadísticos muestran que de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, fueron 3,769 los que fueron retornados a El Salvador. Lo que representa una disminución del 26 % para este año.

El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero con 1,130. Entre enero y febrero hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 es de 972 personas.

Por otro lado, Migración reporta en el primer trimestre de 2025 que 14 salvadoreños deportados ingresaron vía terrestre. De ellos, 10 retornaron a El Salvador en febrero, tres en enero y uno en marzo. Lo que representa un aumento del 1,300 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando solo se reportó una persona.La mayoría vienen de Estados UnidosLos datos también indican que la mayoría de los deportados proceden desde Estados Unidos. La entidad migratoria reporta que en los primeros tres meses de 2025 al menos 2,546 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, eso representa una disminución del 29 % con el mismo plazo de 2024.

Migración reportó el año pasado 3,610 es decir, 1,064 salvadoreños más fueron deportados desde la nación estadounidense. Para. este año 2025, se reportan 2,811 deportados desde Estados Unidos, o sea, el 90.5 % provienen de ese país, contrario al resto que vienen desde México y otros países.

Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, al menos 59 vuelos con personas deportadas ingresaron a El Salvador según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recopilados por la organización Witness at the Border.

San Miguel y Usulután serían los dos departamentos que perderían diputados en la Asamblea Legislativa en las elecciones legislativas de 2027, según el informe «Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador» de Acción Ciudadana. La cantidad de diputados por departamento se determina con base a la población de cada circunscripción.

El estudio detalla que San Miguel pasaría de tener cinco diputados a solo cuatro y Usulután pasaría de cuatro a solo tres. Por el contrario, Santa Ana pasaría de cinco a seis diputados y La Libertad de siete a ocho legisladores del Primer Órgano de Estado.

El artículo 13 del Código Electoral establece que la Asamblea Legislativa debe estar integrada por 60 diputados y cada circunscripción «se integrará con al menos dos diputados», es decir, que si en caso que un departamento de acuerdo a su población obtiene solo una diputación, se debe ajustar para que tenga el mínimo de ley, que son dos.

Si la ley no planteara un ajuste para que el mínimo de diputaciones sean dos, entonces, el informe de Acción Ciudadana señala que Cabañas solo alcanzaría un escaño, no dos como quedaría con el ajuste y San Miguel tendría cinco diputaciones.

«Se verifica que la circunscripción que perdería un escaño para que lo tenga Cabañas sería San Miguel, pues esta tenía el menor residuo. Esta comparación también permite apreciar que, aunque el ajuste de ley afecta a cuatro circunscripciones, solamente una lo requería, es decir, Cabañas».
Informe de Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador» de Acción Ciudadana.

Además, considera que con este ajuste de ley para el mínimo de dos curules, es «posible que se declarara inconstitucional» porque «evidentemente afecta al pluralismo político». Además, señala que hay circunscripciones «sobrerepresentadas», es decir, que se requieren menos votos para alcanzar un escaño «porque los votos de los votantes valen o pesan más».

En el caso de las circunscripciones subrepresentadas se necesitan más votos para lograr una diputación. Según el cálculo de Acción Ciudadana, Cabañas estaría sobrerepresentada en un 28 %, en cambio, en Cuscatlán, los candidatos requerirían más votos porque la circunscripción está subrepresentada en un -24 %.

La organización señala que este fenómeno llamado «malapportionment» no es nuevo porque antes ya existía porque se establecía como mínimo tres diputaciones para departamentos como Cabañas y San Viente.

Acción Ciudadana sostiene que con el cambio de fórmula de Hare a D´Hondt se «redujo la pluralidad del sistema» y sumado a la reducción de escaños «el sistema en su conjunto quedó configurado para garantizar la existencia de un partido hegemónico».

Con el nuevo censo, la organización considera que es una oportunidad para que el legislador cree «circunscripciones más grandes, a fin de mejorar la representación y oxigenar el sistema» y propone que la Asamblea reforme el artículo 13 del Código y elimine el mínimo de dos escaños, así como aumentar el número de escaños.

El Código Electoral plantea la cantidad de diputaciones tomando en cuenta el censo de 2007, por lo que, AC propone que se reforme para que refleje los resultados del nuevo censo 2024. «No hacer, además de constituirse como un incumplimiento de la ley, evidenciaría que se busca favorecer intereses electorales», afirma. En caso de rediseñarse el sistema electoral, Acción Ciudadana estima conveniente que se tome en cuenta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), actores políticos, academia y organizaciones de la sociedad civil.

La deportación de salvadoreños vía aérea cayó 26 % en el primer trimestre de 2025, en relación al mismo período del año pasado, según los datos del portal de transparencia de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). La mayoría de los deportados proceden de Estados Unidos.

Los datos estadísticos muestran que de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, fueron 3,769 los que fueron retornados a El Salvador. Lo que representa una disminución del 26 % para este año.

El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero con 1,130. Entre enero y febrero hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 es de 972 personas.

Por otro lado, Migración reporta en el primer trimestre de 2025 que 14 salvadoreños deportados ingresaron vía terrestre. De ellos, 10 retornaron a El Salvador en febrero, tres en enero y uno en marzo. Lo que representa un aumento del 1,300 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando solo se reportó una persona.La mayoría vienen de Estados UnidosLos datos también indican que la mayoría de los deportados proceden desde Estados Unidos. La entidad migratoria reporta que en los primeros tres meses de 2025 al menos 2,546 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, eso representa una disminución del 29 % con el mismo plazo de 2024.

Migración reportó el año pasado 3,610 es decir, 1,064 salvadoreños más fueron deportados desde la nación estadounidense. Para. este año 2025, se reportan 2,811 deportados desde Estados Unidos, o sea, el 90.5 % provienen de ese país, contrario al resto que vienen desde México y otros países.

Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, al menos 59 vuelos con personas deportadas ingresaron a El Salvador según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recopilados por la organización Witness at the Border.

El vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Napoleón Cardona Gutiérrez, aseguró el martes en la Comisión de Tecnología, Turismo e Innovación de la Asamblea Legislativa que «hay una relación inversa entre densidad de robots y desempleo», aunque advierte que algunos salvadoreños podrían perder su empleo si no se adaptan al nuevo sistema.

Cardona Gutiérrez dijo a los diputados que con la automatización de procesos con robots se espera que venga «a cambiar el ecosistema por completo» y eso implica que algunas personas pierdan su empleo y aseveró que «eso es natural» porque «en todo cambio eso pasa». Actualmente, El Salvador tiene en funcionamiento al menos 42 robots.

«Hay estudios, el Foro Económico, montón de estudios que han aparecido sugieren que la automatización viene a cambiar el ecosistema por completo, va a haber gente que a lo mejor pierden el trabajo, eso es natural , en todo cambio eso pasa, hay terceros afectados».
Manuel Napoleón Cardona, vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco.

El experto añadió que también es importante considerar cómo minimizar el impacto que la automatización pueda tener en la vida laboral de los salvadoreños y recordó que Charles Darwin decía «no es la criatura más inteligente la que sobrevive, sino la que se adopta más rápido a los cambios».

En ese sentido, aseveró que uno de los beneficios de la automatización es el «cambio en el ecosistema económico» permitiendo que los ciudadanos pasen de consumidores a productores, generando así la creación de «muchas fuentes de empleo si robotizamos El Salvador. «A lo mejor quieran venir empresas de fabricación de vehículos», afirmó.

«Aquella persona que no quiere cambiar y se queda de brazos cruzados, le va a pasar el tren y ni modo va a tener que buscar otra cosa».
Manuel Napoleón Cardona, vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco.

«Van a surgir nuevos empleos, mejores empleos, sí que puede tocar algunos, por supuesto, no le voy a decir «mire no», pero la mayor parte es beneficio», subrayó Cardona. Dos de las dificultades que ha habido para la automatización el país, según el experto es que los empresarios no se han sentido convencidos en la «tasa de retorno de la inversión» y otra es la formación, por eso considera que la educación robótica se debe inculcar desde la primera infancia.

Además, destacó en el proyecto de ley que se norme la seguridad de datos, aunque recomendó a los legisladores que se regule cómo certificar que la persona que instale y maneje robots esté capacitada para hacerlo. «Me parece que incluye los elementos sustanciales que debería tener», dijo.

Asimismo, sugirió que se habiliten líneas de créditos para empresarios y que puedan automatizar sus procesos y que los incentivos que ofrece la ley, no se limiten para las empresas que se creen a partir de la aprobación de la legislación sino también para empresas que tienen años de funcionamiento.

Las áreas más beneficiadas con la automatización de procesos en El Salvador sería la manufactura liviana, el área del plástico y el rubro de los alimentos, según Cardona. La Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la nueva Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA).

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión avaló este martes el proyecto de Ley de Tecnologías Robóticas que está basada en tres ejes: diversificación económica, competitividad regional y atracción de inversión, según explicó el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario José Flamenco Rivas.

Con los votos de los diputados presentes se aprobó que el dictamen pase al pleno para que sea autorizado por los legisladores en pleno. Previo al aval, los diputados recibieron al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Napoleón Cardona Gutiérrez, y al director de la ANIA, Mario Flamenco.

El equipo de Flamenco pidió a los legisladores que modificaran la letra e del artículo 8 para omitir la parte en que se establecía que era la ANIA la entidad encargada de imponer multas. Los diputados aprobaron el cambio determinando que la Agencia solo tiene facultad para «fiscalizar y vigilar el cumplimiento de esta ley y de las normas de seguridad».

«Las intenciones del señor Presidente para con esta ley es crear un referente de El salvador como pioneros de la tecnología de la robótica y atraer inversión de las empresas que tengan el más alto grado de integridad ética y de tecnología».
Mario Flamenco, director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

Flamenco calificó la normativa de «permisiva» porque se enfoca en brindar «facilidades de entendimiento» a las empresas sobre las regulaciones vigentes en el país, en «lugar de ser restrictiva» como leyes de otros países. «Está enfocada en atraer inversión… a El Salvador le urge una diversificación económica» dijo.

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El recién nombrado titular de la ANIA explicó que el mundo «necesita automatización de muchos procesos» y aseveró que eso es «inevitable» y que por ello, El Salvador requiere «evolucionar y adaptarnos porque lo vamos a tener que hacer en un punto».

Aseguró que con esta legislación pretenden «intentar modernizar el sector de salud, educación y seguridad» porque considera que se «pueden utilizar sistemas robóticos para agilizar las cosas, hacerlas más baratas, hacerla de mejor calidad».

La comisión también recibió al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco (UDB), Manuel Cardona, quien aseveró que la iniciativa «incluye los elementos clave» para la gestión de este tipo de tecnologías, así como de seguridad para la protección de datos.

Cardona propuso que se enfatizará en la ley la exigencia de certificaciones para comprobar la capacidad técnica de quienes instalen u operen robots en El Salvador, que se promovieran líneas de crédito para empresarios y que la ley no solo contemple incentivos para nuevas empresas sino para antiguas, sin embargo, estas recomendaciones no fueron sometidas a votación por los legisladores.

El distrito de Meanguera en el municipio Morazán Norte publicó que colaboró con habitantes regalándoles un lazo, para que crucen un río; la publicación causó indignación en la población que cuestiona porqué no construyen un puente.

En la publicación incluyeron tres fotografías donde se muestra al director de distrito, Dennis Morel Mejía Sánchez entregando el lazo a dos ciudadanos de la zona.

«Habitantes del caserío La Guacamaya, distrito de Meanguera, quienes colindan mediante una garrucha con el caserío El Volcancillo distrito de Joateca, Morazán Norte, este día el director del distrito Denis Morel Mejía Sánchez hizo la entrega de cuerda (lazo) la cual recibieron con gran emoción y gratitud, por haber sido atendida su solicitud, ya que ellos utilizan otro tipo de cuerdas para cruzar el río Sapo poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias», dice la publicación del distrito en Facebook, aunque siguen apareciendo como Alcaldía Municipal de Meanguera.

La publicación no tardó en generar reacciones, pero de descontento y crítica, en la que los ciudadanos cuestionan porqué no construirles un puente, ya que el mismo distrito dice que los habitantes ponen en riesgo sus vidas.

El distrito decidió eliminar la publicación, debido a las críticas y aún así siguió recibiendo cuestionamientos en las que la población les pide «sean serios».