Categoría: Politica

  • Alcalde de Sonsonate Norte dice «quizá hay que sancionar a quienes arrojen basura en la calle»

    Alcalde de Sonsonate Norte dice «quizá hay que sancionar a quienes arrojen basura en la calle»

    La municipalidad de Sonsonate Norte publicó en Facebook que multarán a quienes arrojen basura en la calle y ríos con sumas de hasta $74.25, pero el alcalde Hugo Zavaleta aseguró que para «disuadir», no se aplica en la práctica.

    Para Zavaleta mantener limpios los distritos que conforman el municipio es prioridad, pero también es una lucha constante. El municipio es conformado por los distritos de Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán y Santa Catarina Mazahuat.

    «Yo le compartía al jefe de la policía de Sonsonante Norte un video donde alguien está tirando basura y él me decía, «este no es sector de Ruta de Las Flores, sino ruta de la basura», porque llegamos nosotros y limpiamos y a los 15 días la gente ya llegó a botar basura, entonces la única forma de combatir este flagelo es multándolos, pero no todos los distritos lo tienen contemplado, eso es en la ley general que tenemos (Ley de Medio Ambiente) y va a haber que aplicar las sanciones respectivas», dijo Zavaleta este viernes en la entrevista de canal estatal.

    El alcalde cuestionó a la población que no deposita la basura en su lugar y simplemente la tira desde un vehículo o en el bus, provocando no solo una ciudad sucia, sino que se tapen tragantes y que hayan inundaciones con las lluvias.

    «La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que no se ensucia. Hay gente que va en el carro, en el bus y tira la bolsa porque ya se tomaron el fresco o ya se comieron algo y la población ha agarrado la mala costumbre de que cuando está lloviendo fuerte aprovecha tirar la bolsa de la basura para que el agua se la lleve, más no sabe que esa basura va a llegar a obstruir un tragante y uno quiere dialogar, y decirle a la gente que no lo haga, pero resulta que quizá hay que sancionar», añadió el edil.

    El 27 de junio recién pasado la alcaldía de Sonsonate Norte publicó en su perfil de Facebook un llamado a la población a no tirar basura en lugares no autorizados, y les advierte que serán multados. Diario El Mundo consultó sobre esa ordenanza y el alcalde respondió que es para «disuadir, ya que actualmente las alcaldías no pueden poner ordenanzas».

    «Lo que se quiere es disuadir a la gente, lo que se está hablando es a través de la normativa legal que existe, y lo que se trata es que la gente no haga eso; mire en Estados Unidos a la gente le ponen multas, porque usted puede ver los ríos, las quebradas, que están colapsadas de basura por culpa de nosotros los seres humanos, pero ya está establecido en la Ley de Medio Ambiente, pero como ahorita no se han podido hacer reformas a las ordenanzas, así que ahorita estamos disuadiendo», explicó el alcalde de Sonsonate Norte a Diario El Mundo.

    Según la publicación de la comuna, la ordenanza contravencional para la Convivencia Ciudadana del distrito de Nahuizalco indica que la multa mínima «a las personas que arrojen o abandonen residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, ríos, lagos, bosques, parques nacionales y otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales», será de $28.57 mientras que la máxima es de $74.24.

    Sin embargo Zavaleta reiteró que no quieren «estar de choque con la gente, sino disuadir, para que no boten basura, pero alguna decisión hay que tomar tarde o temprano y hago un llamado a la población a tomar conciencia y no botar basura en la calle, pero como ahorita no hay reformas, ni creación de ordenanzas nuevas, entonces nos vamos a basar en la ley creada desde la Asamblea Legislativa y aplicarla nada más».

    En la Ley de Medio Ambiente, el artículo 98-A establece que se aplicará una multa de $20 a quien arroje o abandone residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas.

  • Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa un presupuesto de $2,316,483 para que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inicie su funcionamiento en el ejercicio fiscal de 2025.

    Del total del presupuesto de la nueva entidad que se encargará de la recolección de desechos en distintos municipios, incluido San Salvador Centro, un total de $1,641,483 se destinaría a remuneraciones y $513,000 a bienes y servicios.

    También se asignan $92,000 en gastos financieros y $70,000 en inversiones en activos fijos, que puede ser infraestructura.

    El proyecto detalla un total de 171 empleados, con salarios desde los $450 y un máximo no detallado. Seis empleados tendrán un salario superior a los $2,301. La mayoría de los empleados, un total de 157, están clasificados como técnicos. El titular de ANDRES tendrá ingresos anuales de $40,000.

    La solicitud fue recibida el 2 de julio por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa y fue enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien el 30 de junio recibió las instrucciones del vicepresidente Félix Ulloa, como encargado del despacho presidencial.

    La solicitud fue enviada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que la recibirá el lunes para su estudio y posterior aprobación.

  • Vicepresidente Ulloa se reúne con representante de Acnur en El Salvador, interesado en alianzas con el sector privado

    Vicepresidente Ulloa se reúne con representante de Acnur en El Salvador, interesado en alianzas con el sector privado

    El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró durante una reunión con el nuevo representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Vito Trani, que el gobierno salvadoreño ha «enfrentado las causas estructurales» de la migración.

    Según una publicación de la Vicepresidencia de la República, Ulloa le dijo a Trani que las causas de la migración salvadoreña han sido la violencia provocada por las pandillas, abandono del sector agrícola y las secuelas del conflicto armado; y que «el gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado dichas causas estructurales de raíz».

    «El gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado dichas causas estructurales de raíz, reduciendo la migración irregular y logrando que El Salvador ya no figurara entre los países con mayores flujos irregulares hacia Estados Unidos».
    Vicepresidencia de la República.

    La vicepresidencia también informó que Ulloa y Trani acordaron realizar una visita conjunta a La Campanera, Soyapango, para «profundizar el impacto positivo de las intervenciones» que Acnur ha desarrollado en El Salvador y «reafirmar el compromiso gubernamental» en ello. El vicepresidente habría compartido con Trani cómo el gobierno habría «enfrentado con firmeza el fenómeno de la migración forzada».

    La vicepresidencia indicó que Trani, por su parte, dijo que «ha trabajado satisfactoriamente» con instituciones como el Ministerio de Vivienda y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y que además «han fortalecido los lazos en comunidades» como La Campanera.

    Según la publicación, Trani indicó que está especialmente interesado en «fortalecer alianzas con el sector privado, incluyendo instituciones académicas», aunque no se brindaron detalles al respecto.

    El Gobierno de El Salvador ratifica su compromiso por generar condiciones que prevengan la migración irregular. El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51) sostuvo una reunión de cortesía con el nuevo Representante del Alto Comisionado de… pic.twitter.com/yAPrtxUMU1

    — Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) July 4, 2025

  • Embajada desmiente video con información falsa: residentes permanentes pueden salir y regresar a EEUU

    Embajada desmiente video con información falsa: residentes permanentes pueden salir y regresar a EEUU

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador alertó esta semana sobre un vídeo falso que «difunde un rumor» en el cual se asegura que supuestamente el gobierno estadounidense prohibía a los residentes permanentes que regresaran a esa nación norteamericana.

    La sede diplomática, ubicada en Antiguo Cuscatlán, explicó que el vídeo afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había firmado una orden ejecutiva para prohibir que los residentes permanentes regresaran a Estados Unidos si estos salen del país.

    «Circula un video en redes que difunde un rumor: supuestamente, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los residentes permanentes legales regresar a EE. UU. si salen del país. ES FALSO».
    Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

    La Embajada aseveró que «es falso» y que los residentes permanentes «conservan los mismos derechos de siempre». El mismo comunicado ha sido publicado también por otras sedes diplomáticas como el consulado en México.

    La aclaración también ha sido publicada en la página de la cuenta oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre migración. Todas las publicaciones comparten el mismo texto.

    Circula un video en redes que difunde un rumor: supuestamente, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los residentes permanentes legales regresar a EE. UU. si salen del país. ES FALSO. Los residentes permanentes conservan los mismos derechos de siempre. pic.twitter.com/GTTCBn7aMw

    — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) July 3, 2025

  • Nueva ley sanciona abusos de ventas de gas y combustibles, incluso si cobran FEFE y Cotrans

    Nueva ley sanciona abusos de ventas de gas y combustibles, incluso si cobran FEFE y Cotrans

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva «Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo«, que establece multas de $500 a $100,000 a los distribuidores por cometer abusos en la venta de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles.

    La nueva ley fue aprobada tres días después del vencimiento de la anterior y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

    La normativa establece multas desde $500 hasta $10,000 si las estaciones de servicio no permiten inspecciones o si las distribuidoras de gas incumplen el precio máximo de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

    Además, establecen multas desde $10,001 hasta $100,000 a los distribuidores que incumplan la legislación o la reglamentación, no atiendan la instrucción de interrumpir la salida de vehículos durante una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros.

    La nueva ley castiga expresamente con multas de $10,001 hasta $100,000 a las empresas si cobran los cargos de FEFE ($0.16 por galón de combustible) y Cotrans ($0.10 por galón de combustible), los cuales fueron restablecidos el 27 de septiembre de 2022, en aquel entonces, debido al «comportamiento hacia la baja» del precio del petróleo.

    Los diputados no se refirieron a estas sanciones aprobadas para los establecimientos que cobren el FEFE y Cotrans, impuestos que actualmente están vigentes y que son recaudados por el Ministerio de Hacienda. Tampoco explicaron esta modificación en la solicitud del proyecto de ley.

    Este año, la recaudación en ambos cargos ya suma $47.9 millones, $1.7 millones más de la alcanzada durante el mismo periodo del año 2024. En detalle, el gobierno ha recaudado $22.4 millones en FEFE y $25.5 millones en la Contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo (Cotrans) en los primeros cinco meses de 2025 según el Portal de Transparencia de Hacienda.Por la guerra Israel-IránLa ley original que castiga abusos en las ventas de GLP y combustibles fue aprobada en 2022 con el argumento de los efectos que causaría en los precios la guerra entre Ucrania y Rusia, pero la última prórroga de esta normativa venció el 30 de junio de 2025.

    Dicho decreto legislativo 311 fue aprobado el 13 de marzo de 2022. En la última prórroga, el 11 de diciembre de 2024, el gobierno argumentó que «la coyuntura mundial descrita se mantiene vigente», referida al «conflicto bélico Ucrania-Rusia y la OTAN». En la nueva ley aprobada ayer el gobierno expuso que la guerra entre Israel e Irán ha provocado aumento de precios.

    «Dada la coyuntura mundial por el conflicto bélico que se ha agudizado entre los Estados de Israel e Irán, ha generado alzas en los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que es necesario emitir el presente decreto, con la finalidad de evitar abusos en la distribución y comercialización de productos de petróleo», argumentó el gobierno en uno de los considerandos del decreto.

    El decreto aprobado ayer establece esta obligación a las empresas dedicadas a la venta o distribución de productos de petróleo.

    No cumplir la obligación 'f' conllevará una multa de hasta $100,000 según el decreto aprobado. Así fue leído por la diputada Elisa Rosales.

  • Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    El viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, envió a la Asamblea Legislativa una solicitud para reformar la Ley general de presupuesto del Estado del año 2025 para transferir $53.9 millones a diferentes carteras de Estado, de fondos provenientes de Hacienda.

    En una carta, con fecha 30 de junio de 2025, dirigida a los secretarios de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, es decir, a Elisa Rosales, Reynaldo López Cardoza y Reinaldo Carballo, el viceministro Sánchez les explicó que, «cumpliendo instrucciones del señor vicepresidente de la República, encargado del Despacho», pide su aprobación «conforme a derecho».

    En su solicitud, detalló que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de junio de 2025 una reforma con fondos disponibles del presupuesto «con cargo al Fondo General» y detalló su distribución.

    «Y es que en la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en lo que resta del presente año 2025».
    Luis Enrique Sánchez, viceministro de Hacienda, en carta a diputados.

    Los fondos se distribuirían así:
    -Presidencia de la República: $16.7 millones.
    -Ministerio de Economía, específicamente para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), dentro de «Apoyo a instituciones adscritas»: $16 millones.
    -Ministerio de Salud: $8 millones.
    -Ministerio de Relaciones Exteriores: $4 millones.
    -Ministerio de Justicia y Seguridad: $4 millones
    -Ministerio de Turismo: $3 millones.
    -Ministerio de Obras Públicas y Transporte: $2.2 millones.

    Según Sánchez, el Ministerio «identificó asignaciones disponibles dentro de su presupuesto vigente hasta el monto de los $53,900,000 que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y podrán ser utilizados para reforzar a las instituciones antes referidas». La solicitud fue enviada el 30 de junio al ministro por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.

    «cumplimiento de los objetivos y metas institucionales» durante el ejercicio 2025.

  • Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma a la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que dicho Fondo encargado de subsidiar el consumo de energía eléctrica pase formalmente a la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, que además administrará un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE).

    «Se vuelve necesario concentrar en el Ministerio de Hacienda la administración, gestión y operación de todos los subsidios que se otorgan a la población, entre los que tenemos el subsidio al consumo de energía eléctrica y telefonía», explica el decreto de reforma aprobado con 57 votos.

    La reforma faculta al FINET a «otorgar cualquier otro subsidio que al efecto se determine» por acuerdo de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, en el artículo que le faculta a otorgar el subsidio al consumo de energía y a servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos o consumo residencial.Un nuevo Fondo de MitigaciónLa reforma crea un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía, el cual se constituirá con $80 millones que serán emitidos en títulos valores por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y que esperan ser colocados en mercado nacional o internacional. La emisión de los títulos por $580 millones fue aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa incluidos $500 millones para consolidación de deudas de CEL.

    El nuevo FMSE que será administrado por el FINET, ahora bajo Hacienda, apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico» según los lineamientos que le emitirá la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual le establecerá las condiciones para el uso del FMSE.

    «Los montos por pagar con recursos del FMSE incluirán todos y cada uno de los conceptos que se encuentren dentro de los parámetros y lineamientos emitidos por la Dirección», indica el proyecto de decreto. El artículo 7 también menciona que el FMSE será «recuperado progresivamente por medio de los pagos realizados por los usuarios beneficiados».

    Será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas la que autorizará los desembolsos al FINET, que a su vez le informará a la Dirección de Energía sobre los saldos y proyecciones del uso del FMSE.

    El decreto no detalla qué otro subsidio a la energía será autorizado por el FINET, además de los otorgados al consumo en áreas rurales de bajos ingresos o consumo de energía eléctrica residencial.

    La ley del FINET establecía que el FINET era administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), entidad disuelta a través de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), normativa que facultaba a la DOM a suscribir convenios que le competían al FISDL.

    Las funciones del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) del Ministerio de Economía pasaron a Hacienda mediante una reforma del 20 de octubre de 2022 a la Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

  • Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso este jueves en sesión plenaria una reforma a la Ley General de Educación para incorporar la asignatura de salud mental en todas las escuelas y que se obligue la contratación de un psicólogo o psiquiatra en todos los centros escolares, públicos y privados para la atención de los estudiantes.

    «El Ministerio de Educación exigirá en cada centro educativo nacional y privado, así como a instituciones de educación superior la contratación de personal especializado en psicología o psiquiatría para administrar atención de salud mental a los estudiantes… Será obligatorio impartir la currícula de Salud Mental, como una materia más en todas las instituciones», reza la propuesta de reforma firmada por Villatoro y el diputado Francisco Lira, ambos de Arena.

    Villatoro planteó que muchos padres han sido llevados por el régimen de excepción, otros padres padecen de alcoholismo o drogadicción y no atienden a sus hijos, y otros han migrado. «No existe ese núcleo familiar que permita que ellos se desenvuelvan como una familia normal», dijo.

    Citó la encuesta de salud mental realizada por el Instituto Nacional de Salud a estudiantes y reiteró que el 13 % presenta conductas de ira, el 70 % tiene hiperactividad elevada, el 23 % sufre bullying escolar, un 56 % sufre de transtorno de pánico, un 42 % tiene síntomas de depresión y más del 3 % ha tenido pensamientos suicidas.

    La propuesta no tuvo apoyo de Nuevas Ideas ni de sus aliados el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Solo tuvo tres votos, de Arena y Vamos.

    Luego de la votación, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó introducir su propuesta de Ley de megaescuelas. «La idea es que estas megaescuelas estén totalmente equipadas», reiteró. Aseguró que «no se trata de fusionar escuelas y dejarlas más lejos de los niños de las comunidades» sino de acercarlas y establecer un sistema de transporte gratuito y destinar el 8 % del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a la red vial escolar.

    Ortiz propuso que, según el artículo 143 de la Ley Crecer Juntos, se incorporen los Centros de atención a la primera infancia o Capis, ya que actualmente, dijo, «todos son privados».

    «Solicito que esta pieza de correspondencia y pase a la comisión correspondencia, así como pido que las otras 30 iniciativas de ley que esta servidora ha presentado también sean tomadas en cuenta por esta Asamblea Legislativa», dijo.

    El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió a votación la modificación. «Con tres votos a favor, no hay resolución», dijo.

    Ortiz aseguró que el proyecto de ley también fue presentado el 30 de junio. «Queda en manos de usted, señor presidente, como obligado legalmente a darle trámite de ley a cada una de las propuestas legislativas que se someten a que pase a la comisión respectiva», le dijo la diputada. El presidente legislativo no le respondió y continuó con la sesión plenaria.

  • Bukele niega torturas a Kilmar Ábrego en el CECOT

    Bukele niega torturas a Kilmar Ábrego en el CECOT

    El presidente Nayib Bukele desmintió las acusaciones del migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, quien denuncio haber sufrido diferentes tipos de torturas mientras estuvo reculído en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    Los abogados del Ábrego García aseguraron el miércoles que durante su paso por la megacárcel «fue sometido a torturas físicas y psicológicas, incluyendo palizas, privación del sueño, hacinamiento extremo, mala alimentación, amenazas y exposición constante a luces brillantes».

    Ante las acusaciones del trato experimentado en la prisión ubicada en San Vicente, Bukele señaló que el migrante «no fue torturado ni perdió peso. De hecho, las fotos muestran que subió de peso durante su detención».

    «Hay abundantes imágenes de diferentes días, incluyendo su reunión con el senador Van Hollen, quien confirmó que el hombre parecía estar bien», manifestó el mandatario.

    Bukele difundió un video en su cuenta de X, en el que se ve a Kilmar Ábrego realizando diferentes tipos de actividades como la pesca, haciendo ejercicio con pesas y jugando junto a otros reos con una pelota de fútbol y disputando una partida de ajedrez.

    El salvadoreño deportado por un «error administrativo» junto a un grupo de venezolanos también aparece dentro de una celda junto a otro recluso y en una de las imagenes se le muestra viendo la televisión, actividad que nunca habia sido mostrada por el Gobierno al interior del Cecot.

    «Si lo torturaron, lo privaron de sueño y lo dejaron morir de hambre, ¿por qué sale tan bien en todas las fotos? ¿Por qué engordó? ¿Por qué no tiene moretones ni ojeras?» recalcó Bukele en la red social.

    El pasado 6 de junio se concretó su retorno después de que la fiscalía estadounidense lograra que Ábrego García fuera imputado en un tribunal de Tennessee por cargos de tráfico de personas, dado que en 2022 fue detenido conduciendo un vehículo con migrantes indocumentados.

    A pesar de que una jueza ordenó su liberación mientras dura su proceso judicial, la defensa solicitó que permanezca bajo custodia federal, dado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretende arrestarlo y deportarlo a un país distinto de El Salvador cuando salga a la calle.

    Apparently, anything a criminal claims is accepted as truth by the mainstream media and the crumbling Western judiciary.

    But the man wasn’t tortured, nor did he lose weight. In fact, photos show he gained weight while in detention. There’s plenty of footage from different days,… pic.twitter.com/PzvLcCNzrK

    — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 3, 2025

  • Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de tecnologías robóticas» que promete incentivos para fomentar la fabricación en El Salvador de tecnologías robóticas «únicamente» las utilizadas en espacios públicos o para actividades comerciales o de servicios, o bien para transporte, cuido de personas vulnerables o para el área de salud.

    La ley no será aplicable a actividades de aficionados sin fines comerciales o dispositivos que tengan permisos previamente obtenidos, sensores de edificios ni a drones.

    Será la «Agencia Nacional de Inteligencia Artificial» la que aplicará la normativa, tendrá un catálogo y códigos de conducta de la industria robótica, y reconoce la ISO/TS 15066 (robots colaborativos), ISO 10218 (robots industriales), ISO 13482 (robots de cuidado personal), IEC 611508 (seguridad funcional) y versiones posteriores.

    La nueva normativa distingue entre diseñadores, desarrolladores y fabricantes, integradores, desplegadores, operadores y usuarios finales, roles que «se tomarán en cuenta» para «determinar el responsable ante un incidente con una tecnología robótica que provocó daños a propiedad ajena o lesiones o percances a personas».

    La ANIA clasificará las operaciones de estos roles en riesgo básico, intermedio o alto, según el potencial de cada tecnología robótica de provocar daños físicos o incluso «irreversibles» si las medidas fallan o no son atacadas, y también emitirá directrices.

    Los diferentes roles o actores tendrán la obligación «de acatar las normas técnicas de seguridad» establecidas por la ANIA, como medidas de seguridad si integran elementos de inteligencia artificial, características de lugares utilizados para pruebas, procedimientos para pruebas, requisitos de supervisión.

    El gobierno estará obligado a promover la creación de laboratorios, crear incentivos fiscales, promover la enseñanza de robótica y generar oportunidades de prueba piloto para impulsar la innovación.