Categoría: Politica

  • Aprobada 40ª prórroga del régimen de excepción, capturas suben a 87,100 según el gobierno

    Aprobada 40ª prórroga del régimen de excepción, capturas suben a 87,100 según el gobierno

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 40ª prórroga al régimen de excepción que cumple este jueves 1,195 días y que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales relacionados a la defensa, tiempo máximo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia para facilitar las detenciones en El Salvador. La prórroga cubre la vigencia del régimen hasta el 3 de agosto.

    Las autoridades argumentan que han identificado «intentos de reorganización» de pandillas, tráfico de drogas, extorsión, utilización de plataformas digitales para la «planificación de crímenes». El decreto fue aprobado con 57 votos a favor; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó el contra. Los diputados de Arena estaban ausentes.

    En la solicitud con fecha 27 de junio de 2025, el gobierno reporta 87,100 personas capturadas bajo el régimen, 700 más en comparación con los 86,400 detenidos reportados por el gobierno en la solicitud de prórroga 39, hace un mes.

    La solicitud es firmada por Adolfo Muñoz Cisneros, secretario jurídico del presidente Nayib Bukele, y fue recibida por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea el 2 de julio a las 2:33 p.m.

    «Estas estructuras aún tratan de resistir», dijo el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, en el debate de la propuesta durante la sesión plenaria semanal desarrollada este jueves. «Llevamos 948 días sin homicidios, de los cuales 934 han sido bajo el régimen de excepción», indicó el legislador cian.

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, aseguró que «es la única receta que ha funcionado». Mencionó que una persona que había andado «con cachucha roja» le preguntó por qué continúan con el régimen si ya no es necesario. Relató que les dijo que «el país lo tuvieron de rodillas por más de 30 años».

    Por su parte, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró que «el fenómeno de los terroristas pandilleros había llegado a todas las hebras del tejido social» porque «poco a poco» «había familias completas, hijos, padres, madres, involucrados con las pandillas» que «a simple vista no parecían pandilleros», incluso «algunos defensores».

    Castro cuestionó a las personas que preguntan para qué quieren el régimen de excepción. «¿De verdad se lo tenemos que explicar?, ¿en qué realidad viven, pues?», preguntó. «Preséntenme un modelo mejor, el régimen de excepción es una de las medidas que debería tener más reconocimiento, incluso de manera internacional sobre derechos humanos», opinó antes. También, el político dijo que estarán «atentos de tomar las acciones que se tengan que tomar» e instó a realizar «denuncias anónimas» para evitar que las pandillas resurjan.

    Durante el régimen de excepción el promedio diario de homicidios ha disminuido a un promedio menor a la unidad, sin embargo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario reportan detenciones arbitrarias, torturas y muertes de unos 400 privados de libertad a lo largo de la medida.

  • Diputados autorizan a CEL a emitir $580 millones en títulos valores para deuda y Fondo de Mitigación

    Diputados autorizan a CEL a emitir $580 millones en títulos valores para deuda y Fondo de Mitigación

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este jueves a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a gestionar una deuda por hasta $580 millones a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados en el mercado nacional o internacional.

    La dispensa de trámite tuvo dos votos en contra, de Claudia Ortiz (Vamos) y Marcela Villatoro (Arena); y 57 votos a favor. El contenido del decreto tuvo tres votos en contra y 56 votos a favor.

    Un total de $500 millones de los fondos, según el artículo 2 del decreto, serían destinados para la consolidación de la deuda contraída por la CEL. El decreto iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

    El resto de los títulos emitidos por la CEL, un total de $80 millones, se destinarían según el decreto al Fondo de Mitigación del Sector de Energía, para apoyar el cumplimiento de obligaciones vinculadas con usuarios de categoría «Residencial» y hacer «transferencias de recursos del Fondo de las entidades que brindaron el servicio de energía eléctrica» de la creación del Fondo.

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que este Fondo busca «beneficiar a la población en general» y mencionó que la CEL ha realizado una inversión de $18 o $19 millones. «Debemos dar las herramientas necesarias para que cuenten con los insumos financieros que ellos necesitan para seguir operando y llevando beneficios a la población salvadoreña», indicó.

    Los títulos valores podrán tener una tasa de interés fija, variable o cualquier otra modalidad permitida en os mercados, podrán colocarse a un plazo no menor a cinco años y su valor nominal podrá amortizarse mediante cuotas periódicas o un único pago al final del plazo o en una fecha prestablecida. Podrán ser redimidos anticipadamente a opción de CEL.

    Desde enero de 2025, la Asamblea ha autorizado y aprobado garantías soberanas del Estado a la CEL por un total de $580.98 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) relacionadas a deudas de 2008, 2017 y 2022.

  • López Cardoza cuestiona rol de ministro y directores luego de capturas en institutos educativos

    López Cardoza cuestiona rol de ministro y directores luego de capturas en institutos educativos

    Uno de los diputados aliados de Nuevas Ideas, Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), cuestionó este jueves el rol del ministro de Educación, de los directores departamentales y de los directores de los centros escolares, ante la supuesta actividad de pandillas sostenida por la Fiscalía salvadoreña que desde el 24 de junio ordenó la captura de 48 alumnos o exalumnos de tres institutos educativos públicos.

    En declaraciones a periodistas, antes de la sesión plenaria, López Cardoza aseguró que «esto alarma y hay que prevenir».

    «Ahora no sabemos cuál es el problema, ojo con el ministro de Educación, ojo el ministro de Educación, porque es su trabajo, pues, es su trabajo el poder educar y poder vigilar que todos los directores departamentales tengan ojos en los centros escolares», expresó.

    El legislador, del departamento de Chalatenango, sugirió a los directores de los centros e institutos educativos «tener ojo» o estar pendientes para vigilar «el comportamiento de cada uno de los alumnos».

    «¿Cómo es posible que no se dan cuenta (directores de centros educativos) que está pasando en su institución que manejan?».
    Reynaldo López Cardoza (PCN).

    Ante preguntas si los padres de familia tienen responsabilidad, el diputado respondió: «Los padres de familia a veces no sabemos qué hacen nuestros hijos en la escuela, nosotros los vamos a dejar en la escuela pero ya estando dentro no sabemos qué hacen, muestra de eso vimos un desorden que pasó en un hotel en Chalatenango».

    El pasado martes 24 de junio, la Fiscalía anunció la captura de 40 estudiantes –22 adultos y 18 menores– en el Instituto General Francisco Menéndez (Inframen), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según un comunicado oficial; anunció en X que serían procesados por agrupaciones ilícitas, pero aseguró que «amedrentaban a otros estudiantes» y que tenían «testimonios sobre agresiones sexuales, consumo de drogas y agresiones físicas». Ese día, informó que hicieron allanamientos en las viviendas de los arrestados, y fueron señalados de intentar la reactivación de una pandilla que según la Fiscalía se denominaba «La Raza estudiantil».

    Hasta el 30 de junio, la Fiscalía informó en una conferencia de prensa sin preguntas que fueron 48 detenidos –34 mayores y 14 menores de 18 años– a quienes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló de «una actividad definida que era la venta de droga». En dicha conferencia, el fiscal Rodolfo Delgado informó que serían acusados de agrupaciones ilícitas, delitos sexuales, amenazas al cuerpo docente, conspiraciones para asesinar a policías, y falsificación y alteración de monedas.

  • Mario Vega sobre situación de salud de pastor capturado: «No lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación»

    Mario Vega sobre situación de salud de pastor capturado: «No lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación»

    Miembros de la Iglesia Elim, y de las asociaciones Reverdes y Cristosal manifestaron esta mañana dudas sobre las condiciones físicas del pastor José Ángel Pérez, el ambientalista Alejandro Henríquez, y de la abogada Ruth Eleonora Cruz, y aseguran que la condición de incomunicación con sus familias es un patrón en estos casos.

    Los representantes de las organizaciones participaron hoy en el webinar «De defensores a personas presas de conciencia: el sistemático cierre del espacio cívico en El Salvador», desarrollado la mañana de este jueves, en el cual el representante de Cristosal, Noah Bullock, dijo que, para él, también «forma parte del grupo» de prisioneros de conciencia declarados así por la Amnistía Internacional.

    El pastor general de la Iglesia Elim, Mario Vega, expresó que no tienen por el momento «ninguna comunicación» con el pastor José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque, capturado desde el 12 de mayo de 2025, cuando residentes de la cooperativa protestaron frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda para cancelar una orden de desalojo contra 300 habitantes de la comunidad.

    Ante la pregunta sobre el estado de salud del pastor, el pastor Vega respondió: «En el caso particular del pastor Ángel, no lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación».

    Agregó que la única vez que lo vieron «fue durante la audiencia preliminar» y que incluso no tienen la certeza del lugar en el que se encuentra detenido. «No tenemos una constancia absoluta de dónde se encuentra detenido», fueron sus palabras.

    Por su parte, Dalia González, de Reverdes, aseguró que es la misma situación con el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, también capturado después de la misma protesta. «Hasta el momento la familia, los abogados, no han tenido comunicación» con Henríquez, dijo.

    Por su parte, Noah Bullock, de la asociación Cristosal, enumeró patrones en estas dos capturas y también en referencia a las detenciones de Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno.

    «Vemos patrones de violaciones al debido proceso. Esa norma nueva de detener primero y luego investigan. Cortar su vínculo con su familia, surte un efecto de terror en las personas, lo exponen a vulnerabilidades de abusos. Falta a la protección judicial. La reserva», enumeró como patrones comunes en las capturas, sin entrar a responder específicamente sobre el estado de salud de Ruth López, su comunicación con familiares y abogados, o su lugar de detención.

    En el webinar, César Marín, de Amnistía Internacional, aseguró que el nombramiento de prisioneros de conciencia para Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez busca ser una herramienta para llamar la atención de lo que está pasando en El Salvador pero no quiere decir que la declaración esté «limitada a estas tres personas».

  • El Salvador ha aumentado en 279 % las nacionalizaciones de extranjeros en una década

    El Salvador ha aumentado en 279 % las nacionalizaciones de extranjeros en una década

    La Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador casi ha cuadruplicado el otorgamiento de nacionalidades salvadoreñas en una década, ya sea por nacionalización o naturalización, desde 132 que aprobó en el año 2014 hasta 500 durante el año 2024, un aumento del 279 %.

    Desde enero de 2014 a marzo de 2025, El Salvador ha otorgado la nacionalidad salvadoreña a un total de 2,886 extranjeros, un promedio de 240 cada mes. Del total, un 79.4 % de los casos fue otorgada a través de nacionalizaciones y un 20.6 % se realizó a través de naturalizaciones.

    La tendencia es un alza [gráfica abajo].

    Durante los años 2015, 2016 y 2017, El Salvador otorgó 30, 66 y 51 nacionalizaciones y naturalizaciones, respectivamente; en 2018 se otorgaron 136 nacionalidades, una cantidad similar a la otorgada en el año 2014.

    En 2019 se otorgó la nacionalidad salvadoreña a 206 extranjeros, en el año de la pandemia la cantidad de nacionalidades otorgadas subió a 316; y a partir de 2021 la cantidad de extranjeros que se convirtieron en salvadoreños superó los 400 hasta llegar a 500 en 2025.

    Esta tendencia de incremento sigue en el año 2025, ya que en los primeros tres meses se ha otorgado la nacionalidad a 131 extranjeros, 105 nacionalizaciones y 26 naturalizaciones. Si esta tendencia continúa, el año concluirá con más de 500 nacionalidades salvadoreñas otorgadas.

    Una vez tengan la nacionalidad salvadoreña, pueden ejercer el sufragio, asociarse en partidos políticos, optar a cargos públicos, y tienen la obligación de cumplir la Constitución de la República.

    Migración informó el 3 de junio de la entrega de 35 nuevas nacionalidades salvadoreñas a personas extranjeras. / Migración y Extranjería.

    La nacionalización es válida únicamente para ciudadanos de origen centroamericano, mientras que la naturalización implica cumplir ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

    Según la Constitución de la República, la nacionalidad salvadoreña por naturalización puede ser solicitada por personas originarias de un país hispanoamericano que tengan un año de residencia en el país, los extranjeros de cualquier origen que tengan cinco años de residencia, los que obtengan esa calidad del Órgano Legislativo y las personas extranjeras casadas con salvadoreños que tengan dos años de residencia en el país antes o después del matrimonio.

    La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por residir más de dos años en el país de origen o ausencia por más de cinco años; y por sentencia ejecutoriada.

    Los requisitos para las naturalizaciones son certificación de partida de nacimiento, solvencia policial y penal, fotocopia de pasaporte, de documento único de identidad del cónyuge si está casado con un salvadoreño, certificación de partida de matrimonio, certificación de la Embajada de su país en la que se indique que se permite la doble nacionalidad y copia de carnet de residente definitivo.

  • ANDRES inicia formalmente operaciones en San Salvador Centro, pero concejo sigue sin información

    ANDRES inicia formalmente operaciones en San Salvador Centro, pero concejo sigue sin información

    La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inició formalmente operaciones en San Salvador Centro luego de que el convenio de cooperación fuera aprobado, aunque el concejo municipal sigue sin tener información oficial sobre el comienzo de la recolección de desechos en el municipio, compuesto por los distritos de San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Mejicanos.

    El convenio fue aprobado el miércoles 18 de junio de 2025 y tiene una vigencia indefinida.

    Le puede interesar: San Salvador Centro aprueba acuerdo con ANDRES para iniciar recolección de basura

    ANDRES publicó en su sitio web que su servicio ya se encuentra disponible en San Salvador Centro, además, de los municipios de La Libertad Costa, La Libertad Este, La Paz Este y San Salvador Este. El portal web permite a los ciudadanos hacer reportes por acumulación de basura, problemas en la red vial o en la iluminación de San Salvador Centro.

    Pese a esto, dos fuentes internas aseguraron a Diario El Mundo que en el concejo municipal no se informó de la fecha de firma del convenio de cooperación ni de la fecha de inicio de operaciones de ANDRES en los cinco distritos.

    ANDRES ya oficializó en su sitio web que sus servicios están disponibles en San Salvador Centro.

    La cuenta de prensa de la alcaldía capitalina no ha informado oficialmente sobre la firma del convenio, el cual debía ser suscrito entre el alcalde Mario Durán y el director de ANDRES, Alexander Francisco Gil Arévalo.

    El acuerdo contempla que el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, funja como administrador y responsable «de coordinar, facilitar y apoyar» el convenio.

    «Desde que aprobaron el convenio, nada dicen», aseguró una de las fuentes. Otra persona dijo que «todas las preguntas que se formularon respecto a este tema no fueron respondidas», por lo que desconocen los pormenores de lo planificado para las operaciones de ANDRES.

    El convenio faculta a ANDRES a que «mejore las rutas» de recolección de basura y establece que el 50 % de los ingresos municipales por el servicio de residuos sólidos sean destinados para el «Fondo especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».

  • UES alerta impacto de Ley de Agentes Extranjeros a las donaciones que recibe

    UES alerta impacto de Ley de Agentes Extranjeros a las donaciones que recibe

    La Universidad de El Salvador (UES), que acoge a más de 60,000 estudiantes, en su mayoría de escasos recursos, evalúa el posible impacto de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben ONG y entes públicos respaldados por cooperación internacional.

    El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó el miércoles que la Fiscalía General de la universidad ya fue instruida para analizar a fondo la situación.

    «Hay preocupación en la cooperación internacional», afirmó, tras reunirse con varios representantes de organismos cooperantes que están a la expectativa del efecto que la nueva normativa podría tener en la institución.

    Quintanilla recalcó que buena parte de los fondos para proyectos de movilidad académica, compra de equipo e investigación provienen de la cooperación internacional.

    «Si eso sucede (afectación), impacta directamente a la universidad», sostuvo.

    La UES cuenta con el presupuesto más bajo entre las universidades públicas de Centroamérica. Para 2025, el monto asignado es de $125.75 millones, inferior en 5 % a los $132.47 millones aprobados para 2024.

    El rector adelantó que, con el análisis de la Fiscalía, buscan confirmar el alcance real de la ley para, de ser necesario, solicitar a la Asamblea Legislativa ajustes que protejan los fondos destinados a la educación superior.

    La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el pasado 20 de mayo a propuesta del presidente Nayib Bukele. La ley aplica un gravamen del 30 % a toda donación internacional para personas o entidades, y ha sido comparada con legislaciones restrictivas de países como Nicaragua.

    Bukele defendió la iniciativa el 1 de junio, durante su discurso de primer año de su segundo mandato:

    «Hace unos días esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros: es una ley para proteger la cooperación internacional».

  • Integración comprará uniformes para empleados por más de $50,000

    Integración comprará uniformes para empleados por más de $50,000

    La Dirección de Integración busca comprar uniformes para los empleados de la instalación por $50,722.60 según consta en la oferta de compra publicada el 30 de junio en el sitio web de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La oferta indica que los uniformes serán adquiridos con fondos del gobierno central.

    En total son 2,593 piezas de vestir que la institución comprará entre blusas y camisas manga larga y corta, pantalones tipo jeans, gorras, chumpas, pijamas sanitarias y gabachas para médicos.

    En las especificaciones de la oferta, se ha detallado que todas las prendas deben contener el logo del gobierno de El Salvador y de la Dirección de Integración. Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato deben enviar sus ofertas técnicas y muestras del material a ofrecer.

    El gasto en cada prenda:

    • Blusas manga corta: $8,670.
    • Blusas manga larga: $7,410.
    • Camisas manga corta: $8,670.
    • Camisas manga larga: $7,410.
    • Jeans para hombre: $3,878.60.
    • Jeans para mujer: $3,480.40.
    • Gorras: $1,653.60.
    • Chumpas: $9,158.40.
    • Pijamas sanitarias: $354.
    • Gabacha para médicos: $37.60.

    La oferta de compra estará vigente durante 60 días calendario, es decir, hasta el 29 de agosto de 2023, pero el contrato que firme la Dirección de Integración estará vigente desde que se finalicen las negociaciones hasta el 31 de enero de 2026.

    Integración solicitó que las tallas utilizadas de muestra no sean distintas a las tallas de las prendas que serán entregadas a sus empleados. Si hay empleados que no se tallen las prendas, entonces, la institución informará sus nombres para «disminuir los reclamos por prendas no talladas».

    Este año también el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) inició un proceso de compra de uniformes para empleados por $72,249 entre blusas, camisas, blazers, chaquetas, capas y «filipas», además de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que destinó al menos $831,000 para uniformes.

  • Ingrid Escobar dice testificará en reunión con dos congresistas de EEUU

    Ingrid Escobar dice testificará en reunión con dos congresistas de EEUU

    La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, informó este miércoles que dentro de aproximadamente dos meses tiene una reunión en el Congreso de los Estados Unidos para dar su testimonio a través de «un par de congresistas».

    Escobar, quien aseguró que han iniciado «más de 200 procesos internacionales en Naciones Unidas» y otras denuncias en «diversas organizaciones internacionales de derechos humanos», dijo en una entrevista en radio YSUCA, que dará su testimonio en una instancia del Congreso estadounidense.

    «En dos meses más o menos tengo una reunión en el Congreso de los Estados Unidos donde yo voy a ir a decir mi testimonio y donde una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es abrirle a los ojos a ciertos funcionarios que están haciendo una alianza con las personas equivocadas en El Salvador, están negociando con criminales de lesa humanidad», dijo en la entrevista.

    La activista de derechos humanos detalló a Diario El Mundo que se trata de «una conversación con un par de congresistas, a través de una fundación que ha ayudado a personas extranjeras capturadas en CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)».

    Escobar, quien aseguró que salió del país luego de conocer que estaba en una lista de personas a capturar, dijo que no duda de que El Salvador está viviendo una «escalada represiva» de violaciones a derechos humanos. «Yo soy defensora de derechos humanos desde hace 13 años cuando comencé en un sindicato de la administración pública», comentó.

    La activista de derechos humanos exhortó «a los militares y policías» a «no cumplir órdenes ilegales». Ella ha asegurado públicamente que había tres equipos policiales destinados a perseguirla.

    El 1 de julio pasado, el periodista Héctor Silva Ávalos indicó en X que dio su testimonio en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. «Hablé de cómo el gobierno de El Salvador usa sus consulados para perseguir disidentes», indicó.

    La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos es un órgano formal de la Cámara de Representantes y está dirigida por dos copresidentes, el demócrata Jim McGovern y el republicano Chris Smith. Dicha comisión realiza audiencias para examinar avances sobre la «represión transnacional» (TNR), definida por el Departamento de Justicia como «una serie de tácticas que emplean los gobiernos extranjeros para trascender sus fronteras y dañar, intimidar, amenazar, acosar o coaccionar a personas. Entre las víctimas de la represión transnacional se incluyen a menudo disidentes y activistas políticos, periodistas, opositores políticos, grupos de minorías religiosas y étnicas, y miembros de la diáspora y comunidades en el exilio».

  • El 65 % de las peticiones ciudadanas son obras viales en San Salvador Sur según concejal

    El 65 % de las peticiones ciudadanas son obras viales en San Salvador Sur según concejal

    El 65 % de las peticiones que ciudadanos presentan al concejo municipal de San Salvador Sur corresponden a obras viales en sus distritos, según Raúl Cabrera, regidor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    El concejal criticó que no existe planificación de obras en el municipio.

    Desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, el concejo municipal ha recibido 79 peticiones de pobladores; en un 65 % los ciudadanos solicitan obras viales como reparaciones o asfaltado de calles, le siguen la mitigación de riesgos y equipamiento social, informó el funcionario.

    El regidor indicó que el distrito con más solicitudes es Santo Tomás pues de las 79 solicitudes al menos 44 provienen de esa localidad; le sigue Panchimalco con 15 y Santiago Texacuangos con solo 10.

    «La municipalidad ha recibido una cantidad de cartas que llegan al concejo municipal solicitando obras, de esas solicitudes estamos hablando que desde mayo de 2024 a mayo de 2025 se han recibido 79 cartas de diferentes comunidades de los cinco distritos».
    Raúl Cabrera, concejal del FMLN en San Salvador Sur.

    Además, relacionó estas peticiones con que «casi el 44 %» de la población de San Salvador Sur «vive en condiciones de ruralidad» y que, si bien es cierto San Marcos es el distrito más poblado y el más pequeño, no ha habido inversión social en el mismo desde 2021.

    Criticó que la falta de planificación en el municipio es lo que no permite identificar las necesidades que los ciudadanos tienen y atenderlas. Recordó que el presupuesto para ejercicio anual 2025 es de $38 millones.

    San Marcos recibía, según el concejal, unos $162,000 mensuales del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), pero actualmente todo San Salvador Sur recibe $273,487 mensuales para los distritos de San Marcos, Panchimalco, Santiago Texacuangos, Santo Tomás y Rosario de Mora.