Organizaciones defensoras de derechos han recibido, en tres años del régimen de excepción, 6,889 denuncias sobre inocentes capturados por el régimen de excepción, entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2025.
«Con este informe hemos identificado que dentro del régimen la gente no tiene libertad, tampoco hay justicia, ni se le respeta su integridad personal. Hemos recibido 6,889 denuncias como organizaciones, pero evidentemente, si hasta inicios de marzo había más de 85,000 personas detenidas, esto no refleja todos los casos que hay de víctimas de violaciones a derechos humanos, sino que estos datos son de los casos que nos han llegado», dijo Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (Idhuca).
Según detalla el informe, las violaciones a los derechos humanos que han vivido personas inocentes van desde las razones de la detención, una de ellas es por vivir en una zona estigmatizada, otra por denuncia anónima, incluso por represalias por parte de agentes policiales o de la Fuerza Armada.
También han denunciado que algunas capturas se han realizado a cambio de pagos o bonos. «A mí me dijeron que me habían llevado por un bono que les estaban dando de $150, que andaban agarrando a diestra y siniestra, les digo, la mayoría que estamos aquí es por eso, que solo nos han llevado», es el testimonio de una mujer trans, según el informe.
Dentro de los hallazgos recopilados con las víctimas, sobresalen los tratos crueles a los que son sometidas desde su llegada al recinto penitenciario, que van desde golpes, malos tratos, crueldad, incluso abusos sexuales.
«Las víctimas han denunciado malos tratos, tratos crueles o tortura recibida durante su detención. El 78.8% dijo haber recibido gritos por parte de custodios, el 54.5 % empujones, el 51.5% dijo que los exponían al sol durante largo tiempo, el 48.5 % que les rociaron gas lacrimógeno, también el 42.4% ha sufrido golpes», detalló Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
Las organizaciones registran 36 casos de personas liberadas, pero bajo medidas sustitutivas, desde marzo de 2022 hasta enero de 2025.
«El 97.2% de las víctimas tiene miedo a una recaptura, enfrentan dificultades para encontrar trabajo y siguen sufriendo hostigamiento policial», expuso Reyna.
«Mi hijo fue capturado en la casa, en Soyapango, llegaron dos policías, y revisaron los teléfonos, los DUIs y vieron que no había nada, entonces le preguntaban ‘¿dónde tenés la droga?’ y nosotros no sabíamos de qué hablaban. Uno de ellos le dijo al otro ‘está limpio’, pero el otro hizo como que habló por teléfono y decidieron llevárselo. Se lo llevaron el 26 de diciembre de 2022, y nunca lo vimos, gracias a Dios salió el 19 de febrero de 2025, con medidas sustitutivas, pero sí hay temor de una recaptura», expuso el padre de una de las víctimas.
La representante del Servicio Social Pasionista explicó además que cuando las personas salen de la cárcel viven con miedo a ser recapturadas o a que algún familiar suyo sea detenido.
«Además, encuentran dificultades para encontrar un empleo por discriminación o han perdido ya su empleo o negocio, y estas víctimas además siguen siendo hostigadas por la policía», cuestionó.
Al finalizar la presentación del informe, Dina Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), leyó una serie de recomendaciones, entre ellas al «Estado salvadoreño para que garantice la reparación integral de las víctimas del régimen.»
También, al Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, a exigen «que ejerza su función de apoyo al cumplimiento de defensa de derechos humanos, recomendando a la Presidencia la investigación oportuna, transparente, independiente y sin represalias de estos casos.»
