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Aunque se mantiene la caída sostenida desde febrero de 2025 en los arrestos de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, la cantidad de salvadoreños atrapados aumentó levemente de 154 a 208 de abril a mayo pasados, un 35 % según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La cantidad de migrantes salvadoreños arrestados en todo enero aún es el doble de los arrestados durante los siguientes cuatro meses, de febrero a mayo.

La migración detectada en la frontera sur norteamericana ha caído en un 95 % respecto al año pasado.

De febrero a mayo de 2024 se atraparon 17,288 salvadoreños; en el mismo periodo de 2025, fueron 846.

La tendencia ocurre con migrantes de todas las nacionalidades, ya que durante los últimos cuatro meses retuvieron 47,209; mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 729,725 migrantes de todas las nacionalidades, comparación que marca una baja de 93.5 % este año.

Más de 300 niños centroamericanos, 43 salvadoreños

De los 208 salvadoreños detectados en la frontera sur de los Estados Unidos, 43 eran menores de edad. En abril, fueron 28 niños salvadoreños detectados en la frontera sur. Esto implica una variación mensual del 53.5 %.

La cantidad de niños centroamericanos atrapados en la frontera sur registra un aumento de 209 en abril a 334 en mayo, de 59.8 %.

Pese al aumento ocurrido en mayo, se mantiene la disminución de las retenciones en la frontera que marcó el inicio de la administración Trump. Durante los últimos cuatro meses, EE.UU. ha detectado 1,076 niños centroamericanos, pero durante los cuatro meses anteriores fueron 13,203.

Estos datos a la baja se contraponen con los vuelos de deportados de Estados Unidos que se dispararon en mayo de 2025. Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo se registran 59 vuelos de deportados hacia El Salvador.

El representante del Foro del Agua, Carlos Flores, aseguró este lunes que algunas personas que han participado en sus concentraciones han sufrido «asedio policial», al punto de tener que ser reubicados.

Flores aseveró durante una entrevista en YSUCA que varias personas recibieron visitas de policías y militares en sus hogares luego de que participaran el 30 de mayo en una concentración durante la audiencia inicial contra el abogado Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez, presidente de la Comunidad El Bosque.

Flores calificó esta acción como «realmente grave», pues aseguró que en algunas ocasiones las visitas eran reiteradas, llegando al punto de tener que ser reubicados porque «el asedio policial ya era como bastante insoportable».

«Lo realmente grave es que, luego de esa actividad, a varia gente de la participó en la misma, varia gente recibió visita de policías y militares que tuvieron reiteradamente en la puerta de su casa. Incluso esta semana, alguna gente se tuvo que reubicar fuera de su casa porque el asedio policial ya era como bastante insoportable».
Carlos Flores, representante del Foro del Agua.

El vocero del Foro del Agua recordó que, durante el desarrollo de esa misma actividad, hubo policías que habrían tomado fotografías de los rostros de los participantes, habrían decomisado documentos de transportistas y que les habrían advertido que «si volvían a transportar personas a este tipo de actividades, que los vehículos los iban a perder».

Opinó que estas acciones son el punto «de partida para el proceso de persecución» a las personas que han acompañado a la Comunidad El Bosque y que acompañan «a la gente que está siendo violentada en su derecho al agua, a su derecho a la tierra». Aseguró que teme que se le capture con «delitos inventados».

Flores dice preguntan si él «incita» a protestas

El vocero del Foro del Agua dijo también que, antes de la captura de Alejandro Henríquez, asistieron juntos a una reunión con una comunidad de San Bartolomé Perulapía ante la preocupación por la perforación de un pozo agroindustrial cercano al pozo con el que se abastece el casco urbano de la localidad y que, posteriormente, las autoridades presuntamente han llegado al lugar para preguntar qué les ha dicho Carlos Flores o si ha «llegado a incitar que la gente se movilice contra el gobierno».

«La investigación no es por desórdenes públicos y resistencia agresiva, sino que la investigación que están llevando o intentando llevar es lo que quiere es identificar cuál es la posibilidad que tienen de inventarme un delito y poderme llevar a la cárcel también, porque eso es lo que pareciera», afirmó.

Según Carlos Flores, el gobierno está ejecutando una «cacería de brujas» para «la posibilidad de criminalizar la defensa» del agua y de las tierras en las comunidades.

Henríquez y Pérez fueron capturados luego de participar en una concentración frente a la residencial en donde vive el presidente Nayib Bukele para exhortarle a que intercediera contra una orden de desalojo de las familias de la Comunidad El Bosque.

Se les acusa de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Sobre el caso, Amnistía Internacional pidió su liberación por considerar que estos solo ejercían «sus derechos» y exigió «el respeto al derecho de protesta pacífica y una solución digna».

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el lunes un dictamen favorable una reforma presupuestaria que inyectaru00e1 $2.18 millones para el u003cstrongu003eCentro de Desarrollo Profesional (CDP) del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF)u003c/strongu003e, de San Bartolo, distrito de Ilopango, San Salvador Este.nnLos fondos provienen de “recursos propios generados por el Incaf” y se destinaru00e1n a la compra de equipo y maquinaria como robots, centros de torneado y estaciones de aprendizaje de electricidad. La cantidad exacta es $2,177,000.n

¿Para qué serviru00e1n los fondos?n-2 robots industrialesn-2 robots de fresadon-2 centros de torneadon-2 simuladores de sistemas para neumu00e1tica, hidru00e1ulica y PLCn-2 estaciones de aprendizaje de electricidadn-2 celdas de mantenimiento electromecu00e1niconnu003cstrongu003eSegún el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los beneficiarios seru00e1n 8,400 personas, trabajadores cesantes y jóvenes que buscan un primer empleo; recibirían un proceso de formación durante seis meses.u003c/strongu003ennLa inscripción al CDP-INCAF en San Bartolo seru00e1 gratuita mediante web, redes o vía directa, con prioridad a empresas cotizantes, jóvenes y personas cesantes con oferta alineada al mercado con tiempo disponible, mayor de 18 años, así como trabajadores activos de empresas inscritas en el sistema informu00e1tico del INCAF.nnLuego de la explicación del director de Hacienda, el u003cstrongu003ediputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, preguntó cuu00e1l es la solicitud en específico y si tienen identificadas u00e1reas en la zona de San Salvador Oeste.nnEl funcionario reiteró que la solicitud es la incorporación de fondos propios en el presupuesto para adquirir estos equipos para potenciar la demanda de formación en robótica industrial, simulación industrial y de montacargas, agregó que se mejoraru00e1n las condiciones del CDP y que el alcance del CDP es nacional.nn“Las acciones del INCAF estu00e1n previstas para cobertura a nivel nacional”, dijo el u003cstrongu003edirector general de Inversión y Crédito de Hacienda, Marlon Herrerau003c/strongu003e. Luego, el diputado Mulato agregó que el 65 % la industria de El Salvador estu00e1 en Soyapango e Ilopango.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes un dictamen favorable que incorpora $725,000 de una donación del «Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)» para el proyecto 8866 «Apoyo a la cadena de suministros de productos agropecuarios para la comercialización a nivel nacional» mediante los agromercados.

Los fondos serán destinados a una red logística para el abastecimiento de productos agropecuarios «desde las fincas o parcelas de los pequeños y medianos productores agropecuarios hacia la Central de Abastos y Agromercados» que administra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

¿Qué comprará el MAG con la donación del BCIE según el Ministerio de Hacienda?

-12 vagones/tráileres de carga con una capacidad de 10 quintales
-8 camiones con capacidad de 3.5 toneladas
-4 camiones con capacidad para 10.5 toneladas
-2 camiones con capacidad de 2.5 toneladas
-2 pick ups
-Servicios de auditoría del proyecto

Con esa compra, esperan un transporte «más ágil, eficiente y directa» de los productos a los agromercados y la Central de Abastos.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, agradeció al BCIE por la donación y aseveró que «esto va a ser muy favorable para la reducción de costos logísticos». «Según información que publicó el Banco en sus redes, esto para poder fortalecer la cadena de suministros de productos», indicó.

«El presidente Nayib Bukele siempre ha puesto a la población para que ellos puedan tener los diferentes agromercados y ha sido una gran estrategia que está funcionando», insistió la legisladora.

La diputada González preguntó cuánto es el tiempo de ejecución de la compra del equipo en el MAG. El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, respondió seis meses para la liquidación ante el Banco pero que para la adquisición de equipo el periodo de ejecución es comúnmente dos meses.

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, rechazó este lunes los resultados de la encuesta realizada en mayo por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), que lo colocó entre los alcaldes peor evaluados, y la calificó de «universidad opositora».

“¿Qué tiene que andar haciendo la UCA midiendo políticamente cómo está la municipalidad?… Yo rechazo totalmente la encuesta, el presidente anda arriba de los 93 %… La UCA no se dedica a cuestiones cristianas, como opositora se dedica a atacar”, fueron frases expresadas esta mañana por el alcalde de occidente en la entrevista Panorama, divulgada en Tribuna El Salvador.

Según la encuesta de la Uca, las alcaldías peor evaluadas son San Salvador Sur y San Salvador Oeste, con un 4.5; y Santa Ana Oeste, con una nota de 4.7. Santa Ana Oeste es conformado por Candelaria de la Frontera Chalchuapa El Porvenir San Antonio Pajonal San Sebastián Salitrillo Santiago de la Frontera.

Luego de haberse bajado el salario a $500 mensuales, lo subió a partir del 1 de junio a $1,000 mensuales luego de realizar un sondeo en X, en el cual dijo «el pueblo votó por $2,250», dijo sobre un sondeo en el que votaron, aseguró, «34,000 dedos», pero que él decidió asignarse $1,000 mensuales.

En esta entrevista, publicada el lunes, el alcalde y exdiputado de Nuevas Ideas cuestionó las muestras que realiza la universidad. “Es una encuesta paupérrima, es una muestra paupérrima”, criticó, en referencia a la muestra nacional y municipal.

La encuesta del Iudop-UCA se basa en 1,272 encuestas válidas con un error muestral de 2.75 %, más o menos, y un nivel de confianza del 95 %.

El Iudop utilizó un muestreo polietápico por cuotas de área urbana y rural, departamento, sexto y grupos de edad, siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población, por segmentos geográfico y de manera aleatoria en la selección de las viviendas. Las entrevistas, indica la el Iudop, se realizaron personalmente con la visita a cada vivienda.

La estadística permite realizar generalizaciones a partir de muestras que tengan las mismas características de la población. “Las conclusiones derivadas del estudio tienen representatividad a nivel nacional y este error muestral implica que los estadísticos (resultados) pueden fluctuar, a lo sumo, dos punto setenta y cinco puntos por arriba o por debajo de los valores reales de los parámetros poblacionales”, indicó el Iudop.

El gobierno de El Salvador, que asumió el viernes la presidencia pro témpore del Proyecto Mesoamérica durante la II reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto que se realizó Guatemala, se comprometió a mejorar «el ámbito social y económico» en la región».

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró en el evento que El Salvador recibía la presidencia pro témpore «con mucha responsabilidad». Prometió a los representantes de los demás países miembros que continuará promoviendo «acciones concretas que permitan una mejora en el ámbito social y económico».

«Nuestro gobierno reafirma su firme voluntad de contribuir activamente a la construcción de una Mesoamérica más fuerte y más conectada, por lo que confiamos en que contaremos con el respaldo y apoyo de cada uno de los países miembros del mecanismo, para seguir avanzando juntos, sin descanso».
Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

De este modo, el gobierno salvadoreño buscaría mantener vigente la «Agenda Mesoamericana de Trabajo», pero también impulsas «nuevas propuestas» que pretenderían fortalecer ´áreas como las telecomunicaciones, energía, economía y medio ambiente.

El Proyecto Mesoamérica detalla en su sitio web que es un organismo que facilita el diálogo entre las naciones, así como la instrumentación de acciones y proyectos para el desarrollo sostenible y la integración. La presidencia permanente es ejercida por México.

Los países miembros son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En 2026, El Salvador deberá entregar la presidencia pro témpore a Honduras para el primer semestre, mientras que, Nicaragua la ostentaría para el segundo tramo del año.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa estudiará este lunes un proyecto de «Ley de desarrollo social» que creará una nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS) como entidad rectora de la política de programas sociales del gobierno y de la medición de pobreza.

La nueva normativa, que deroga una ley similar aprobada en 2014, obligará a todas las instituciones públicas a entregarle a la nueva Dirección información sobre los beneficios que entregan y creá una «Registro Social» de beneficiarios, que recopilaría datos «sobre las condiciones e ingresos de las familias beneficiarias de los programas sociales».

El proyecto de «Ley de desarrollo social», enviado por la ministra de Desarrollo Local, mantiene la medición de la pobreza multidimensional, aunque suprime la disposición de que esta «será pública y transparente» contenida en el proyecto que se derogará.

¿Cuáles serían los cambios planteados en el proyecto?

Creación de la Dirección

Crean la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS): en la ley actual únicamente estaba un Sistema Nacional de Desarrollo dirigido por la Presidencia. En la nueva se mantiene el sistema pero se amplían sus miembros, como el Instituto Nacional de Pensiones (ISP).

Consejo Directivo

Conforman el Consejo Directivo de la Dirección, que estará conformado por los titulares de Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), Dirección de Integración, Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), y ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Local.

Registro Social

Crearán un «Registro Social» para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias, para identificar beneficiarios de los programas sociales, dicho registro será administrado por la Dirección.

Se quita «transparencia» en el Plan de Desarrollo

Sobre el Plan de Desarrollo y Protección Social, el cual servirá de marco de los programas sociales y que debe ser diseñado en el primer semestre de cada periodo presidencial, se quita «mecanismos de transparencia y procedimientos de rendición de cuentas» entre los aspectos que incluiría.

Objetivo de los programas

Se detalla que los programas de desarrollo social deberán: promover la movilidad social, la integración, generar oportunidades productivas, educativas, culturales y la resiliencia frente a desafiíos socioeconómicos con el acompañamiento y formación durante el curso de vida de las personas.

Informe de beneficiarios

También, todas las instituciones que ejecutan programas sociales deberán remitir un informe de los registros de las personas beneficiarias y de la ejecución de sus programas, proyectos o acciones, según el artículo 24.

Supresiones de programas de gobiernos anteriores

Se eliminan menciones expresas de programas del «Subsistema de Protección Social Universal» que incluía programas de gobiernos anteriores, como comunidades solidarias, urbanas y rurales, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares, alimentación y salud escolar, vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, Ciudad Mujer, «Nuestros mayores derechos», pensión básica universal, programa de agricultura familiar, paquetes agrícolas, entre otros.

Deberes de los beneficiarios

Se crean cinco deberes para los beneficiarios de los programas: cumplir con los programas, participar en los mismos, dar información veraz a las instituciones, dar información requerida por las autoridades y mantener actualizada la información sobre los beneficios.

Medición multidimensional de la pobreza

Se elimina que la medición multidimensional de la pobreza «deberá ser pública y transparente», dejando únicamente que deberá basarse en enfoque de derechos, ser integral y tener rigor técnico (artículo 42 en anterior ley y 33 en proyecto). Se mantiene que la medición de pobreza se realice anualmente y la medición territorial y brechas de desigualdad, cada dos años.

Informe sobre avance de derechos sociales

Se mantiene la obligación de emitir un informe sobre los avances de los derechos sociales pero se suprime la disposición que ordena entregarlo a la Asamblea Legislativa. La propuesta de nueva ley dice que la Dirección «emitirá un informe sobre el grado de avance en el goce de derechos sociales en el país».

El concejo de San Salvador Centro aprobó el miércoles el acuerdo que permitirá que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) asuma la «ejecución de la recolección y tratamiento» de la basura en el municipio conformado por los distritos de Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.

Las autoridades no discutieron en el concejo la fecha de inicio de operaciones de ANDRES en esta nueva jurisdicción.

Tres fuentes internas del concejo municipal confirmaron a Diario El Mundo que,con la mayoría de votos de los regidores, se aprobó el contenido del convenio y facultó al alcalde Mario Durán, representante legal del municipio, para firmar el «convenio de cooperación para la logística en la ejecución de la recolección de residuos sólidos en el municipio de San Salvador y todos sus distritos», junto al director de ANDRES, Alexander Francisco Gil Arévalo.

Además, el concejo acordó designar al director ejecutivo de la Dirección para la Gestión Sustentable de los Desechos Sólidos, Germán Alejandro Muñoz Herrera, para que actúe como administrador y sea el responsable «de coordinar, facilitar y apoyar» el cumplimiento del convenio que será firmado.

En la aprobación se abstuvo de votar el concejal de Arena, Erick Contreras, mientras que los regidores del FMLN, Simón Paz y Liliana Andrade, salvaron sus votos. Todos los demás concejales votaron a favor.

¿Qué incluye el convenio?

Una de las fuentes indicó que el convenio faculta a ANDRES a «mejorar las rutas» que siguen los camiones recolectores de basura en las colonias de los cinco distritos y se requeriría de una responsabilidad compartida entre la alcaldía y ANDRES para planificar las actividades de forma permanente.

La municipalidad se habría comprometido a asumir «el costo de la disposición final» de la basura, a entregar la información catastral correspondiente y no menos importante, a cumplir con lo que establece la ley y entregar a ANDRES el 50 % de los ingresos municipales para el servicio de residuos sólidos para que sean agregados al «Fondos especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».

El convenio entraría en vigencia a partir de la firma del mismo, por un «plazo indefinido». Las fuentes dijeron que pese a las interrogantes de los concejales, la comuna no dio a conocer la fecha en que ANDRES asumiría la recolección de basura en San Salvador Centro.

ANDRES ya opera en La Libertad Costa, La Libertad Este, La Paz Este, San Salvador Centro y San Salvador Este. La legislación vigente establece que la Autoridad asumirá progresivamente la recolección de basura en los 44 municipios. El primer municipio con servicio de ANDRES fue San Salvador Este.

La Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, que dio vida a ANDRES fue aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa. La normativa le permite a la entidad firmar contratos hasta por 20 años y establece que son las alcaldías las que deben informarle sobre «caos de basura» en las localidades.

El Ministerio de Vivienda fue la única cartera de Estado que reprobó, con un promedio de 5.97 en una escala de 0 al 10, la calificación que otorgaron los salvadoreños entrevistados en la encuesta publicada la semana pasada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Según el mismo estudio, realizado en mayo de 2025, para la mayoría de la población –87.2 %– es muy difícil o difícil acceder a una vivienda propia, ya sea propia o alquilada. El mismo estudio indica que dos terceras partes de la población creen que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado mientras el 96.6 % percibe que la delincuencia ha disminuido.

Los salvadoreños calificaron con promedios entre 6 y 7 a los ministerios de Economía, Salud, ANDA, Defensoría del Consumidor y al Ministerio de Trabajo.

El único que tuvo una nota mayor de 8 fue el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con un 8.43. Le sigue el Ministerio de Turismo, con 7.98, el Ministerio de la Defensa Nacional, con 7.87, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (Isdemu), con un 7.77 y el Ministerio de Educación, con 7.61.

En este grupo de las notas entre 7 y 8 también se ubican los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Obras Públicas, Agricultura, Cultura, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Menos de 6:
Ministerio de Vivienda: 5.97

Entre 6 y 7:
Ministerio de Economía: 6.68
Ministerio de Salud: 6.76
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): 6.8
Defensoría del Consumidor: 6.84
Ministerio de Trabajo y Previsión Social: 6.97

Arriba de 7:
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 7.01
Ministerio de Hacienda: 7.04
Ministerio de Cultura: 7.11
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 7.22
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: 7.24
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial: 7.39
Ministerio de Relaciones Exteriores: 7.41
Ministerio de Educación: 7.61
Instituto Salvadoreño de la Mujer (Isdemu): 7.77
Ministerio de la Defensa Nacional: 7.87
Ministerio de Turismo: 7.98
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 8.43

Cristosal informó este domingo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de hu00e1beas corpus a favor de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida al filo de la madrugada del 19 de mayo.

A través de un comunicado, Cristosal señaló que la Corte informó la resolución el 20 de junio pasado, la misma fecha en que notificó también un hu00e1beas corpus en favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya.

“Sin embargo, la resolución omite pronunciarse sobre la violación al debido proceso, no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando con ellos derechos que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción”, sostuvo Cristosal.

Aunque califica la admisión como un “acto positivo” e “inusual en el actual contexto”, Cristosal señaló que la Sala notificó en la resolución que no tiene “trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso que se produjeron durante la captura” que fue realizada, según la defensa, mediante engaños y trato degradante.

Ademu00e1s, Cristosal señaló que la Sala invalidó el artículo 12 de la Constitución de la República, que establece el plazo de 72 horas de detención administrativa para presentar el caso ante un juez.

López, jefa de Anticorrupción de Cristosal y una de las voces mu00e1s críticas del gobierno, fue detenida cerca de la madrugada del 19 de mayo. La Fiscalía General de la República (FGR) la señala por supuesta participación en la sustracción de fondos públicos cuando era asistente de Eugenio Chicas durante su gestión en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).